Una crisis de confianza sin precedentes sacude al Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso (STMB). Lo que comenzó como quejas por el incremento desproporcionado de los descuentos sindicales tras una noticia que publicó ELCORREOGRÁFICO escaló hasta convertirse en una trama de acusaciones cruzadas que incluyen presunta complicidad en despidos, falta de transparencia y una batalla judicial que expone graves irregularidades en los procedimientos disciplinarios municipales.
Los trabajadores municipales sienten que su representación gremial los ha abandonado en el peor momento, mientras la dirigencia sindical defiende su gestión y apunta al intendente Fabián Cagliardi como responsable de la crisis salarial.
El detonante: Cuotas que crecen más que los salarios
El conflicto encontró su chispa en los recibos de sueldo. Maximiliano Aguiar, empleado municipal, fue quien puso números concretos a una sensación compartida por muchos tras su comentario en una publicación del Facebook del gremio STMB: los descuentos sindicales están aumentando a un ritmo que los salarios no pueden seguir. Su denuncia se centra en el seguro de sepelio, que pasó de costar $220 entre 2020 y 2021 a $4.700 en 2025, un salto de más del 2000%.
«A mí el sueldo no me creció en un 2.000%. Ojalá los sueldos aumentarían un 2.000% en 4 o 5 años como aumentó el seguro de sepelio», ironiza Aguiar, quien además cuestiona que se hayan agregado servicios como asesoramiento legal sin consulta previa a los afiliados.
Pero el seguro de sepelio no es el único punto de conflicto. Aguiar detalla que el conjunto de cuota social, coseguro y cuotas de federación pasó de $620 en 2021 a más de $8.000 en la actualidad. A esto se suma un misterioso ítem de obra social de más de $4.000 por afiliado, sobre el cual, según los trabajadores, «nadie sabe explicar qué es eso», a pesar de que los empleados ya cuentan con IOMA.
Un informe comparativo en base de dos recibos de sueldo de julio de 2021 y septiembre de 2025 confirma estas percepciones con datos contundentes: mientras el sueldo básico creció un 711%, el total de descuentos aumentó un 1.029%. La conclusión técnica es clara: «El aumento salarial bruto no representa el mismo aumento real en bolsillo, porque los descuentos crecieron en la misma tendencia».
Esta brecha creciente entre ingresos y descuentos se convirtió en el terreno fértil para cuestionamientos más profundos sobre el rol del sindicato.
La acusación más grave: «El gremio entregó una lista de despidos»
Si los aumentos de cuotas generaron descontento, las acusaciones de abandono gremial ante despidos han provocado indignación. Un trabajador cesanteado, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató una historia que pinta al STMB no como defensor de los empleados municipales, sino como cómplice de su desvinculación.
«El gremio le tiró una hoja [a el secretario municipal de Gobierno, Matías Slezack] con las 6 o 7 cabezas que tenían que cortar», afirma el trabajador, quien asegura haber recibido esta información de fuentes internas del propio sindicato. Según su testimonio, la lista de despidos incluía su nombre y el de un compañero a dos años de jubilarse.
Durante los dos años que duró su sumario administrativo, el gremio le habría asegurado repetidamente que «no iba a pasar nada» y que no permitirían su despido. Sin embargo, una vez concretada la cesantía, la respuesta que recibió de un dirigente, el Secretario Adjunto, Marcelo Bozzarello lo dejó helado: «Nosotros estábamos esperando esto para actuar, porque si no pasaba no podíamos actuar».
El trabajador cuestiona esta lógica con amargura: «¿Vos estabas esperando que echen compañeros para actuar?». Su abogado confirmó que el sindicato «no presentó ningún reclamo, nunca, nada» para su reincorporación.
El caso del compañero identificado como A.M. agrava aún más las acusaciones. Según el denunciante, el gremio le aseguró a A.M. que estaban gestionando su reincorporación, pero dejaron vencer el plazo legal de 90 días para reclamar judicialmente su puesto, dejándolo sin posibilidad de defensa.
La motivación detrás de esta presunta complicidad, según el trabajador, es el clientelismo: «Sacan a uno como me sacaron a mí… y meten gente de ellos, ¿entendés qué es lo que les sirve? La gente de ellos». Esta acusación se refuerza con denuncias de que «familiares directos de la cúpula gremial» ingresan a la municipalidad y obtienen la planta permanente en solo un mes.
La defensa del Sindicato: Beneficios, transparencia y culpas compartidas
Frente a estas graves acusaciones, la conducción del STMB ha construido una defensa que se articula en tres ejes: la gestión transparente de los fondos, los beneficios concretos para los afiliados y el deslinde de responsabilidades en materia salarial.
