El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, presidido por Federico Thea, reveló un panorama alarmante de la gestión fiscal 2023 de la Municipalidad de Berisso. La auditoría oficial determinó un déficit financiero de $621.430.034,51 y aplicó sanciones millonarias al intendente Fabián Cagliardi y otros funcionarios por múltiples irregularidades administrativas que incluyen obras públicas inconclusas, gastos sin comprobantes y un desequilibrio presupuestario sin precedentes.
El informe del organismo de control provincial, que fiscalizó la totalidad del ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, expuso un patrón sistemático de desorden financiero que llevó al municipio a gastar más de $1.712 millones por encima de lo presupuestado y a cerrar el año con fondos de libre disponibilidad negativos por $661.229.859,04.
Las sanciones económicas impuestas incluyen multas por $1.000.000,00 distribuidas entre funcionarios actuales y anteriores, además de cargos solidarios por $3.906.312,43 que obligan a los responsables a reintegrar fondos al erario municipal. El intendente Cagliardi enfrentará personalmente una multa de $300.000,00 y cargos solidarios superiores a los $3,9 millones por egresos desaprobados.
Derroche presupuestario: gastaron $1.712 millones más de lo autorizado
La auditoría detectó excesos en partidas presupuestarias por un total de $1.712.219.751,67, lo que significa que la administración de Cagliardi gastó significativamente por encima del crédito autorizado originalmente. El presupuesto de gastos estaba fijado en $16.444.247.166,70, pero la ejecución real alcanzó los $17.182.207.212,33.
El Tribunal de Cuentas señaló que el municipio no contaba con economías ni excedentes de recaudación para compensar estas extralimitaciones. Aunque el Honorable Concejo Deliberante convalidó posteriormente estos excesos mediante la Ordenanza N° 4086/24 -impidiendo así una sanción directa por este concepto- la magnitud del desvío evidencia una falta de planificación y control sobre las erogaciones municipales.
Concejales de Juntos rechazaron rendición de cuentas de Cagliardi
La consecuencia directa de este gasto descontrolado fue un resultado ejecutado negativo de $621.430.034,51, lo que implica que el municipio gastó más de 621 millones de pesos por encima de lo que recaudó durante el año. Los funcionarios responsables no ofrecieron ninguna explicación sobre este déficit alarmante durante el proceso de descargo ante el Tribunal.
Más grave aún, los fondos de libre disponibilidad -el dinero que el municipio puede usar sin restricciones para su gestión diaria- cerraron con un saldo negativo de $661.229.859,04. Esto significa que la municipalidad gastó más de 661 millones de pesos que no tenía en sus arcas, una situación que el organismo de control calificó como evidencia del uso indebido de fondos con afectación específica para cubrir gastos corrientes, una práctica expresamente prohibida.
Obras fantasma: $73 millones en anticipos para proyectos sin avance
Uno de los hallazgos más graves del informe es el patrón de obras públicas fallidas. La auditoría detectó varios casos en los que la municipalidad pagó millonarios anticipos financieros a empresas constructoras para proyectos que, al final del ejercicio, presentaban un avance mínimo o directamente nulo.
El Centro Municipal de Exposiciones (CeME) recibió un anticipo de $29.660.597,78 a la empresa Delta Constructora S.A., pero la obra solo alcanzó un 5,29% de avance, lo que llevó a la rescisión del contrato, del cual se solicitó al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de Gabriel Katopodis que medie el recupero de dicho monto. La misma empresa recibió otros $29.985.000,00 para la remodelación del Hospital, con un resultado igualmente decepcionante: apenas 7,66% de avance antes de que el contrato también fuera rescindido.
El caso más extremo fue el del Espacio Municipal de Integración Productiva, donde se pagó un anticipo de $13.511.593,67 a la firma Frieden Argentina SRL. La empresa no realizó ningún avance de obra, forzando la rescisión del contrato con 0% de ejecución y en agosto de 2025 solicitaron el recupero mediante la póliza de seguro.
En total, se desembolsaron más de $73 millones en anticipos para obras que quedaron virtualmente abandonadas. Si bien el informe indica que el municipio inició procedimientos para recuperar los fondos mediante la ejecución de pólizas, el hecho de haber permitido esta situación representa una grave falla en la supervisión de contratos públicos y un uso ineficiente de recursos escasos.
El juicio de 25 años: $36 millones por negligencia administrativa
El Tribunal de Cuentas puso especial énfasis en un caso que ilustra el costo a largo plazo de la inacción administrativa. Durante 2023, la Municipalidad de Berisso debió pagar $36.067.849,04 para saldar un juicio iniciado por Mabel Marta Peralta, empleada municipal que ejercía como directora de la Guardería Municipal «Doctora Cecilia Grierson» del Barrio Obrero, que había sido despedida en 1998.
La cronología del caso es reveladora: en 2009, en la gestión de Enrique Slezack, la Suprema Corte de Justicia bonaerense dictaminó que el despido había sido irregular y ordenó al municipio rehacer el sumario administrativo. Sin embargo, la administración de la época no cumplió con esa orden judicial. Este comportamiento, calificado por la justicia como «actuar negligente», llevó a un fallo final en 2021 que condenó al municipio a pagar una indemnización millonaria.
