La Jueza de Faltas N°1 de Berisso, María Azul Lamoglie, se encuentra en el centro de una grave controversia tras enviar una carta documento a El Correo Gráfico, exigiendo la supresión de una noticia que informaba sobre una denuncia judicial en su contra por presunta falsificación de documento público. El caso ha encendido las alarmas sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión en el municipio, derechos constitucionales amparados por la Constitución Nacional y leyes de la República Argentina.
La magistrada otorgó al medio un plazo perentorio de 24 horas para retirar el contenido publicado este lunes 24 de noviembre de 2025, lo que ha sido interpretado como un claro intento de censura contra el ejercicio periodístico. La situación se desarrolla en un contexto de cuestionamientos sobre su designación en el cargo vitalicio, marcada por la opacidad y acuerdos políticos que han generado críticas tanto de la oposición como de sectores de la sociedad civil berissense.
Jueza de Faltas que en Berisso llegó por acuerdos políticos anda con denuncias de falsificación
Las exigencias de la carta documento
En el documento legal remitido a El Correo Gráfico, la Dra. Lamoglie formuló cinco demandas específicas que debían cumplirse en el plazo establecido. Primero, exigió suprimir de todas las plataformas digitales del medio la noticia que calificó como «falaz maliciosa». Segundo, solicitó una retractación pública por lo que denominó «falacia publicada». Tercero, demandó que el medio se abstuviera de publicar contenidos de similar naturaleza sobre su persona. Cuarto, pidió que no utilizaran su imagen «cambiando los colores de ojos, color de pelo, en sorna, burla y vapuleo». Finalmente, exigió retirar de manera definitiva todo el contenido descrito.
En su escrito, la jueza argumentó que la información publicada era «falaz y mentirosa», que los hechos eran «falaces, mentirosos, inventados, irrisorios» y sostuvo que la falsificación de un documento resultaba «imposible e inverosímil». Su defensa se basó en que la Resolución 3558 del 16 de abril de 2024 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires prescindió del requisito de residencia inmediata, lo que según su interpretación anularía la base de la acusación.
La respuesta del medio: defensa de la libertad de prensa
El Correo Gráfico rechazó rotundamente las acusaciones y exigencias formuladas por la magistrada, defendiendo su derecho constitucional a informar sobre cuestiones de interés público. Este medio fundamenta su posición señalando que su cobertura se limitó a replicar información que ya había sido difundida por múltiples portales regionales, entre ellos Berisso Ciudad, Ahora Berisso, Berisso Ya, FM 3 Ciudades, Primera Página, Info Berisso y El Editor Platense, además del portal Infocielo que originó la noticia.
La postura del medio fue contundente en varios aspectos. En primer lugar, manifestó su rechazo categórico a la censura, negándose a acatar las demandas y solicitando a la jueza que desistiera de su accionar. En segundo término, advirtió que de persistir en esta actitud, realizarían la denuncia correspondiente ante los estadios competentes, la Legislatura bonaerense y los organismos rectores de la libertad de expresión avalados por la Constitución Nacional.
El medio también aclara que en ningún momento atacó a Lamoglie por su condición de mujer ni por razones personales como así en ningún momento se utilizó su imagen para ridiculizarla, sí se realizó una mejor resolución a una imagen publicada en baja calidad de otro portal por razones técnica de composición de diseño (a continuación la imagen original).
La cobertura periodística se centró exclusivamente en hechos de interés público: su rol como funcionaria municipal, su recomendación por el funcionario Gabriel Bruno, las circunstancias opacas de su designación y el acuerdo político que la posibilitó. Estos son temas legítimos de escrutinio periodístico en una sociedad democrática.
El marco legal: garantías constitucionales
La libertad de prensa y la libertad de expresión son derechos fundamentales consagrados en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que establece que todos los habitantes de la Nación gozan del derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Asimismo, el artículo 32 prohíbe expresamente al Congreso dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta.
Argentina es además signataria de tratados internacionales con jerarquía constitucional según el artículo 75 inciso 22, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), cuyo artículo 13 protege el derecho a la libertad de pensamiento y expresión, prohibiendo la censura previa. La Corte Suprema de Justicia ha sostenido reiteradamente que la prensa cumple una función esencial en el sistema democrático y que los funcionarios públicos deben soportar un mayor nivel de escrutinio sobre su gestión.
Una designación cuestionada desde el origen
La controversia actual tiene sus raíces en el proceso de designación de María Azul Lamoglie como Jueza de Faltas N°1, aprobado por el Concejo Deliberante de Berisso el 9 de octubre con 17 votos a favor y 3 en contra. El expediente 4012-6765-2025 que contenía su pliego fue tratado mediante una maniobra legislativa conocida como «sobre tablas«, que requiere el 75% de los votos para evitar el análisis en comisiones.
