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Ni lo mapuches quieren ver el documental K sobre Santiago Maldonado

En un comunicado que se leyó en el Instituto de Formación Docente de El Bolsón, Río Negro, antes de la proyección del documental de Tristián Bauen y Florencia Kirchner, hija de la senadora Cristina Fernández, el pueblo originario rechazó dicho film porque «sólo dirime diferencias partidarias con el gobierno de turno».

El documental «El camino de Santiago«, la ópera prima codirigida por la hija de la ex presidente, fue enérgicamente repudiada por los mapuches que expresaron su parecer negativo tanto por la creación, proyección y difusión del documental» del joven activista encontrado muerto tras tres meses de su persecución y desaparición.

«Queremos dejar en claro que no compartimos ningún pensamiento con este gobierno macrista, con ningún partido político ni con el anterior gobierno kirchnerista», afirmaron desde la comunidad Puel Willi Mapu, que se encargaron del escrito.

Y remarcaron que en los 12 años de CFK fue un «Gobierno que no dudó en su momento negarnos la identidad como pueblo preexistente reprimiendo comunidades, encerrando hermanos Mapuche siendo responsables de tantas desapariciones forzadas como la de nuestros hermanos Calfullanca de Cholila«.

A su vez, enfatizaron su enojo a la actual senadora de Unidad Ciudadana al preguntar: «¿Acaso ya se olvidaron que Cristina Fernández de Kirchner creó la ley antiterrorista? Ley que sirve a los gobiernos para judicializar y encarcelar a luchadores sociales y a los mapuche que reclamamos por las tierras, fortaleciendo así la idea del enemigo interno, tildándonos de terroristas».

Por otro lado, reivindican sus bandera como pueblo libre al rechazar al Estado Argentino, sus leyes y el accionar policial sobre las comunidades indígenas.

Además, exigen respeto a la memoria del fallecido Santiago Maldonado, de quien dicen «es anarquista y compartía ideales con la lucha y resistencia de nuestro pueblo. Santiago llegó al Pu lof en resistencia de Cushamen consciente y convencido de pedir la libertad del longko Facundo Jones Huala. Él compartió sus últimos momentos con gente que lucha por la defensa del territorio, haciendo uso de la autodefensa de forma encapuchada».

Por último, hacen hincapié en el eufemismo del título del documental K al decir «No pretendan con este título que le pusieron “El camino de Santiago” querer dejarlo como un mártir. Ese camino existe en Europa, donde cristianos van a rogar a que se le conceda algo. Nosotros no rogamos nada, no pedimos nada. Exigimos devolución de la tierras y reconocimiento de nuestra preexistencia». (Agencia de la Calle)

Afiche documental K basado en Santiago Maldonado
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Pilar y Bragado honrarán a la Pachamama

Los municipios de Bragado y Pilar realizarán durante el fin de semana la ancestral celebración de la Pachamama, ceremonia de los pueblos andinos en agradecimiento a la Madre Tierra.

Se trata de una festividad propia de las comunidades del noroeste argentino y Bolivia, que se realiza el 1º de agosto, en la que se cava un pozo en la tierra y se le ofrenda cigarrillos, hojas de coca, alcohol y semillas para devolver de alguna forma todo lo que la Pacha (Tierra)-Mama (Madre) brinda a la humanidad.

El sábado 4 en el predio de la Estación Belfiore de Pilar se llevará adelante la honra a la Pacha. Comenzará a las 12 con la apertura de la tierra, a quien previamente se le pedirá permiso para hacer esa acción, con cánticos y sahumando el ambiente con distintas hierbas; a las 13, se harán las ofrendas para los buenos augurios y a las 14, la fogata para dejar atrás todo lo viejo y lo malo promover los deseos positivos, indicaron desde la Subsecretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires.

“La Machi Cantuta que preside la Comisión de Asuntos Indígenas de la provincia de Buenos Aires estará a cargo de la ceremonia de la 2ª Fiesta de la Pachamama”, informó Andrea Idalgo desde el área de Turismo local.

Por otra parte, en la localidad de Olascoaga, Bragado, la población mapuche local llevará adelante la 19ª edición de esta celebración el domingo 5 “a las 11 con la recepción de comunidades mapuches vecinas de Los Toldos (General Viamonte); Junín y Trenque Lauquén; a las 12, el lonco, el cacique abre la tierra para ver si se comió lo del año pasado mientras se queman hojas y se canta. Luego la gente comienza a hacer una fila para ofrendarle comida: arroz, maíz, bebidas”, explicó el delegado municipal Ricardo Taberner, quien luego añadió: “En la edición anterior llegaron cerca de 4 mil personas a un pueblo en el que somos menos de 200 habitantes”.

