La reciente designación de María Azul Lamoglie como Jueza de Faltas N°1 en Berisso ha desnudado una forma de gobierno que trasciende lo tradicional: el intendente Fabián Cagliardi no opera como un típico jefe comunal, sino como el CEO de una empresa pública donde el Honorable Concejo Deliberante funciona como una escribanía al servicio del Ejecutivo. El episodio, ocurrido el 9 de octubre de 2025, expone cómo el poder político local se concentra en una sola figura que negocia cargos vitalicios con la misma lógica con la que un empresario cierra contratos comerciales.
La votación en el Concejo Deliberante arrojó 17 votos a favor y apenas 3 en contra, un resultado contundente que refleja no tanto el consenso democrático como la capacidad del oficialismo peronista para tejer alianzas transaccionales con sectores ideológicamente opuestos. Lo más llamativo del caso es que Cagliardi logró el respaldo del bloque La Libertad Avanza, un espacio que se presenta ante los vecinos como paladín de la transparencia y enemigo de los acuerdos de cúpula. Esta contradicción revela la verdadera naturaleza de la política berissense actual: un tablero donde los principios se negocian y el Concejo Deliberante valida decisiones tomadas previamente en despachos cerrados.
Un nombramiento que expone la lógica empresarial del Poder
La designación de Lamoglie, una abogada platense de extracción radical con escasa experiencia municipal y sin arraigo en la política local, no surgió de un proceso meritocrático ni de un debate institucional profundo. Proviene directamente del círculo íntimo de Cagliardi, específicamente del denominado «círculo Rojo», y se desempeñaba en la Asesoría Letrada Municipal antes de dar el salto a un cargo vitalicio de enorme responsabilidad.
El procedimiento utilizado para su nombramiento evidencia cómo el intendente maneja el municipio con criterios empresariales. El expediente 4012-6765-2025 fue tratado «sobre tablas», una maniobra legislativa que requiere el 75% de los votos pero que permite evitar el paso por la comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdos (LIA), donde el debate podría haberse extendido y las preguntas incómodas podrían haber surgido. Esta decisión estratégica muestra cómo Cagliardi utiliza las herramientas legales a su disposición no para promover el debate democrático, sino para acelerar procesos y minimizar el escrutinio público.
Como en cualquier corporación, el CEO toma decisiones ejecutivas y busca que los órganos de control las validen sin mayores cuestionamientos. En este caso, el Concejo Deliberante cumplió ese rol: un sello de goma institucional que legitima formalmente lo que ya estaba decidido en las oficinas del Departamento Ejecutivo.
La Escribanía Legislativa: Cuando el Concejo valida sin cuestionar
El concepto de escribanía aplicado al Concejo Deliberante no es una metáfora vacía. Una escribanía certifica documentos, valida transacciones y otorga legalidad formal a actos decididos por terceros. No crea contenido ni toma decisiones sustantivas; simplemente las formaliza. Esto es precisamente lo que ocurrió en la sesión del 9 de octubre.
Los 17 votos que respaldaron la designación provinieron de una coalición heterogénea pero funcional a los intereses del Ejecutivo Municipal. El bloque oficialista PJ – Unión por la Patria aportó su base de sustentación, pero la clave estuvo en el respaldo total del espacio La Libertad Avanza, integrado por Melisa Aguilera, Darío Luna y Jorge Marc Llanos, este último recién incorporado al bloque tras abandonar Juntos. A ellos se sumaron los libertarios disidentes Daniel del Curto y Natalia Moracci, además de Maximiliano Fernández del bloque Juntos por el Diálogo Federal.
Esta configuración de votos no fue producto del azar ni de una convicción compartida sobre las virtudes de la candidata. Según trascendió en pasillos municipales, el acuerdo se cocinó tras «numerosas y sospechosas reuniones privadas» donde se habría negociado una «negociación de cargos o prebendas» a cambio del apoyo legislativo necesario. Es decir, Cagliardi operó como un CEO que cierra tratos ventajosos para todas las partes involucradas, salvo para los vecinos que quedaron al margen del proceso.
La oposición radical, conformada por Matías Nanni, Patricio Yalet y la Dra. Gimena Carabajal del bloque UCR – AMUBE, fue clara en su rechazo. Nanni expresó: «No podemos acompañar una designación sin ese marco de transparencia», argumentando que su voto negativo no cuestionaba las capacidades profesionales de Lamoglie, sino el método opaco mediante el cual fue seleccionada.
