El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional incluyó en su Artículo 194 la derogación completa de la Ley 12.908, conocida como el Estatuto del Periodista Profesional, una norma que regula las condiciones laborales de los trabajadores de prensa desde hace casi ocho décadas. La iniciativa, enviada al Congreso en diciembre de 2025, ha generado una polarización profunda entre quienes defienden su actualización y quienes consideran que su eliminación representa un grave retroceso para la libertad de expresión en Argentina.
La propuesta forma parte de un paquete de 182 artículos que busca, según el Ejecutivo, «modernizar» el marco regulatorio del trabajo. Sin embargo, organizaciones profesionales como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y sindicatos como SiPreBA han manifestado su rechazo categórico a la medida, argumentando que la estabilidad laboral de los periodistas no es un privilegio personal sino una garantía democrática para la sociedad.
Los argumentos a favor de la derogación
El Gobierno nacional de Javier Milei fundamenta su decisión en tres pilares principales. Primero, sostiene que el estatuto fue diseñado para medios gráficos tradicionales de la década de 1940 y que categorías como «corrector de pruebas» resultan anacrónicas para las redacciones digitales que operan las 24 horas. Segundo, busca reducir el llamado «costo argentino» al eliminar las indemnizaciones agravadas, lo que según la administración permitiría disminuir el riesgo patrimonial de las empresas, especialmente de pequeñas y medianas empresas y medios del interior del país.
En tercer lugar, la iniciativa oficial apunta a unificar la normativa laboral eliminando lo que califica como «regímenes de privilegio«, para que los periodistas se rijan por la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) general, tal como el resto de los trabajadores argentinos.
La senadora Patricia Bullrich, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, convocó según reportes de La Nueva y Resumen Latinoamericano a representantes de entidades empresariales de medios como ADEPA y AEDBA para coordinar el respaldo editorial al proyecto. Históricamente, grupos mediáticos como Clarín y Perfil han cuestionado aspectos del estatuto, particularmente el recargo indemnizatorio y el período de prueba de 30 días, considerablemente menor al de seis meses que rige para otros sectores desde la sanción de la Ley Bases en 2024.
La defensa del estatuto: protección democrática
Del otro lado del debate, organizaciones profesionales y gremiales argumentan que la Ley 12.908 no es un beneficio corporativo sino un pilar de la libertad de prensa. FOPEA emitió un comunicado formal dirigido a Bullrich, a la vicepresidenta Victoria Villarruel y a los presidentes de los bloques parlamentarios Justicialista (José Mayans), UCR (Eduardo Alejandro Vischi) y PRO (Enrique Martín Goerling Lara), en el que advierte que la eliminación del estatuto constituiría un «error histórico» y un «grave retroceso» para la calidad institucional del periodismo argentino.
En su presentación ante el Senado, según consigna FOPEA, la organización fundamentó su rechazo en sólidos argumentos legales y jurisprudenciales:
- Principio de Progresividad (Causa «Milone»): La derogación violaría el principio de no regresividad de derechos fundamentales consagrado en tratados internacionales con jerarquía constitucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha establecido que el legislador no puede adoptar medidas injustificadamente regresivas en materia de protección laboral y libertad de expresión.
- Protección de la Libertad de Expresión (Causa «Monzón»): El Artículo 13 de la Ley 12.908 garantiza el libre tránsito y acceso a fuentes de los periodistas. En 1995, la CSJN sentenció en el juicio «Monzón, Florencio» que debía permitirse a un periodista el acceso a un expediente judicial archivado, considerando como única norma fundamental la Ley 12.908, subrayando que se trata de una cuestión que trasciende lo meramente laboral y afecta directamente el derecho a la información de la sociedad.
- Constitucionalidad de la Indemnización Agravada (Causa «Roca»): El Artículo 43 del estatuto establece una indemnización superior a la general para proteger la estabilidad del periodista. La Corte Suprema afirmó en «Roca, Mario c/Análisis SA» que esta disposición no constituye un privilegio arbitrario sino una tutela necesaria, dado el carácter de interés general que supone la información para el funcionamiento democrático.
Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBA, declaró ante el Senado según reporta Resumen Latinoamericano: «La estabilidad laboral nos respalda ante presiones políticas, económicas y judiciales. El estatuto del periodista permite 23 colaboraciones sin ser empleado de planta permanente de una empresa, es decir, permite la flexibilidad porque nuestra tarea siempre tuvo esa característica. Pero también resguarda la estabilidad laboral y no para generar litigiosidad».