En tanto, a las 13.30 habrá un almuerzo con servicio de cantina y a las 14.30 empezarán los espectáculos con músicos de la comunidad mapuche de Los Toldos, artistas de Chivilcoy y 9 de julio; y a las 17 será la despedida de las comunidades.

Las tradiciones y creencias de los pueblos originarios proponen reconectar con la energía de la naturaleza.

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Percepción de la Opinión Pública al Respecto del Ara San Juan y el Caso Maldonado

(Por Sergio Doval)*  Los últimos dos estudios realizados por Taquion (con la UAI y 3puntozero), el primero por la reevaluación de la opinión pública sobre sus propias percepciones en torno al caso Santiago Maldonado, y el siguiente al respecto de la desaparición del ARA San Juan, dejan en evidencia que no sólo es muy difícil convencer a la sociedad de algo de lo que la sociedad no está convencida, sino que también demuestra la incapacidad de reconsideración de posturas cuando uno ha tomado posiciones muy taxativas al respecto de determinadas temáticas.

Santiago Maldonado

Para ver el estudio completo sobre la autopercepción de la sociedad respecto de sus posturas posteriormente a la difusión de la Justicia

 

ARA San Juan

Para conocer la opinión de la ciudadanía respecto al manejo de la comunicación de la crisis, la confianza en la armada y el impacto en el gobierno

 

Informe Breve: Los límites de la confianza y de las convicciones

Miente, miente, que algo NO quedará

Lo primero que llama la atención del estudio es que, a pesar de la información oficial, el 41.4% de la población considera que la armada sabía desde un primer momento lo que sucedió con el submarino desaparecido. Eso habla de la desconfianza a los relatos oficiales y la información que la sociedad percibe.Además de esto, el 63% de la gente cree que esta información debería habérsele transmitido a los familiares de los tripulantes desde el primer momento y no esperar más.

Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa

El Gobierno, por ahora, no recibe un gran impacto general en su imagen respecto a lo sucedido con el submarino. A nivel general, mantiene una imagen positiva del 55% y la población considera que debe pedirle la renuncia al Ministro de Defensa, Oscar Aguad, antes que descabezar a la cúpula de la Armada Argentina. También en esta línea, sólo el 20% considera que el Gobierno invierte lo suficiente en las Fuerzas Armadas, dejando en evidencia que critica su gestión en el área pero que todavía no impacta en su imagen general de gestión.

No todo es un paseo por las nubes

A pesar de algunos números favorables, el 55% de la sociedad evalúa negativamente la política de comunicación del Gobierno, mientras que el 20% cree que es el máximo responsable de la tragedia del submarino, frente a un 19.7% que cree que es la armada. Por último, solo el 19.1% de la población se siente segura ante un ataque militar de otra nación.

La convicción, a veces, un arma de doble filo

En el caso Santiago Maldonado encontramos algunos datos interesantes que reflejan la incapacidad de reconocimiento de la sociedad de algunos temas que contradigan sus preconceptos a pesar de que todos los indicios demuestren lo contrario.Sólo el 20% de la población dijo que tras la autopsia reevaluó su posición respecto de lo que opinaba del caso, siendo que casi el 70% consideraba que lo habían desaparecido los mapuches, la Gendarmería o que estaba en Chile.La base de votantes de Massa, Randazzo y Pitrola, es la que demostró más proclive a reevaluar su opinión si las pruebas demostraban lo contrario, siendo que quienes se encontraban de un lado y otro de la grieta admitían esta posibilidad en un porcentaje mínimo.

No hay que confundir libertad de acción con libertinaje

Así como se confirmó en relevamientos anteriores, más de la mitad de la población sigue considerando que los gendarmes deberían haber sido separados inmediatamente al producirse los primeros informes de la desaparición.

La desconfianza del sistema

A pesar de lo realizado por la oposición, el Gobierno y los Organismos de Derechos Humanos un 20% de la población cree que ninguna de las tres partes colaboró para la resolución del caso, siendo el gobierno quién posteriormente a la aparición del cuerpo capitaliza un 37% de imagen positiva en este aspecto.Una vez más, y a través de estos casos, encontramos que la opinión pública no es permeable a manejos discrecionales y tiene su propia voz: a veces más testaruda de lo que puede suponerse a prima facie.

*Director de Opinión Pública de UAI

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¿Grupo Especial Anti-Indio?

La Prórroga de la Ley 26160 de emergencia en tierras indígenas, el caso Maldonado y la indefinición por la extradición de Jones Huala, generaron una dinámica por los territorios en litigio, que obliga al gobierno de Macri a dar respuesta.

(Por Pablo Villeverde | Reeditor.com)  El compromiso de Macri en plena campaña 2015 por la presidencia, con Félix Díaz y todos los representantes de los 35 Pueblos Originarios reconocidos jurídicamente, fue hacer «una mesa de diálogo para implementar la ley de tierras indígenas..».

