Un complejo de departamentos construido en violación a la Ley de Uso del Suelo provincial y a la Ley 12.704 de Paisaje Protegido aloja a altos funcionarios del municipio de Berisso. El Secretario de Obras Públicas, la Subsecretaria de Planificación y la Presidente del Concejo Deliberante figuran como inquilinos de un edificio que, según registros administrativos, debería haber sido demolido años atrás.
En la ribera de Berisso, oculto bajo la densa arboleda del Paisaje Protegido, existe un complejo de departamentos que no debería estar en pie. No es una metáfora política: es una construcción que carece de existencia catastral, que viola sistemáticamente los parámetros del Decreto-Ley 8912/77 y de la Ley 12.704, y sobre la que pesa una orden de demolición dictada por la gestión municipal anterior. Sin embargo, lejos de ser reducida a escombros, esa obra «fantasma» se convirtió en el refugio de lujo de la cúpula de la actual administración del intendente Fabián Cagliardi.
La investigación de ELCORREOGRÁFICO —que ha documentado de manera sostenida el patrón de irregularidades ambientales y urbanísticas en la zona ribereña del distrito— revela que al menos tres funcionarios de alto rango del Ejecutivo municipal residen o han residido en unidades del complejo ubicado en la intersección de Calle 5 y 171 (Río de Janeiro y Londres), en el sector conocido como «Marina del Sur«, adyacente por el canal de la Génova al Club Náutico de Berisso.
La edificación en zona prohibida: qué dice la Ley
El predio donde se levanta el edificio no es un terreno cualquiera. Está comprendido bajo la Ley Provincial 12.704, que declara la zona como Paisaje Protegido de Interés Provincial. Su Artículo 7 establece que cualquier obra pública o privada en esa área requiere, de manera obligatoria y previa, una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). Esa evaluación nunca existió para este complejo.
Pero la violación no termina allí. Según el Decreto-Ley 8912/77 —la norma que regula el ordenamiento territorial bonaerense—, la construcción incumple los tres indicadores urbanísticos fundamentales: el Factor de Ocupación del Suelo (F.O.S.), que no puede superar el 0,6; el Factor de Ocupación Total (F.O.T.), con un máximo de 2,5 para uso residencial; y la densidad habitacional, que en sectores sin servicios completos de agua y cloacas queda restringida, según el Artículo 37, a una sola vivienda unifamiliar por parcela. Lo llamativo que la parcela está habilitado para terrenos reservados por la planificación urbana para construir infraestructuras de servicios públicos o de uso colectivo tales para esparcimiento o uso náutico como es el predio de Marina del Sur.
El complejo multifamiliar que hoy se comercializa en portales como Trovit y Zonaprop —con departamentos de 3 dormitorios en apenas 50 m² cubiertos a un valor de $700.000 mensuales más $55.000 de expensas— es una imposibilidad matemática y legal según esas normas. Más llamativo aún: el edificio cuenta con gas natural y electricidad, servicios que en teoría no podrían habilitarse en una estructura con pedido de demolición vigente.
La resolución que nadie ejecutó
El origen documentado de esta situación se remonta a la gestión del ex intendente Jorge Nedela (2015–2019). En ese período, cuando los desarrolladores intentaron incorporar la propiedad al catastro municipal, la maniobra fue detectada por las autoridades de entonces. La construcción, que había permanecido oculta visualmente detrás de la arboleda propia del Paisaje Protegido, quedó expuesta en toda su irregularidad.
Una fuente consultada con acceso directo a los expedientes de ese período, que habló con esta redacción bajo reserva de identidad, fue categórica en su descripción de lo ocurrido cuando el entonces antecesor de Ricardo Dittler en la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, el ingeniero Raúl Murgia gestionaba el área: «Sacó una resolución para demolerlo porque era una construcción antirreglamentaria porque no cumplía con la ordenanza vigente municipal y no cumplía con la ley de uso del suelo provincial«, según el testimonio recabado. La misma fuente confirmó que el expediente de incorporación al catastro fue rechazado y que, al momento del cambio de gestión en diciembre de 2019, el trámite de demolición efectiva se encontraba en plena tramitación administrativa.
Lo que ocurrió después quedó registrado en el mercado inmobiliario local: la inmobiliaria Mijailovsky y Asociados aseguró la fuente consultada finalizó las unidades del arrendatario y las comercializó como alquileres. Los inquilinos que encontró son, precisamente, quienes hoy tienen la responsabilidad institucional de ejecutar las normas que ese edificio viola.
Quiénes duermen bajo los techos ilegales
El hallazgo central de esta investigación es la identidad de los funcionarios del gabinete de Cagliardi que figuran como inquilinos del complejo.
Ricardo Dittler, Secretario de Obras y Servicios Públicos de Berisso, aseguran que alquila una unidad en el predio pese a que su residencia formal se encuentra en una zona acomodada de Gonnet, partido de La Plata, lo cual las fuentes consultadas no pueden comprobarlo. Aunque, como máxima autoridad de infraestructura del municipio, Dittler es el funcionario que debería ejecutar las órdenes de demolición sobre construcciones antirreglamentarias. En este caso, el expediente que ordena demoler su propio domicilio en Berisso reposa —metafóricamente— sobre su propio escritorio.
