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Advierten por el fuerte incremento del consumo de drogas sintéticas

“Salió Mal”, el último libro de Walter Martello, que propone un nuevo paradigma respecto a las políticas de drogas, presentado hoy en la sede del Colegio de Abogados de La Plata.

Su autor, Walter Martello, destacó que no deben pasar desapercibidas las recientes advertencias de organismos internacionales. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), durante una cumbre realizada esta semana en Florida (Estados Unidos), exhortó a los estados a redefinir sus políticas públicas para poder hacer frente al aumento desenfrenado del consumo de éxtasis, LSD, ketamina y otras drogas sintéticas.

Martello mostró algunos indicadores, que forman parte del libro Salió Mal, que dan cuenta del incremento del consumo de este tipo de estupefacientes, especialmente éxtasis, en nuestro país. En ese sentido, explicó que los propios estudios de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (ex Sedronar) dan cuenta que, en los últimos años, se registró una baja en la edad de inicio de éxtasis: pasó de los 16 a los 14 años.

Asimismo, según la base de datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), nuestro país es una las naciones del continente donde más ha aumentado el consumo en los últimos años, ubicándose por encima de Brasil. Algunos números hablan por sí solos: mientras que el último dato oficial dio cuenta de una tasa de prevalencia de 0,33 en 2017. Esa cifra es 230% superior respecto a la que se registraba en 2010, cuando se ubicaba en 0,10.

El Centro de Estudios «Pensando Políticas Públicas» entregó una distinción a los profesionales del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata, a cargo de la Dra. Adriana Aguirre Celiz

En lo que se refiere a incautaciones de las fuerzas de seguridad, Martello indicó que el gobierno se jacta de un aumento récord respecto al secuestro de cocaína y la marihuana. Pero los propios informes oficiales, elaborados por el Ministerio de Seguridad, muestran una caída del 60% en unidades secuestradas de drogas sintéticas (éxtasis, anfetaminas, metanfetaminas, LSD y NBoME) entre 2016 y 2018. “Esto demuestra que, desde el Estado, se está llegando demasiado tarde. La comercialización de drogas sintéticas prolifera de la mano de las nuevas tecnologías informáticas, como la dark web”, explicó.

La presentación en el Colegio de Abogados contó con la participación de varias personas que contaron sus experiencias personales ante el flagelo de las drogas, relatos que forman parte de “Salió Mal”, un libro que además de incluir historias críticas busca plantear ideas y alternativas que sirvan para un cambio de paradigma en las políticas públicas.

Entre las decenas de testimonios, se encuentra el periodista deportivo Nicolás Grassino y Diego Thill Caselli (Gaby), referente de la lucha por la igualdad de género en La Plata, quien relató su pelea contra las adicciones y sus vivencias en el pabellón trans de la cárcel de Florencia Varela.

La apertura de la presentación estuvo a cargo de Graciela Fontana, directora del Instituto de Derechos del Niño del Colegio de Abogados de La Plata. Fontana destacó la importancia de que se ponga en agenda pública la prevención y el tratamiento de las adicciones, siendo un flagelo que afecta a miles y miles de niños, niñas y adolescentes (NNyA). Cabe destacar que hoy se celebra -en todo el mundo- el 30° aniversario de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional en nuestro país.

También se entregaron distinciones a profesionales y referentes comunitarios comprometidos en la prevención y tratamiento de las adicciones como son los integrantes del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños de La Plata y de la ONG “Darse Cuenta”. El cierre de la jornada incluyó una entrevista pública a Martello, realizada por el periodista Facundo Montiel (Pulso Noticias).

Walter Martello durante la entrevista pública realizada en el Colegio de Abogados
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Walter Martello está preocupado por las leyes de niñez en la provincia de Buenos Aires

“Recortes y demoras en los Programas de niñez vacían Una Legislación de Avanzada” advirtió el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, al participar en el Encuentro-debate “Integración y los Derechos de la Infancia y la Ciudadanía«, en el Colegio de Abogados de La Plata en el marco del 30° aniversario de la Convención de los Derechos del Niños.

A 15 años de la sanción de las normativas que estructuraron el Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, se evidencian serios incumplimientos. Más de un tercio de los 125 artículos de la Ley Nacional N° 26.061 aún no fueron reglamentados, mientras la mayoría de los programas padecen recortes y/o desfinanciamiento. Algo similar ocurre en las jurisdicciones provinciales, entre ellas Buenos Aires.

Algunas instituciones como el Defensor del Niño bonaerense -que debería haberse concursado hace más de una década- ni siquiera entraron en funcionamiento y tampoco tienen presupuesto asignado.
¿Por qué resulta clave que las leyes, una vez aprobadas y luego promulgadas en el Boletín Oficial, sean reglamentadas? Se trata de una potestad del Poder Ejecutivo. La reglamentación es hacerlas operativas. Es decir, ponerlas en práctica, indicando y estableciendo un “cómo hacer”; así como reducir las ambigüedades, especificando y explicando aspectos de la misma. De esta forma, se puede establecer una correcta interpretación de lo expresado en cada uno de los artículos que se reglamenta.

La situación socioeconómica se ha agravado, notoriamente, en los últimos dos años. Prácticamente todos los indicadores de desarrollo humano vinculados a NNyA han mostrado signos de estancamiento o retroceso. Algunos de ellos hablan por sí solos: uno de cada dos NNyA de hasta 14 años es pobre; mientras que 1 de cada 10 (10,9%) se encuentra por debajo de la línea de la indigencia. A su vez, hay más de 231 mil niños y adolescentes, de 4 y 17 años, que no concurren a ningún establecimiento educativo y otros miles tienen seriamente comprometido su derecho a la salud: el año pasado, según indicadores del INDEC, 38.000 niños, niñas y adolescentes dejaron de tener acceso a obra social, mutual y/o servicio de emergencia.

En ese escenario, las últimas estadísticas oficiales, que registraron un marcado aumento del desempleo, hacen prever que las próximas mediciones respecto a las condiciones de vida de este sector social mostrarán indicadores aún más graves.