Obviamente no lo cumplió.

Como no cumplió con la ley antes Cristina, ni Néstor, ni De La Rua, ni ningún presidente hasta 1985 año de la primera Ley de Tierras Indígenas. Lo que pasa es que luego de aquella primera ley, en línea con lo que exigían organismos internacionales de DDHH e Indígenas, esto se confirmó de modo contundente en la Constitución de 1994 en el Articulo 75 inciso 17. Tampoco con el derecho constitucional,  se cumplió el derecho de las comunidades y familias indígenas, de tener título comunitario de sus tierras.

Muy lejos de esto el menemismo en los 90′ comenzó a levantar ramales ferroviarios, en muchas zonas y en particular en la Línea Sur del FC Roca en la Patagonia, único medio de comunicación de los lugareños e indígenas. El levantamiento de La Trochita fue crucial para incomunicar a las comunidades y familias Mapuches que vivían entre Jacobacci y Esquel, 402 kilómetros en los que se desarrollaba su vida y actividad tradicional. Con el levantamiento del Viejo Expreso Patagónico, así en realidad se llamaba la Trochita, las tierras concesionadas antiguamente a compañías inglesas que se dedicaban a la lana, fueron en algunos casos privatizadas de hecho, en otro vendidas como tierra fiscal de la provincia y por último triangulada su venta entre concesionarios existentes y privados que compraron a muy bajo costo.

Ese fue el caso de varios terratenientes, entre ellos el más importante Benetton, que se hizo de casi 1 millón de hectáreas comprando a privados y al Estado a través de distintas sociedades. Lewis fue otro caso paradigmático pero no de tierras donde hubo ferrocarril, sino a privados originarios y al Estado triangulando con estos. Así se adueñó directamente de Lago Escondido y otras tierras de El Bolsón al pie del C° Perito Moreno.

Menciono estos dos casos si bien hay ciento de litigios, porque es donde se dan varios de los más importantes al menos en la comunidad Mapuche de Río Negro y Chubut. 

Neuquén es otro caso, su resolución fue muy distinta, en realidad hubo resolución cosa que en las anteriores provincias nombradas no, pero tiene su lado bueno y su lado malo la implementación. En esta provincia petrolera y gasífera por excelencia, las comunidades fueron reconocidas con personería jurídica como indica la ley. A la gran mayoría le reconocieron también sus tierras, incluso a familias y pobladores originarios aislados. Se estableció que las explotaciones en esas tierras asignadas, les otorgue algún tipo de regalía. Esto se cumple en Neuquén y en línea con el primer mundo, igual que en EE.UU los originarios de esta provincia cobran por la explotación de sus tierras. La aplicación de Neuquén nos iguala con los países desarrollados, ya que tampoco permiten extranjerización masiva de tierras, solo se dan concesiones. El lado malo es que no hay una redistribución equitativa entre todos los Mapuches, de los más de 50 millones que cobraron por ejemplo el año pasado, solo en lo referente a petróleo y gas. Punteros políticos que tienen apellido mapuche,  son acusados por parte de otros mapuches  de devolver parte de eso a la política. Además hay abusos de estos punteros, que le imponen a las empresas explotadoras de recursos,  contraten servicios que ellos prestan con pymes propias.

Nada es perfecto, pero lo cierto es que buena parte de Neuquén, excepto la zona de San Martín y Villa la Angostura donde hay disputas de mapuches con terratenientes y emprendimientos turísticos y están en vías de acuerdos, el resto está bastante definido.

Esto hace  muy llamativa, por no usar otro adjetivo, la noticia de «amenaza de bomba en Vaca Muerta…» Parece al menos contradictorio, con los avances que hizo la provincia en tal sentido.

Se vé todavía más llamativo, para seguir sin usar otro adjetivo, que en esa «amenaza de bomba» en la que dejaron una «caja, una batería de uso doméstico y un reloj tipo despertador…» en un pozo de gas, además hayan firmado ¿el atentado? con un «panfleto de la RAM» en el que pedían por la libertad de Jones Huala.

¿Alguien intentó alguna vez acercarse a un pozo de petróleo o gas, con la seguridad que los custodia, sobre todo en Vaca Muerta?.

Eso sin contar  el viento que habitualmente hay en esas estepas patagónicas, el panfleto con la leyenda de la RAM y su pedido por Huala, solo atrapado por una piedra no se voló. Como tampoco otro que dejaron colgado en una alambrada y todo eso sin ser vistos por la seguridad privada de las empresas,

Y digo que es  muy llamativo además por una cuestión geográfica, porque Vaca Muerta está en Neuquén, se extiende hasta los límites con Río Negro y Jones Huala, su causa y su detención, todo lo referente a su libertad o no, está en Esquel, provincia de Chubut.