El CEO Cagliardi: Cuando el intendente gobierna como empresario
Para comprender la dinámica actual de Berisso, es fundamental reconocer que Fabián Cagliardi no ejerce su función como un tradicional jefe comunal que rinde cuentas permanentemente a sus representados. Su estilo de gestión se asemeja más al de un CEO de empresa pública que administra recursos, negocia con stakeholders (en este caso, bloques políticos) y toma decisiones estratégicas priorizando la eficiencia ejecutiva por sobre la deliberación democrática.
Esta lógica empresarial implica varias características distintivas:
- Control de la información: Al igual que un CEO controla el flujo de información hacia el directorio y los accionistas, Cagliardi maneja discrecionalmente qué se discute públicamente y qué se negocia en privado. El tratamiento sobre tablas del expediente de Lamoglie es un ejemplo perfecto: se evitó el escrutinio de la comisión de LIA, minimizando el riesgo de filtraciones o cuestionamientos técnicos que pudieran entorpecer la operación.
- Negociación de apoyos: Un CEO exitoso construye alianzas estratégicas y gestiona coaliciones. Cagliardi demostró esta habilidad al conseguir el respaldo de La Libertad Avanza, un espacio ideológicamente distante del peronismo pero dispuesto a negociar su voto a cambio de compensaciones políticas. Esta transacción, aunque legal, carece de la legitimidad social que debería caracterizar la designación de un magistrado municipal.
- Decisiones unilaterales avaladas formalmente: En las empresas, el CEO propone y el directorio aprueba, usualmente sin grandes debates porque la decisión estratégica ya fue tomada. En Berisso, Cagliardi propuso a Lamoglie y el Concejo Deliberante avaló su decisión con la mayoría calificada necesaria, transformando el órgano legislativo en una instancia de ratificación más que de deliberación genuina.
- Favoritismo corporativo: Así como un CEO rodea su equipo ejecutivo con personas de confianza, Cagliardi designó a una profesional de su «círculo Rojo», priorizando la lealtad y la afinidad política por sobre la experiencia municipal comprobada. Lamoglie, según las fuentes, posee «escasa experiencia en el ámbito legislativo y municipal» y carece de «arraigo en la política local», características que en un proceso meritocrático serían consideradas debilidades significativas.
La jubilación forzada de Troncoso: Despejando el tablero
La vacante que permitió la designación de Lamoglie no surgió de un proceso natural. Jorge Troncoso, quien ocupó el cargo de Juez de Faltas N°1 durante casi tres décadas, fue «notificado administrativamente para iniciar sus trámites jubilatorios». Esta salida «sorpresiva» no fue voluntaria, y el propio magistrado saliente no ocultó su malestar al declarar: «Realmente no estuvo bueno esto de intimar».
Esta situación refuerza la percepción de un Ejecutivo Municipal que opera con lógica empresarial: cuando un empleado de larga data ya no encaja en los planes estratégicos del CEO, se gestiona su salida de manera administrativa, despejando el camino para incorporar personal más alineado con la nueva dirección. En este caso, la jubilación forzada de Troncoso liberó un cargo estratégico que Cagliardi aprovechó para colocar a una profesional de su círculo de confianza.
El contraste entre la filosofía de gestión de Troncoso y el perfil de su reemplazante es significativo. El magistrado saliente se declaró «absoluto defensor de la humanización del procedimiento de faltas» y advirtió categóricamente: «Jamás los Juzgados de Faltas pueden constituirse en cajas recaudadoras. De ser así, se estaría olvidando de la persona que llega al juzgado». Además, enfatizó que su gestión se caracterizó por la transparencia: «trabajamos con las puertas abiertas y las ventanas abiertas».
Esta visión humanista contrasta con la percepción de un cargo que ahora fue asignado mediante acuerdos políticos opacos, generando dudas sobre si la nueva gestión priorizará los mismos valores o responderá a otros intereses.
La defensa legal sin legitimidad social
Ante las críticas, el oficialismo desplegó una defensa centrada exclusivamente en la legalidad formal del procedimiento. El concejal Gabriel Marotte, presidente del bloque PJ – Unión por la Patria, fue contundente: «El procedimiento se ajusta a lo establecido por la Ley Orgánica de las Municipalidades. No nos hemos corrido un centímetro de lo que marca la ley (…) estamos haciendo lo que la ley manda».
Este argumento, aunque técnicamente correcto, revela la limitación de una gestión que se conforma con cumplir el mínimo legal sin aspirar a una legitimidad social más profunda. Marotte reconoció que «cualquier acción que sume transparencia a los actos de gobierno merece ser discutida», pero defendió el método utilizado señalando que es el mismo que históricamente se ha aplicado en Berisso para nombramientos similares.
