El conflicto entre taxis tradicionales y aplicaciones de transporte en Berisso ha expuesto un fenómeno mediático preocupante: la cobertura informativa muestra un sesgo sistemático a favor de la gestión del intendente Fabián Cagliardi, comprometiendo la neutralidad periodística que los ciudadanos esperan de sus medios locales.
El marco del conflicto: Ordenanza y crisis económica
En julio de 2021, durante la gestión de Cagliardi, se aprobó la Ordenanza Municipal N° 3837/21, que prohíbe las plataformas digitales como Uber y DiDi, otorgando un monopolio a los propietarios de licencias de taxis. Los taxistas propietarios se lamentan que enfrentan costos operativos elevados: inversión de 20 millones de pesos, mantenimientos superiores a 500 mil pesos, frente a ingresos diarios de apenas 10 a 15 mil pesos por jornadas de 12 a 14 horas.
Paradójicamente, el servicio de taxis es deficiente: demoras superiores a 40 minutos, escasa disponibilidad y mala atención. Esta ineficiencia alimenta la demanda de aplicaciones que el municipio persigue.
El Sistema de «co-policing»: Institucionalización de la persecución
En septiembre de 2025, Cagliardi formalizó un acuerdo de «auto-fiscalización» con taxistas que actúan como señuelos: solicitan viajes por las aplicaciones para guiar a conductores de Uber o DiDi hacia operativos de Control Urbano, donde se retienen vehículos por cinco días y se aplican multas.
El concejal y funcionario ejecutivo de Seguridad Gabriel Marotte caracterizó el conflicto como «guerra de pobres contra pobres», pero contradijo sus propias palabras cuando antes había afirmado que «el poder de policía lo tiene el municipio, no el trabajador en la calle».
Esta política utiliza recursos públicos —salarios, vehículos, combustible— para beneficiar intereses comerciales privados, delegando funciones estatales en actores con intereses económicos directos en eliminar a su competencia.
Cobertura mediática: Sesgo y alineamientos políticos
El análisis de la cobertura revela un panorama donde la neutralidad periodística está ausente. Los medios adoptaron posturas según sus vínculos políticos más que por ejercicio independiente del periodismo.
ELCORREOGRÁFICO: La excepción crítica
Este portal ofreció la única cobertura crítica de Cagliardi. Denunció el uso indebido de recursos públicos y la delegación de funciones estatales a privados, calificándola como «precedente peligroso».
Reveló un dato crucial: dentro del sector beneficiado existen funcionarios municipales y personas afines al gobierno municipal propietarios de «flotas de habilitaciones de taxis», evidenciando un conflicto de interés que transforma la política en autoprotección económica usando el aparato estatal.
Documentó la «esquizofrenia administrativa»: mientras una parte organizaba la «caza», otros funcionarios escoltaban vehículos de Uber para protegerlos del hostigamiento.
Temporada de caza: Cagliardi autoriza a taxistas cazar conductores de Uber con recursos municipales
Infoberisso: Defensa mediante distorsiones
Vinculado a Vanesa Queyffer, ex edil y ex Presidente del Concejo Deliberante , Infoberisso defendió al municipio con imprecisiones fácticas. Si bien hizo cobertura sobre el conflicto de los propietarios de taxis, cuando Lilia Lemoine criticó a Cagliardi, el portal respondió acusándola de desconocer que la ordenanza era «preexistente». Sin embargo, la Ordenanza N° 3837/21 fue aprobada durante el mandato de Cagliardi en 2021 durante la misma presidencia de Queyffer en el HCD.
Esta distorsión deliberada distanció al intendente de la responsabilidad por la prohibición, defendiendo al oficialismo mediante manipulación del contexto histórico.
Berisso Ciudad: Ambigüedad estratégica
El medio Berisso Ciudad adoptó «calculada ambigüedad», ya que sí trató el conflicto y reportando las voces del conflicto, excepto de parte de los usuarios de app, se basó mas centrándose en el «silencio» opositor para desviar críticas de Cagliardi sin comprometer su acceso oficial. Esta estrategia preservó relaciones funcionales con el municipio con le gremio de propietarios de taxis, ya que en su escueto editorial del domingo 12 mostrando cómo las consideraciones de acceso a información condicionan la independencia periodística.
Comparación con la cobertura de conflictos similares
Para contextualizar la cobertura mediática en Berisso, resulta útil compararla con cómo otros medios regionales han abordado conflictos similares entre taxis y aplicaciones en municipios vecinos.