Las respuestas del Estado no sólo resultan insuficientes. Las políticas de ajuste están impactando de lleno en los programas que tienen, entre sus objetivos, desplegar acciones para garantizar el interés superior del niño/a. Un claro ejemplo es la pérdida de incidencia que ha tenido la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) -organismo especializado en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional- en la distribución de los recursos presupuestarios: mientras que en 2017 se le asignaba 0,15% del total del presupuesto nacional, en 2018 pasó al 0,13% y actualmente se encuentra en 0,08%, es decir, la mitad de la incidencia que tenía hace dos años.

En términos nominales, la pérdida de incidencia de la SENAF se traduce en aproximadamente unos $3000 millones menos respecto a lo que se viene asignado a la totalidad de los programas de esta secretaria. Esta cifra representa más del doble del presupuesto que tiene asignado el programa social que concentra todas las acciones para para la promoción y protección de los derechos de NNyA a nivel nacional.

En provincia de Buenos Aires, si bien la pérdida de incidencia no fue tan marcada en los últimos dos años, se viene registrando un proceso similar a cuenta gotas, de forma casi ininterrumpida, desde 2007. El Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, que tiene a su cargo la aplicación de la Ley Provincial 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, pasó de recibir poco más del 5% del total del presupuesto de la Provincia a casi la mitad: 2,51%. De haberse mantenido la asignación de 2006, el presupuesto de esa cartera debería ser de casi $47.000 millones: el doble de lo asignado actualmente. A su vez, entre 2008 a 2017 quedó un saldo de recursos de Desarrollo Social sin ejecutarse por más de $1.166 millones, cifra que equivale a 10 veces el presupuesto de los Juegos Deportivos bonaerenses o 6 veces el presupuesto del Programa Envión

En tiempos de crisis, el Estado no está exento de cumplir con sus obligaciones a la hora de defender y garantizar los derechos de NNyA. Es más, recortes o desfinanciamientos, como los antes descriptos, van en contra de la Observación General N° 19 (Año 2016) del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas (CRC, por sus siglas en inglés):

“El interés superior del niño debe ser tenido en cuenta a lo largo del ejercicio fiscal y en los pasos del proceso presupuestario. Los niños y las niñas deben ser una prioridad en las asignaciones presupuestarias y en el gasto, como un medio para garantizar el máximo rendimiento de los limitados recursos disponibles”.

¿Son prioridad los niños, niñas y adolescentes en las políticas públicas? Resulta imposible encontrar una respuesta que no sea negativa. No por casualidad están sin reglamentar los artículos de la mencionada ley nacional y provincial que establecen la asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos destinados a garantizar los derechos de los NNyA. En rigor, la falta de cumplimiento de este marco normativo también afecta otros derechos esenciales como el Derecho a la Vida y a la Intimidad Familiar; al Deporte y al Juego Recreativo; a la Seguridad Social; y se vulnera el Principio de Igualdad y no Discriminación.

En ese contexto, tampoco tenemos que perder de vista otros aspectos esenciales contemplados en marco normativo del Sistema de Protección Integral. Desde el Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo nos encontramos estudiando el nivel de cumplimiento del artículo 8 de la Ley 13.298 y del artículo 8.2 del correspondiente decreto reglamentario, que a su vez se relacionan con el artículo 583 del nuevo Código Civil. Estamos hablando, específicamente, del derecho a la identidad de niños y adolescentes, para lo cual resulta necesario que se establezca la obligatoriedad -en cabeza del Ministerio Publico- de realizar de oficio la acción de filiación para determinar la paternidad de un/a niño/a anotado en el Registro de las Personas solo a nombre de la madre.

Defensor del Niño

Una particularidad de la Ley N°13.298, que fue sancionada unos meses antes que la ley nacional, fue que el decreto reglamentario 300/05 creó la figura del Defensor de los Derechos del Niño. Se trata de un órgano unipersonal e independiente con autonomía funcional en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Humano (hoy Desarrollo Social).

Dicho decreto estableció que sólo se podía acceder a ese cargo por concurso especial, fijándose un mandato de 4 años y la posibilidad de ser reelegido/a por otro período similar. Entre sus funciones, se contempló la defensa, promoción y protección de los derechos del niño frente a hechos, actos u omisiones de la administración pública provincial, municipal o de cualquier integrante del Sistema de Promoción y Protección del Derecho del Niño; controlar el estado y condiciones de detención del niño en conflicto con la Ley Penal; fijar criterios y estándares de evaluación del estado y condición de los adolescentes detenidos. El decreto también estipuló plazos de actuación: la violación a esos estándares podía ser comunicada por todo ciudadano al Defensor, quien debía proceder a su verificación en el plazo de 48 horas. En caso de ser comprobada la violación, las autoridades responsables debían atender las necesidades planteadas.

Cabe aclarar que el Defensor del Niño no estaba contemplado en la letra de la Ley N° 13.298. El cargo fue creado por el Poder Ejecutivo provincial en la reglamentación de la ley. Pero la figura en cuestión resultaba -y aún resulta- sumamente útil, principalmente en los casos de vulneración de derechos de adolescentes detenidos ya que están planteados mecanismos idóneos de reclamación, plazos a cumplir y deslinde de responsabilidades. Finalmente, pasados 15 años, nunca hubo designación pese a los reiterados reclamos de ONGs y asociaciones de derechos humanos. El Decreto 300/05 a la fecha está vigente. Pero no se cumplió el mandato de creación de la figura del Defensor del Niño, constituyendo una inexplicable deuda del poder político con la sociedad.

Desafío 2023

Estamos a un paso de celebrar el 30° aniversario de un acontecimiento histórico, que marcó un antes y un después en lo que se refiere a los derechos que le asisten a todos las niñas, niños y adolescentes. El 20 de noviembre de 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó y adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), un tratado internacional que recoge todos los derechos de NNyA, el cual fue ratificado por nada menos que 195 Estados, entre ellos la Argentina, que lo incorporó a la Constitución nacional con la reforma de 1994. Se trata de la convención más ratificada de la historia y obliga a todos los países que la suscribieron a rendir cuentas sobre su cumplimiento ante el Comité de Derechos del Niño, conformado por 18 expertos internacionales e independientes.

