Un reciente incendio en un cañaveral de la Isla Santiago ha vuelto a avivar las llamas de una amarga y persistente disputa entre la organización no gubernamental Nuevo Ambiente y la Municipalidad de Ensenada.
Lo que a primera vista podría parecer un siniestro estacional es, en realidad, el catalizador de un conflicto mucho más profundo que pone en jaque el futuro de un territorio legalmente protegido. Sobre la mesa se encuentran graves sospechas de negocios inmobiliarios ilegales, denuncias cruzadas de inacción y negligencia, y dos narrativas institucionales completamente irreconciliables.
Para la ONG, el fuego es un síntoma de un patrón deliberado destinado a «limpiar» terrenos para facilitar usurpaciones y loteos prohibidos. Para el gobierno local, liderado por el intendente Mario Secco, las denuncias no son más que un «show ambiental» que ignora los avances en la gestión y la seguridad de la zona. Esta batalla va más allá de un simple desacuerdo; es una pugna por el alma de la isla, un ecosistema vital para la región de Ensenada, declarado paisaje protegido por la ley provincial. Este estatus no es un mero título, sino una armadura legal diseñada para salvaguardar su biodiversidad única y su valor cultural, prohibiendo estrictamente la construcción y el desarrollo urbano.
En medio de este choque de versiones, el futuro de la isla y la seguridad jurídica de quienes han comprado lotes allí —muchas veces engañados— penden de un hilo. La controversia desnuda una fractura en la gobernanza ambiental y plantea preguntas críticas sobre la capacidad del Estado para proteger su patrimonio natural frente a la presión de intereses ocultos y la aparente parálisis burocrática.
La sombra del fuego: La ONG denuncia un plan inmobiliario ilegal
La voz de alerta proviene de la ONG Nuevo Ambiente, una entidad de la sociedad civil que se ha consolidado como un actor vigilante de las políticas ambientales en la región. Sus afirmaciones tras el último incendio en la Isla Santiago no constituyen un hecho aislado, sino la continuación de una serie de advertencias que adquieren una gravedad particular al enmarcarse en un área legalmente protegida. La condición de paisaje protegido implica un deber de conservación estricto, una barrera legal contra el avance de la urbanización que, según la ONG, está siendo sistemáticamente vulnerada.
La principal sospecha articulada por la organización es la existencia de una conexión directa y siniestra entre la repetición de los incendios y el avance de negocios inmobiliarios ilegales. Para Nuevo Ambiente, el fuego no es un accidente, sino una herramienta. La alarmante regularidad con que se producen los siniestros año tras año ha transformado la coincidencia en un patrón sospechoso: una táctica deliberada para despejar terrenos, eliminar la vegetación nativa y facilitar su posterior ocupación y venta irregular. Marcelo Martínez, titular de la ONG, describe sin rodeos el presunto modus operandi que, según él, opera en la isla.
«Puede ser gente que compró esos espacios o incluso quienes están usufructuando con las ventas, que mandan a provocar los incendios de manera intencional», aseguró Martínez.
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Esta acusación apunta directamente a una trama organizada que se beneficia de la degradación del ecosistema para lucrar con la tierra. La denuncia se materializa en la existencia de un loteo ilegal activo, un mercado negro de parcelas en una zona donde la ley lo prohíbe categóricamente. La recurrencia de los incendios es, para la ONG, la prueba más tangible. Martínez subraya este patrón al recordar los eventos del año anterior, construyendo un caso basado en la repetición sistemática de los hechos.
«Sí, el año pasado hubo tres incendios, y ahora se produjo otro más. Esto se suma a un cúmulo de hechos que tienen que ver con ocupaciones ilegales o habilitaciones de venta y loteo en sectores donde está prohibido construir», explicó.
