La jubilación sorpresiva del juez de faltas Jorge Troncoso desató una batalla política en Berisso que amenaza con redefinir el equilibrio de poder municipal. El Concejo Deliberante, a través del bloque opositor Juntos, presentó un proyecto de ordenanza para crear el Consejo Municipal de la Magistratura de Berisso (CMMB), una iniciativa que busca arrebatarle al intendente, en este momento Fabián Cagliardi, el control exclusivo sobre la designación del nuevo magistrado.
La propuesta, impulsada por los concejales Gimena Carvajal, Matías Nanni y Patricio Yalet, establece un mecanismo transparente basado en concursos públicos de antecedentes y oposición, obligando al Ejecutivo a elegir entre una terna de candidatos preseleccionados por idoneidad profesional. Esta movida es interpretada como un «tiro por elevación» contra la presunta intención del intendente de Berisso de realizar un nombramiento a dedo de alguien de su círculo cercano.
La salida que encendió la mecha política
El conflicto se originó cuando Jorge Troncoso, quien ocupó el cargo de juez de Faltas N° 1 durante casi tres décadas, fue notificado administrativamente para iniciar sus trámites jubilatorios. En declaraciones a FM Berisso Ciudad, el magistrado saliente admitió que la decisión lo tomó por sorpresa y cuestionó la forma: «Realmente no estuvo bueno esto de intimar».
Aunque acató la orden ejecutiva, Troncoso reconoció que «toda decisión que toma un intendente es política», pero se negó a especular sobre un trasfondo partidario: «No lo creo ni me lo puse a pensar. No opino de los actos de los demás, solo de los míos».
La concejal Gimena Carvajal del bloque Juntos lamentó públicamente la partida del juez, destacando que el juzgado de faltas «funcionaba muy bien» bajo su dirección. Esta salida inesperada dejó una vacante que se convirtió en el epicentro de una disputa institucional sin precedentes en el municipio bonaerense.
El Consejo de la Magistratura: un blindaje contra el favoritismo
El proyecto de ordenanza presentado por la oposición en Berisso propone la creación de un organismo colegiado que revolucionaría el proceso de designación de jueces de faltas. El Consejo Municipal de la Magistratura estaría integrado por seis miembros provenientes de diversos sectores:
- Dos representantes del Concejo Deliberante de Berisso (uno por la mayoría y otro por la primera minoría)
- Un delegado del Departamento Ejecutivo (limitando significativamente su influencia)
- Un representante del Colegio de Abogados de la delegación local
- Un profesor de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP)
- Un miembro de organizaciones civiles o vecinales
Esta composición diluye deliberadamente el poder del intendente, quien pasaría de controlar unilateralmente el nombramiento a tener apenas un representante entre seis voces con igual peso decisorio.
«El objetivo es que ninguno de los actores políticos sea quien decida quién va a ser el juez de faltas«, explicó la concejal Carvajal. «Buscamos garantizar la idoneidad de quienes asuman el cargo, asegurando que el mejor capacitado ocupe ese lugar, sin importar su ideología política».
Un concurso público con reglas estrictas
El mecanismo propuesto establece un riguroso concurso de antecedentes y oposición con etapas claramente definidas. Los aspirantes deberán atravesar múltiples filtros de evaluación:
El Consejo de la Magistratura convocará públicamente a los interesados, quienes dispondrán de 15 días hábiles para inscribirse. Los candidatos deberán cumplir requisitos estrictos: ser abogado, acreditar dos años de residencia continua en Berisso, demostrar el ejercicio activo de la profesión, carecer de antecedentes penales y no mantener juicios patrimoniales contra el municipio.
Un requisito particularmente sensible es la presentación del certificado de Libre Deuda de Deudores Alimentarios Morosos, que debe entregarse cinco días hábiles antes del concurso bajo pena de descalificación automática.
La evaluación contempla el análisis exhaustivo de antecedentes académicos y profesionales, la realización de exámenes específicos y una entrevista técnica y personal ante el Consejo. Este proceso culminará con la elaboración de una terna final con los tres postulantes mejor calificados.
La nueva realidad: el intendente obligado a elegir
El cambio más sustancial que introduce este proyecto es la limitación del poder discrecional del Ejecutivo municipal. Una vez que el Consejo de la Magistratura elabore la terna, el intendente estará obligado a proponer a uno de esos tres candidatos, sin posibilidad de incorporar nombres externos al listado.