Chubut también tiene  pozos de gas y petróleo, tiene serios conflictos de tierras con varios terratenientes, y tiene lo más importante, el Juzgado que debe determinar la situación de Huala y la alcaidía que lo aloja ¿por qué no protestar o en todo caso amenazar allí y no en Neuquén?

Nada de lo que trascendió tiene mucho sentido.

Salvo el sentido que le dio inmediatamente el Gobierno Nacional, que mostró «gran preocupación por el atentado» al que en las redes sociales su comunicación no oficial calificó de «terrorista».

¿Una caja, un despertador y una pila, con un panfleto de RAM terrorismo?

¿No se está banalizando al verdadero terrorismo que padece el mundo e incluso el que padeció nuestro país en el pasado?

¿Cualquiera que haga cualquier cosa, en cualquier lugar y que deje un panfleto de RAM, es terrorismo y es la RAM?

¿Qué es la RAM, cuántos son, desde dónde operan?

A partir de 2014 en adelante pese a que obviamente se niega, (pero uno fue descubierto y está preso desde 2015) hubo y muchos pobladores de la zona afirman que hay,  Servicios de Inteligencia en Esquel, El Bolsón y la zona.

¿Cómo es que habiendo el promedio más alto de Efectivos de Seguridad y presencia de Inteligencia por habitante del país en la zona, no pueden decir que es la RAM, cuántos son y desde dónde operan? Es más, si a Jones Huala no lo requería Chile por delitos en ese país, algo que por ahora dos Jueces Federales y la Corte Suprema le dieron nulidad al pedido de extradición (aunque siga detenido), las Fuerzas nacionales, la Justicia nacional e incluso la Inteligencia, no lo pudieron implicar en ningún atentado de los que sucedieron en la zona, con pruebas firmes. 

Digo ¿tan profesional es Jones Huala,  un mestizo que creció en las villas de Bariloche y no tiene primaria completa o tan torpes son las Fuerzas de Seguridad, la Justicia y la Inteligencia?

La reacción del gobierno nacional al «atentado terrorista en Vaca Muerta » fue inmediata y anunció la creación de un «Grupo Especial de Gendarmería» para ocuparse de esta problemática de la RAM.

El 1 de agosto fatídico cuando se cumplían 6 meses de la detención de Jones Huala y con tres nulidades de extradición, para pedir por la libertad de su máximo líder, lograron juntar a 7 entre mapuches y mestizos, dos eran primo y hermano de Huala y a Maldonado que se sumaba a protestas justas.

Lograron juntar 7 hombres, más otros 5 o 6 que había en el Pu Lof con las mujeres y niños. ¿No había más que reclamaran por Huala? ¿Esos eran todos? ¿Hay muchos otros en la clandestinidad?

Difícil saberlo, esto lo debería responder el Estado con sus distintos poderes, pero si solo eran esos, hablar de «amenaza armada…» como dice Lanata, de «grupo terrorista..» como dice el gobierno y adjudicarle todos los atentados que le adjudican, desde el sentido común, no cierra.

Lo que pasa es que se debió tratar y aprobar (lo cual fue tirar el problema para adelante) la Prórroga de la Ley 26160, que impide «desalojos de grupos indígenas de tierras que históricamente ocuparon» en pleno desarrollo del Caso Maldonado, por eso no hubo discusión, ni soluciones permanentes . A la vez el mismo Caso Maldonado, fijó un precedente tan contundente en los alcances legales penales que podría tener, que ningún gobierno provincial mandaría a su Policía a reprimir o desalojar indígenas sin orden judicial.

Parece que no es el caso del gobierno nacional que con su Gendarmería, pese a los cuestionamientos que hoy tiene entre comunidades indígenas y que las pericias de Maldonado aún no se conocen oficialmente, no piensa desistir.

Indudablemente están viendo desde el gobierno,  la avanzada de tomas de tierras que se produjo en la zona.  A  partir de la prórroga de la ley por cuatro años más y el suceso de Maldonado en Cushamen, estas se incrementaron. Aunque también deben tener información de otras tomas que podrían producirse, no sólo en la zona de Bariloche, Lago Gutierrez y el C° Ventana, sino también en El Bolsón donde Lewis tiene litigios. Por otra parte a Benetton  semejante cantidad de hectáreas,  le son incontrolables con su propia seguridad privada.  En la misma Villa la Angostura incluso Macri advierte el riesgo– su lugar en el mundo y el lugar de empresarios amigos— en donde ya hubo intentos de toma.

