La Región Capital puso el cuerpo el 29 de abril frente al Ministerio de Capital Humano en Ciudad Autónoma de Buenos Aires para exigir el pago de una deuda de $220.809 millones que el Gobierno nacional mantiene con el Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la Provincia de Buenos Aires. El resultado fue una jornada que terminó siendo más un espectáculo político que una solución concreta para los 2,5 millones de niños y adolescentes que dependen de ese programa, incluyendo los que comen en las escuelas de Berisso, La Plata y Ensenada.
Cerca de 80 alcaldes de distintas fuerzas políticas se movilizaron junto a funcionarios bonaerenses desde la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM) hasta la cartera que comanda Sandra Pettovello, ubicada en Carlos Pellegrini 1285, adonde no pudieron acceder porque un operativo de la Policía Federal blindó la entrada. En lugar de diálogo, encontraron un muro; en lugar de respuestas, recibieron una chicana.
La ministra ausente y el cartel que lo dice todo
La ministra de Capital Humano sabía que este miércoles decenas de intendentes y funcionarios bonaerenses llegarían a las puertas de su despacho para entregarle un petitorio por los fondos del SAE que el Gobierno nacional viene ajustando sistemáticamente. Eligió no estar presente y dejó todo preparado para ningunear a la tropa peronista. «Intendentes, diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben», decía un cartel cuadrado con los colores oficiales, del mismo tamaño que el acceso al edificio.
Pettovello no recibió a los intendentes. A la misma hora estaba en el Congreso de la Nación, respaldando al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La imagen fue reveladora: mientras la ministra aplaudía a Adorni desde el palco con Javier Milei y Karina Milei, los intendentes de Berisso, La Plata y Ensenada se agolpaban en la vereda sin que nadie los recibiera. En la puerta del ministerio, los jefes comunales fueron rechazados por «un comisario» que no aceptó recibir el documento.
En el mismo posteo donde compartió las fotos del cartel, la ministra Pettovello sostuvo: «El desfinanciamiento de los programas de la provincia de Buenos Aires es de exclusiva responsabilidad de esa jurisdicción. Dirigirse a quien corresponda».
La Región Capital en el epicentro de la crisis
De la actividad participaron la vicegobernadora Verónica Magario y los jefes comunales Julio Alak (La Plata), Fabián Cagliardi (Berisso), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza) y Jorge Ferraresi (Avellaneda), cercanos a Axel Kicillof.
Los tres intendentes de la Región Capital llegaron a Buenos Aires con un mismo diagnóstico: los comedores escolares de sus distritos están sostenidos con recursos municipales y provinciales que no alcanzan para cubrir la brecha que dejó el Gobierno nacional. Sin embargo, la presencia de Cagliardi, Secco y Alak en esta movilización tiene una lectura política que no puede ignorarse: los tres llevaban meses usando el escudo del «ajuste nacional» para justificar sus propias deficiencias de gestión local. El reclamo legítimo por los fondos del SAE llega mientras ninguno de los tres ha dado explicaciones satisfactorias sobre el destino de los recursos municipales propios destinados a asistencia social.
Fabián Cagliardi, el intendente de Berisso que inauguró las sesiones del HCD en marzo prometiendo transformaciones históricas para la ciudad, estuvo esta vez en Buenos Aires marchando con pancartas. El mismo dirigente que reconoció públicamente asistir a 7.000 familias con comedores comunitarios y entregar 22.700 módulos de mercadería mensuales, atribuyendo esa demanda explosiva a la ausencia del Gobierno nacional, no explica por qué la infraestructura de comedores de Berisso sigue siendo insuficiente tras 6 años de gestión peronista ininterrumpida en el municipio.
Julio Alak, por su parte, cuestionó a la administración de Javier Milei por no enviar los fondos del programa a las escuelas y reclamó un «pacto fiscal», mientras La Plata sigue siendo la capital provincial donde la brecha entre el discurso oficial y la realidad de los comedores es más visible para el vecino de a pie.
