En el corazón de Berisso, un escándalo se desata en torno a Joana Giménez, quien se presenta como secretaria de prensa de ATE Berisso y vocal del Consejo Directivo Nacional de ATE. Sin embargo, su trayectoria laboral ha sido cuestionada, ya que se le acusa de recibir un salario sin realizar tareas efectivas, lo que pone de manifiesto un preocupante caso de clientelismo político y gremial.
La situación se agrava con las recientes denuncias de Marcela Ríos, directora interina de la Casa del Niño Hogar San Martín, quien ha denunciado un patrón de hostigamiento por parte del concejal Antonio Ligari. Este conflicto ha puesto en evidencia la falta de transparencia y la cultura de impunidad que parece reinar en la administración pública de Berisso.
Origen del conflicto
El conflicto se origina en la oficina de la Dirección de Institutos, localizada en el edificio de la Mutual 10 de Junio y cuenta con al menos otro antecedente que ella misma puso en conocimiento del intendente Fabián Cagliardi, donde Marcela Ríos ha presentado una denuncia en la Comisaría de la Mujer y en el Juzgado de Paz, alegando que Antonio Ligari ha ejercido violencia y extorsión en su contra.
La situación ya había sido advertida al Ejecutivo municipal en octubre de 2024, cuando el Sindicato de Trabajadores Municipales de Berisso (STMB) denunció las presuntas conductas inapropiadas del edil. Según Ríos, el concejal ha intentado forzarla a aceptar el presentismo de Joana Giménez, quien, según diversas fuentes, no ha cumplido con sus responsabilidades laborales.
La falta de respuesta del intendente Fabián Cagliardi y de la presidente del Concejo Deliberante, Aldana Iovanovich, ha generado un clima de desconfianza en la comunidad. La oposición exige el apartamiento inmediato de Ligari hasta que se aclare la situación judicial, pero hasta el momento, no se han tomado medidas concretas.
La controversia en torno a Joana Giménez y Marcela Ríos se remonta a decisiones administrativas tomadas durante la gestión de Jorge Nedela. Según una fuente consultada, Nedela decidió pasar a María Lozano como planta permanente, quien ocupaba el cargo de directora de la Casa del Niño Hogar San Martín, y nombró a Marcela Ríos una trabajadora municipal histórica del Hogar sin militancia gremial como directora interina. Esta decisión generó descontento entre las trabajadoras de ATE Berisso, quienes esperaban que se impusiera a una compañera de su sindicato en el cargo, lo que desató tensiones y un ambiente propenso a conflictos gremiales. “Cuando quedó Marcela Ríos, te imaginás, tuvieron que cerrar las boca, a hacer quilombos desde otro lugar”, comentó la fuente que consultó este medio, subrayando que la historia de Ríos en la guardería la había consolidado como una figura respetada, lo que complicó aún más la situación para las trabajadoras de ATE, que intentaron desestabilizar su gestión.
Marcela Ríos asumió como directora de la Casa del Niño «Hogar San Martín» de Berisso
A medida que la presión aumentaba, Marcela Ríos se vio sometida a un constante hostigamiento por parte de sus compañeras municipales de ATE, quienes, según la misma fuente, “le empezaron a volver loca”. Este contexto de conflicto interno no solo ha afectado la dinámica laboral en la Casa del Niño, sino que también ha puesto de manifiesto las luchas de poder dentro de los sindicatos y la política local, donde el clientelismo y las rivalidades gremiales parecen prevalecer sobre el bienestar de los niños y la calidad del servicio que se les brinda. La comunidad de Berisso observa con preocupación cómo estas disputas internas pueden impactar negativamente en la atención y el cuidado de los más vulnerables.
La defensa de Joana Giménez
En medio de este escándalo, Joana Giménez ha utilizado sus redes sociales para defenderse. En un extenso descargo, ha denunciado haber sido víctima de hostigamiento y violencia laboral por parte de su jefa de área. Sin embargo, sus declaraciones han sido recibidas con escepticismo, dado que muchos cuestionan su legitimidad y la falta de pruebas que respalden sus afirmaciones.