Todo esta escalada todo el conflicto social-étnico con los indígenas, se podría solucionar definitivamente, con solo cumplir la ley y el derecho constitucional. Ahora de seguir postergando, de no darle un fin al conflicto y cumplir con el derecho, se le van a abrir nuevos conflictos, nuevos reclamos e incluso muchos que ni siquiera correspondan y aprovechen la situación.

Genes indígenas hay en un 60 por ciento de la población argentina y hasta algo más, según  investigadores y científicos. Indígenas, grupos étnicos y hasta familias, que hayan vivido ellos o sus antepasados,  hasta antes de los 90′ en algunos territorios, que hablen el idioma de su etnia y conserven o quieran conservar las costumbres ancestrales, son muchos menos. Sin embargo no debería haber debate en este sentido, no al menos con los 35 pueblos originarios reconocidos y de las más de 800 comunidades que reclaman tierras, cerca de 600 confirmado su derecho. A estas como mínimo se les debería de reconocer de una vez por todas sus tierras, darle los títulos comunitarios y analizar los casos aún no confirmados.

La Ley es Federal, el tema Indígena es Federal,  y aunque sean las provincias quienes deben entregar los títulos en la mayoría de los casos, el gobierno nacional tiene la autoridad de condicionar los fondos coparticipables para que se cumpla una ley federal.

Lo que pasa es que en casos deberían expropiar terratenientes, en otros multinacionales y en la mayoría hacer  caer concesiones o que estas paguen regalías a Indígenas para explotar recursos.

Por eso no lo hizo Cristina desde 2006 que se promulgó la ley y tampoco seguramente lo hará Macri.

Ahora,  que no cumplan con la Constitución y la Ley es una cosa, pero otra distinta es armar un «Grupo Especial de Gendarmería» dado que los efectivos comunes mostraron gran brutalidad y les podría costar otra muerte, tan solo para reprimir y desalojar tomas de tierras.

La sociedad no debe pagar la seguridad de tierras de terratenientes, con lo que debe costar  en recursos, viáticos y demás gastos,  un grupo especial de esas características.

Sin contar que un grupo así, no necesariamente le pueda garantizar al gobierno, que no haya excesos. 

Sin duda lo mejor es cumplir la ley, usurpar es un delito, convertir en usurpadores a los que si tienen derecho a esas tierras, también debería serlo.

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Del lado de la Ley

(Por Pablo Villaverde – Reeditor.com) – Un hecho inesperado para el gobierno, la desaparición de Maldonado, mostró del modo más vergonzoso,que no fue lo único que desapareció.

De pronto desapareció por un día (aunque se venía intentando desde antes) y en un paisaje remoto de Esquel, el Estado de Derecho.

El pretexto fue «flagrancia» los Indígenas (14) tiraban piedras a los Gendarmes (47) que integraron un grupo algo mayor, con orden judicial del Juez Otranto, para «desalojar el corte de la Ruta 40..» . Justamente por las piedras, la flagrancia, (Benetton), los Gendarmes entraron a la comunidad Cushamen, del modo que describen los pocos videos de medios menores o particulares que vimos,  y sucedió lo que sucedió y aún hoy a casi 35 días, desconocemos.

Estos días hubo falsas pistas, operaciones mediáticas, periodistas defendiendo al gobierno, con un gobierno también desaparecido hasta hace poco.  Enfrente periodistas que nunca habían defendido a los Indígenas en la Era K, cuando Cristina los perseguía, los dejaba matar por policías provinciales y los reemplazó por seudo indígenas comprados, para mostrar lo buena que era, dándole una Radio o un Canal de TV  que luego desfinanció, pero Tierras,  las pelotas.

Nada de tierras, para dar ese derecho que está en dos Decretos Presidenciales uno del 45′ y otro del 77′, en dos Leyes Federales 85′ y 06 y en la Constitución del 94′ art.75 inc 17, debía expropiar a Terratenientes, exponer negocios con tierras que hicieron gobernadores vendiendo tierra fiscal a precio vil y enfrentarse a todos esos poderes e incluso socios, porque ella también fue parte de ese grupo.

Lo de Macri no es distinto. Tampoco quiere ser el presidente en la historia moderna, o el estadista que cierre la grieta con los Originarios (una especie de Roca y  Perito Moreno juntos del siglo XXl ). Es verdad que él no vendió tierras indígenas a precio vil  (si vendió de los porteños: 200 hectáreas en 8 años) pero es muy cercano en casos y afín en otros, a buena parte de los que compraron, en el gobierno de Cristina y antes en el de Menem. Además por fuera de esto, se debería enfrentar a gobernadores feudales, que no piensan ceder a Indígenas esas tierras que tantos beneficios les dan, difícil lo haga,  más cuando necesita el voto de sus legisladores en el Congreso.