Haberle dado jerarquía constitucional a la CDN en Argentina motivó que, en las últimas dos  décadas, se avanzara en un marco normativo a nivel nacional y provincial que, desde el punto de vista formal, cumple con gran parte de los estándares internacionales. Ahora bien, ¿qué ocurre en la práctica? Nuestro país está lejos de ser un alumno ejemplar. Es más, las últimas observaciones específicas del Comité a la Argentina incluyen severos llamados de atención que, al menos por el momento, no están siendo debidamente atendidos por el Estado nacional ni por la mayoría de las provincias.

La Argentina viene esquivando el aplazo de la ONU. Pero tendrá que hacer frente a un exigente examen dentro de poco más de tres años. En enero de 2023 el Estado nacional debe reportarse nueva ante el CRC. ¿Qué vienen cuestionando los expertos internacionales? Entre otros puntos, la proliferación de hechos de discriminación, exclusión social y física, así como abuso sexual y psicológico contra niñas, niños y adolescentes, con especial énfasis en los casos donde las víctimas resultan ser niños/as con discapacidad. Asimismo, el Comité viene instando a que se garantice que todos los/as niños/as tengan igual acceso a educación de calidad, salud, protección social, y vivienda adecuada.

En materia de derecho a la vida y desarrollo, el CRC urgió a nuestro país a erradicar las causas de la mortalidad infantil, y el impacto que un ambiente de detención puede provocar en la salud mental de menores de edad. Del mismo modo, recomendó adoptar una ley sobre justicia penal juvenil en línea con la Convención y los estándares internacionales, debiendo asegurar que la detención sea utilizada como último recurso, sin incluir medidas para aumentar las sentencias o reducir la edad de imputabilidad penal.

Seguramente resultará casi imposible, ante el actual contexto socioeconómico, poder cumplir con todas las observaciones del Comité en un plazo tan corto. Pero si no comenzamos a tomar en serio la necesidad de establecer prioridades, apuntando a salvaguardar los derechos de los sectores sociales que más sufren las consecuencias de la crisis, nos alejaremos cada vez más de la senda del desarrollo.

[1] Término utilizado salvando las distancias del verdadero sentido jurídico procesal del término, y al solo efecto enunciativo.

Programas de niñez: recortes y demoras en su implementación vacían una legislación de avanzada

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-20 años del Consorcio de Gestión- Puerto la Plata, un sueño que es realidad

A 20 años de su creación, el consorcio de gestión mostró ser la herramienta idónea para concretar su desarrollo.

En la década del 80, con el advenimiento de la democracia, tuvimos la última oportunidad de poner en agenda del gobierno Nacional nuestro Puerto La Plata, a través de la Ley Urriza, con la necesaria toma de decisiones y definiciones, pero finalmente el Estado vetó esta última esperanza de puesta en valor.

En los años 90, junto a Luis Urriza, diseñamos una estrategia y planificación para llevar adelante, en consonancia con la Ley de Emergencia Económica, la provincialización de los puertos y la mayor libertad de trabajo en los mismos. Recorrimos todos los pasillos de Nación, del Congreso, de Provincia y de la Legislatura para lograr que estuviera contemplado en el marco de los entes de derecho público no estatales, que como modelo se estaban imponiendo en Bahía Blanca, Quequén, Rosario y Villa Constitución.

Con el fin de aportar soluciones que garantizaran que los planes y obras respondieran a una visión global e integradora, con pertenencia regional, se convocaron los recursos técnicos y humanos de la Comisión Pro Reactivación del Puerto La Plata integrada por cámaras de Comercio e Industria de La Plata, Berisso y Ensenada, el Colegio de Ingenieros Distrito V, la Bolsa de Comercio de La Plata, la Cámara Argentina de la Construcción (Delegación Provincia de Buenos Aires), el Colegio de Abogados de La Plata y ACIMCO.

Por la situación operativa en decadencia, su infraestructura en desuso y su gobernanza de ejecutivos de la ex AGP, se sugirió implementar, para el corto plazo, la unificación de autoridades provinciales en jurisdicción portuaria con disponibilidad de los terrenos portuarios, administrando los espacios operacionales y de sus espacios de ampliación futura. La adopción de un plan maestro de corto plazo y asegurar las condiciones de navegabilidad, de infraestructura y señalización diurna y nocturna. Se debían preparar los llamados a licitación pública para la concesión de tierras portuarias en Ensenada (Cabecera Rio Santiago oeste y Sitio 9) y Berisso (Cabecera Rio Santiago este y Sitio 20 y 21) y ocuparse, finalmente, de un plan a largo plazo que estuviera contemplado por el Estado Nacional.

Muchas fueron las luchas de ideales, fundamentalmente con la gobernanza del puerto, las autoridades provinciales y la comisión de zonas franqueros, usuarios beneficiarios de las condiciones que se ofrecían y que pretendían mantener ese status jurídico, dependiente del Estado Provincial. Fuimos invitados a participar como jefe de Puerto, delegado Administrador del Rio de La Plata y director comercial de la autoridad provincial, llevando adelante el plan de desarrollo regional consensuado. Hasta que llegó el día que, por no compartir el criterio de la administración provincial, fui desafectado de la responsabilidad en el puerto.

Esta situación llegó a conocimiento del Ministro de Obras Públicas, José Romero, quien no sólo me reintegro al trabajo, sino que, además, aseguró la transferencia de la administración a un Consorcio de Gestión del Puerto La Plata integrado por Provincia, Municipios, gremios y usuarios, y me honró al designarme como su Presidente fundacional.

Así, finalmente el día 29/09/99 se puso en ejercicio el nuevo ente con moderna gobernanza que titulamos como un acto de «Refundación del Puerto La Plata».

