La causa penal cruzada avanza tras los incidentes Municipalidad de La Plata
Los incidentes Municipalidad de La Plata dejaron de ser solo un episodio de violencia callejera para convertirse en un expediente judicial activo. La causa penal por daño agravado, lesiones y atentado a la autoridad —iniciada por el municipio contra militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE)— avanza esta semana en paralelo a un hábeas corpus presentado por las organizaciones sociales, según confirmó InfoPlatense.
En el plano legislativo, el Concejo Deliberante de La Plata comenzó a procesar las primeras iniciativas para fijar sanciones a futuro frente a hechos similares, en un contexto donde la administración de Julio Alak y los cooperativistas mantienen versiones enfrentadas sobre lo ocurrido el viernes 26 de junio.
El saldo material: $43.580.000 en daños al Palacio Municipal
El municipio cuantificó los destrozos en la Municipalidad de La Plata en $43.580.000. El informe oficial detalla la destrucción de puertas de acceso, vidrios, ventanas y los históricos vitrales del Salón Dorado y del Concejo Deliberante, además de daños en carpintería de madera centenaria, molduras originales y el manijón de bronce de la puerta principal.
También se registró hollín en la bóveda de acceso por la quema de neumáticos en la entrada del edificio comunal, ubicado en 12 entre 51 y 53.
Siete heridos y 22 detenidos liberados por falta de pruebas
Los incidentes Municipalidad La Plata dejaron un saldo de siete heridos: un vecino golpeado por una piedra que atravesó un vitral del Salón Dorado mientras se desarrollaba un acto por el Día Internacional de Prevención de las Adicciones con más de 300 asistentes, y seis efectivos de la Policía Bonaerense lesionados durante el operativo.
La Policía aprehendió a 22 personas, de las cuales 19 quedaron formalmente detenidas. Todas fueron liberadas al día siguiente por falta de pruebas directas. Ailin Bonansea, de la Comisión Provincial por la Memoria, señaló que no se pudo identificar a ninguno de los detenidos como parte de los hechos de violencia.
El MTE negó formalmente que los aprehendidos pertenecieran a la organización y denunció, junto al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), que las detenciones fueron arbitrarias y realizadas a varias cuadras del foco del conflicto, incluyendo a un trabajador municipal en funciones y a un hombre en situación de calle.
El origen: licitación pública contra contratación directa
El detonante de los incidentes en la Municipalidad de La Plata es administrativo. Desde 2011, el municipio sostenía un sistema de contratación directa con cooperativas para tareas de barrido, limpieza de zanjas, corte de pasto y reciclado, con una erogación cercana a los $90 millones mensuales y más de $1.000 millones anuales.
El Tribunal de Cuentas bonaerense intimó a la gestión de Alak a reemplazar ese esquema por licitación pública, bajo riesgo de sanciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El municipio llamó a licitación los días 10 y 11 de junio y, según la administración local, todas las cooperativas y empresas que prestaban el servicio adquirieron los pliegos para competir, con la excepción del MTE.
El reclamo de los recicladores: 400 puestos en riesgo
Para el MTE y otras organizaciones como la Cooperativa Recicladores Unidos, el nuevo pliego excluyó deliberadamente la tarea de reciclado, dejando en riesgo la continuidad laboral de unos 400 trabajadores. Las organizaciones denunciaron que el municipio ofreció Tarjetas Alimentar de aproximadamente $200.000 como compensación, en lugar de garantizar los puestos de trabajo.
Según consignó Perfil, el MTE sostuvo además que la movilización fue pacífica y que la tensión se originó tras la intervención policial, además de acusar al gobierno local de impulsar una campaña de persecución política y mediática.
Una vocera de las cooperativas resumió la postura del sector: «preferimos trabajar y no tener esa tarjeta que no va a cubrir el gasto de las familias».
El cruce político: del PRO a La Libertad Avanza
Los incidentes Municipalidad La Plata generaron repercusiones inmediatas en el Concejo Deliberante. Concejales del PRO calificaron a los responsables de «delincuentes disfrazados de cooperativistas» y reclamaron que el intendente Alak desvincule de forma permanente a cualquier persona involucrada en los destrozos de la prestación de servicios municipales.
Desde La Libertad Avanza, los siete ediles del bloque repudiaron la violencia pero dirigieron sus críticas a la falta de previsión del Ejecutivo local, al considerar que el conflicto estaba anunciado desde semanas atrás y que la gestión de Alak no logró administrarlo a tiempo.
El propio municipio, gobernado por Alak —aliado del gobernador Axel Kicillof—, se constituyó como particular damnificado en la causa penal y ratificó la intención de recuperar por vía judicial el costo de los daños al patrimonio histórico del Palacio Municipal.
Lo que viene: Justicia, Concejo y la incertidumbre laboral
Mientras la causa penal contra los manifestantes del MTE y el hábeas corpus de las organizaciones sociales avanzan en paralelo en los tribunales platenses, persiste la incertidumbre sobre el futuro laboral de los recicladores. Las propias organizaciones cooperativas admitieron que, hasta el momento, no existen garantías concretas de que la totalidad de los trabajadores continúe en sus tareas tras el nuevo esquema de licitación.
¿Logrará la Justicia platense esclarecer responsabilidades sin profundizar la grieta entre el municipio y las organizaciones sociales, o los incidentes en la Municipalidad de La Plata quedarán como un antecedente más de una tensión que la gestión de Alak no logró anticipar?
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