La Cooperativa de la Salud Clínica Mosconi de Berisso, que en plena pandemia de COVID-19 representaba un pilar fundamental para la atención sanitaria local con 40 camas de internación y 10 de terapia intensiva, fue clausurada oficialmente en septiembre de 2024 por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. El cierre marca el final de un conflicto que comenzó en 2020 con una crisis financiera, pasó por un «rescate municipal millonario» que logró sanearla temporalmente, y culminó con disputas internas irreconciliables que dejaron a la ciudad sin un centro de salud crítico y más de 130 fuentes de trabajo perdidas.
El caso expone cómo una intervención estatal que logró estabilizar las finanzas de la institución fracasó en su objetivo estratégico de municipalizar el centro de salud, generando un conflicto de gobernanza que terminó en los tribunales y con acusaciones cruzadas de persecución política y vaciamiento institucional. En noviembre de 2025, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) certificó una nueva administración para la cooperativa, con la podóloga Adriana Sandra Gase como presidente, intentando cerrar formalmente una disputa que ya había costado a Berisso un recurso sanitario vital.
Maniobras irregulares para tomar control de Clínica Mosconi en Berisso
El rescate de emergencia en plena pandemia
En 2020, con el sistema de salud bajo presión extrema por la emergencia sanitaria global, la Clínica Mosconi enfrentaba una «crítica situación económico financiera» que amenazaba su «colapso definitivo». El presidente de la Cooperativa, Salvador Espósito, y el director médico, Rubén Fábrega, alertaron públicamente sobre la gravedad de la situación, que ponía en riesgo no solo los puestos de trabajo sino también una infraestructura sanitaria crítica para la ciudad: ocho respiradores, cuatro cardioversores digitales y ocho monitores multiparámetros que resultaban esenciales en el contexto de la pandemia.
Ante esta amenaza, el intendente Fabián Cagliardi anunció una intervención directa con el objetivo de transformar la clínica en un «centro de salud municipal con atención pública y gratuita«. Para materializar este plan, el gobierno local articuló el apoyo del gobernador Axel Kicillof, el Ministerio de Salud provincial, y las obras sociales PAMI e IOMA.
Durante 2021, la Municipalidad de Berisso implementó un agresivo plan de saneamiento que logró resultados concretos. Se regularizó la deuda con EDELAP que superaba el millón de pesos y la deuda con CAMUZZI por 1,1 millones de pesos. También se saldaron compromisos con proveedores clave como BIOGAS, LAMCEF y DIMED, y se redujo el descubierto bancario en 600 mil pesos. Además, se pagaron honorarios adeudados a médicos de guardia y por prácticas de PAMI desde finales de 2020.
La intervención no se limitó al pago de deudas. El municipio implementó auditorías que detectaron irregularidades, como profesionales que «se habían aprovechado de la necesidad de la clínica evitando facturar, pero cobrando ininterrumpidamente». Se dio de alta en el Monotributo a todos los asociados de la cooperativa para «frenar una deuda que hubiese llevado al quiebre inminente», según informó la gestión municipal.
El punto de quiebre: marzo de 2022
El escenario cambió radicalmente en marzo de 2022, cuando se eligieron nuevas autoridades en la Cooperativa. La nueva gestión, encabezada por una facción liderada por Silvia Argañaraz, tomó una decisión que marcaría el destino de la institución: determinó que «ya no era necesario el apoyo estatal«. Esta ruptura unilateral con el municipio interrumpió abruptamente el plan de municipalización.
El director médico Ángel Rivero intentó proyectar una imagen de «normalización» en declaraciones públicas, asegurando que «no hay conflicto activo». Sin embargo, el propio Rivero admitió que el pago de un bono a los trabajadores estaba siendo gestionado por el contador de la municipalidad, evidenciando que la dependencia financiera persistía a pesar del discurso de autonomía.
La decisión de rechazar el apoyo municipal expuso una falla estratégica crítica en el diseño de la intervención: el gobierno local había invertido fondos públicos para sanear la clínica sin establecer un mecanismo legal vinculante que garantizara la transición al control municipal. Una vez estabilizada, la cooperativa ejerció su autonomía para cortar lazos con el Estado, dejando la inversión pública sin el retorno social esperado.
Dos versiones enfrentadas sobre el conflicto
La ruptura con el municipio desencadenó un deterioro acelerado marcado por una profunda disputa interna con dos narrativas completamente antagónicas.
Según un off the record de una fuente consultada de la cooperativa en ese período, el conflicto fue de naturaleza política. En la conversación, se afirma: «Esto es político y como Argañaraz no fue la que supuestamente el intendente quería que que ganara, hicieron unas elecciones y fueron democráticamente ganó a 70 y pico a 40 y pico. Listo. De Ahí en más la sentenciaron a morir. Le cerraron todas las puertas.»
Esta perspectiva sostiene que, tras ganar las elecciones internas, el municipio le «cerró todas las puertas» y la «sentenció a morir», negándole toda ayuda. Se denuncia que el intendente Cagliardi nunca la recibió tras su victoria electoral y que se orquestaron inspecciones de PAMI y del Ministerio de Salud para generar un «caos». También se describe un intento de toma por parte de personas vinculadas al municipio que intentaron imponer una nueva directiva mediante una «asamblea ilegal».
la fuente consultada menciona que un grupo de «15 personas resistía para mantener la clínica abierta, trabajando sin cobrar durante un año« y subsistiendo con los escasos ingresos de los consultorios.