Logramos revertir la tendencia decreciente de mercaderías, supimos consensuar los intereses generales y gremiales dentro del ámbito del puerto, y llevamos un plan de obras que permitió mostrar el fortalecimiento en la nueva gobernanza. El reconocimiento a todos los involucrados en la reparación histórica de la escollera, a los que disimularon nuestros errores involuntarios, a todos los que de alguna manera estuvieron en la mesa de consenso, y que lo hicieron principalmente a partir de la hombría de bien y apostando al interés general por encima del particular. Muchos fueron los riesgos asumidos, pero mucho más feliz me hacían los resultados obtenidos.

Quiero expresarles que hace ya 20 años tuvimos, en principio, un sueño. Y para que ese sueño no fuera una utopía, debimos formalizar un proyecto. Posteriormente hubo que elegir a los hombres y mujeres que lo ejecutaran, para finalmente consolidar un presente que todavía permite mirar el horizonte con optimismo. (El Cronista)

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Los pasos a seguir ante intimaciones de abogados por deudas

Desde diferentes ONG de defensa al consumidor dieron una serie de consejos y advirtieron que hay que tener presente que ahora se pueden embargar las cuentas sueldos.

Los casos se multiplican en el país. Insistentes llamados telefónicos provenientes de estudios jurídicos o de agencias de cobranzas para cobrar deudas que, en muchos casos, no existen.

Los llamados pueden incluso llegar a casas de vecinos y parientes, o a lugares de trabajo del supuesto moroso para pedirle que pague. Muchos podrían pensar que este tipo de estrategia es válida y legal, pero según los defensores de los derechos del consumidor no lo es porque, aseguran, el trato digno lo merecen todos los consumidores.

Si bien siempre se aconseja mantener los pagos al día, a veces diferentes situaciones llevan a que una persona se convierta en morosa. Ahora hay que tener presente que se pueden embargar las cuentas sueldos, algo que hasta el año pasado no se podía realizar.

Esta práctica del acoso telefónico es totalmente ilegal porque se somete al consumidor a situaciones vergonzantes frente a sus familiares, compañeros de trabajo y ante sus vecinos del barrio. El artículo 42 de la Constitución Nacional indica que los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho a condiciones de trato equitativo y digno”, dijo el abogado penalista Sergio Rocamora, quien estuvo al frente de la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia y actualmente se dedica a la defensa jurídica del consumidor a través de la ONG consumidores.com.ar.

Mario Vadillo, de la ONG Protectora, también insistió en que estos hechos son una mala práctica de ciertos abogados. ”El cobro de la deuda debe ser reclamada respetando la dignidad de la persona, brindando toda la información necesaria para poder determinar la legitimidad de la misma y no desplegar ninguna conducta de cobranza que acose, intimide, humille o avergüence a la persona. Para que tenga validez legal la intimación, debe ser efectuada con un requerimiento auténtico: carta documento o un acta de escribano”, dijo.

Desde las ONG indicaron que hay dos tipos de cobradores: los estudios de cobranza y los estudios de abogados. “A los primeros no hay que contestarles nada porque nadie está obligado a atender un llamado por una deuda suya o de terceros. Mientras que si es un estudio de abogado el que realiza el acoso telefónico, hay que solicitar la matrícula de los mismos y denunciarlos ante el Colegio de Abogados”, aconsejó Vadillo, quien explicó que la intimidación legal la hace un oficial de Justicia no un llamado telefónico.

En este sentido, desde el sitio web de Defensa del Deudor, perteneciente a un grupo de abogados de Buenos Aires, aseguraron que no hay que creer lo que dicen los cobradores telefónicos ya que “están repletos de mentiras encaminadas a que la persona pague”. Según estos asesores, la mayoría de las veces quienes llaman les han comprado al banco o financiera el derecho a cobrar una deuda.

Advertencias

Lo que advirtieron estos especialista es que los morosos deben tener en cuenta que ahora se pueden embargar las cuentas sueldo sin previo aviso al empleador. Esto se da a partir del DNU 27/2018 que modificó un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo.

Según Vadillo, la medida del Gobierno no es totalmente clara y para Rocamora perjudica directamente al trabajador que terminará extrayendo todo el dinero de su cuenta para evitar estos descuentos.

“Anteriormente, la notificación llegaba al empleador para poder embargar el sueldo pero no se podía tocar la cuenta sueldo. El embargo no podía superar el 20% del sueldo. Ahora ese 20% puede confundirse al entrar directo a la cuenta bancaria”, indicó Vadillo.

El nuevo artículo estable que las entidades financieras podrán proceder, entonces, a embargar directamente de las cuentas sueldo del moroso, algo que estaba prohibido desde 2016 por la Ley de Contrato de Trabajo, aunque dentro de ciertos límites.

Esto significa que los bancos podrán embargar la cuenta sueldo, pero sólo por encima de un monto que suponga tres veces el salario promedio de su titular en los últimos seis meses previos.

De aquí, explicaron fuentes del Banco Central a la agencia de noticias Télam, procede la confusión o no diferenciación existente entre el salario que percibe el trabajador y la cuenta sueldo a través de la que percibe el haber.

Asimismo, en el sector financiero también surgen interrogantes sobre cómo se hará para diferenciar qué fondos depositados en una cuenta sueldo provienen de la actividad laboral que genera la remuneración del empleador y cuáles son las cantidades que provienen de otro tipo de trabajo o renta distinto al generador de dicha cuenta. (Enfoquejus)

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Segunda reunión de la Mesa de diálogo social y productivo de La Plata sin Garro

Tras la iniciativa del intendente de La Plata, Julio Garro, de avanzar en una mesa de trabajo con representantes de sectores políticos, sociales, sindicales, empresariales y productivos, este lunes se realizó un segundo encuentro en el que se delimitaron las principales problemáticas socio-económicas de la región y se pautaron futuras líneas de abordaje y acción.

Con la participación de más de 30 referentes en cada uno, se generaron dos espacios de diálogo abocados a la cuestión social y a la cuestión productiva, respectivamente.