Otro problema es identificar Indígenas. Hay comunidades registradas que ocupan tierras ancestrales y desarrollan su actividades dentro de un marco socio-económico cultural. Hay otros que se incorporaron a la sociedad y ya no viven en comunidades. Los hay como pueden llamarle los más radicales «colonizados» indígenas que siguen en la ruralidad, pero que trabajan para terratenientes, hablan de «no se puede volver el tiempo atrás» y están resignados, ya que dependen de los dueños de la tierra, a que no habrá reparación. Y por último están los oportunistas, excluidos y marginados, que son los que más comulgan con los radicales en el reclamo, más que  por tener genes originarios, por supervivencia. Por eso aplicar la ley, también llevará a pujas por reconocimiento.

Para complicar todo, esto de que Cristina y Macri hayan invertido roles: mientras ella con La Cámpora desalojó a Félix Díaz y los QOM de la 9 de Julio, Macri firmó un acuerdo con Félix Díaz y los QOM para implementar la ley (y no lo hizo en 2 años), desconcierta a la grieta.  Sin embargo que en lo básico: no entregar tierras (ni en pedo) a los indígenas por ley, estén de acuerdo aunque lo nieguen, los iguala en el resultado.

Este escenario de grieta, estupidez, ignorancia, sociedad casi en guerra y que las tropas mediáticas de ambos, debieron también saltar del otro lado para generar odio, divisiones y distorsionarlo todo, saca el foco de los hechos. Como en casi todo, la grieta que venden de enfrentamiento, y que a la vez oculta lo mucho en lo que están de acuerdo,  nos aleja de la verdad.

Pero ¿cuál es la verdad?

¿En esa estepa de Esquel perdimos el Estado de Derecho y es una desaparición forzada?

¿O por razones políticas, ideológicas e inconfesables, se trata de una desaparición voluntaria y ocultamiento?

Tenemos desapariciones de toda clase en nuestro país, desde voluntarias, a forzadas por delitos privados o crimen organizado, pero no forzadas por el Estado o una Fuerza de Seguridad.

El último factor que nos aleja de la verdad, es el cruce de intereses y derechos, entre descendientes de Indígenas, Terratenientes, Corporaciones y la propia Justicia, aunque lo podríamos reducir al propio Juez Otranto.

Empezando por el Juez, la comunicación PRO lo acusa de ser de Justicia Legítima, ser K él y la Fiscal y hasta de «ser pareja de la secretaría de la Fiscal». Por otra parte, la comunicación K dice que no avanza contra Gendarmería más allá de la carátula, porque espera ser nombrado por el Poder Ejecutivo en el Juzgado de Gral. Roca, donde es el primer candidato en puntaje.

Ninguna de las dos partes de la grieta, ni siquiera cuestionan lo que puede pesar el poder económico de Benetton sobre el Juez y por supuesto sobre las Fuerzas que intervinieron, para hacer semejante desastre (varias veces, a continuación el detalle)

Con respecto a las dos partes en pugna: Indígenas y Terratenientes, las acciones a contra reloj las condiciona lo mismo: el 23 de noviembre de este año, vence la última prórroga de la Ley 26160. Esta ley dice: ..»tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias…»

Indudablemente si la última prórroga vence en noviembre, y los Terratenientes (como Benetton) logran que antes de esa fecha sus tierras sean desalojadas, no van a entrar en una nueva prórroga o una nueva ley. Por otra parte los Indígenas, si a la vez en noviembre todavía resisten en esas tierras, tendrán el derecho adquirido para una nueva prórroga o una nueva ley.

Por este motivo, es que desde 2015 hasta esta última, hubo cinco intentos de desalojo con brutales represiones en el Pu Lof Cushamen. Todas fueron disfrazadas de otra cosa: «desalojos de ruta..de vías de la Trochita…alambradas rotas…» En todas también se argumentó «flagrancia» para entrar al predio y los Indígenas justificaron tirar piedras como único recurso de «autodefensa»

Y más allá de intereses, que los Indígenas también tienen, no se equivocan, al decir «autodefensa». Autodefensa frente a un Estado que promulgó una ley y no los defiende ¿No los defiende del propio Estado, sus Fuerzas de Seguridad o ambos al servicio de terratenientes como Benetton, intentando desalojos fuera de la ley?

Por qué digo esto, porque la Ley 26160 también dice en su articulo 2° ..«Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1º.»

Si el Juez no puede ordenar por ley un desalojo ¿con qué pretexto entraron las Fuerzas de Seguridad, de Policía Provincial de Chubut y Gendarmería en cuatro ocasiones anteriores?