El Tribunal de Cuentas responsabilizó al ex intendente Enrique Slezack, quien estaba a cargo en el momento de la sentencia de 2009, por no haber actuado. Slezack recibió una multa personal de $500.000,00. El caso es un recordatorio contundente de que la negligencia administrativa no es gratuita: la pagan, años después, todos los ciudadanos con fondos que podrían haberse destinado a servicios esenciales.
Alimentos escolares sin constancias: cargo de $3,6 millones contra Cagliardi
Una de las irregularidades más sensibles detectadas por la auditoría involucra el Servicio Alimentario Escolar (SAE). Se formuló un cargo por $3.693.495,99 (monto original más intereses) contra el intendente Cagliardi, el contador municipal Héctor Dialina y el secretario de Promoción Social Lucas Spivak.
El problema central fue la falta de documentación que acreditara que los alimentos adquiridos mediante la Licitación Pública N° 27/2022 efectivamente llegaron a su destino. Los funcionarios no pudieron presentar las constancias de recepción firmadas por las autoridades de las escuelas beneficiarias.
En otras palabras, el municipio pagó $2.229.412,99 por alimentos destinados a estudiantes, pero no existe documentación que pruebe que la comida llegó a las escuelas. Sin esta acreditación esencial, el Tribunal determinó que hubo un perjuicio para el Estado y formuló el cargo solidario para que los funcionarios responsables reintegren el dinero.
Subsidios sin rendir: $212 mil de cargo adicional
En un caso similar de falta de rendición de cuentas, se otorgó un subsidio de $400.000,00 a los cuatro embajadores de la Fiesta Provincial del Inmigrante para cubrir gastos de representación. Tres de ellos cumplieron correctamente con la rendición, pero la vice embajadora Jazmín Yamuni Catullo no justificó el uso de sus $100.000,00.
Esta omisión resultó en un cargo adicional por $212.816,44 (incluyendo intereses) para el intendente Cagliardi y el contador Dialina. Aunque el monto es menor en comparación con otras irregularidades, el caso demuestra fallas sistémicas en un proceso fundamental: la verificación de que cada peso del erario público se utilice efectivamente para el fin previsto y quede debidamente documentado.
Incumplimientos reiterados: sistemas sin implementar y registros atrasados
Más allá de los casos que generaron sanciones directas, el informe del Tribunal expone debilidades estructurales en la gestión administrativa que se repiten ejercicio tras ejercicio sin corrección.
La municipalidad no implementó los Sistemas de Administración de Personal y de Ingresos Públicos, incumpliendo el Decreto N° 2980/2000. El Tribunal destacó que esta es una observación repetida de ejercicios anteriores, evidenciando una falta de acción correctiva sostenida.
Se constató una «considerable demora» en la transcripción de los decretos al registro oficial, y las autoridades municipales no remitieron el Libro de Contratos y Licitaciones para su rúbrica por parte del Tribunal. Los decretos presentados para modificar el presupuesto no eran copias extraídas del Libro de Decretos oficial rubricado, incumpliendo formalidades reglamentarias básicas.
El informe también señala graves inconsistencias entre los saldos contables de los fondos y su respaldo bancario real. Esta discrepancia confirma el uso de fondos con afectación específica para financiar gastos corrientes, una práctica que el Tribunal califica como expresamente prohibida y que también fue observada en ejercicios anteriores.
Discrepancias contables: $11 millones de diferencia en deuda
La auditoría detectó una incorrecta confección del listado resumen de cuentas corrientes de proveedores, que presentaba una diferencia de $11.053.893,43 con respecto al Estado de Evolución del Pasivo. El Tribunal destaca que esta es una irregularidad recurrente.
Las propias autoridades municipales reconocieron en sus descargos que se trata de un «comportamiento anómalo del sistema RAFAM« que no ha sido solucionado, lo que denota una falta de capacidad o diligencia para resolver una inconsistencia que afecta la fiabilidad de los registros de deuda del municipio.
Cagliardi solicitó tener acceso al RAFAM para conocer la situación financiera del Municipio
La deuda flotante (obligaciones de corto plazo) alcanzó los $1.274.466.667,92 al cierre del ejercicio, mientras que la deuda consolidada se situó en $808.522,64. Esta elevada deuda de corto plazo es consecuencia directa de los desequilibrios operativos y el déficit financiero documentado por el Tribunal.