La denuncia se vuelve aún más concreta al describir las consecuencias físicas de estas usurpaciones. Martínez revela un detalle alarmante que evidencia el avance sobre el territorio y su impacto en la comunidad local: «hay sectores que están cercando partes de la isla, incluso lugares que los propios isleños usaban para ir a la costa». Este cercamiento no solo representa una apropiación ilegal del espacio, sino también la ruptura de usos y costumbres de los habitantes tradicionales, quienes ven su acceso al entorno natural bloqueado. Esta línea de denuncia, por tanto, no solo se enfoca en los presuntos incendiarios, sino que dirige la atención hacia la aparente incapacidad de las autoridades para prevenir tanto los fuegos como las ocupaciones que, según la ONG, les suceden.
Un ecosistema sin brújula: La denuncia de un Plan de Manejo «parado»
En áreas de alto valor ecológico como la Isla Santiago, un plan de manejo ambiental es mucho más que un documento burocrático; es la hoja de ruta estratégica, la brújula que guía la conservación, el uso sostenible y la protección del territorio. Este plan establece las directrices para preservar la biodiversidad y, crucialmente, para mitigar riesgos como los incendios. Es precisamente en la ausencia y parálisis de esta herramienta fundamental donde la ONG Nuevo Ambiente centra su segunda gran crítica a la gestión estatal, denunciando un vacío de planificación que deja a la isla en un estado de extrema vulnerabilidad.
La denuncia más específica es la inexistencia de un protocolo formal de prevención de incendios forestales. A pesar de la probada recurrencia anual de los siniestros, la organización sostiene que no se han implementado medidas proactivas para anticipar los focos, controlar su propagación o investigar sus causas de forma sistemática. Esta falta de una estrategia preventiva es interpretada por Marcelo Martínez como un síntoma de un abandono más profundo por parte de las autoridades competentes.
«El Estado está ausente en este sentido. Nosotros vamos a elevar una propuesta concreta para que haya prevención y control», afirmó Martínez, posicionando a la ONG como un actor propositivo ante lo que describe como un preocupante vacío institucional.
Más allá de los incendios, la crítica se extiende al corazón de la gestión ambiental del área: el plan de manejo ambiental. Según la ONG, este instrumento integral, que legalmente debe ser elaborado por los municipios de Ensenada y Berisso para luego ser aprobado por el Ministerio de Ambiente de la Provincia, se encuentra completamente «parado». Martínez atribuye esta parálisis a una peligrosa combinación de factores: la falta de interés político de los gobiernos municipales, una escasa concientización social sobre la importancia de la reserva y la presión de «intereses» no especificados que se beneficiarían del actual desorden normativo. La acusación es contundente: el proceso está estancado en su origen, dejando a la isla sin el marco legal y técnico necesario para su protección efectiva.
Sin embargo, desde el palacio municipal, la narrativa es radicalmente opuesta, describiendo un escenario no de abandono, sino de acción y progreso.
La versión oficial: Entre un «Show Ambiental» y la defensa de la gestión
Frente a las graves acusaciones de Nuevo Ambiente, la Municipalidad de Ensenada ha respondido con una defensa férrea de su gestión, refutando cada punto y contraatacando con dureza. La administración local no solo niega las afirmaciones, sino que las enmarca como una estrategia de confrontación mediática, calificando la postura de la organización como un «show ambiental». Esta descalificación busca desplazar el debate desde la sustancia de la denuncia hacia la credibilidad del denunciante, reafirmando al mismo tiempo el compromiso del gobierno de Mario Secco con la isla.
El punto central de la contraargumentación es el estado del plan de manejo de la Isla Santiago. Aquí es donde las versiones chocan frontalmente, creando dos realidades irreconciliables. Según voceros comunales citados por el medio Fuerte Barragán, el plan no solo no está «parado», sino que fue elaborado en tres etapas con la asistencia técnica del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y ya fue aprobado por dicho organismo. «El plan está confeccionado como corresponde y ahora debe ser aprobado por el Ministerio de Ambiente bonaerense», indicaron, situando la responsabilidad del paso final en la órbita provincial.
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No obstante, esta afirmación presenta una notoria inconsistencia con otra declaración oficial recogida por el portal 0221, donde se remarca que la Comuna «aplica el ‘plan de manejo’ aprobado por las autoridades provinciales». Esta discrepancia es fundamental: una versión sostiene que el plan espera aprobación provincial, mientras que la otra asegura que ya está aprobado y en aplicación. Este abismo informativo socava la claridad de la postura municipal y deja al ciudadano sin una verdad unívoca sobre la principal herramienta de gestión de la reserva.
