En un fallo reciente, la Justicia en lo contencioso administrativo ordenó a la Municipalidad de Ensenada, bajo la gestión de Mario Secco, que suspenda inmediatamente la extracción de árboles en el Camino Negro, en el área de una reserva ambiental, debido a preocupaciones por la preservación del ecosistema.
La medida responde a la demanda de un grupo de vecinos representados por la Clínica Jurídica Ambiental de la Facultad de Derecho de la UNLP, que denunciaron el impacto ambiental de las obras de repavimentación en el área protegida, conocida como Bosque Rojo.
Vecinos en defensa de una reserva natural
La causa judicial fue iniciada a raíz de las denuncias de un grupo de vecinos, entre ellos Ernesto Delgado, quien lidera el reclamo y expresó su preocupación por la falta de medidas de protección ambiental por parte del Estado. Delgado afirmó en una entrevista: “Es inaceptable que se realicen este tipo de intervenciones sin una evaluación adecuada del impacto ambiental. Estamos hablando de un área de reserva que debería ser protegida por normas nacionales e internacionales”.
Este grupo de vecinos solicitó la intervención de la Clínica Jurídica Ambiental de la Facultad de Derecho, que asumió el patrocinio del caso. El abogado a cargo, Juan Martín Ruiz, explicó que la intervención estatal en un área de reserva “debe ajustarse a la normativa vigente” y consideró que esta situación evidencia una posible violación de derechos ambientales fundamentales, que están amparados tanto en la legislación nacional como en tratados internacionales.
El fallo judicial: disposiciones clave
La resolución judicial fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo N°3, presidido por la jueza María Fernanda Bisio, quien hizo lugar a la medida cautelar solicitada por los demandantes, aunque de manera parcial. El fallo contiene dos disposiciones claves:
- Suspensión de la extracción de árboles y otras actividades de modificación en el área afectada, permitiendo únicamente tareas de limpieza. Según el fallo, estas actividades deberán ser informadas detalladamente en el expediente en un plazo de 30 días.
- Solicitud de informes al Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, que deberá presentar en cinco días una copia digital del expediente EX – 2022-43631165-GDEBA-DGAMAMGP. Este expediente contiene información sobre el estado de la traza y las actividades de limpieza realizadas en la zona afectada.
La intervención de la Municipalidad de Ensenada y el rol del Ministerio de Ambiente
La Municipalidad de Ensenada había iniciado un proceso de repavimentación en el Camino Negro, argumentando que la intervención era necesaria para mejorar el estado de la vía y facilitar el tránsito en una zona que conecta distintas áreas de la ciudad. Sin embargo, el impacto ambiental de esta repavimentación ha generado alarma entre los vecinos, quienes señalan que el área está dentro de una reserva de biósfera y debería contar con un resguardo especial.
Por su parte, el Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires deberá rendir cuentas sobre las intervenciones realizadas en la zona, especialmente respecto a las tareas de limpieza llevadas a cabo hasta la fecha. Desde el ministerio no se ha emitido aún una declaración oficial al respecto, aunque trascendió que el expediente solicitado ya se encuentra en revisión y se dispondrán los detalles de los trabajos realizados hasta el momento.
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La importancia del Bosque Rojo y su estatus de reserva de biósfera
El Bosque Rojo es un área de gran valor ecológico, ubicada en una reserva de biósfera que incluye flora y fauna nativa de importancia para la región. La reserva ha sido reconocida por su biodiversidad y se considera un espacio vital para la conservación de especies y el equilibrio ecológico. Mario Núñez, biólogo y especialista en áreas protegidas, indicó: “La intervención humana sin controles adecuados puede provocar un daño irreversible en el ecosistema. Este tipo de reservas no solo deben ser respetadas, sino que es fundamental que su preservación esté garantizada por el Estado”.