Mesa social

En la reunión con eje en los temas sociales, se definieron tres temas principales para abordar como parte del trabajo conjunto en los próximos encuentros: la cuestión alimentaria, la gestión de la Tarifa Social y la temática de la Salud Pública.

Tras la reunión, el secretario de Desarrollo Social del Municipio, Raúl Cadaa, destacó: “Hubo absoluto consenso y pudimos delinear tres temas que abarcarían la problemática de emergencia: el tema de la salud, la cuestión alimentaria y la necesidad de avanzar con el cumplimiento de la tarifa social, teniendo en cuenta los importantes aumentos de los servicios”, y adelantó: “En los próximos días nos reuniremos en tres mesas para tratar cada uno de los temas”.

En relación a los temas abordados, Cadaa explicó que “se está analizando el incremento en la cantidad de tarjetas, para llegar a más beneficiarios, y en el monto, para que puedan acceder a más alimentos frescos, como carnes, lácteos y verduras. Además, entendemos que con los importantes incrementos en materia de servicios, es importante acompañar a las entidades para que puedan obtener el beneficio de la Tarifa Social que les corresponde”.

Por otro lado, el secretario de Salud de la Municipalidad, Germán Niedfeld, se refirió al funcionamiento de los Centros de Salud y aseguró: “Hoy por hoy los 46 CAPS están correctamente abastecidos de insumos fundamentales para la atención diaria”.

Mesa urbana y productiva

La mesa, que fue encabezada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Económico de la Municipalidad de La Plata, Ileana Cid, y el secretario de Producción, Rogelio Blesa; se basó en una mirada productiva con políticas públicas que permitan sostener y generar empleo.

Además, se hizo hincapié en facilitar los mecanismos productivos de la región; en generar acciones para tener un mejor acceso a la ciudad y en ese aspecto trabajar en la planificación de la misma; y por último facilitar trámites de emprendimiento a los sectores comerciales.

En este encuentro, se dividió el grupo en cuatro temáticas: Cordón flori-fruti-hortícola e industrial que coordinó Blesa y Construcción, Servicio y Comercio que llevó adelante Cid.

Sobre la cuestión industrial, se precisó que buscará trabajar fuertemente con la Unión Industrial Gran La Plata y con el sector de vinculación tecnológico de la Universidad de La Plata. Según aseguró Blesa, la Secretaría de Producción será “un nexo para abordar esas problemáticas más macros” que se relacionan con los Ministerios de Provincia y Nación.

Respecto, al cordón hortícola, Blesa destacó que “a partir de la gran representatividad del sector, en los próximos encuentros van a participar pequeños, medianos y grandes productores con la idea de generar consensos con todos los actores del sector y trabajar sobre en políticas a mediano y largo plazo y haciendo eje fundamental en la formalización del sector”.

Por su parte Cid recalcó la predisposición de todos los sectores y aseguró “a partir de las propuestas e inquietudes que cada uno de los presentes aportó, seguiremos trabajando en esta línea de trabajo que aporta y ayuda a fortalecer de manera consensuada cada uno de los espacios”.

Los encuentros de estas áreas continuarán una vez por semana en virtud de las urgencias del sector. El lunes se reunirán en el Colegio de Arquitectos las comisiones de Construcción, Servicio y Comercio; mientras que el miércoles y jueves próximo se avanzarán las áreas de Industria y el sector hortícola.

Los presentes

Participaron de este segundo encuentro, entre otros, el cura católico Ruben Marchioni, en representación del Arzobispado y Pastoral Social La Plata; Alejandro Guanzetti y Andrés Brandoni de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción (ACIMCO); Pablo Coltrinari y Martín Menguini de la Asociación Productores Hortícolas La Plata (APHLP); Jorge Del Río y Matías Hernández de la Asociación PYMES de la Construcción (APYMENCO); Pedro Elizalde y Gastón Zapalá del Banco Alimentario; Cristian Medina de Barrio de Pie; Antonio Aranda Cuevas y Marcelo Morimanno de la Cámara de Comercio e Industria La Plata; el cura católico Cristian González y Estela Villarreal de Cáritas La Plata; Ramiro Berdesegar de la Corriente Clasista y Combativa (CCC); Carlos Rossi, Jorge Serno, Julio Castro, Leandro Ciriaco y Luis Muraco de la CGT.

Estuvieron además Pablo Grillo del Colegio de Abogados; Guillermo Moretto y Ruben Aprea del Colegio de Arquitectos; Sergio Morales y Juan Pablo Sosa del Consejo de Pastores Evangelistas de La Plata; Yanina Grismau y Jeremías Martire de la CTA Autónoma; Juan Zucarelli y Maca Luciani de la Federación de Consejos de Pastores de la Provincia de Buenos Aires; Alberto Alba de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas; Karina Alaimo de la Federación Empresaria La Plata (FELP); Hugo Timossi y Daniel Oteiza de la Unión Industrial Gran La Plata (UIGLP); Catalina Caminos e Inés Iglesias de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP); y el titular del SAME La Plata, Enrique Rifourcat junto a distintos funcionarios de diversas áreas municipales.

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Se llevó una mesa de diálogo social y productivo con diferentes sectores en La Plata

El intendente de La Plata, Julio Garro, dio inicio a una mesa de trabajo con agenda social junto a representantes de diversos sectores políticos, sociales, sindicales, empresariales y productivos, con el objetivo de conocer su mirada sobre la situación socio-económica de la región.

De este primer encuentro, que se llevó a cabo en el Pasaje Dardo Rocha, participaron más de 30 espacios sociales, gremiales, empresariales, religiosos, políticos y universitarios de la ciudad, quienes expusieron sus inquietudes y visiones sobre el presente de la región.

En ese marco, se abordaron diversas temáticas vinculadas a las necesidades de desarrollar programas sociales para asistir a los sectores más vulnerables, atendiendo temáticas habitacionales; y problemáticas vinculadas a las adicciones y violencia de género.