En La Plata, por ejemplo, el diario El Día ha mantenido una cobertura más equilibrada, presentando las posturas de todos los sectores involucrados y analizando alternativas regulatorias. En Ensenada, portales locales altamente captado por la pauta de Mario Secco no contrasta el impacto económico de la prohibición sobre la movilidad ciudadana.
El contraste revela que el sesgo editorial observado en Berisso no es una característica inevitable del periodismo local, sino una elección de los medios que responde a sus vínculos políticos y sus intereses corporativos.
El fenómeno Lemoine-Diaz Cueto: Narrativa nacional sin contexto local
La intervención de figuras nacionales como la diputada Lilia Lemoine y el periodista Tomás Díaz Cueto introdujo una narrativa ideológica que simplificó el conflicto en términos de «kirchnerismo vs. trabajador».
Diaz Cueto viralizó un video titulado «EL KIRCHNERISMO ODIA AL LABURANTE», presentando el acuerdo municipal como una persecución ideológica contra conductores de Uber. Por su parte, Lemoine publicó en redes sociales: «Hola @fabiancagliardi, vos sos PELOTUDO? […] ¡Cómo vas a hacer una cosa así, imbécil!».
Hola @fabiancagliardi , vos sos PELOTUDO? Mis abuelos llegaron de Ucrania en 1950 a Berisso y fueron parte de quienes hicieron esa ciudad… TRABAJANDO, de lo que podían, como podían. Como vas a hacer una cosa así, ¡imbécil! Prohibí Rappi también, gil. https://t.co/K7WdpRuin5
— Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) October 11, 2025
Ambos actores omitieron deliberadamente el contexto normativo y la complejidad económica del sector taxista, reduciendo todo a una batalla política nacional. Esta descontextualización fue amplificada por medios como Ahora Berisso, vinculado al dirigente Ángel Celi quién responde al Frente Renovador de Sergio Massa, que replicaron las declaraciones sin análisis crítico.
La respuesta de Infoberisso a estas figuras, aunque pretendía corregir su desconocimiento de la ordenanza, terminó sirviendo como una defensa indirecta de la gestión municipal mediante la descalificación de los críticos por falta de información local.
El análisis del discurso mediático de Berisso Ciudad sobre las declaraciones de Lilia Lemoine enmarca su crítica como un ataque personal y desinformado dirigido al intendente Fabián Cagliardi, mientras intenta desacreditar a Lemoine por su comportamiento público.
El portal, que tiende a alinear su defensa con la gestión municipal, caracteriza la controversia sobre la regulación de taxis y aplicaciones como un conflicto ignorado por los políticos locales, enfatizando la lucha entre las fuerzas tradicionales y emergentes. Además, califican a Lemoine como una «Ladera de Milei», destacando su uso de insultos en redes sociales y su desconocimiento de la normativa vigente.
Para reforzar su posición, Berisso Ciudad incluye reportes sobre el comportamiento de Lemoine en un evento con Javier Milei, lo que se utiliza para evidenciar su falta de seriedad y propagar burlas en medios nacionales, configurando así un enfoque integral que busca deslegitimar su postura en el conflicto.
Berisso Informa: Plataforma de respuesta oficial
El medio Berisso Informa, afín a la gestión Cagliardi, proporcionó la plataforma perfecta para que el intendente respondiera a Lemoine. El periodista del medio introdujo el tema con una formulación reveladora: «No puedo dejar de preguntar cómo vio el mensaje del tweet de Lilia Lemoine, la Diputada Nacional».
Esta pregunta estratégica no buscó confrontar al funcionario, sino facilitar su respuesta. El uso de la frase «No puedo dejar de preguntar» catalogó el tuit de Lemoine como un tema ineludible que requería respuesta oficial, legitimando que el intendente utilizara el espacio para desarrollar su contranarrativa sin cuestionamientos.
Cagliardi aprovechó la oportunidad para calificar el mensaje como una «falta de respeto», defender a los «vecinos de Berisso» y a los «taxistas de Berisso», y contraponer su visión de apoyo a la «industria nacional» y al «trabajo» frente a la postura de la diputada que defiende «aplicaciones que son norteamericanas» y una «situación económica que la verdad que no nos lleva a ningún lado». De esta manera, Berisso Informa funcionó como amplificador oficial, permitiendo al intendente reencuadrar el conflicto en términos de soberanía nacional versus intereses extranjeros, sin que el periodista cuestionara la política municipal de fondo.
El silencio sobre el conflicto de interés
El dato revelado por ELCORREOGRÁFICO sobre la presencia de funcionarios municipales como propietarios de flotas de taxis representa la información más comprometedora para la gestión Cagliardi. Sin embargo, este hallazgo fue ignorado sistemáticamente por el resto de los medios locales.