Esta modalidad impidió que el pliego pasara por la comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos (LIA), minimizando el debate técnico y el escrutinio público que debería caracterizar la designación de un magistrado con cargo vitalicio. María Azul Lamoglie es una abogada platense de extracción radical que se desempeñaba en la Asesoría Letrada Municipal. Fuentes críticas señalan su cercanía al intendente Fabián Cagliardi a través de su socio comercial y funcionario municipal, Gabriel Bruno.
El acuerdo político que generó sorpresa
La aprobación del pliego fue posible gracias a una heterogénea coalición política que generó sorpresa en el ámbito político local. El oficialismo peronista de Unión por la Patria, liderado por el concejal Gabriel Marotte, sumó el apoyo clave del bloque de La Libertad Avanza, representado por Melisa Aguilera, Darío Luna y Jorge Marc Llanos. Esta alianza entre el peronismo y el espacio libertario llamó la atención de observadores políticos y ciudadanos.
La oposición radical (UCR-AMUBE) se opuso frontalmente a la designación. El concejal Matías Nanni fundamentó el rechazo no cuestionando la capacidad profesional de la candidata, sino criticando el «método opaco« de selección. Fuentes opositoras denunciaron que el apoyo de La Libertad Avanza se gestó en «numerosas y sospechosas reuniones privadas» a cambio de «cargos o prebendas», contradiciendo el discurso de dicho espacio contra los «acuerdos de cúpula» que habitualmente critican.
La denuncia judicial por falsificación de documento
El punto más grave que ensombrece la figura de la magistrada es la existencia de una investigación judicial en su contra por un hecho anterior a su designación en Berisso. Según reveló el portal Infocielo, la denuncia se originó durante su participación en un concurso para el cargo de Jueza de Paz en San Vicente.
La acusación sostiene que Lamoglie habría presentado documentación adulterada para acreditar el requisito de radicación exigido por la ley en dicho distrito. Los supuestos denunciantes afirman que, al momento de postularse, la abogada residía y trabajaba en Berisso, no en San Vicente como habría declarado. Esta imputación representa, según analistas, un «golpe significativo a la credibilidad institucional« y podría comprometer seriamente su continuidad en el cargo, ya que invocaría las incompatibilidades legales y éticas aplicables a cualquier funcionario municipal.
Si bien Lamoglie en su misiva a este medio, bien aclara que la «RESOLUCIÓN 3558 del 16/04/2024 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, se
prescindió, para dicho concurso, la exigibilidad de la residencia inmediata. La resolución es pública y de fácil acceso, pudiéndose corroborar de manera muy sencilla», punto que no se tuvo en cuenta en la redacción de la noticia. Sin embargo, la magistrada municipal goza de estabilidad en su nuevo cargo vitalicio, una condena o el avance de la investigación judicial por un delito de esta naturaleza podría activar mecanismos de remoción o generar presión política para su separación del cargo. La gravedad de la acusación contrasta con la rapidez y opacidad con que fue designada en el Juzgado de Faltas.
El retiro forzado del juez anterior
La vacante en el Juzgado de Faltas N°1 se generó tras la jubilación de Jorge Troncoso, quien ocupó el cargo por casi tres décadas. Sin embargo, su retiro no fue voluntario según expresó públicamente. Troncoso fue «notificado administrativamente para iniciar sus trámites jubilatorios», una acción que él mismo calificó como una intimación.
El juez saliente expresó públicamente su malestar declarando: «Realmente no estuvo bueno esto de intimar». También defendió su gestión, caracterizada por la transparencia al afirmar que «trabajamos con las puertas abiertas y las ventanas abiertas». Troncoso además advirtió sobre el enfoque que deben tener estos tribunales: «Jamás los Juzgados de Faltas pueden constituirse en cajas recaudadoras«, una frase que ha sido interpretada como una crítica implícita al modelo de gestión municipal imperante y al grado de especialización de la actual jueza.
La propuesta archivada de un Consejo de la Magistratura
Como respuesta a lo que consideraron una «designación a dedo«, los concejales radicales Matías Nanni, Patricio Yalet y Gimena Carabajal presentaron un proyecto para crear el Consejo Municipal de la Magistratura de Berisso (CMMB). La iniciativa buscaba garantizar la idoneidad y la transparencia en la selección de jueces a través de concursos públicos de antecedentes y oposición, generando una terna vinculante para el intendente.