También se abordaron propuestas para potenciar el empleo, la producción y la inversión en la ciudad, con principal hincapié en impulsar los rubros de la construcción, el comercio y el cordón flori-fruti-hortícola; entre otras.

Durante el encuentro, Garro agradeció la presencia de todos los representantes que se sumaron al encuentro y valoró que “esta reunión tiene el objetivo de poder escucharlos a todos, que puedan hacer sus aportes por el bien común de la ciudad, y trabajar en equipo, tirando todos para el mismo lado”.

En ese sentido, expuso el plan de acción que está llevando adelante el Municipio para atender las demandas y necesidades; comentó las acciones y programas que se están articulando con los gobiernos provinciales y nacionales y las tareas articuladas con organizaciones sociales y cooperativas que realizan desde el municipio para apuntalar el empleo.

A su vez, destacó que “nos propusimos que esta convocatoria, que es la primera de varias que llevaremos adelante, fuera lo más amplia posible, que reúna referentes de distintos espacios, porque queremos seguir trabajando con muchos de ustedes para atender el desarrollo productivo de la región, que va de la mano del bienestar social”.

En esa línea, anunció la realización de nuevos encuentros con las distintas áreas de gobierno, con el fin de atender las propuestas que los integrantes de la mesa impulsaron con el fin de trabajar de cara a los próximos meses del año, para mejorar el desarrollo y el perfil productivo de la ciudad.

Los presentes

Quienes participaron del encuentro fueron el Hugo Timossi, de la Unión Industrial del Gran La Plata; Pablo Coltrinari, de la Asociación de Productores Hortícolas de La Plata; Gustavo Vétere, de la FELP; Alejandro Guanzetti, de la Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de la Construcción, Jorge del Río de la Asociación PYMES de la Construcción; Antonio Aranda Cuevas, de la Cámara de Comercio e Industria de La Plata y Alberto Alba, de la Federación de Instituciones Culturales y Deportivas.

A su vez, participaron Lucas González de la Cruz Roja; Hernán Mathiu de la UCALP; Martín López Armengol de la Universidad de La Plata; el cura católico Cristian Gonzalvez de Caritas La Plata; el cura Rubén Marchioni, en representación del Arzobispado; Juan Zucarelli de la Federación de Consejos de Pastores evangélicos de la Provincia y Sergio Morales, del Consejo de Pastores evangélicos de La Plata.

Además Carlos Quintana de la CGT; Julio Castro de la CGT Azul y Blanco; Yanina Grismau de la CTA; Victoria Ferrati del Movimiento Evita; Ramiro Berdesegar de la Corriente Clasista Combativa y Cristian Medina de Barios de Pie, también fueron parte del encuentro.

En representación del Colegio de Arquitectos participó Guillermo Moretto; Andrés Cantelmi por el Colegio de Abogados y Mario Crespi por el de Ingenieros.

Así también, se hicieron presentes los concejales María Lorena Riesgo (FPV-PJ), Fabián Lugli (Bloque Justicialista), Gastón Castagneto (Unidad Ciudadana), Gastón Crespo (GEN), Luciano Sanguinetti (1País), Claudio Frangul y Fernando Ponce (Cambiemos).

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Concluyeron las capacitaciones para los 150 aspirantes y comenzó la selección de nuevos agentes

La Municipalidad de La Plata culminó la capacitación destinada a los 150 aspirantes preseleccionados, de los cuales saldrán los 50 elegidos para incorporarse como inspectores y reforzar la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano.

La formación que se dio como parte de un convenio con el Colegio de Abogados de la ciudad, estuvo a cargo de académicos del colegio profesional en conjunto con personal de la secretaría comunal, y sus contenidos incluyeron herramientas legales y jurídicas tendientes a optimizar el desempeño de los agentes.

De esta manera, en función de los resultados obtenidos en el curso desarrollado durante las últimas dos semanas, se definirán los 50 inspectores que seguirán en formación y se incorporarán a las direcciones de Inspecciones y de Tránsito de la comuna a mediados de septiembre.

En este aspecto, el secretario municipal de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia, indicó que “buscamos incorporar agentes más capacitados para profesionalizar el sistema de control y mejorar su desempeño en la vía pública, haciendo cumplir las normas municipales”.

Asimismo, se detalló que el programa contempló temáticas como ‘Las policías comunales: régimen de la policía comunal platense’, ‘Penas (Multas, arresto, clausura, decomiso, inhabilitación, etc.); ‘Faltas contra la autoridad municipal’; ‘Procedimiento Contravencional’; ‘El derecho de tránsito’; ‘Proyecto de Código de Convivencia Ciudadana’; ‘Temática de Género’; y ‘Algunas nociones de RCP’, entre otras.

Además, se repasaron los aspectos principales del código penal y de la Constitución Nacional, así como cuestiones de tránsito, inspecciones en general y el rol del funcionario público.

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Iniciativa para «Volver a jugar en la calle»

“Volver a jugar en la calle”, fue la consigna que motorizó la realización del “Corredor de la Infancia”, una iniciativa ciudadana que se realizó por primera vez en La Plata.

Por algunas horas la avenida 13, de 45 a 49, fue un espacio libre de autos, motos y colectivos. Allí confluyeron distintas actividades recreativas, culturales y de difusión de derechos. Así fue como mientras algunos niños y niñas se calzaron los rollers y se echaron a rodar, otros y otras aprendieron a andar en bicicleta. También se realizaron intervenciones con tizas en el asfalto y varios se animaron a los malabares, mientras una narradora de cuentos posibilitó que los “bajitos” pudieran sumergirse en la fantasía de la literatura infantil. Estas fueron solo algunas de las actividades desplegadas en el marco del corredor, que también incluyó talleres de plástica, ludotecas, clases de música, presentación de proyectos fotográficos y talleres de arquitectura..