Para la administración local, su política ambiental se define por un principio rector diferente. «La política central del Municipio es el cuidado de la vida humana. Nada de lo que hacemos está por fuera de eso, y es lo fundamental para el ambiente», expresaron, enmarcando su gestión en un paradigma donde la seguridad humana es la base de la protección ecológica. Como prueba de acción concreta, destacan la finalización de la obra del Destacamento 3 de Bomberos en la entrada a la isla. Esta iniciativa, impulsada por Secco, se presenta como una respuesta tangible para atender emergencias de manera más ágil, no solo en la isla sino también en el sector de Punta Lara. Este hecho, sin embargo, pone de relieve un enfoque reactivo (responder a los incendios) frente al enfoque proactivo (prevenirlos con un plan) que reclama la ONG, situando el debate en el corazón de la gobernanza ambiental.
Finalmente, la Comuna aborda las usurpaciones de terrenos con una respuesta categórica: «El Municipio nunca avaló ninguna ocupación ilegal y siempre actuará ante cualquier irregularidad cuando haya denuncias formalizadas». Con esta declaración, fijan una posición de legalidad estricta, aunque trasladan la carga de la acción a la formalización de denuncias por parte de terceros.
Las víctimas colaterales: Compradores engañados y una justicia ausente
El enfrentamiento entre la ONG y el Municipio trasciende la disputa política para revelar un complejo drama humano y un aparente vacío legal. En medio del fuego cruzado de acusaciones se encuentran los compradores de terrenos, cuyo rol en el conflicto es ambiguo, y un sistema judicial que, según los denunciantes, aún no ha intervenido con la fuerza necesaria para desentrañar el nudo de responsabilidades.
Marcelo Martínez, de Nuevo Ambiente, traza una distinción crucial sobre el perfil de quienes ocupan los terrenos. Aclara que no se trata de los isleños tradicionales, sino de personas que a menudo son víctimas secundarias de un esquema fraudulento. Según su análisis, los ocupantes son principalmente «vecinos de la región que muchas veces compran sin saber que están cometiendo una infracción o que fueron engañados por terceros». Esta perspectiva transforma a muchos de los compradores de buena fe en víctimas de una estafa, en lugar de ser los instigadores de la usurpación. La aclaración también evidencia la existencia de actores en la sombra que se benefician económicamente de este engaño, vendiendo tierras que legalmente no son comerciales.
Ante este escenario, la ONG eleva su reclamo al ámbito judicial. Consideran que identificar a los verdaderos interesados detrás de la quema de pastizales y la promoción de loteos ilegales excede sus capacidades y es una tarea indelegable de la justicia. Sin embargo, Martínez expresa su frustración con la respuesta obtenida hasta ahora.
«Eso lo debería investigar la justicia. Nosotros ya hicimos presentaciones administrativas, pero todo quedó en primera instancia», señaló, describiendo un panorama donde las denuncias no logran escalar en el sistema judicial para llegar a una resolución de fondo.
De este modo, el conflicto en la Isla Santiago se cierra sobre un conjunto de preguntas críticas que definen su futuro inmediato. ¿Está el plan de manejo ambiental en un limbo burocrático, paralizado por la inacción local como denuncia la ONG, o está activamente en proceso de aprobación provincial, como afirma una versión del Municipio, o incluso ya aprobado, como sostiene otra? ¿Son los incendios una cadena de lamentables accidentes o parte de una estrategia deliberada para consolidar un mercado inmobiliario ilegal? Y la pregunta fundamental: ¿Quiénes se benefician realmente del estado de incertidumbre y desregulación que reina en este valioso paisaje protegido? Mientras estas cuestiones no se resuelvan con claridad y acciones contundentes, la tensión entre la conservación ambiental, los intereses económicos y la responsabilidad política seguirá consumiendo, como el fuego, el futuro de la isla.
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