Esta terna final deberá ser validada por el Concejo Deliberante de Berisso antes de que el intendente realice su elección. Posteriormente, el candidato propuesto por el Ejecutivo será sometido a votación final en el cuerpo legislativo, estableciendo un doble control sobre la designación.
«Blinda la designación de favoritismos políticos«, aseguran desde el bloque Juntos, describiendo el mecanismo como un «corset legal» que impide las designaciones basadas en lealtades partidarias por encima de capacidades profesionales.
Fortalecer instituciones en tiempos de desconfianza
La concejal Gimena Carvajal defendió la iniciativa como un gesto necesario para reconstruir la confianza ciudadana en la política: «Todo lo que viene de la política está cuestionado. Este proyecto busca institucionalizar un procedimiento que brinde legitimidad y confianza social«.
El argumento central de la oposición radica en la naturaleza vitalicia del cargo de juez de faltas. «Es un cargo de por vida, con una responsabilidad social enorme», enfatizó Carvajal. «Por eso el proceso de designación debe ser lo más perfecto posible, trascendiendo a los gobiernos de turno».
La propuesta no busca frenar una designación específica, sino establecer reglas permanentes que rijan tanto para esta vacante como para todas las futuras. Representa un intento de despolitizar un nombramiento históricamente controlado por el poder político de turno.
La visión humanista del juez saliente
Mientras el debate institucional escala, Jorge Troncoso dejó un mensaje sobre el perfil que debería tener su sucesor, independientemente de cómo sea designado. El magistrado saliente se declaró «absoluto defensor de la humanización del procedimiento de faltas«.
«Jamás los Juzgados de Faltas pueden constituirse en cajas recaudadoras», enfatizó categóricamente. «De ser así, se estaría olvidando de la persona que llega al juzgado».
Troncoso expresó su deseo de que «se mantenga una estructura de trabajo construida» por su equipo y que el Juzgado Nº 1 «continúe con esa impronta» centrada en la transparencia y el trato humano. «Trabajamos con las puertas abiertas y las ventanas abiertas y estamos en planta baja. Esa transparencia se nota en la calle, cuando la gente común se acerca a preguntarte o agradecerte», reflexionó.
Dos filosofías complementarias
El debate revela dos visiones sobre la función judicial municipal que, lejos de ser antagónicas, podrían complementarse:
Por un lado, la perspectiva institucional de Carvajal enfoca la necesidad de crear procedimientos sólidos y legítimos que trasciendan a los gobiernos de turno, dado que el cargo es vitalicio. Por otro, la perspectiva humanista de Troncoso reivindica un enfoque centrado en las personas y advierte contra la deshumanización de la justicia de faltas, particularmente su uso con fines recaudatorios.
«Lo que me interesa es que se mantenga una estructura de trabajo construida por todas las personas que formaban parte del Juzgado de Faltas«, manifestó el juez saliente, priorizando la continuidad del equipo humano por encima de cualquier cálculo político.
La incógnita: ¿aceptará el oficialismo esta restricción?
El proyecto de ordenanza plantea ahora una pregunta crucial: ¿aceptará el oficialismo en el Concejo Deliberante esta restricción permanente al poder del intendente? La iniciativa necesita aprobación legislativa para convertirse en ley municipal.
La posibilidad de un veto ejecutivo también está sobre la mesa. Si el intendente de Berisso considera que el Consejo de la Magistratura invade sus atribuciones constitucionales, podría rechazar la ordenanza, desatando un nuevo capítulo en esta guerra judicial.
Lo que comenzó como una vacante sorpresiva en el Juzgado de Faltas N° 1 se transformó en un desafío institucional que podría redefinir el equilibrio de poder en Berisso para las próximas décadas. El cargo vitalicio de juez de faltas dejó de ser una simple designación administrativa para convertirse en el escenario de una batalla por la transparencia, la idoneidad y los límites del poder político municipal.
Independientemente del resultado, este conflicto marca un precedente sobre cómo los concejos deliberantes pueden utilizar su facultad legislativa para establecer controles institucionales permanentes sobre las atribuciones tradicionalmente discrecionales del poder ejecutivo local.
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