Santiago D’Elía, Secretario de Prensa del sindicato, aborda de frente la controversia del seguro de sepelio: «Es optativo. Cualquier afiliado puede solicitar la baja y el descuento cesa automáticamente» . Según D’Elía, el costo actual es de $5.700 y justifica su existencia explicando que, sin él, el gremio solo ofrece un subsidio que cubre «menos de un tercio» del costo de un funeral, mientras que con el seguro la cobertura es total.
La dirigencia sindical insiste en que los aportes se reinvierten directamente en los trabajadores, bajo la premisa de que «el aporte que realiza el afiliado vuelve al afiliado». Como prueba, enumeran una serie de inversiones: la construcción de una parrilla nueva en la sede de Los Talas, la colocación de lajas térmicas en el camping «para que la gente no se queme los pies», la entrega del 40% de los útiles escolares, la compra de cajas navideñas y la organización de una fiesta anual gratuita con un sorteo de 8 millones de pesos en premios.
Jorge Rodríguez, Secretario General del STMB, destacó en RealPolitik como logro reciente la obtención de «más de 300 movimientos para el personal municipal«, que incluyen 245 recategorizaciones, más de 45 pases a planta permanente y más de 50 cambios de regímenes horarios. Gastón Corián, Tesorero, califica la fiesta anual como «un mimo para los afiliados» en una nota de Berisso Ciudad.
Sin embargo, esta narrativa de unidad y beneficios choca con la realidad que reconocen incluso los propios aliados del sindicato. Luis Duré, secretario del gremio de Morón invitado a la fiesta, admitió para Berisso Ciudad: «Los municipales la estamos pasando mal, por eso venimos a acompañar». Este contraste entre los sorteos millonarios y la crisis salarial alimenta la percepción de desconexión entre la dirigencia y las bases.
En cuanto a la responsabilidad por los salarios, D’Elía es categórico: «El sindicato no otorga aumentos salariales sino el Intendente [Fabián Cagliardi], que siendo peronista plancha la paritaria». Con esta declaración, el STMB marca distancia del poder ejecutivo municipal: «Nosotros no formamos parte del Ejecutivo. El sindicato por un lado y los funcionarios con Fabián con el otro. Ni ganamos sueldos de funcionarios. Cobramos el sueldo municipal».
La batalla legal: Un despido bajo la lupa Judicial
El conflicto ha trascendido los pasillos de la municipalidad y las asambleas gremiales para instalarse en los tribunales. Un caso judicial caratulado como «Pretensión anulatoria» en el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 3 de La Plata busca anular el Decreto Municipal 431/25 que dispuso la cesantía de un empleado.
La demanda no solo cuestiona la decisión política de despedir al trabajador, sino que expone una serie de vicios procedimentales y posibles ilegalidades en el sistema disciplinario municipal que, de confirmarse, podrían invalidar no solo este caso sino sentar un precedente para futuras cesantías.
Los principales argumentos de la demanda son:
1. Omisión de Dictámenes Obligatorios: El Intendente emitió el decreto de cesantía sin solicitar los dictámenes técnico, contable y legal que exige el artículo 57 de la Ordenanza General 267/80. La jurisprudencia de la Suprema Corte provincial considera esta omisión como un vicio que afecta la validez del acto administrativo.
2. Creación Ilegal de la Junta de Disciplina: La demanda sostiene que la Junta de Disciplina que intervino en el caso no fue creada por Ordenanza ni por Convenio Colectivo, como exige la ley provincial 14.656. Esta ausencia de marco legal genera arbitrariedad en su composición (5 miembros con solo 20% de representación trabajadora), quórum y mayorías.
3. Incompetencia Temporal: La Junta emitió su dictamen más de 35 días después de recibir el sumario, cuando la ley establece un plazo improrrogable de 10 días. Al exceder este plazo, la Junta habría perdido su competencia para intervenir.
4. Conflicto de Intereses: El Secretario de Obras Públicas, Ricardo Dittler, quien promovió el sumario y era superior jerárquico del acusado, formó parte del órgano que lo juzgó y votó por su cesantía, evidenciando un «claro sesgo de prejuzgamiento».
5. Falta de Deliberación: El acta de la Junta revela que sus miembros se limitaron a votar sin ningún debate previo, viciando la formación de la voluntad del órgano colegiado.
6. Violación del Derecho de Defensa: El empleado no fue notificado de la identidad de los miembros de la Junta, lo que le impidió ejercer su derecho a recusarlos.
La jueza María Fernanda Bisio ha ordenado a la Municipalidad de Berisso remitir el expediente administrativo completo en un plazo de 15 días, bajo apercibimiento de resolver la causa basándose únicamente en los hechos presentados en la demanda.
Este caso judicial no es solo la defensa de un trabajador individual, sino una prueba formal de las acusaciones de indefensión y abandono gremial. Un fallo favorable podría desmantelar el marco disciplinario en el que se ha apoyado el municipio y validar las graves denuncias sobre la actuación del sindicato.