Sin embargo, otra fuente con conocimiento directo del conflicto presentó una visión completamente opuesta. Según esta versión, la gestión de la presidenta era irregular ya que «había renunciado todo el Consejo de Administración« más de un año antes por desacuerdos con sus manejos, dejándola sola junto al abogado que actuaba como síndico. Esta fuente calificó a la dirigencia como «tránsfugas totales» que terminaron «vaciando la clínica«.
La misma fuente afirmó que el municipio y los trabajadores despedidos intentaron durante mucho tiempo que el INAES interviniera, sin éxito inicial al ser este un organismo nacional. Sostuvo que cuando el Instituto finalmente intervino, convocó a una asamblea que era el único mecanismo legal válido para regularizar la situación, y que en dicha asamblea la primera decisión fue destituir a la presidenta.
El colapso operativo y la judicialización
Para 2024, reportes periodísticos describían la clínica en un «estado de abandono total«. La terapia intensiva, el recurso más valioso que había justificado el rescate en 2020, se encontraba «vacía». La dotación de personal se había reducido drásticamente a aproximadamente 20 personas trabajando, una cifra insuficiente para operar un centro de salud.
El conflicto se trasladó al ámbito judicial en el caso «Silvia Edith Argañaraz c/ Espósito Maximiliano Ezequiel y otros s/ acción preventiva«, centrado en el despido de ocho trabajadores. El proceso estuvo marcado por un caos procesal, incluyendo un «error involuntario» de un juez en marzo de 2024 que levantó brevemente una medida cautelar, permitiendo la intervención policial en la clínica. La gravedad del litigio llevó a que se analizara la aplicación de sanciones por «temeridad y malicia«.
La clausura definitiva y la intervención del INAES
En septiembre de 2024, el secretario de Salud municipal, Santiago Ramírez Borga, confirmó que el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires había clausurado formalmente la Clínica Mosconi en sus servicios de «internación, atención ambulatoria y consultorios externos«.
El prolongado conflicto de gobernanza encontró una resolución formal recién en noviembre de 2025 con la intervención del INAES. Un acta oficial del organismo, fechada el 11 de noviembre de 2025, confirma el reconocimiento de un nuevo Consejo de Administración para la Cooperativa de Trabajo de la Salud Clínica Mosconi Ltda. (Matrícula N° 32443).
Esta resolución se basó en la documentación de una Asamblea General Ordinaria celebrada el 15 de octubre de 2025. El nuevo consejo quedó conformado con Adriana Sandra Gase como presidenta, Celeste Analía Monzón como secretaria, Hilda Cabral como tesorera, y Maximiliano Espósito y Yamil Midhi como vocales suplentes primero y segundo respectivamente.
Esta intervención del INAES proveyó un cierre legal a la disputa interna, aunque llegó después de que la clínica hubiera cesado sus operaciones y fuera clausurada por la autoridad sanitaria.
El costo para la comunidad
El resultado final del conflicto representa una pérdida irreparable para la comunidad de Berisso. La ciudad perdió un centro de salud que contaba con 40 camas de internación, 10 camas de terapia intensiva, ocho respiradores y cuatro cardioversores digitales. Más de 130 fuentes de trabajo se perdieron en el proceso, con trabajadores que llegaron a pasar un año sin cobrar según los testimonios.
La inversión de fondos públicos municipales utilizada para el saneamiento financiero de 2021 no logró su objetivo estratégico de asegurar un centro de salud público para la ciudad. Las deudas millonarias con EDELAP, CAMUZZI, PAMI y diversos proveedores que fueron regularizadas con recursos del municipio no se tradujeron en la continuidad del servicio sanitario.
El caso expone cómo un rescate financiero sin un plan de gobernanza legalmente vinculante puede fracasar completamente. La gestión municipal logró un éxito táctico en el saneamiento pero falló estratégicamente al no establecer mecanismos legales que garantizaran la municipalización una vez invertidos los recursos públicos.
Balance final: éxito temporal, fracaso estratégico
El análisis del caso permite identificar una confluencia de factores que llevaron al colapso: una intervención estatal tácticamente exitosa pero estratégicamente deficiente, una gobernanza cooperativa con fallas estructurales previas, y una incapacidad posterior para resolver conflictos internos que paralizó la institución.
La gestión del intendente Cagliardi demostró capacidad de respuesta en la fase de emergencia, logrando regularizar las finanzas y la operación de la clínica durante 2021. Sin embargo, no implementó salvaguardas para proteger la inversión pública: no se establecieron convenios vinculantes, decretos de emergencia o marcos legales que hicieran irreversible la transición al control municipal.
Por su parte, la gestión cooperativa posterior a 2022 mostró una profunda disfunción. La decisión de rechazar el apoyo estatal, combinada con la renuncia masiva del Consejo de Administración y los conflictos internos que derivaron en despidos judicializados, condujeron directamente al deterioro operacional y la clausura.
La nueva administración certificada por el INAES en noviembre de 2025 llega cuando la institución ya está clausurada, sin capacidad operativa y con su infraestructura desmantelada. El desafío de reabrir un centro de salud que fue cerrado por la autoridad sanitaria provincial representa una tarea de magnitud incierta.
El caso de la Clínica Mosconi quedará como un ejemplo de cómo las buenas intenciones en política pública, sin marcos institucionales sólidos y mecanismos de gobernanza claros, pueden resultar en la pérdida total de un activo comunitario esencial. La ciudad de Berisso perdió no solo una inversión pública millonaria, sino fundamentalmente un recurso sanitario que era crítico para la atención de su población.
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