El objetivo era establecer un mecanismo institucional que priorizara la meritocracia sobre la lealtad política, asegurando que quienes accedan a la magistratura municipal lo hagan por sus capacidades y no por sus conexiones políticas. Sin embargo, el proyecto fue archivado en el Concejo Deliberante sin ser tratado en comisión, lo que evidenció la falta de voluntad política del oficialismo para modificar el sistema de designaciones vigente.
Cuestionamientos al modelo de gestión municipal
El episodio es visto por sectores críticos como un reflejo del estilo de gestión del intendente Fabián Cagliardi, descrito como el de un «CEO municipal«. Este modelo se caracteriza por priorizar acuerdos a puerta cerrada sobre la deliberación democrática, el control de la información y la negociación transaccional de apoyos políticos. También se señala que este estilo valora la lealtad política por sobre la idoneidad técnica y convierte al Concejo Deliberante en una instancia que se limita a ratificar decisiones del Ejecutivo.
La designación de Lamoglie, una profesional del círculo íntimo del intendente sin experiencia específica en el fuero de faltas, es vista como una confirmación de esta percepción. El hecho de que el pliego haya sido aprobado «sobre tablas», evitando el análisis de la comisión correspondiente, refuerza la imagen de un proceso diseñado para minimizar el debate y acelerar una decisión política previamente acordada.
Implicancias para la institucionalidad democrática
El caso plantea interrogantes profundos sobre la calidad institucional en Berisso. La combinación de una designación cuestionada, una denuncia judicial grave y un intento de censurar a un medio de prensa configura un escenario preocupante para la democracia local. La independencia del Poder Judicial, incluso en sus instancias municipales, es un pilar fundamental del sistema republicano de gobierno.
Cuando un magistrado intenta silenciar a la prensa por informar sobre cuestiones de interés público relacionadas con su designación y conducta profesional, se vulneran principios básicos de transparencia y rendición de cuentas. Los jueces, como todos los funcionarios públicos, están sujetos al control ciudadano y al escrutinio periodístico, especialmente cuando existen denuncias judiciales o cuestionamientos sobre su idoneidad.
El rol de la prensa en la fiscalización del poder
La prensa cumple una función esencial en toda sociedad democrática: fiscalizar el poder y garantizar el derecho de los ciudadanos a estar informados. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en una sociedad democrática, la prensa debe gozar de amplias libertades y que las restricciones a la libertad de expresión deben interpretarse de manera restrictiva.
Los intentos de censura, intimidación o restricción del trabajo periodístico, especialmente cuando provienen de funcionarios del Estado, representan una amenaza directa a la democracia. En el caso de Berisso, múltiples medios locales replicaron la misma información sobre la denuncia contra la jueza, lo que demuestra que se trata de un tema de genuino interés público y no de una campaña difamatoria contra una persona.
Antecedentes de tensión entre poder y prensa
Si bien el caso de El Correo Gráfico ha tenido mayor repercusión por la formalidad de la carta documento, es importante señalar que otros medios locales también publicaron información similar sin recibir intimaciones legales. Esta situación plantea interrogantes sobre los criterios utilizados por la magistrada para seleccionar qué medio sería objeto de su acción legal.
La libertad de prensa en Argentina tiene una larga tradición de defensa, incluso en períodos difíciles de la historia nacional. Organismos como la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Defensoría del Pueblo han alertado históricamente sobre intentos de censura o restricción del ejercicio periodístico, tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
Un debate necesario sobre transparencia
El caso de María Azul Lamoglie ha abierto un debate necesario en Berisso sobre la transparencia en las designaciones judiciales, la rendición de cuentas de los funcionarios públicos y el respeto a la libertad de prensa. La negativa del oficialismo a tratar el proyecto de creación de un Consejo Municipal de la Magistratura evidencia una resistencia a modificar un sistema que permite designaciones basadas en criterios políticos antes que meritocráticos.
La supervivencia de las instituciones democráticas depende de la existencia de mecanismos de control y contrapesos efectivos. La prensa libre e independiente es uno de esos mecanismos fundamentales. Cualquier intento de silenciar, intimidar o censurar el trabajo periodístico debe ser rechazado y denunciado por todos los sectores comprometidos con la democracia y el Estado de Derecho.
Los próximos capítulos de esta controversia se desarrollarán en el ámbito judicial, donde se dirimirá tanto la validez de las demandas de la jueza contra el medio como, eventualmente, el avance de la investigación por presunta falsificación de documento público. Mientras tanto, los ciudadanos de Berisso observan con preocupación cómo se resuelve un conflicto que toca aspectos centrales de la vida democrática: la independencia judicial, la transparencia gubernamental y la libertad de expresión.
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