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“Esta mujer, jefa de un área que se dedica al cuidado de infancias, me sometió a prácticas que me han censurado y denigrado”, escribió Giménez, intentando posicionarse como víctima en un entorno que, según ella, la ha perseguido durante años. Sin embargo, la comunidad de Berisso se pregunta: ¿es realmente una víctima o simplemente una empleada pública que se beneficia del clientelismo?
La cultura de impunidad
La situación en la Casa del Niño Hogar San Martín refleja una cultura de impunidad que parece estar arraigada en la administración pública de Berisso. Las denuncias de Marcela Ríos han puesto de manifiesto un patrón de hostigamiento y abuso de poder que no solo afecta a las trabajadoras, sino que también pone en riesgo el bienestar de los niños que dependen de este servicio.
La declaración de ATE Berisso, como gremio afín a la gestión de Fabián Cagliardi, de un «estado de asamblea permanente» en la Casa del Niño ha sido interpretada por muchos como un intento de proteger a Joana Giménez y a Antonio Ligari, en lugar de abordar las preocupaciones legítimas de las trabajadoras. La comunidad exige medidas concretas para erradicar esta cultura de impunidad y proteger a las trabajadoras de situaciones de abuso.
Un testimonio de una fuente consultada revela la gravedad de la situación: “El viernes último, cuando hicieron eso de la ‘asamblea permanente’, todas las que son seis o siete trabajadoras que están en ATE no fueron a trabajar. Marcela Ríos no cerró la guardería, lo que dijo ‘bueno, sigamos’. Por suerte, habían faltado chicos, tenían como treinta y pico de niños. «Mirá que tenemos hasta de tres años que se hacen pis y caca encima, que hay que cambiarlos» ,habría comentado Ríos y agregó, «Y tenía con las de la cocina, que una no estaba, pero igual, concretaron por asistir a los niños. Son un desastre las agremiadas a ATE. Los padres, no sabés cómo los putean a las municipales de ATE, a Marcela Ríos la quieren porque saben cómo es”. Este testimonio pone de relieve la dedicación de Ríos a su trabajo, a pesar de las adversidades, y la falta de compromiso de algunas trabajadoras que, bajo el amparo del sindicato, eligen no cumplir con sus responsabilidades.
La trayectoria político-gremial de Joana Giménez
Joana Giménez ingresó a trabajar en la Casa del Niño Hogar San Martín desde el año 2002 aseguró en un reciente post en su red social. Durante la gestión de Jorge Nedela (2015-2019), ha estado rodeada de controversias, siendo acusada de introducir la política gremial en un espacio que debería estar dedicado al cuidado de los niños. Su relación familiar con Mónica Días Leal, esposa de Nedela, ha suscitado dudas sobre la legitimidad del mantenimiento de su puesto de trabajo en el Hogar San Martín y su permanencia en el cargo.
Además, de estar agremiada a ATE/CTA Autónoma, su filial política esta ligada la Izquierda, en el Partido de Trabajadores Socialista (PTS) en la rama feminista Pan y Rosas. En enero de este año a participado en el Congreso Mundial de Juventud y Estudiantes Antifascistas en Venezuela, financiado por el régimen de Nicolás Maduro, ha generado críticas. Muchos cuestionan cómo una empleada pública puede justificar gastos pagados por un gobierno denunciado por violaciones a los derechos humanos. Este tipo de vínculos políticos solo refuerzan la percepción de que Giménez se beneficia de un sistema que favorece el clientelismo y la falta de rendición de cuentas.
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La voz de la comunidad
La comunidad de Berisso ha comenzado a alzar su voz en contra de la situación. “No podemos permitir que más ñoquis político y la impunidad sigan reinando en nuestra ciudad”, afirma un vecino que prefiere permanecer en el anonimato. “Es hora de que se tomen medidas concretas para proteger a las trabajadoras y garantizar que quienes ocupan cargos públicos cumplan con sus responsabilidades”.
La situación actual ha puesto de manifiesto la necesidad de un cambio en la cultura laboral y política de Berisso. La comunidad no puede permitir que la violencia y el abuso de poder sean tolerados, especialmente por aquellos que ocupan cargos públicos. La exigencia de justicia y protección para las víctimas debe ser una prioridad para todos los sectores de la sociedad.