Distribución de sanciones: multas y cargos a funcionarios
El Tribunal de Cuentas distribuyó las sanciones económicas entre diversos funcionarios según su nivel de responsabilidad en cada irregularidad detectada:
Fabián Cagliardi (Intendente Municipal):
- Multa de $300.000,00 por incumplimientos legales, reglamentarios y contables
- Cargo solidario de $3.693.495,99 por el caso de alimentos del SAE
- Cargo solidario de $212.816,44 por el subsidio sin rendir
- Total de responsabilidad económica: $4.206.312,43
Héctor Dialina (Contador Municipal):
- Multa de $200.000,00 por fallas en respaldo bancario y contabilidad
- Cargo solidario de $3.693.495,99 por el caso SAE
- Cargo solidario de $212.816,44 por el subsidio
- Total: $4.106.312,43
Enrique Slezack (Ex Intendente):
- Multa de $500.000,00 por negligencia en el caso judicial Peralta
Lucas Spivak (Secretario de Promoción Social):
- Cargo solidario de $3.693.495,99 por el caso SAE
Además, se impusieron amonestaciones a los secretarios de Gobierno Aldana Iovanovich y Matías Slezack por irregularidades en decretos y registros, al contador interino Mariano Biagiola por falta de documentación en expedientes anteriores, y a la tesorera Jorgelina Di Croce por incumplimientos en el respaldo bancario.
El contraste revelador: Consejo Escolar aprobado sin observaciones
En marcado contraste con la situación municipal, el Consejo Escolar de Berisso presentó una gestión financiera ordenada para el mismo período fiscal 2023. Su rendición de cuentas fue aprobada por unanimidad y sin observaciones, sin cargos ni sanciones por parte del Tribunal de Cuentas.
El Consejo Escolar, bajo la presidencia de María Inés García (hasta el 7 de diciembre) y Paola Ovejero (desde el 8 de diciembre), manejó ingresos totales por $104.511.357,66 y egresos por $98.382.909,38, cerrando el año con un superávit que le permitió transferir un saldo positivo de $16.367.980,43 al ejercicio 2024.
Este contraste demuestra que una administración ordenada y financieramente responsable no era una meta inalcanzable en Berisso durante 2023. El éxito del Consejo Escolar sirve como evidencia de que, en el mismo contexto económico y bajo la misma jurisdicción, era posible administrar los recursos públicos con disciplina y transparencia.
Implicancias para los contribuyentes berissenses
Las irregularidades documentadas por el Tribunal de Cuentas no son meras anotaciones contables abstractas. Representan servicios que no se prestaron, obras que no se construyeron y recursos que se perdieron o utilizaron ineficientemente.
El déficit de $621 millones implica que el municipio gastó muy por encima de sus posibilidades, comprometiendo su capacidad para cumplir con obligaciones futuras. Los $73 millones en anticipos para obras que no avanzaron son fondos que podrían haberse destinado a proyectos que efectivamente beneficiaran a la comunidad.
Los $36 millones pagados por un juicio que pudo evitarse con diligencia administrativa representan el equivalente a numerosos programas sociales, obras de infraestructura o mejoras en servicios públicos que nunca se concretaron.
La falta de comprobantes en la entrega de alimentos escolares no solo genera un cargo millonario contra funcionarios, sino que plantea interrogantes sobre si los estudiantes berissenses efectivamente recibieron la alimentación que el Estado había destinado para ellos.
Consecuencias administrativas y legales
Aunque el Concejo Deliberante aprobó formalmente las cuentas municipales el 8 de mayo de 2024 mediante el Decreto N° 13, la aprobación del órgano legislativo local no impide las sanciones del Tribunal de Cuentas, que es el organismo de control provincial con potestad para fiscalizar el uso de fondos públicos.
Los cargos formulados obligan a los funcionarios responsables a reintegrar los montos observados al erario municipal. En caso de no cumplimiento, el Tribunal puede iniciar acciones legales para el cobro compulsivo de estas deudas. Las multas tienen carácter personal y deben ser abonadas por los funcionarios sancionados.
El informe del Tribunal será elevado a la Legislatura Provincial y queda como antecedente para futuras auditorías. La reiteración de observaciones año tras año —como la falta de implementación de sistemas, demoras en registros y uso indebido de fondos afectados— puede derivar en sanciones más severas en ejercicios posteriores.
El revelador llamado a la transparencia y control ciudadano
El contraste entre la gestión desordenada de la municipalidad y la administración prolija del Consejo Escolar plantea una pregunta ineludible para los ciudadanos de Berisso: ¿qué mecanismos de control y participación ciudadana son necesarios para que la disciplina demostrada por un organismo se convierta en la norma para todo el gobierno local?
La evidencia presentada por el Tribunal de Cuentas demuestra que una gestión ordenada era posible en el mismo municipio y en el mismo período. Las irregularidades documentadas no pueden atribuirse exclusivamente al contexto económico nacional o provincial, sino a decisiones administrativas específicas y a la falta de controles internos efectivos.
Los vecinos de Berisso tienen derecho a exigir que sus recursos sean administrados con la misma responsabilidad que demostró el Consejo Escolar, y que las observaciones reiteradas del Tribunal de Cuentas finalmente se traduzcan en cambios concretos en las prácticas de gestión municipal.
El informe del organismo presidido por Federico Thea no solo documenta irregularidades del pasado, sino que ofrece una hoja de ruta clara de los aspectos que deben corregirse para evitar que se repitan estos patrones de desorden financiero y falta de control que terminan perjudicando a toda la comunidad.
Sentencias del HTC
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