Infoberisso, Berisso Ciudad, Ahora Berisso, Berisso Informa, como cortados con la misma tijeras, no abordaron esta información en sus coberturas, evidenciando una omisión editorial que protege a la administración de un cuestionamiento legítimo sobre sus motivaciones reales.
Este silencio colectivo transforma lo que podría ser un escándalo de conflicto de interés en un dato marginal que no alcanza la visibilidad pública necesaria para generar debate o rendición de cuentas.
Las víctimas invisibles: Los ciudadanos de Berisso
Mientras los medios se enfocaban en la disputa ideológica o en la defensa de la legalidad formal, el verdadero costo del conflicto recae sobre los vecinos de Berisso. Los ciudadanos enfrentan una situación insostenible: un servicio de taxi legal pero deficiente que no satisface sus necesidades de movilidad, y una alternativa de aplicaciones funcional pero ilegal que opera bajo constante amenaza de fiscalización.
Los contribuyentes financian con sus impuestos una política que no resuelve su problema básico de transporte, sino que perpetúa un monopolio ineficiente mediante el uso de recursos públicos. Esta dimensión del conflicto, la más relevante desde una perspectiva de interés público, fue sistemáticamente minimizada en la cobertura mediática local.
Ningún medio realizó una investigación profunda sobre las necesidades reales de movilidad de los vecinos, las alternativas regulatorias existentes en otros municipios o el costo económico y social de mantener un sistema que no funciona. El debate se limitó a la confrontación entre sectores económicos y la batalla ideológica nacional, dejando a los ciudadanos como «víctimas olvidadas» de una disputa que los afecta directamente.
Contradicciones en el discurso oficial
El análisis del discurso de la gestión Cagliardi revela contradicciones fundamentales que cuestionan la coherencia de su política:
Gabriel Marotte, en su doble rol de Concejal y Secretario de Seguridad, caracterizó el conflicto como una «guerra de pobres contra pobres», reconociendo implícitamente que la política municipal enfrenta a dos sectores vulnerables económicamente. Sin embargo, esta caracterización no derivó en la búsqueda de soluciones que beneficien a ambos grupos, sino en el uso del poder estatal para favorecer exclusivamente a uno.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana intentó vincular el transporte por aplicaciones con «fines ilícitos», afirmando que vehículos de Uber y DiDi circulan en la ciudad con propósitos delictivos. Esta grave acusación no fue respaldada con estadísticas específicas ni casos documentados, funcionando como un argumento retórico sin sustento fáctico.
La contradicción más flagrante es la ya mencionada sobre el «poder de policía»: Marotte afirmó categóricamente que esta función corresponde al municipio y no a trabajadores privados, para luego implementar un sistema que hace exactamente lo contrario.
Precedentes peligrosos y consecuencias institucionales
La política de «co-policing» implementada en Berisso sienta un precedente institucional alarmante. Al delegar funciones de fiscalización en un actor privado con intereses económicos directos, se vulnera el principio básico de neutralidad del Estado en la aplicación de la ley.
Este modelo podría replicarse en otros sectores económicos: ¿qué impediría que comerciantes de un rubro persigan a su competencia utilizando recursos municipales? ¿O que un grupo de profesionales con licencias reguladas exijan que el Estado les permita fiscalizar a quienes ejercen sin habilitación?
La normalización de este mecanismo erosiona la separación entre interés público e interés privado, convirtiendo al Estado en un instrumento al servicio del grupo con mayor capacidad de presión política, independientemente del beneficio colectivo.
Episodios de violencia y respuesta institucional
El conflicto escaló a la violencia física en septiembre de 2025, cuando un taxista de 30 años persiguió y agredió a un conductor de Uber de 60 años. Este episodio evidenció las consecuencias extremas de la tensión económica y la falta de soluciones integrales.
La respuesta institucional fue reveladora: mientras la policía detuvo al agresor, las autoridades de tránsito procedieron a secuestrar el vehículo de la víctima por operar sin habilitación municipal. Esta paradoja administrativa —castigar simultáneamente al agresor y a la víctima— simboliza el caos institucional que caracteriza la gestión del conflicto.
Ningún medio local analizó en profundidad las implicancias de este episodio, limitándose a reportar el hecho sin cuestionar qué responsabilidad tiene la política municipal en crear las condiciones para que la desesperación económica derive en violencia callejera.