La percepción pública de Joana Giménez ha sido profundamente negativa, especialmente entre aquellos que han sido testigos de su comportamiento en el Hogar San Martín. Muchos trabajadores y padres de los niños que asisten al hogar han expresado su preocupación por la influencia que Giménez ha tenido en la gestión del lugar. La falta de transparencia en sus acciones y la manera en que ha manejado los conflictos han llevado a cuestionar su idoneidad para ocupar un cargo de responsabilidad.
La falta de documentación
Uno de los puntos más críticos en este conflicto es la falta de documentación que respalde las afirmaciones de Joana Giménez sobre su licencia gremial. Según fuentes consultadas, no existe evidencia que demuestre que haya presentado formalmente su solicitud de licencia, lo que pone en duda la validez de sus reclamos. Marcela Ríos, por su parte, ha declarado que no ha recibido ninguna notificación al respecto, lo que refuerza la percepción de que Giménez podría estar utilizando tácticas de distracción para desviar la atención de su falta de desempeño laboral.
“No hay ninguna documentación hasta el momento que acredite que Joana Giménez haya presentado la licencia gremial”, afirma una fuente cercana al caso. “Esto no puede ser todo de palabra”, añade, subrayando la necesidad de pruebas concretas en un asunto tan delicado.
La respuesta de ATE, el ataque
La respuesta de ATE ante las denuncias ha sido criticada por muchos. En lugar de abordar las preocupaciones de las trabajadoras y la comunidad, el sindicato ha optado por declarar un «estado de asamblea permanente», lo que ha sido interpretado como un intento de proteger a Giménez y a Ligari. Esta postura ha generado un clima de desconfianza y ha llevado a la comunidad a cuestionar la integridad del sindicato.
En la conferencia de prensa realizada el viernes último, Giménez afirmó que la jefa interina del área ha estado cometiendo «distintas situaciones de violencia laboral», lo que ha generado un ambiente hostil para quienes se organizan en ATE. Sin embargo, muchos en Berisso ven esta defensa como un intento de proteger a una empleada que, según las denuncias, no ha cumplido con sus funciones.
Eliana Aguirre, secretaria general adjunta de ATE Buenos Aires, también se pronunció en apoyo a Giménez, afirmando que «desde la conducción provincial respaldamos a nuestras compañeras». Sin embargo, esta postura ha sido criticada por quienes consideran que ATE debería enfocarse en la defensa de los derechos de todas las trabajadoras, no solo de aquellas que pertenecen a su facción.
La necesidad de un cambio
La situación en Berisso es un claro ejemplo de la necesidad urgente de un cambio en la administración pública. La cultura de impunidad y el clientelismo político deben ser erradicados para garantizar un entorno laboral seguro y justo para todos.
La comunidad ha señalado que las decisiones tomadas por los líderes gremiales y políticos parecen estar más alineadas con intereses personales que con el bienestar de los trabajadores y de la comunidad en general.
La lucha por el poder en el Hogar San Martín ha revelado las tensiones existentes dentro de ATE Berisso y STMB. Las trabajadoras que apoyan a Giménez han intentado desestabilizar a Ríos, quien ha sido vista como una figura que representa la estabilidad y el compromiso con el bienestar de los niños. Este conflicto no solo afecta a las trabajadoras, sino que también repercute en la calidad del servicio que se brinda a los niños, quienes son los más perjudicados en esta lucha de egos.
La falta de documentación que respalde las afirmaciones de Giménez sobre su licencia gremial ha alimentado las dudas sobre su integridad y la de sus aliados. La comunidad exige que se realicen auditorías y revisiones de las prácticas laborales en la Casa del Niño, así como una evaluación de la gestión de ATE en Berisso.
El agujero negro de la gestión Cagliardi
El escándalo en torno a Joana Giménez y Antonio Ligari ha puesto de manifiesto las profundas fallas en la administración pública de Berisso. Las denuncias de violencia de género, abuso de poder y clientelismo político son solo la punta del iceberg en un sistema que necesita una reforma urgente. La comunidad de Berisso está lista para exigir cambios y no permitirá que la cultura de impunidad continúe afectando a sus trabajadoras y a los niños que dependen de servicios esenciales.
La historia de Joana Giménez es un recordatorio de que la lucha por la justicia y la transparencia en la administración pública es una batalla que todos debemos enfrentar. La comunidad de Berisso merece un futuro donde la integridad y la responsabilidad sean la norma, no la excepción.
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