Los loteos ilegales en La Plata volvieron a poner en jaque a la Justicia bonaerense. El exintendente Julio Garro fue notificado formalmente como imputado por enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta y daño ambiental, en una causa que compromete a buena parte de su exgabinete y que resulta de interés directo para los vecinos de Berisso, Ensenada y La Plata, municipios linderos que comparten problemáticas similares de crecimiento urbano sin control.
La notificación se concretó el 7 de agosto pasado en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 5, aunque trascendió recién días después, según confirmó La Nación.
Loteos ilegales: una megacausa que crece
El expediente investiga desarrollos inmobiliarios habilitados entre 2015 y 2023, período en el que Garro gobernó la ciudad bajo el sello de Juntos por el Cambio. La acusación sostiene que funcionarios municipales autorizaron urbanizaciones sin la convalidación legal y técnica que exige la provincia de Buenos Aires.
El perjuicio estimado para el Estado asciende a USD 1.500 millones, según Infobae. La cifra surge de tasas municipales nunca cobradas, plusvalías urbanísticas no percibidas y obras de infraestructura básica que los desarrolladores jamás ejecutaron.
Cargos que pesan sobre Garro
La carátula del expediente incluye cinco figuras penales: enriquecimiento ilícito, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y una eventual afectación ambiental de incidencia colectiva, amparada en la Ley General del Ambiente N° 25.675.
Garro se presentó personalmente a la citación y fue notificado de los cargos y de sus garantías constitucionales, entre ellas el principio de inocencia. La imputación no implica una declaración de culpabilidad.
Desde su entorno, según reprodujo La Nación, se afirmó que la investigación «comenzó en 2024 y no encontraron nada», y que la reactivación se debió al recambio del fiscal a cargo.
Imputación de Julio Garro en la investigación de barrios cerrados ilegales en La Plata
Un fiscal recusado y un giro judicial
La causa estuvo prácticamente paralizada bajo la instrucción de Juan Cruz Condomí Alcorta, titular de la UFI N° 16. La actual gestión municipal, conducida por Julio Alak, lo recusó por inacción. La jueza de Garantías Marcela Garmendia hizo lugar al planteo y trasladó el expediente a la UFIJ N° 5, a cargo de Juan Ignacio Mennucci.
Ese cambio reactivó las citaciones y amplió la nómina de acusados. Además de Garro, quedaron notificados e imputados Oscar Negrelli, exsecretario de Coordinación Municipal, y María José Botta, exsecretaria de Planeamiento Urbano. También fueron citados Luis Barbier, exsecretario de Obras Públicas; Leandro Ronga, exsubsecretario de Obras Públicas; Marcela Rogg, exdirectora general de Planeamiento; Augusto Sciarretta, exsubsecretario de Tierras, y Marcelo Género, exdirector de Obras Viales.
La puerta giratoria entre el Estado y las empresas
Género no solo enfrenta cargos por su rol como funcionario. Tras dejar el municipio, se incorporó a una constructora directamente vinculada a las maniobras investigadas, un patrón que la fiscalía observa con particular atención dentro del expediente.
Entre los empresarios imputados figuran Ariel Bordigoni, presidente de la constructora platense Bordigoni y Cía SRL; Cecilia Andrea Mayocchi y Leandro Arrechea de Agrycon SA y Facundo Dadin, al frente de la firma Sol Vial SA. Bordigoni rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que su empresa no firmó contratos municipales para barrios privados durante el período investigado.
450 barrios bajo sospecha, 250 sin salida
El relevamiento de la actual administración detectó 450 barrios y loteos irregulares distribuidos en distintas zonas de La Plata. De ese total, 250 no tienen ninguna posibilidad de regularización dominial bajo la normativa vigente, según precisó El Día.
Esto significa que miles de familias que compraron terrenos de buena fe jamás obtendrán escritura ni acceso a servicios básicos formales, porque la ley provincial prohíbe directamente la urbanización de esos suelos.
La Ley Provincial 8.912/77 y el Decreto 27/98 exigen requisitos ambientales, de infraestructura y de geodesia que, según la investigación, fueron sistemáticamente ignorados. Apenas 16 urbanizaciones en todo el partido cumplen con la normativa vigente, frente a los cientos de desarrollos bajo sospecha.
El costo ambiental de los loteos ilegales
La causa también contempla el daño al cordón frutihortícola platense, uno de los polos productivos de mayor relevancia de la región. El avance de la construcción sobre suelos de alta productividad y zonas de absorción hídrica agravó la vulnerabilidad de una ciudad con antecedentes de inundaciones graves.
El registro de damnificados sigue creciendo
El municipio de La Plata abrió el mes pasado un registro para compradores afectados por los loteos ilegales. Hasta el momento recibió cerca de 2.000 consultas y formalizó la inscripción de unos 90 damnificados, según datos oficiales difundidos por el propio municipio.
El proceso permitió además incorporar a la causa penal cuatro nuevos emprendimientos irregulares detectados en la periferia de la ciudad, lo que indica que la investigación continúa en expansión.
Antecedente que preocupa a la región
Aunque la causa se circunscribe al partido de La Plata, la problemática interpela directamente a Berisso y Ensenada, municipios que comparten cordón urbano, cuencas hídricas y presión inmobiliaria con la capital bonaerense. La falta de controles en la habilitación de loteos no es un fenómeno aislado, y organizaciones ambientales de la región vienen advirtiendo desde hace tiempo sobre riesgos similares en zonas costeras y de humedales del Gran La Plata.
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Qué sigue en la causa
El expediente continúa en etapa de instrucción. Están pendientes nuevas indagatorias y la incorporación de pericias técnicas sobre los desarrollos bajo sospecha. La fiscalía sostiene que hubo una omisión deliberada de controles por parte del Ejecutivo municipal para facilitar negocios inmobiliarios fuera de la ley.
Desde el entorno de Garro insisten en que las actuaciones se ajustaron al código de ordenamiento urbano local. La fiscalía, en cambio, remarca la desobediencia a las disposiciones provinciales de uso del suelo como núcleo del delito investigado.
Con miles de familias afectadas y un daño patrimonial y ambiental que supera los mil millones de dólares, la megacausa de loteos ilegales en La Plata plantea una pregunta que excede el expediente judicial: ¿cuántos desarrollos similares avanzan hoy, sin control, en los partidos vecinos?
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