El Concejo Deliberante de Berisso volvió a poner en el centro de la escena la corrupción inmobiliaria en Berisso. El miércoles 3 de junio de 2026, once concejales del bloque oficialista ratificaron la compra directa de un terreno en Palo Blanco —el mismo predio del que un vecino había sido desalojado en 2024 mediante un operativo hoy investigado por la Justicia— por apenas $60 el metro cuadrado. El expediente autorizó a la Subsecretaría de Hábitat y Vivienda a adquirir la parcela por $1.400.000, con el respaldo de diez ediles del PJ-Unión por la Patria y un concejal de Unión, Renovación y Fe, mientras nueve legisladores de la oposición votaron en contra.
Corrupción en Berisso: Acusan a Fabián Cagliardi de liderar red inmobiliaria ilegal
El dato no es menor: sobre el intendente Fabián Cagliardi, el exsecretario de Seguridad y actual concejal Federico Ruiz y los comisarios José Mezza y Leonardo Gallo pesa una denuncia penal por presunta corrupción, abuso de autoridad y connivencia policial-municipal. El propio desalojo que originó el conflicto fue calificado como ilegal incluso por el personal policial presente ese día.
El voto que reabrió la herida en Palo Blanco
La votación cobra otra dimensión al conocerse el resultado judicial previo. La Justicia Penal bonaerense sobreseyó de manera definitiva a Gabriel Ángel Ramallo Serrano, comprobando la inexistencia de delito y revelando que el supuesto robo que motivó el desalojo había sido un montaje montado por la propia Municipalidad.
Las tasaciones agregan otro capítulo llamativo. Un martillero valuó el predio en $1.300.000, mientras que otro lo tasó en $1.500.000 pero advirtió que se trataba de una zona «anegadiza» que quedaría bajo el agua en tres años, una observación que terminó habilitando judicialmente la compra como un activo de escaso valor.
Armendi: «Es dueño de eso hace 200 millones de años»
Gabriel Armendi fue más allá de la cronología judicial y puso en discusión la base misma de la operación. Identificó al vecino desalojado en 2024 como Gabriel Ramallo, a quien calificó como el legítimo propietario histórico de las tierras en disputa: «es dueño de eso hace 200 millones de años».
Para el exdelegado de Los Talas, el caso Ramallo no es un hecho aislado dentro del esquema de corrupción inmobiliaria en Berisso que viene denunciando. «Lo mismo hicieron», sostuvo, al comparar esta maniobra con otras irregularidades de tierras ya señaladas en la zona, y cuestionó que el Concejo Deliberante haya avanzado con resoluciones sobre un predio que, según su testimonio, nunca dejó de pertenecerle a Gabriel.
Armendi aportó además un dato de color político: las tierras de Ramallo lindan, de un lado, con las del exdelegado municipal Mario Cardone.
La erosión costera y el mapa cambiante de Palo Blanco
Otro de los ejes del testimonio de Armendi tiene que ver con la transformación física de la costa. Según describió, el río «se comió cualquier cantidad» de terreno con el paso de las décadas, al punto de que la línea de playa se ubicaba antes unas tres cuadras más adentro de donde hoy se encuentran los eucaliptos.
Esa erosión, sostiene, explica en parte por qué buena parte de lo que alguna vez pudo considerarse tierra municipal simplemente dejó de existir como tal. Por eso, resume que en Palo Blanco «todas las playas tienen dueños distintos», un escenario que —según su lectura— vuelve aún más cuestionable cualquier intervención estatal sobre parcelas privadas de larga data.
En ese mismo contexto, Armendi mencionó la apertura de caminos hacia el monte y la ribera con un importante relleno de altura, realizados con maquinaria nueva, en una zona donde —según documentó ELCORREOGRÁFICO— también se detectó la extracción ilegal de postes de madera nativa, utilizados luego en obras de la inmobiliaria Mijailovsky dentro del complejo Marina del Sur.
La sombra del «búnker VIP» en Marina del Sur
Este episodio se suma a una investigación más amplia que ELCORREOGRÁFICO viene sosteniendo desde hace meses sobre el manejo de tierras públicas y privadas en el distrito. Uno de sus hallazgos centrales es el complejo Marina del Sur, en Calle 5 y 171, construido sin habilitación catastral y con orden de demolición firme desde 2019 por violar la Ley de Paisaje Protegido.
Allí residen o han residido al menos tres funcionarios de alto rango del gabinete de Cagliardi: el secretario de Obras y Servicios Públicos, Ricardo Dittler; la subsecretaria de Planificación, María Inés García; y la presidente del Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich.
Gabriel Armendi, exdelegado de la Zona II de Los Talas, fue contundente al describir ese entramado: «Esos departamentos los viene regenteando Aldana desde que asumieron… dos más dos, cuatro, ¿viste? Es de él. Y arregla con ella».
Gabriel Armendi: destapó el entramado con más datos
Durante más de una década, Armendi ocupó la delegación de Los Talas, la zona de mayor expansión demográfica de Berisso. Desde ese lugar, y luego como voz crítica del oficialismo, documentó una serie de propiedades que atribuye directamente al intendente Fabián Cagliardi, con eje en dos desarrollos: Villa El Tala y Campos del Sud.