“Realmente fue muy emocionante ver como las familias pudieron disfrutar de una iniciativa que, al menos por unas horas, permitió revalorizar lo que significa poder jugar en la calle, un ámbito que por el contexto social y económico de las últimas décadas ha quedado internalizado como un lugar peligroso. Poder jugar es un derecho humano, que le asiste principalmente a los niños, niñas y adolescentes. Estamos trabajando con numerosas instituciones para extender esta iniciativa a otras zonas de La Plata, del Conurbano y del interior bonaerense”, explicó Walter Martello, Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires.

El Observatorio de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) de la Defensoría del Pueblo forma parte movimiento para la participación ciudadana infantil. Los corredores son organizados por la propia comunidad, recibiendo a su vez el apoyo de distintas instituciones públicas y privadas, que están comprometidas con la causa de los derechos de NNyA.

Las actividades fueron coordinadas por la Dra. Mercedes Torbidoni y entre otras entidades participaron: Colegio de Abogados (Instituto de los Derechos del Niño), la Sociedad Odontológica de La Plata; la Secretaría de Innovación de la UNLP; Ministerio de Gestión Cultural bonaerense, área de integración por el arte; el Instituto de los Derechos del Niño de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP; las facultades Bellas Artes, Informática y Ciencias Agrarias de la UNLP; el Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires, Municipalidad de La Plata, ABSA y la Fundación Fausto También.

Los impulsores de los “Corredores por la Infancia” consideran que jugar libremente también significa salir de la casa. Se trata de una propuesta organizada y dirigida por ciudadanas y ciudadanos que están en constante compromiso con las temáticas que propone La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), el tratado internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1989 que tiene jerarquía constitucional en la Argentina. En ese sentido, destacan que el apoyo y promoción de propuestas de este tipo pueden contribuir a una transformación social positiva, convirtiendo a las ciudades en más amigables y aptas para el pleno ejercicio de los derechos que consagra la CDN.

Asimismo, se busca fortalecer la tolerancia social, promocionar la actividad física, el gusto por el uso de medios alternativos de transporte no contaminantes, el sano esparcimiento de la población para poder jugar libremente generando vínculos sanos y creando redes y conexiones de proyectos e individuos que hagan crecer las ciudades y sus comunidades.

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Convenio para capacitar a los aspirantes a inspectores de Control Ciudadano

El intendente de La Plata, Julio Garro, y el presidente del Colegio de Abogados, Hernán Colli, firmaron un convenio para la capacitación de los aspirantes a inspectores de Convivencia y Control Ciudadano. Al finalizar la formación, se definirán los 50 ingresantes de los 150 preseleccionados previamente por el municipio.

La firma, que tuvo lugar en el Salón de los Acuerdos del Palacio Comunal, tiene como objetivo desarrollar un trabajo de formación para los interesados que fueron preseleccionados. A través de estas medidas, la comuna buscar incorporar agentes más capacitados para ´fiscalizar´ el ordenamiento vehicular y profesionalizar el sistema de control en el cumplimiento de las diversas normas municipales.

En ese sentido, los 150 aspirantes recibirán una capacitación en herramientas legales y jurídicas para optimizar su desempeño, mejorar el funcionamiento de la administración pública y el servicio al ciudadano. Según se informó, las clases estarán a cargo de profesionales del Juzgado de Faltas y del Colegio de Abogados.

Garro, acompañado por el secretario de Convivencia y Control Ciudadano, Roberto Di Grazia; y la directora de Recursos Humanos y Personal del Municipio, Mónica Panzoni, destacó: “Este convenio lo hacemos porque queremos potenciar la vocación y la habilidad de cada futuro empleado, acompañarlo en su desarrollo y darle valor al trabajo que harán todos los días, jerarquizando el empleo público”.

“Queremos brindarles a los vecinos un servicio de excelencia y para eso debemos contar con empleados que estén a la altura de las exigencias. Este acuerdo permitirá que los agentes e inspectores municipales sumen conocimientos y herramientas para poder llevar adelante eficientemente su trabajo”, sostuvo el Jefe Comunal.

A su vez, precisó: “Desde diciembre de 2015 comenzamos una nueva etapa en el municipio, estamos convencidos de que todas estas acciones van a repercutir en mayor calidad institucional, más transparencia de gestión y va a aumentar la participación ciudadana”.

Cabe destacar que, en el marco de la optimización integral del sistema, el Municipio anunció la convocatoria para incorporar 50 nuevos Inspectores de control ciudadano. A través de la misma, se preseleccionaron 150 aspirantes sobre un total de más de mil.

Los mismos realizarán el curso de capacitación y -en función de los resultados obtenidos – se definirán aquellos 50 inspectores que se incorporarán al plantel de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano, los cuales podrán estar en funciones a mediados de septiembre.

Según se detalló, el programa estará compuesto por contenidos referentes a ‘El derecho de faltas’; ‘Ámbitos de aplicación’; ‘Penas aplicables a personas físicas y jurídicas’; ‘Constitución Nacional: contenido y valor’; ‘Inviolabilidad de la morada, la correspondencia epistolar y los papeles privados’; ‘Régimen municipal bonaerense’, ‘Juzgado de faltas’, ‘Las policías comunales: régimen de la policía comunal platense’, entre otras.

Conjuntamente, dispondrá temáticas vinculadas a ‘Disposiciones legales’; ‘Penas (Multas, arresto, clausura, decomiso, inhabilitación, etc.); ‘Faltas contra la autoridad municipal’; ‘Procedimiento Contravencional’; ‘El derecho de tránsito’; ‘Proyecto de Código de Convivencia Ciudadana’; ‘Temática de Género’; y ‘Algunas nociones de RCP’.

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Tres proyecto enviará Vidal a la Legislatura para Reformar la Justicia Bonaerense

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, aseguró que «entre todos podemos hacer los cambios profundos que en la Provincia no se dieron durante décadas», y afirmó: “queremos una justicia despolitizada, transparente, que llegue a tiempo y que ponga en el centro a la víctima, no al victimario”.