En ese sentido, el dirigente sindical agregó: «Si es barato despedir, es fácil censurar», resumiendo en una frase el temor de que la reducción del costo del despido se convierta en una herramienta de control editorial y autocensura.
Estado vs. libertad de prensa: La censura que sacude el Caso Milagros en Nueve de Julio
Los puntos clave en disputa
La Ley 12.908, sancionada el 18 de diciembre de 1946 durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, establece un conjunto de protecciones específicas que la diferencian sustancialmente de la normativa laboral general:
Indemnización agravada
El estatuto prevé una fórmula de indemnización que suma a la base general una gratificación especial de seis meses de sueldo. Los gremios argumentan que este «costo adicional» actúa como disuasivo contra despidos por motivos ideológicos o represalias editoriales.
Jornada de 36 horas semanales
El Artículo 34 establece un máximo de 36 horas semanales, con recargo del 100% por horas extras. Los defensores del estatuto sostienen que esta jornada reducida no es un «beneficio», sino un reconocimiento a la carga cognitiva y el desgaste intelectual inherente a la producción de información de calidad. En la era de la desinformación, argumentan, un periodista saturado pierde capacidad de contrastar fuentes y verificar datos.
Cláusula de conciencia
Aunque no está explícitamente mencionada en el articulado original, la jurisprudencia ha interpretado que el Artículo 5 —que consagra la libertad de prensa y de pensamiento como derechos inalienables— protege al periodista ante cambios sustanciales en la línea ideológica del medio. Esta cláusula de conciencia permite al profesional rescindir su vínculo con indemnización si se ve forzado a participar en informaciones contrarias a su integridad ética.
Matrícula Nacional y Carnet Profesional
Los Artículos 3 al 17 establecen la Matrícula Nacional de Periodistas y el Carnet Profesional, que no solo otorga descuentos en transporte sino que funciona como un documento de identidad legal que obliga a los funcionarios públicos a garantizar acceso a fuentes, libre tránsito en zonas de exclusión y entrada a dependencias del Estado. Los detractores de la derogación advierten que su eliminación deja la cobertura periodística en zonas de conflicto o el acceso a datos sensibles a merced de la voluntad discrecional de funcionarios.
El riesgo de fragmentación federal
Uno de los puntos más enfatizados por quienes rechazan la derogación es el riesgo de fragmentación federal. FOPEA advierte en su comunicado que la caída de la base nacional derivaría en «periodistas de primera y de segunda» según la existencia o no de convenios colectivos locales o provinciales. Esta situación sería particularmente crítica en regiones del interior del país, como el Noroeste Argentino (NOA), donde organizaciones denuncian que la derogación facilitaría el silenciamiento de periodistas por parte de caudillismos locales y poderes concentrados que dependen de la pauta oficial.
Según consigna Cadena Nueve, FOPEA también alertó sobre la pérdida de derechos adquiridos e identidad profesional: «Su caída haría desaparecer las incumbencias profesionales y la propia definición deontológica de qué significa ser un periodista en Argentina».
La paradoja digital
Contrariamente al argumento oficial de que el estatuto es «obsoleto» para la era digital, los defensores de la norma sostienen que la jurisprudencia ya ha adaptado sus alcances. Casos como Arias v. Uolsinectis SA y Vázquez Freije v. Terra Network Argentina SA han confirmado que, sin importar si el soporte es papel o un portal web, la naturaleza de la tarea es periodística y, por lo tanto, protegida por el estatuto.
Los tribunales laborales han asimilado figuras como «periodista multimedia» y «editor de portal» a las categorías tradicionales de cronista y redactor. La paradoja señalada por los gremios es que el Gobierno califica de «vieja» a la única ley que está logrando que los jueces reconozcan la relación de dependencia de miles de jóvenes profesionales precarizados en plataformas digitales, combatiendo el «monotributismo encubierto» en la red.
Postura de FOPEA: Actualización, no derogación
En su pronunciamiento oficial disponible en su sitio web, FOPEA reconoce que el estatuto «contiene capítulos que no se aplican, artículos que quedaron vetustos y no contempla las nuevas tecnologías y formas de trabajo». Sin embargo, enfatiza que «la solución no radica en su derogación, sino en una reforma que la actualice sin perder su esencia protectora».
La organización insta a los legisladores a «evitar decisiones apresuradas y a abrir un espacio de debate amplio y federal» para modernizar la Ley 12.908, garantizando que el periodismo argentino «siga siendo un pilar fundamental para la democracia y la libertad de expresión». FOPEA subraya que un vacío legal sería aún más perjudicial para los periodistas y para la sociedad en general que una actualización consensuada de la norma.
