El nombramiento de Gildo Onorato como presidente del IPAC desata polémica por su implicación en millonario fraude al Estado.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha nombrado como presidente del recién creado Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) a Gildo Onorato, dirigente del Movimiento Evita denunciado por defraudar al Estado por más de $3.000 millones. La designación ha desencadenado críticas y preocupaciones en diversos sectores políticos y sociales.
Designación cuestionada
La designación de Onorato como presidente del IPAC se realizó después que unas semanas parte de legisladores de la Coalición Cívica-ARI (CC-ARI), Hernán Reyes, Héctor Flores, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, María Fernanda Reyes y Maricel Etchecoin, presentaron la denuncia penal contra él, junto con otros funcionarios, por delitos como defraudación contra la administración pública y asociación ilícita.
Onorato, está denunciado penalmente por ser el Presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada del Movimiento Evita de Emilio Pérsico, también denunciado y se desempeñaba de ambos lado del mostrador en el Ministerio de Desarrollo Social de la presidencia Alberto Fernández, además está denunciado, por defraudar al Estado por más de $3.000 millones.
Los otros denunciados son Alexandre Roig, Presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) y Milagros Moya, Directora Nacional de Cumplimiento y Fiscalización de dicho instituto, todos dirigentes dentro del Movimiento Evita.
Kicillof nombró a Gildo Ono… by ElCorreoGráfico
Manejo discrecional de fondos de Gildo Onorato
La denuncia sostiene que los acusados, incluyendo a Onorato, tenían un control absoluto sobre los convenios y el destino de los fondos estatales destinados a cooperativas vinculadas al Movimiento Evita. Se les acusa de manipular los recursos para financiar sus propios intereses políticos, en detrimento de las necesidades sociales y económicas reales.
Escándalo moral y desmanejo de fondos del Movimiento Evita
Los legisladores de la CC-ARI calificaron estas acciones como un “escándalo moral”, destacando la desviación de más de $3.800 millones de recursos estatales hacia organizaciones afines al Movimiento Evita. Se señala que estos fondos estaban destinados a reducir las asimetrías sociales, pero fueron desviados para beneficio político.
Control y simulación estatal
Se afirma que los funcionarios públicos involucrados no solo asignaban los recursos de manera discrecional, sino que también tenían a su cargo la fiscalización y control de los mismos. Esto llevó a la creación de una simulación estatal, donde los intereses personales primaban sobre el bienestar de la sociedad.
Utilización de personas vulnerables
La denuncia también resalta la coacción ejercida sobre personas en situación de vulnerabilidad, quienes eran condicionadas a realizar actividades políticas y territoriales en beneficio del Movimiento Evita como requisito para recibir ayuda del Estado.
Implicación de otros funcionarios
Además de Onorato, la denuncia alcanza a otros funcionarios como Alexandre Roig y Milagros Moya, quienes también habrían participado en el presunto desmanejo de fondos estatales.
Tras la denuncia, medidas del gobierno de Milei
Ante las revelaciones, el Vocero Presidencial, Manuel Adorni, anunció medidas para controlar y depurar el padrón nacional de cooperativas, destacando las irregularidades encontradas. Además, se suspendieron las transferencias de fondos a unidades de gestión relacionadas con el Potenciar Trabajo.
Respuestas y seguimiento judicial
A pesar de las denuncias, los acusados han negado las acusaciones y se han amparado en la demora judicial. Sin embargo, la investigación sigue su curso, y se espera que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
Conclusiones y perspectivas
El caso de corrupción en torno al manejo de fondos estatales destinados a cooperativas evidencia la necesidad de una mayor transparencia y control en la gestión de recursos públicos. Asimismo, pone de manifiesto la importancia de la vigilancia ciudadana y el rol fundamental de la justicia en la lucha contra la corrupción.