La paradoja se agrava con María Inés García, Subsecretaria de Planificación y Gestión de Obra Pública, docente de plástica y ex Presidente del Consejo Escolar (2019-2023). Su cargo la convierte en la veedora oficial del cumplimiento de las normativas de construcción, con competencia expresa para labrar multas y promover demoliciones de obras que violen la reglamentación.
García, según los registros analizados por esta redacción, reside en una unidad del mismo complejo que ella misma debería haber penalizado desde la pandemia de COVID-19. Pablo Swar, director de PAMI Berisso, anteriormente en ELCORREOGRÁFICO fue contundente al respecto: «Desesperadamente cuando la misma reside en una edificación ilegal dentro un paisaje protegido, que tiene pedido demolición de años anteriores, qué increíble la escasa moral para obligar a los vecinos a cumplir con la ley cuando los mismos son los que la corrompen».
La tercera figura identificada es Aldana Iovanovich, Presidente del Concejo Deliberante de Berisso y ex Secretaria de Gobierno entre 2019 y 2023. Iovanovich ocupa una unidad del complejo desde el principio período de la pandemia de 2020 al tiempo que dormía el expediente de demolición. Como cabeza del cuerpo legislativo, le corresponde custodiar las ordenanzas de zonificación que este edificio ignora de manera sistemática aunque se puede ver en su registro visual en las redes sociales el uso de las edificaciones con pedido de demolición.
El Incidente de los postes: depredación del Monte Protegido
La trama incorpora un episodio adicional que vincula el complejo con el uso ilegal de recursos naturales del área protegida. Testimonios recabados por esta redacción señalan que Federico Ruiz —entonces coordinador de Seguridad Vial, ex secretario de Seguridad y actual concejal oficialista— interceptó en su momento un camión que transportaba postes de madera extraídos ilegalmente del monte, en la zona de la Avenida Montevideo.
El destino declarado de esa madera era la inmobiliaria Mijailovsky y Asociados, propiedad de Fabián Mijailovsky y su uso previsto era la construcción de quinchos y estructuras adicionales dentro del mismo predio de Marina del Sur. El episodio configura un círculo de ilegalidad que se cierra sobre sí mismo: el ecosistema que la Ley 12.704 ordena proteger es depredado para construir las mejoras de una obra que esa misma ley prohíbe. Desde el municipio, fuentes de sector aseguran que Mijailovsky mantiene fuertes vínculos con la gestión de Cagliardi.
El patrón ambiental: No es un caso aislado
El caso de Marina del Sur no puede leerse de manera aislada. Como ha documentado ELCORREOGRÁFICO, la Municipalidad de Berisso bajo la conducción de Cagliardi comparte la obligación legal de elaborar el Plan de Manejo Ambiental para la Isla Paulino y de hacer cumplir la normativa de protección en su jurisdicción, y según la ONG Nuevo Ambiente, el municipio continúa ejecutando obras ilegales en un área declarada por ley, priorizando intereses económicos por sobre la preservación del ambiente.
Según relevamientos de la organización ambientalista, se han registrado tala y desmonte en humedales protegidos, con intervenciones ilegales que continúan en sectores cercanos al Club Náutico Berisso, el parador Marina del Sur y el canal Génova. Es el mismo entorno geográfico donde se levanta el edificio en cuestión.
Paralelamente, el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ya había revelado un panorama de irregularidades en la gestión fiscal 2023 de la Municipalidad, con un déficit financiero de $621.430.034,51 y sanciones millonarias al intendente Cagliardi por múltiples irregularidades administrativas, incluyendo obras públicas inconclusas y gastos sin comprobantes.
El conflicto de intereses que paraliza la Municipalidad
La convivencia de estas tres situaciones —la orden de demolición vigente, los funcionarios como inquilinos, y la inacción administrativa persistente desde 2019— configura lo que los especialistas en derecho administrativo denominan un conflicto de intereses estructural: quienes tienen el deber legal de ejecutar una sanción son, simultáneamente, sus principales beneficiarios.
El Artículo 94 del Decreto-Ley 8912/77 faculta y obliga al municipio a disponer la remoción o demolición de obras erigidas en infracción. El Artículo 70 delega esa responsabilidad primaria en el nivel local. Ninguna de estas disposiciones ha sido aplicada en este caso desde 2019.
La pregunta que emerge es elemental: si la Subsecretaria de Planificación puede habitar una construcción que debería demoler, y si el Secretario de Obras Públicas administra el expediente de su propia vivienda ilegal, ¿con qué autoridad moral y legal se le exige a un vecino común que respete el código de edificación o proteja el Paisaje Protegido de Berisso?
La verdadera demolición que avanza en silencio no es la del edificio de Calle 5 y 171. Es la de la credibilidad institucional del municipio es que su intendente, Fabián Cagliardi, solo piensa en atornillarse al poder.
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