La última antes de esta de agosto, la más brutal de todas, pese a que todas fueron brutales,  sucedió en enero de este mismo año. El único medio importante de Buenos Aires que hizo un informe tan detallado como sesgado, fue la TV Pública. Ya desde  las primera frases del Informe, Noticias del canal mostró primero la brutalidad de la represión, con 150 Gendarmes, durante dos días, agrediendo a mujeres y niños según denunciaron los Mapuches. Pero a la vez también dieron por verdaderas varias falsedades. Afirmaron que se trató de un desalojo, y hasta ahí fue cierto, entraron a desalojarlos, pero además dijeron que fue por orden del Juez  Otranto, lo cual es falso. El Juez Federal nunca pudo ordenar un desalojo, que hasta el 23 de noviembre de 2017, le prohíbe una Ley Federal.

No solo afirmaron esa falsedad desde TV Pública (cada vez más parecida a la de los K en lo perversa para informar, aunque más sutil) sino que no hicieron referencia a que Gendarmería entró de modo ilegal, primero por no contar con una orden de desalojo, segundo por no tener tampoco orden de allanamiento y por tener como único mandato real del Juez Otranto «liberar las vías de la Trocha» que tenían troncos cruzados, que según los denunciantes los habían puesto lo Mapuches y según los Mapuches, los pusieron los Peones de la Estancia Leleque de Benetton, para dar un motivo a que entren las Fuerzas.

Como ven es complejo conocer la verdad de los hechos, pero es más complejo todavía, si un medio oficial como TV Pública dice falsedades y manipula los hechos.

Responsabilizaron de la Represión de Gendarmería al Juez por la teórica Orden de Desalojo y solo citaron  a un denunciante: el CELS, cuando hubo denuncias hasta de Organismos Internacionales de DDHH, la CIDH (el mismo que denuncia a Maduro) y de la Asociación Internacional Indígena. En línea  con solo hablar del CELS como denunciante, también pusieron en el informe las declaraciones de Verbitsky en representación del centro de estudios, cuando todos los demás entes y organismo se pronunciaron en el mismo sentido. Lo que pasa es que poner a Verbitsky ya es sinónimo de «denuncia K» lo cual desligitima para muchos, lo serio de la denuncia. Así se construyó la noticia en TV Pública.

Todos los organismos incluso internacionales se expresaron porque fue muy grave la represión, las cuatro represiones anteriores lo fueron pero la de enero fue particularmente brutal, casi inhumana. Dejó como saldo tres heridos graves, entre ellos uno con disparo de posta de goma a corta distancia en el cuello, con múltiples fracturas de mandíbula y el milagro de que no le rompió una arteria y se desangró. Si pasaba eso,  hubiera sido el primer muerto en represión de una Fuerza Federal en el gobierno de Macri. Misma situación en 2007, pero con su Policía Provincial que provocó  en Neuquén la muerte de Fuentealba le costó la gobernación a Sobisch primer socio político del PRO en el interior. O a Duhalde le costó llamar a elecciones anticipadas y a Solá un gran desprestigio político, las muertes a manos de la Bonaerense de Kosteki y Santillán.

Por eso la orden del Ministerio de Seguridad fue tan clara, sin eufemismos «no puede haber un muerto en represión..»

Parece que la Gendarmería no la cumplió, jugó con fuego, arriesgó demasiado o en realidad son los que quieren perjudicar a Macri, porque no solo en enero estuvieron muy cerca de matar, si no que a una semana de la Elecciones Paso, en esta última represión, entrando sin orden del Juez y argumentando flagrancia, terminó desaparecido Maldonado.

Pocos concientizan, quizá por lo mucho que se dilató la reacción del gobierno y por la inacción judicial, que esto pasó, justo en plena decisión electoral a una semana de las Paso. ¿Será que hay más que quieren «voltear a Macri» en las mismas fuerzas, sea por acción o por carencias democráticas?  Ni la oposición más violenta, hubiera articulado  algo tan grave y dificil de resolver.

No lo sé, dificil asegurar cuál es la interna, qué beneficios persiguen las fuerzas, si algún Terrateniente paga semejante brutalidad, porque está desesperado por los plazos de la ley,  o si lo hacen de poco democráticos y respetuosos de DDHH que son.

El video de esa represión de enero, lo pueden ver en este link «TV Pública Noticias – Chubut: Represión a comunidad mapuche»

Hagan el ejercicio, estén atentos a las falsedades que dan por ciertas, a cómo sesgan la noticia reduciendola a Verbitsky (y los K). Pero además estén preparados para imágenes duras, fuertes pese a que salieron por TV.

En Videos Relacionados que les va a ofrecer You Tube, pueden ver distintos testimonios de Mapuches, algunos realmente penosos. Al escucharlos se cae un poco el relato de Lanata, que todos los Mapuches son la RAM, que la RAM y la CAM son iguales, cuando la chilena es mucho más violenta y organizada. (aunque Lanata solo da para otra nota)

Véanlo ustedes mismos.