Aquí reside uno de los problemas centrales: que algo sea legal y tradicional no lo convierte automáticamente en legítimo o deseable. La oposición no disputó la legalidad formal del acto, sino su legitimidad política y social. El concejal Nanni lo expresó claramente al argumentar la necesidad de «procesos más abiertos y participativos para fortalecer las instituciones y la credibilidad ciudadana».
Esta tensión entre legalidad y legitimidad es característica de una gestión tipo CEO: se cumplen los procedimientos formales para evitar cuestionamientos legales, pero se sacrifica la confianza ciudadana y la percepción de transparencia. Un CEO corporativo puede darse ese lujo porque rinde cuentas ante accionistas y directorios, no ante una comunidad que espera participación y rendición de cuentas permanente.
La propuesta opositora: Limitar al CEO Municipal
Conscientes de que el problema trasciende un nombramiento puntual, los concejales opositores Nanni, Yalet y Carabajal presentaron un proyecto para crear el Consejo Municipal de la Magistratura de Berisso (CMMB). Esta iniciativa busca instituir un mecanismo permanente que limite el poder discrecional del Ejecutivo Municipal y transforme la selección de magistrados en un proceso meritocrático y transparente.
El proyecto propone una composición multisectorial del Consejo: dos representantes del Concejo Deliberante (mayoría y primera minoría), un delegado del Departamento Ejecutivo, un representante del Colegio de Abogados, un profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y un miembro de organizaciones civiles o vecinales. Esta estructura diluye significativamente el poder del intendente, reduciéndolo a un solo representante entre seis voces con igual peso decisorio.
El mecanismo propuesto es riguroso: concursos públicos de antecedentes y oposición con requisitos estrictos, evaluación integral de candidatos y la elaboración de una terna final con los tres postulantes mejor calificados. El aspecto revolucionario es que el intendente quedaría obligado a elegir uno de esos tres nombres, sin posibilidad de incorporar candidatos externos. Además, tanto la terna como la elección final requerirían validación del Concejo Deliberante, estableciendo un doble control institucional.
La concejal Gimena Carabajal sintetizó el objetivo: «Garantizar la idoneidad de quienes asuman el cargo, asegurando que el mejor capacitado ocupe ese lugar, sin importar su ideología política». El propósito es claro: «blindar la designación de favoritismos políticos» y transformar el proceso en un «corset legal» que restrinja la discrecionalidad ejecutiva.
Esta propuesta representa, en esencia, un intento de limitar el modelo CEO que practica Cagliardi. Mientras el intendente opera con lógica empresarial donde él decide y el Concejo ratifica, la oposición propone un sistema de frenos y contrapesos que despolitice las designaciones y las someta a escrutinio técnico antes que político.
Las alianzas transaccionales: El Costo de gobernar como empresa
La alianza entre el peronismo gobernante y La Libertad Avanza para aprobar la designación de Lamoglie es quizás el aspecto más revelador de cómo Cagliardi maneja el municipio con lógica empresarial. En el mundo corporativo, las alianzas estratégicas se construyen sobre intereses mutuos y compensaciones explícitas o implícitas. En este caso, el bloque libertario sacrificó su coherencia ideológica a cambio de alguna contraprestación política.
Esta «sorpresiva armonía» entre fuerzas ideológicamente opuestas generó perplejidad entre los vecinos y analistas políticos. ¿Cómo es posible que un espacio que se presenta como enemigo de la «casta» y defensor de la transparencia vote junto al oficialismo para aprobar un nombramiento calificado como «a dedo»?
La respuesta está en las «numerosas y sospechosas reuniones privadas» que precedieron la votación. Según trascendidos, se habría negociado una «negociación de cargos o prebendas» para asegurar los votos necesarios. Esto implica que los concejales libertarios no votaron por convicción sobre las virtudes de Lamoglie, sino como parte de un acuerdo político más amplio donde obtuvieron compensaciones a cambio de su apoyo.
Esta dinámica es típica de una gestión CEO: se construyen coaliciones funcionales mediante transacciones políticas donde cada actor obtiene algo a cambio. El problema es que, en una democracia local, estas negociaciones opacas erosionan la confianza ciudadana y alimentan la percepción de que los cargos públicos son moneda de cambio en mercados políticos donde los vecinos no participan.
El costo político de esta alianza es significativo. Para el oficialismo, refuerza la imagen de un gobierno dispuesto a «acuerdos opacos a espaldas de los vecinos». Para La Libertad Avanza, representa una contradicción existencial: el espacio que promete combatir los privilegios de la política tradicional aparece involucrado en la misma lógica de toma y daca que dice rechazar.
