El 27 de marzo de 2026 quedará inscripto como una fecha decisiva en la historia judicial y económica argentina. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó la sentencia que condenaba a la República Argentina a pagar más de USD 16.100 millones al fondo Burford Capital por la expropiación de YPF realizada en 2012. Con los intereses acumulados desde 2023, la cifra ascendía a casi USD 18.000 millones, una obligación que habría representado un golpe devastador para las reservas del Banco Central.
El fallo asegura que la jueza de primera instancia, Loretta Preska, interpretó erróneamente la ley argentina, por lo que revocó la sanción contra el país y le pidió a la magistrada que revise su sentencia bajo los nuevos lineamientos del tribunal de alzada.
La decisión dividida y sus fundamentos jurídicos
El fallo de la Cámara de Apelaciones fue dividido: el juez José Cabranes votó en disidencia y propuso mantener la condena contra Argentina. Con todo, la causa vuelve ahora a manos de Loretta Preska, quien deberá revisar su fallo bajo los parámetros establecidos por el tribunal de alzada.
El tribunal revocó el fallo de Preska por dos razones distintas y autónomas. Primero, sostuvo que los estatutos societarios no crean obligaciones contractuales bilaterales entre accionistas. Luego, remarcó que, aunque existiera un contrato, la Ley de Expropiación se impone por sobre esos reclamos.
En términos concretos, la Corte remarcó que para que haya un contrato tiene que haber una promesa de una parte a favor de otra parte claramente identificable, y que el artículo 28 del estatuto no identifica a los accionistas minoritarios como beneficiarios de ese tipo de obligación. Se trata de una victoria conceptual de enorme alcance: el ordenamiento jurídico argentino —Constitución Nacional y Ley de Expropiaciones— prevalece sobre los estatutos de una sociedad anónima, incluso ante tribunales extranjeros.
La Cámara también confirmó la absolución de YPF como empresa dentro del proceso.
El colosal impacto financiero y el derrumbe de Burford
La reacción de los mercados fue inmediata y contundente. Las acciones de Burford Capital se desplomaron hasta un 40% en Wall Street, llegando a los 4,90 dólares, mientras que las acciones de YPF saltaron más de un 5%, superando los USD 46 el ADR, un máximo desde enero de 2025.
El market cap de Burford, que en septiembre de 2023 —cuando obtuvo el fallo a favor— era de unos USD 3.500 millones, cayó a USD 809 millones y seguía en baja al cierre de la jornada. El fondo británico, especializado en la financiación de litigios, había adquirido los derechos para litigar de las empresas del Grupo Petersen por apenas USD 15 millones en 2015.
Burford anticipa consecuencias contables en su balance: «Burford espera realizar una reducción contable del valor de los activos relacionados con YPF en su reporte del primer trimestre», que se conocerá en mayo próximo.
Para la economía argentina, el alivio es de proporciones históricas. El pago de esa suma hubiera representado un golpe devastador para las reservas del Banco Central, que actualmente rondan los USD 43.000 millones.
Una defensa técnica que atravesó cuatro administraciones
Más allá del fragor político del día, el fallo es el resultado de una línea de continuidad técnico-jurídica que se mantuvo constante a través de cuatro gobiernos diferentes. Según consigna El Cronista, el estudio Sullivan & Cromwell LLP —contratado en 2020 durante la gestión de la vicepresidencia de Cristina Fernández de Kirchner— y la Procuración del Tesoro mantuvieron inalterado el argumento central: la prevalencia de la soberanía constitucional sobre cualquier estatuto societario.
La gestión del presidente Javier Milei continuó esa misma línea de defensa sin alterar los argumentos centrales en el Segundo Circuito. El gobierno destacó la labor del «equipo ganador»: la secretaria Legal y Técnica María Ibarzábal Murphy, el procurador del Tesoro Sebastián Amerio, y los subprocuradores Santiago Castro Videla, Julio Pablo Comadira y Juan Ignacio Stampalija.