La voz de los medios: El rol del periodismo en el conflicto
El conflicto ha sido amplificado por el trabajo del periodista Federico Lugo, conductor del podcast de este portal «ENSOBRADOS», quien ha dado voz a las denuncias de los trabajadores. Lugo ha sido particularmente crítico con la dirigencia del STMB, cuestionando la disminución de afiliados (que según él pasaron de «como 1500» a «solo 700») y la falta de comunicación.
«Los trabajadores se enteraron del último aumento de $35.000 a través de otro gremio (ATE), mientras que el STMB calladito, ¿eh? Ahí no dijo nada», señaló Lugo en su editorial, quien además cuestionó la organización de la «super mega fiesta» con sorteo millonario mientras los afiliados «luchan por llegar a fin de mes con salarios que no alcanzan».
La conducción del sindicato respondió acusando a Lugo de no haber buscado su versión antes de publicar las denuncias y de tener una «actitud intimidatoria». Esta tensa relación entre el periodismo y el gremio refleja la polarización que atraviesa el conflicto.
El contexto: crisis nacional y provincial
Los dirigentes sindicales enmarcan su gestión en un contexto de crisis económica que afecta a todos los municipales del país. Jorge Rodríguez y Luis Duré reconocen que la situación es «durísima» y que «la estamos pasando mal».
Ambos apuntan al gobierno nacional de Javier Milei, al que acusan de profundizar la crisis y quitar derechos, expresando preocupación por la reforma laboral impulsada desde la Casa Rosada. Rodríguez también critica la falta de asistencia de la Nación a la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof.
En un análisis político, Rodríguez en RealPolitik expresó su descontento con el resultado electoral de octubre, sugiriendo que «ya hay un ciclo cumplido en lo que fue la diligencia de Cristina Kirchner« y que el peronismo debería replantear su rumbo.
Los números que no mienten: El análisis de los recibos
Más allá de las narrativas enfrentadas, los números aportan una verdad objetiva. El informe comparativo de recibos de sueldo entre julio de 2021 y septiembre de 2025 muestra una realidad preocupante:
- Sueldo Básico: +711%
- Bonificación Dto. 897/17: +3.450%
- Bonificación Dto. 1175/06: +2.334%
- Total Descuentos: +1.029%
La conclusión técnica es contundente: el principal motor del aumento de descuentos es el aporte al IPS (14%), que se calcula sobre un salario bruto significativamente mayor debido a las bonificaciones discrecionales. Esto significa que «el aumento salarial bruto no representa el mismo aumento real en bolsillo, porque los descuentos crecieron en la misma tendencia».
Este análisis valida la percepción de los empleados de que, a pesar de los aumentos nominales, la presión sobre su ingreso neto es cada vez mayor.
Las contradicciones: ¿$4.700 o $5.700?
Un detalle revelador del conflicto es la discrepancia en los datos básicos. Los trabajadores afirman que el seguro de sepelio cuesta $4.700, mientras que la dirigencia sindical lo cifra en $5.700, una diferencia del 21%. Esta inconsistencia, aparentemente menor, refleja una desconexión más profunda: las dos partes ni siquiera pueden acordar sobre los números fundamentales del conflicto.
El futuro incierto: ¿Habrá reconciliación?
El conflicto en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso expone una crisis de representación que pone en jaque la legitimidad de la organización gremial. Por un lado, una dirigencia que presenta logros concretos y proyecta una imagen de gestión proactiva. Por otro, un sector significativo de afiliados que se siente económicamente asfixiado, abandonado ante despidos y desconectado de las prioridades de sus representantes.
La batalla judicial en curso podría ser un punto de inflexión. Si el fallo judicial confirma los vicios procedimentales denunciados, no solo validaría las acusaciones del trabajador cesanteado, sino que expondría debilidades sistémicas en los mecanismos disciplinarios del municipio y, por extensión, en la efectividad de la defensa gremial.
Mientras tanto, las preguntas quedan suspendidas en el aire: ¿Logrará el STMB recuperar la confianza de los afiliados cuyo número, según se denuncia, ha caído dramáticamente? ¿Qué precedente sentará el resultado del juicio para el debido proceso administrativo y las garantías laborales de todos los empleados municipales? ¿Habrá una asamblea general donde las bases puedan hacer oír su voz?
Lo cierto es que, más allá de las narrativas enfrentadas, la evidencia documental —tanto judicial como administrativa— respalda aspectos centrales de las denuncias de los trabajadores. El futuro de la organización y su legitimidad dependerá de la capacidad de su dirigencia para abordar con transparencia y acciones concretas las quejas documentadas por sus bases, reconociendo las falencias expuestas y reconstruyendo los puentes de diálogo y protección que son la razón de ser de toda entidad sindical.
En Berisso, el sindicato enfrenta su prueba más dura: demostrar que aún representa a quienes dice defender.
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