El Concejo como Escribanía: Síntoma de un problema mayor
Que el Concejo Deliberante al frente de Aldana Iovanovich funcione como escribanía del Ejecutivo Municipal no es un problema exclusivo de Berisso ni una invención de Cagliardi. Es un síntoma de una dinámica política más amplia donde los órganos legislativos locales han perdido su capacidad de control efectivo sobre el Ejecutivo, transformándose en instancias de ratificación formal más que de deliberación genuina.
Sin embargo, en Berisso esta tendencia se ha profundizado bajo la gestión de Cagliardi, quien ha perfeccionado el arte de manejar el Concejo mediante alianzas transaccionales y el uso estratégico de procedimientos legislativos. El tratamiento sobre tablas, la construcción de mayorías calificadas mediante negociaciones opacas y la minimización del debate público son herramientas que este intendente-CEO domina con precisión corporativa.
El resultado es un municipio donde las decisiones importantes se toman en despachos privados y llegan al Concejo solo para su formalización legal. Los vecinos quedan al margen de procesos que afectan directamente la calidad institucional de su ciudad, y los concejales opositores tienen escasas herramientas para frenar iniciativas del Ejecutivo cuando este logra construir las mayorías necesarias mediante acuerdos políticos.
La votación de 17 a 3 a favor de Lamoglie no refleja un consenso democrático amplio sobre sus méritos como candidata, sino la capacidad del Ejecutivo Municipal para negociar apoyos y disciplinar votos. El Concejo Deliberante, en lugar de funcionar como un contrapeso institucional que somete las decisiones ejecutivas a escrutinio público, opera como una escribanía que certifica lo que ya está decidido.
Un modelo insostenible para la democracia local
La gestión de Fabián Cagliardi en Berisso revela las limitaciones y peligros de aplicar lógicas empresariales al gobierno democrático. Si bien la eficiencia ejecutiva puede tener virtudes en ciertos contextos, en una democracia local genera problemas graves de legitimidad, transparencia y participación ciudadana.
Un CEO corporativo responde ante accionistas y directorios, órganos que representan intereses económicos específicos y buscan resultados cuantificables. Un intendente, en cambio, debe responder ante una comunidad diversa que espera no solo eficiencia administrativa, sino también participación, transparencia y respeto por las instituciones democráticas.
Cuando el Concejo Deliberante funciona como escribanía del Ejecutivo, se rompe el equilibrio de poderes que es esencial para una democracia saludable. Los vecinos pierden su principal instancia de representación y control, y el gobierno local se concentra en una sola figura que toma decisiones estratégicas sin suficiente escrutinio público.
El caso de la designación de María Azul Lamoglie es emblemático de este problema. Una profesional sin experiencia municipal significativa ni arraigo local fue nombrada para un cargo vitalicio de enorme responsabilidad mediante acuerdos políticos opacos, sin pasar por un proceso meritocrático que garantizara su idoneidad. El Concejo Deliberante validó esta decisión no porque hubiera un consenso sobre sus virtudes, sino porque el Ejecutivo Municipal logró construir la mayoría necesaria mediante negociaciones políticas.
¿Berisso necesita un intendente o un CEO?
La pregunta que los vecinos de Berisso deben hacerse es si desean un intendente que gobierne con transparencia democrática o un CEO que administre el municipio como empresa privada. La designación de Lamoglie y el funcionamiento del Concejo Deliberante como escribanía del Ejecutivo sugieren que, actualmente, Cagliardi opera bajo el segundo modelo.
La propuesta del Consejo Municipal de la Magistratura representa un intento de revertir esta dinámica, estableciendo mecanismos institucionales que limiten el poder discrecional del Ejecutivo y restauren el equilibrio democrático. Si este proyecto prospera, marcará un precedente sobre cómo el Concejo Deliberante puede usar su facultad legislativa para establecer controles permanentes sobre atribuciones que tradicionalmente han sido discrecionales del intendente.
Pero más allá de este caso específico, el episodio deja una lección fundamental: cuando un intendente gobierna como CEO y el Concejo funciona como escribanía, la democracia local se debilita y los vecinos pierden su voz. Berisso enfrenta ahora una decisión crucial sobre qué tipo de institucionalidad desea construir para las próximas décadas: una basada en la transparencia y la participación, o una centrada en la eficiencia ejecutiva y los acuerdos de cúpula.
La respuesta a esta pregunta definirá no solo la calidad de su gobierno local, sino también la confianza de sus ciudadanos en las instituciones democráticas que deberían representarlos. (Imagen de portada generada con IA)
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