Lo que sí deberían hacer, más allá de no querer de mi parte influirlos, es advertir que la Represión en Cushamen el 31 de julio y 1 de agosto, es en realidad una foto de la película. Película que la conforman cuatro represiones anteriores, con la misma ilegalidad para ingresar y con una escalada de brutalidad.

Los grandes medios en su momento no mostraron las anteriores represiones, pero tampoco las citaron ahora, que en esta última desapareció Maldonado. Quizá si no se hubiera tratado de un joven  blanco, de clases medias, hippie, pacífico, asociado a causas justas, con una imagen que se convirtió en mito rápidamente, porque tenía una familia que lo reclamó y su perfil movilizó a los progre de la sociedad y a los sectores de Izquierda, esta represión tampoco hubiera sido noticia, como no lo fue la desaparición del nieto de Félix Díaz hace un año, la detención del Maestro Wichí hace 6 meses o la desaparición de otro Wichi hace 3 meses.

Maldonado sin querer se convirtió en un mesías, que arruinó los planes de Benetton de sacarlos de Cushamen antes del 23 de noviembre. Difícil se animen a otra represión si no aparece vivo Maldonado o si no aparece y sigue siendo incertidumbre y mito.

Difícil saber además de qué pasó con Maldonado, quien tiene razón en cuanto a las tierras, que es el origen de todo lo demás.

Es justo que sean de Benetton (Lewis, Turner, Corporaciones y todos los demás casos) que compraron a precio vil a gobiernos provinciales corruptos esas tierras. No salió en Clarín ni en los grandes diarios de Argentina pero si en la BBC, en ABC y en El País de España que tituló «Argentina, una hectárea por una hamburguesa» pueden revisar la nota de 2007, aunque hubo muchas más, incluso de más actualidad. O sería más justo que se cumpla el Art.75 inc 17 de la Constitución, se aplique la Ley 26160 y se entregue la propiedad comunitaria a estos Mapuches (y todos los casos de Comunidades Reconocidas, no a chantas que se hacen pasar por indios).

Deberíamos ser esclavos de la Constitución y de las leyes y aunque los que compraron tienen su derecho de propiedad, sabían que estaban comprando tierras a precio vil y en casos, hasta con Indígenas dentro, que desplazaron o aislaron luego.

La resolución de las tierras, quizá sea más lejana que la resolución del Caso Maldonado. Piden pruebas los que defienden al gobierno, de la Desaparición Forzada. En realidad es el gobierno quien debería mostrar pruebas si está seguro que Gendarmeria no participó como dice Bullrich, de la desaparición voluntaria o el ocultamiento. Multiplicaron por cuatro la recompensa inicial y siguen sin tener un dato serio del paradero de Maldonado. De todos modos 2 millones no es una suma importante, para que alguien apunte o de datos quizá de otro que vive en el mismo pueblo de Esquel. Es poco para involucrar a alguien, de quien deberá cruzar a familiares o entorno si está implicado, como para mudarse de pueblo si fuera necesario.

Desaparición Forzada sigue siendo la carátula, pero además es la hipótesis más fuerte, si se vé la pelicula y no la foto.

Los mismos Gendarmes de los Escuadrones de Esquel y El Bolsón estuvieron en las cuatro, sacando enero que llegaron a ser 150 efectivos, son los mismos que  ingresaron de modo ilegal y se enfrentaron a los mismos Mapuches. Había un antecedente de violencia creciente.  Por eso la violencia fue en escalada, en enero estuvieron al borde del desastre, no es ilógico pensar, que en esta represión  de agosto, se pudieron exceder con Maldonado y murió. En general las Fuerzas cuando reprimen buscan cabecillas para desinflar la protesta. En el caso de los Indígenas, buscan a blancos que son quienes, no solo los organizan, sino que incentivan a la comunidad. No era por lo que cuentan el caso de Maldonado, que solo se sumaba a reclamos justos, pero ni era valiente, ni era violento.

Resolver el tema Tierras Indígenas, que la cuenta regresiva está en marcha y si el 23 de noviembre no hay nueva prórroga o nueva ley, la represión de Cushamen se va a multiplicar por más de 500 en todo el país, es acabar con el conflicto y evitar el crecimiento de grupos violentos como la RAM que solo tienen razón de existir por el reclamo, aunque eso signifique alguna pérdida a terratenientes y multinacionales.

Resolver el Caso Maldonado, es necesario para la república (que dijeron venían a salvar) e indispensable para el gobierno.

No todos somos Mapuches y no nos vamos a poner de su lado solo por ser el débil.

Pero tampoco deberíamos ser todos Benetton.

Sería interesante para la república, si por una vez, todos nos ponemos del lado de la Ley.