Milei en cadena nacional: euforia y disputa por el mérito
El presidente Javier Milei utilizó una cadena nacional para celebrar la decisión y protagonizó uno de los momentos más polémicos del día. Según informa Infobae, el mandatario calificó el resultado como «el mayor logro jurídico de la historia nacional» y afirmó que evitar el pago equivale a «70 millones de jubilaciones mínimas».
Milei rechazó de plano que el fallo le dé razón a quienes impulsaron la nationalización: «Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en un primer lugar. Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado».
El mandatario también anunció el envío al Congreso de un proyecto para modificar la Ley de Expropiaciones, con el objetivo de proteger la propiedad privada de «decisiones populistas e intervencionistas».
La respuesta del kirchnerismo: el fallo como validación de la expropiación
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof también celebraron el resultado, pero con una lectura radicalmente opuesta. Según publica La Nación, la expresidenta agradeció públicamente al estudio Sullivan & Cromwell LLP y reivindicó la legalidad de la medida adoptada en 2012:
«La expropiación con fines de utilidad pública de YPF se hizo conforme a derecho y que la decisión política de recuperar YPF y nuestra soberanía energética fue estratégica para nuestro país», expresó en sus redes sociales.
Por su parte, Kicillof apuntó directamente contra Milei. «Me parece triste, lamentable, penoso lo de Milei», planteó el gobernador, y agregó que la Cámara de Apelaciones tomó como propios los argumentos de la gestión de CFK para expropiar la compañía: «Ese proceso se hizo en base a normas y leyes de la Constitución Nacional que le da derecho a los países a declarar determinado bien como patrimonio de interés estratégico».
El gobernador también pidió «prudencia» al presidente en sus declaraciones públicas sobre el litigio, al advertir que podrían ser utilizadas por los demandantes en futuras instancias judiciales: «Si alguien insiste en que tenían razón los demandantes, los fondos buitres, sigue dando argumentos para una apelación».
Los próximos pasos: ¿la batalla legal terminó?
A pesar de la contundencia del fallo, el litigio no ha concluido definitivamente. Según el experto en litigios internacionales Sebastián Marill, en declaraciones a Radio Mitre: «La película ahora sigue. En los próximos 10 días, los demandantes van a presentar un pedido de revisión del fallo en la Corte de Apelaciones donde todos los jueces de la Cámara —los 13 jueces— van a revisar si estos dos jueces hicieron lo correcto».
Según informaron fuentes del mercado citadas por Infozona, Burford Capital analiza seriamente la posibilidad de no llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, dado el alto riesgo de perder definitivamente. Si el fondo confirma que no apelará, Argentina habrá cerrado el mayor juicio que enfrentó como Estado soberano ante un tribunal extranjero.
Sin embargo, el fondo también mantiene abierta la vía del arbitraje internacional ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), opción que el propio CEO de Burford mencionó como «totalmente viable» en su comunicado post-fallo, según reproduce Infobae.
El horizonte energético despejado para Vaca Muerta
Con independencia del debate político doméstico, el fallo libera a YPF de una contingencia financiera que limitaba su acceso al crédito internacional y pesaba sobre sus balances. YPF es la mayor compañía de petróleo y gas de Argentina, con miras a convertirse en un exportador mundial de energía a través del desarrollo de la formación Vaca Muerta, la segunda reserva de gas no convencional del mundo y la cuarta de petróleo.
Con el horizonte despejado, la compañía puede acelerar proyectos estratégicos de licuefacción y exportación de gas natural licuado (GNL), consolidando a Vaca Muerta como motor de divisas energéticas. El fallo deja, además, una enseñanza de largo plazo: la victoria fue posible porque cuatro administraciones de distinto signo sostuvieron, por encima de la grieta, una misma defensa técnica coherente basada en la supremacía del derecho público argentino. Esa continuidad de Estado, silenciosa y poco celebrada en su momento, fue en definitiva la clave del resultado histórico del 27 de marzo de 2026.
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