Alternativas regulatorias no exploradas
El análisis comparado con otros municipios revela que existen múltiples alternativas regulatorias que Berisso no ha considerado:
- Regulación de plataformas: Establecer requisitos de seguridad, seguros y habilitaciones para conductores de aplicaciones, incorporándolos al sistema formal.
- Cupos controlados: Limitar la cantidad de vehículos de aplicaciones permitidos, equilibrando competencia y protección del sector tradicional.
- Modelos híbridos: Permitir que taxistas tradicionales operen también a través de aplicaciones, combinando ambos sistemas.
- Modernización del servicio de taxis: Invertir en tecnología para mejorar la eficiencia, implementando aplicaciones propias y sistemas de geolocalización.
Estas opciones, exitosamente aplicadas en ciudades de Argentina y el mundo, permanecen ausentes del debate público en Berisso. Los medios locales no han presionado a la gestión Cagliardi para que explore estas alternativas, limitándose a cubrir la confrontación sin proponer soluciones.
El rol de las plataformas: Desobediencia corporativa
Un actor clave que ha sido insuficientemente analizado por los medios locales son las propias empresas Uber y DiDi. Estas corporaciones practican una estrategia de «desobediencia corporativa»: operan a sabiendas de que violan la ordenanza municipal, pero trasladan todos los riesgos —legales, económicos y físicos— a los conductores individuales.
Las plataformas no enfrentan multas, sus vehículos corporativos no son secuestrados y no asumen el costo de la violencia callejera. Son los trabajadores precarizados quienes pagan las consecuencias mientras las empresas continúan operando esperando que la presión social eventualmente fuerce un cambio regulatorio.
Esta dimensión del conflicto —la responsabilidad de las multinacionales tecnológicas— fue completamente ignorada por los medios de Berisso, que concentraron su análisis en la disputa local y la intervención de figuras políticas nacionales.
El costo económico para los contribuyentes
Los vecinos de Berisso financian con sus impuestos un sistema de fiscalización que no resuelve su problema de movilidad. El costo de los operativos incluye:
- Salarios de inspectores de Control Urbano dedicados a estos operativos
- Vehículos oficiales y su mantenimiento
- Combustible para perseguir conductores de aplicaciones
- Infraestructura para el secuestro y depósito de vehículos retenidos
- Costos administrativos de tramitación de multas
Ningún medio local realizó una investigación sobre el costo fiscal de esta política ni cuestionó si esos recursos podrían destinarse a mejorar el servicio de transporte público o a subsidiar la modernización del sector taxista.
Esta omisión editorial es particularmente grave considerando que los contribuyentes tienen derecho a conocer cómo se utilizan sus aportes y evaluar si la política implementada representa una inversión eficiente de recursos públicos.
El fracaso de la neutralidad periodística
El análisis de la cobertura mediática del conflicto taxi-Uber en Berisso revela un ecosistema informativo donde la neutralidad periodística fue sistemáticamente vulnerada en favor de la gestión Cagliardi.
Con la excepción de ELCORREOGRÁFICO, los medios locales adoptaron posturas que reflejan alineamientos políticos más que un ejercicio crítico e independiente del periodismo. Infoberisso recurrió a imprecisiones fácticas para defender al municipio, Berisso Ciudad adoptó una ambigüedad estratégica para preservar su acceso oficial, y portales como Ahora Berisso amplificaron narrativas nacionales sin contexto local.
El silencio colectivo sobre el conflicto de interés revelado por ELCORREOGRÁFICO —funcionarios municipales como allegados afines a la gestión como propietarios de flotas de taxis— representa la evidencia más clara de esta falta de independencia editorial.
Los ciudadanos de Berisso merecen una cobertura mediática que priorice el interés público sobre las lealtades políticas, que cuestione las decisiones de gobierno independientemente de su signo partidario, y que explore soluciones integrales en lugar de limitarse a reproducir la confrontación.
El conflicto del transporte en Berisso no es solo una disputa económica o regulatoria: es un caso de estudio sobre cómo la captura de la narrativa mediática permite a una gestión municipal implementar políticas cuestionables sin enfrentar el escrutinio público que la democracia requiere.
Mientras los medios locales continúen funcionando como voceros del poder en lugar de contrapesos críticos, los vecinos permanecerán atrapados entre un servicio deficiente que el municipio protege y una alternativa funcional que persigue, financiando con sus impuestos una política que no resuelve su necesidad básica de movilidad.
La pregunta fundamental que ningún medio ha abordado con profundidad permanece sin respuesta: ¿por qué existe una demanda masiva y sostenida para un servicio ilegal, y cuál es la responsabilidad del Estado municipal en la ineficiencia del monopolio que protege?
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