La movilización de los trabajadores de prensa
Más de 3.000 periodistas de diversos medios y con distintas posturas políticas firmaron una solicitada publicada en Tiempo Argentino rechazando la derogación. Entre los firmantes figuran nombres de diversos espectros ideológicos, incluyendo a Baby Etchecopar, Marcelo Bonelli, Silvia Mercado, Alejandro Bercovich y Hugo Alconada Mon, entre muchos otros.
El texto de la solicitada sostiene: «Su derogación significaría un grave retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática de nuestro país». Los firmantes expresan estar «abiertos a cualquier debate sobre las normas laborales en prensa» pero se oponen «tajantemente a una derogación, sin mediar ningún tipo de debate en el que quienes ejercemos el periodismo tengamos participación».
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) y SiPreBA realizaron asambleas en medios como Clarín, Canal 9, Telefe y Tiempo Argentino en defensa del estatuto. Según informó Izquierda Web, Lecchi declaró en Radio Universidad: «Creemos que hay que discutir cómo estar mejor, no cómo estar peor».
El contexto de ataques a la prensa
La propuesta de derogación se produce en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y el sector periodístico. Lecchi denunció que «en 2025 los ataques a periodistas crecieron más de un 60 por ciento», según reportó El 1 Digital.
El secretario general de SiPreBA recordó que «el 12 de marzo fue uno de los hechos más graves, cuando a Pablo Grillo le dispararon una bala de goma en la cabeza. Ese mismo día hubo camarógrafos y cronistas heridos». El dirigente agregó que a esto se suma «un proceso de judicialización y hostigamiento de la tarea periodística, que incluye cartas documento y ataques en redes sociales por parte del Presidente Javier Milei».
El futuro del debate legislativo
El tratamiento del proyecto de reforma laboral, inicialmente previsto para diciembre de 2025, fue postergado hasta el 10 de febrero de 2026 debido a disidencias dentro del propio bloque oficialista y sus aliados. Esta prórroga ha permitido intensificar el debate público y la movilización de los actores involucrados.
Mientras el Ejecutivo mantiene su postura de «modernización» y simplificación del marco normativo laboral, el sector periodístico organizado insiste en que la eliminación total del estatuto sin una alternativa clara constituye un riesgo inaceptable para la independencia editorial y la calidad informativa.
La Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP expresó en un comunicado publicado en su sitio web que la propuesta oficial «pretende pulverizar la estructura legal que protege el ejercicio digno y libre del periodismo en la Argentina» y convocó a «las organizaciones, redacciones, trabajadores y trabajadoras de prensa, así como a toda la ciudadanía, a mantenerse alertas y organizados para impedir este retroceso histórico».
Desafíos jurídicos y constitucionales
La derogación enfrenta obstáculos legales significativos. El principio de no regresividad consagrado en el Artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que otorga jerarquía constitucional a tratados internacionales de derechos humanos, prohíbe al Estado suprimir derechos sociales adquiridos sin una justificación de interés general proporcional.
Los especialistas en derecho laboral advierten que la medida podría activar un «efecto búmeran» legal, generando miles de demandas por derechos incorporados al patrimonio del trabajador (antigüedad y estabilidad). Además, existe la posibilidad de que tribunales nacionales o la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaren la inconvencionalidad de la medida, al considerar que impone restricciones que afectan la libertad de difundir información.
Un debate sobre la democracia
La controversia sobre el Estatuto del Periodista Profesional trasciende lo meramente laboral. En el centro del debate se encuentra una pregunta fundamental: ¿qué tipo de periodismo necesita una democracia? ¿Uno ejercido por profesionales con garantías de independencia y responsabilidad social, o uno ejecutado por trabajadores precarizados sin capacidad de resistir presiones políticas o empresariales?
La respuesta que el Congreso argentino dé a este interrogante en las próximas semanas no solo definirá las condiciones de trabajo de miles de periodistas, sino también la calidad del debate público y el acceso a la información que tendrá la sociedad argentina en los años venideros. Como advierte FOPEA en su comunicado: la defensa del periodismo es, en última instancia, la defensa de la democracia.
Sigue el canal de noticias de El Correo Gráfico en WhatsApp y mantente al día con las últimas novedades. ¡No te pierdas ninguna actualización!
Descubre más desde ELCORREOGRÁFICO
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.