Mario Secco, el intendente de Ensenada que no pierde oportunidad para adjudicar cualquier problemática local a la Casa Rosada, estuvo entre los más combativos de la jornada. Su presencia en la marcha es coherente con su perfil, pero su gestión municipal no registra avances concretos en la infraestructura de contención social del distrito que administra.
Los números que aplanan cualquier relato
La crisis del SAE no es retórica: tiene números concretos que la prueban. En 2024, Nación habría girado solo el 66% de las partidas necesarias: debía transferir $105.000 millones y envió $70.500 millones. En 2025, la cobertura cayó al 59%, con $77.500 millones sobre una necesidad estimada de $131.000 millones. Para 2026, el Gobierno nacional prevé transferir apenas el 46%: $81.000 millones frente a los $177.000 millones requeridos.
El petitorio también exige la incorporación de financiamiento para el Programa MESA (Módulo Extraordinario de Seguridad Alimentaria), que brinda asistencia a más de 2.500.000 niños y adolescentes de la provincia. Para 2026, ese programa no recibe ni un peso de la Nación: el 100% de su costo recae sobre las espaldas provinciales. Y la Provincia de Buenos Aires, a su vez, lo trasladó a los municipios.
Los intendentes remarcaron que la inflación acumulada desde diciembre de 2023 ronda el 293%, mientras crecen las dificultades para sostener compras de alimentos en comedores escolares y hogares. Frente a eso, el Gobierno nacional propone para este año un aumento de partidas del 4%. La aritmética es cruel.
El Gobierno nacional y la Provincia: dos relatos, ninguna solución
Desde la cartera de Pettovello señalaron que «el Servicio Alimentario Escolar es un programa de gestión y responsabilidad provincial» y que «el Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del monto necesario para la atención a los comedores escolares de la Provincia de Buenos Aires, siendo el 80% restante obligación provincial». También calificaron el reclamo como «un intento de la Provincia de Buenos Aires de adjudicar a esta cartera ministerial responsabilidad por la propia decisión provincial de desfinanciar sus propios programas».
En la última semana, el gobierno de Kicillof dio de baja por tres meses el programa MESA y, en paralelo, anunció incrementos en otros planes alimenticios, como el SAE y el Módulo Alimentario Territorial (MATE). Es decir: la Provincia también recortó un programa para redistribuir el gasto, y luego marchó a reclamarle a la Nación lo que ella misma está haciendo a su escala.
Como señaló La Nación, la movilización buscó trasladar el costo político del ajuste al Gobierno nacional, tal como los intendentes ya lo habían intentado semanas atrás frente al Ministerio de Economía para reclamarle a Luis Caputo. La estrategia comunicacional es clara: convertir a la Casa Rosada en el único responsable de una crisis que tiene, al menos, dos autores.
Fernando Espinoza, presidente de la FAM e intendente de La Matanza, fue el más encendido de la jornada: «El gobierno de Milei quiere que, de cada 10 chicos que van a las escuelas, solo coman 4. Venimos al Ministerio de Capital Humano, la ministra Pettovello no está. Nadie nos quiere recibir el documento firmado por todos los intendentes», declaró según consignó Infobae.
La olla que nadie quiere heredar
Luego de la jornada en Capital Humano, Kicillof se reunió con los intendentes en la FAM y declaró: «El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles».
Lo que el gobernador no dijo —y que el vecino de Berisso, La Plata y Ensenada tiene derecho a escuchar— es que su propia administración viene ejecutando un ajuste sobre el programa MESA que impacta directamente en los distritos más vulnerables. El desfinanciamiento del SAE es real y el reclamo ante la Nación tiene fundamento en los números; pero la performance política del 29 de abril, con carteles y pancartas, no garantiza ni un solo plato de comida más en las escuelas de la Región Capital.
Mientras Cagliardi, Secco y Alak volvían de Buenos Aires, los directores de las escuelas de sus municipios seguían haciendo malabares para mantener el menú escolar. Esa es la única realidad que no admite relato.
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