Vidal envió a la legislatura bonaerense tres proyectos de ley que comprenden la Reforma integral de la Justicia de la provincia de Buenos Aires: uno correspondiente al procedimiento laboral, el otro referente al Código Procesal Penal orientado a la víctima y el restante sobre la reforma de selección de magistrados. Estas iniciativas se suman a otros dos ya presentados como la creación del mapa judicial y la modificación al procedimiento del Jury de enjuiciamiento de magistrados.

Con este nuevo envío el gobierno bonaerense busca una nueva Ley de Procedimiento Laboral ya que la actual data de 1995. Buscará tener juicios más rápidos y menos costosos, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como hasta ahora.

«Hace dos años asumimos con el compromiso de cambiar, y no había cambio posible si no cambiábamos las reglas de juego de la política y de la forma de funcionamiento de esta Provincia durante más de 28 años”, sostuvo Vidal y agregó “no había cambio posible si no enfrentábamos a las mafias, al narcotráfico y la corrupción adentro y afuera del Estado”.

La gobernadora dijo “si no cambiábamos lo que estaba mal dentro de la policía o del servicio penitenciario no había cambio posible” y remarcó “no podemos tener un Estado que mira para otro lado cuando todavía en el plano de la Justicia siguen pasando cosas injustas».

Vidal hizo estas declaraciones durante el anuncio de la Reforma Integral del Sistema de Justicia que se desarrolló en la Casa de Gobierno provincial en La Plata. Acompañaron a la gobernadora el ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, y familiares de víctimas como Matías Bagnato, Carolina Píparo, Jimena Aduriz, María Luján Rey, Karina Massa, Raquel Berthi y Patricia Rodríguez.

La mandatoria resaltó que «toda esta reforma fue hecha en conjunto con la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, con la Procuración, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados, incluso con legisladores de distintas fuerzas” y dijo que “es el resultado de un diálogo. Esperamos que la Legislatura le de la prioridad que se merece, que haga los tratamientos en comisión que hagan falta y un rápido tratamiento y sanción».

Manifestó que «tenemos jueces y fiscales que llegaron a esos lugares por influencia política o judicial y no por su propio mérito. No podemos mirar para otro lado si tenemos causas que tardan años, o si alguien es acusado de un delito grave como abuso puede estar diez años en la calle. Nos queda mucho por hacer para tener una justicia despolitizada, transparente, que llegue a tiempo y que ponga en el centro a la víctima, no al victimario».

«Si los jueces y fiscales no son bien elegidos, no están entre los mejores y cuando no actúan de acuerdo a la ley no se van, entonces no tenemos instancia de confianza posible», prosiguió, y destacó que «queremos que no alcance con el título de abogado para ser juez o fiscal» y planteó que deben cumplir, al menos, «un año y medio adicional de capacitación para presentarse a un concurso por una vacante».

Por otra parte, Vidal aseveró que «el Código Procesal Penal no contempla la voz de las víctimas, cómo debe ser escuchada en el proceso penal», por lo que se debe incorporar que «cuando un juez tenga que decidir sobre una libertad condicional o beneficio de excarcelación, tenga por obligación convocar a la víctima, o a un familiar de la víctima o a sus abogados, que tenga que escuchar esa voz antes de tomar una decisión. La primera etapa de la reforma no sólo implica un cambio de leyes, sino un cambio cultural, tomar decisiones de fondo».

«Algo bueno está pasando si el Poder Judicial es parte de la reforma, si siente que tiene algo que cambiar, si quiere ser protagonista de eso, si la legislatura tiene vocación de tratar estos proyectos. Entre todos podemos ir haciendo los cambios profundos que en la Provincia no se dieron durante décadas», planteó.

Por su parte, Ferrari señaló que «la decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires es entender que la Justicia es un servicio y no una herramienta política, y por lo tanto vamos a trabajar sobre los actores y las normas del sistema» y ratificó que «la víctima está en el centro del proceso penal» y no «el victimario», por lo que «vamos a enfocar al Estado en esa defensa».

El gobierno bonaerense busca una nueva Ley de Procedimiento Laboral. Buscará tener juicios más rápidos y menos costosos, ya que las causas estarán a cargo de un juez y no de tres, como hasta ahora.

Respecto de la elección de magistrados el proyecto contempla que todos los que quieran ser jueces o fiscales tendrán que asistir obligatoriamente a la Escuela Judicial, algo que hoy no se da. Para lograr transparencia los exámenes orales serán filmados y se contemplará un orden de mérito para acceder a los cargos.

A su vez impulsa un nuevo Código Procesal Penal para garantizar la participación de la víctima durante el proceso judicial. La reforma busca que la víctima pueda conocer y participar en las decisiones que tome el juez a lo largo de todo el proceso, y que tenga voz en casos como otorgamientos de juicios abreviados, salidas transitorias o libertad condicional. Cuando los jueces no permitan participar a la víctima, los actos serán nulos. Entre otros puntos, la reforma intenta reducir la cantidad de recursos que puede utilizar un delincuente para evitar la prisión.

Mientras, el gobierno provincial sigue trabajando en un nuevo Código Contravencional para cambiar el vigente que tiene más de 40 años. Será en junio la presentación del proyecto que creará nuevas figuras y sanciones para resolver conflictos menores sin llegar a la aplicación del Código Penal y apuntará a la reparación del daño que compense a la víctima.

En octubre, además, se presentará un nuevo Código Procesal Civil y Comercial con el fin de agilizar y bajar los costos de los procesos, buscando más juicios orales que escritos para poder resolver más cuestiones en menos tiempo y con mayor contacto entre el vecino y el juez.

Y hacia fin de año se hará una presentación de un nuevo proyecto de la Ley Orgánica del Poder Judicial para contar con las dependencias que se necesitan donde hacen falta, eliminando aquellas que prácticamente no funcionan y determinando la cantidad y distribución de los juzgados según criterios de necesidad y no de conveniencia.

Para 2019 está previsto trabajar en la formación y capacitación permanente de los abogados, para asegurarles a los bonaerenses que quienes defienden sus derechos cuenten con una formación profesional adecuada.