Villa El Tala: propiedad encubierta en zona inundable
Sobre el complejo ubicado en calle 176 entre 48 y 49, Armendi es categórico: «sigue yendo ahí todos los días. Eso es de él», afirma sobre Cagliardi, y agrega que en el predio reside su supuesta pareja extramatrimonial, la exfuncionaria municipal Eugenia Ordichuk.
Más allá de la titularidad, la denuncia apunta a una irregularidad técnica de fondo. Villa El Tala está emplazado fuera del terraplén, lo que lo ubica en una zona inundable donde, según describió Armendi, «no se puede habilitar o subdividir». El desarrollo estaría, así, completamente fuera de norma desde su origen antes de la asunción de Cagliardi frente el municipio en 2019.
A eso se suma la falta de servicios básicos: fuentes consultadas «off the record» señalan que el barrio carece de agua corriente, ya que ABSA habría denegado la factibilidad por insuficiencia del suministro en la zona, un dato que para los denunciantes refuerza la sospecha de ilegalidad del emprendimiento.
Campos del Sud: obras frenadas, «arreglos» y terrenos propios
El otro predio señalado por Armendi es Campos del Sud, sobre Ruta 15 y calle 93. Según su testimonio, Cagliardi «en un momento le cortó la obra para que no siguieran, porque no habían arreglado», y una vez alcanzado ese acuerdo, «arregló y hay terrenos, muchos terrenos que son de él», que hoy se ofrecerían de manera particular.
Armendi también describe una falta total de control sobre las construcciones dentro del barrio: pese a que el acceso está cerrado con portones, adentro se permitiría «construir como quiera», sin regulaciones edilicias efectivas.
El esquema de presión se replicaría en el acceso a servicios. Pese a que el tendido eléctrico está instalado desde hace años, la denuncia sostiene que el municipio no autoriza la bajada de luz mientras no se cierren los «arreglos» económicos correspondientes. En materia de agua, Campos del Sud comparte el mismo diagnóstico que Villa El Tala: sin factibilidad de ABSA, lo que lo define como un asentamiento irregular también desde el punto de vista sanitario.
Catastro y Casa de Tierra: el sostén administrativo del negocio
En ambos casos, según Armendi, estos negocios inmobiliarios operan con el respaldo de áreas clave del municipio —particularmente Catastro y Casa de Tierra—, manejadas por funcionarios cercanos al intendente que controlan qué terreno es fiscal, municipal o provincial. Esa información, sostiene, termina utilizándose para negocios inmobiliarios dentro de la propia estructura estatal.
Calle 100: loteos clandestinos en Los Talas
La investigación también documentó maniobras de la inmobiliaria Mijailovsky y Asociados en la calle 100 de Los Talas, donde parcelas rurales que no pueden subdividirse por estar bajo cota fueron fraccionadas igualmente. Armendi relató: «marcaron los terrenos de noche… a este hombre le vendieron la calle».
Se trata de terrenos inundables donde, según el propio Armendi, «todo lo que está afuera del terraplén son zonas inundables. Y eso no se puede habilitar o subdividir encima».
Doble estándar: clausuras selectivas y ordenanza estancada
El patrón de fiscalización denunciado combina persecución a loteos menores —como los de calles 77 y 177 o el loteo lindero al Barrio Santa Cruz— con la ausencia de sanciones equivalentes para desarrollos como Marina del Sur, pese a la orden de demolición vigente.
En 2020, la gestión municipal impulsó la Ordenanza 3752 para frenar la venta de loteos clandestinos bajo marcas de fantasía. Sin embargo, la norma quedó neutralizada por la resistencia de cámaras inmobiliarias como CAMESI, que amenazaron con demandas por inconstitucionalidad.
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Respuesta del intendente: silencio institucional
El patrón de silencio ante los reclamos se repite en distintos frentes de la gestión. En junio de 2026, ante un reclamo estudiantil por escuelas en ruinas, Cagliardi reconoció públicamente no haber recibido la documentación formal de los petitorios entregados en años anteriores, afirmando: «La verdad que yo no recibí ninguna acta… Eso habla de cómo funciona también».
Ese mismo mecanismo de desconocimiento u omisión es el que, según Armendi, se replica frente a las denuncias sobre loteos irregulares: vecinos de la calle 100 aseguran haber informado la situación al Municipio y al propio intendente sin obtener respuesta.
Qué sigue: causas penales abiertas y la investigación de ELCORREOGRÁFICO
La causa PP N° 06-067961-24/00, radicada en la UFI N° 1 por corrupción, abuso de autoridad y connivencia policial-municipal, continúa en investigación. La aprobación legislativa del 3 de junio, que convalidó la compra del mismo terreno en disputa, abrió un nuevo interrogante sobre la instrumentalización del Concejo Deliberante en beneficio de funcionarios bajo pesquisa judicial.
ELCORREOGRÁFICO continúa relevando el patrón de irregularidades urbanísticas y ambientales en la zona ribereña del distrito, con nuevos testimonios y documentación sobre los emprendimientos señalados por Armendi. La denuncia sobre la corrupción inmobiliaria en Berisso permanece abierta, mientras miles de familias que compraron tierras bajo la modalidad de derechos posesorios siguen sin acceso a título de propiedad ni a servicios básicos regulares.
Para profundizar en la cobertura judicial del caso, puede consultarse la nota completa sobre el sobreseimiento de Gabriel Ramallo y la compra en Palo Blanco, así como la investigación sobre los funcionarios que residen en el complejo con orden de demolición.
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