La situación actual ha puesto en evidencia una aparente falta de articulación entre las distintas entidades que deberían velar por la protección del área, lo que ha generado críticas de ambientalistas y vecinos. En tanto, organizaciones ambientales han expresado su apoyo a la medida cautelar emitida por el juzgado, argumentando que este tipo de acciones son fundamentales para “detener el deterioro progresivo de los recursos naturales” en la región.
Argumentos de la Municipalidad: necesidades urbanísticas y el desafío de la infraestructura
Desde la Municipalidad de Ensenada se defendió la decisión de intervenir el Camino Negro argumentando que, debido al estado precario de la vía, era urgente realizar mejoras que permitan el acceso seguro. Fuentes de la municipalidad comentaron que “la repavimentación del Camino Negro es una obra prioritaria” debido al creciente tránsito en la zona, lo cual se justifica tanto por la mejora en la calidad de vida de los residentes como por las necesidades logísticas de la ciudad. Sin embargo, la municipalidad ha evitado realizar comentarios sobre las implicancias ambientales de la intervención.
Implicancias legales y el precedente en la defensa del medio ambiente
La medida cautelar dispuesta por la jueza María Fernanda Bisio establece un precedente importante en la defensa del medio ambiente y la gestión responsable de áreas protegidas en la región. El abogado Juan Martín Ruiz señaló que el fallo “es un avance en la defensa del derecho ambiental y resalta la importancia de que las intervenciones urbanísticas se lleven a cabo respetando la normativa ambiental vigente”.
Los vecinos y la Clínica Jurídica Ambiental valoraron positivamente la medida, aunque señalaron que se mantendrán vigilantes para asegurar que se cumpla con los plazos estipulados y las condiciones impuestas. “La preservación de este espacio natural es una responsabilidad de todos, y el fallo de la jueza sienta una base sólida para protegerlo”, afirmó Ruiz.
El rol de las normas nacionales e internacionales en la protección ambiental
La protección de las reservas naturales en Argentina está respaldada por diversas normas nacionales e internacionales, que establecen criterios estrictos para la preservación y el manejo de áreas protegidas. La Ley General del Ambiente (N° 25.675) es uno de los principales marcos regulatorios en el país, y establece el derecho de los ciudadanos a un ambiente sano y la obligación del Estado de garantizarlo.
En el ámbito internacional, Argentina es signataria de tratados como el Acuerdo de Escazú, que protege el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. “El incumplimiento de estas normativas puede conllevar sanciones y el desprestigio de las autoridades locales en temas de gobernanza ambiental”, destacó Alejandro López, especialista en derecho ambiental.
Reacciones y próximas acciones
Tras el fallo judicial, se espera que el Ministerio de Ambiente responda a la solicitud del juzgado y entregue el expediente correspondiente. Esto permitirá evaluar el estado actual de la traza en el Camino Negro y las actividades de limpieza realizadas. Ernesto Delgado, líder de los vecinos demandantes, expresó que “si bien el fallo representa un avance, seguiremos atentos y preparados para exigir las acciones necesarias en defensa de esta reserva”.
Mientras tanto, se ha convocado a una audiencia pública para abordar el tema y dar espacio a las distintas partes interesadas. Esta instancia permitirá a la comunidad expresar sus preocupaciones y discutir alternativas sostenibles para la intervención en el Camino Negro.
Reflexiones finales: la urgencia de un desarrollo sostenible
La situación en el Camino Negro de Ensenada plantea una interrogante sobre el equilibrio entre el desarrollo urbano y la preservación ambiental. Si bien las obras de infraestructura son necesarias para la mejora de la calidad de vida y la funcionalidad de la ciudad, los daños ambientales en áreas protegidas pueden acarrear consecuencias irreparables.
Los especialistas señalan que el fallo es una oportunidad para reexaminar las políticas de desarrollo local y su impacto en el entorno natural. La conservación de los espacios verdes y la protección de la biodiversidad son esenciales para un desarrollo sostenible y responsable, que contemple las necesidades de las generaciones presentes y futuras.
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