En el Conurbano no se cubre las necesidades básicas humanas según el informe de Progreso Social

El estudio Índice de Progreso Social (IPS) fue elaborado por la Red de Progreso Social, conformada por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), el Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), y la Fundación Avina.

El IPS es una herramienta que permite medir las necesidades sociales y ambientales de los ciudadanos en un territorio a partir de tres dimensiones: “Necesidades Humanas Básicas”, “Fundamentos de Bienestar”, y “Oportunidades de Progreso”.

“Desde la Provincia trabajamos, junto a otros actores, para saldar una deuda importante en materia de datos, y de esta forma poder analizar la vulnerabilidad social del Conurbano bonaerense a través de distintos indicadores. Es una mirada superadora que va más allá del nivel de ingreso de una familia, evaluando también el impacto del acceso a la educación, el agua potable o el pavimento, entre otras variables. Queremos que estos resultados sean la base para seguir avanzando en políticas públicas que permitan el desarrollo integral y el acceso a los servicios esenciales para cambiar la vida de nuestros vecinos”,  indicó Santiago López Medrano, Ministro de Desarrollo Social de la Provincia.

Esta primera medición del IPS, sobre datos recogidos durante 2017, encontró que los municipios con mayor desarrollo son Vicente López, San Isidro, Morón, Avellaneda, San Fernando y Tres de Febrero, que pertenecen al primer anillo del conurbano, mientras que en la otra punta de la distribución se encuentran Almirante Brown, Malvinas Argentinas, Esteban Echeverría, Merlo y José C. Paz, todos municipios pertenecientes al segundo anillo del conurbano bonaerense.

“En los últimos 30 años el Conurbano experimentó un gran crecimiento poblacional, generando nuevos desafíos en materia productiva, ambiental y de desarrollo urbano. Este crecimiento rápido del área metropolitana no fue acompañado por una ampliación de los servicios públicos y de infraestructura, derivando en las brechas de progreso social que se observan en este informe. Tampoco fue acompañado por una gestión articulada del área metropolitana”, sostiene el informe.

“La evidencia es el insumo más importante a la hora de tomar decisiones de política pública. Más allá de las conclusiones del trabajo, el principal aporte de CIPPEC y de toda la Red de Progreso Social es aportar datos, evidencia, para orientar las decisiones de política que buscan mejorar la calidad de vida de las personas”, dijo Agustina Suaya, investigadora asociada del Programa de Monitoreo y Evaluación de CIPPEC.

De acuerdo con el estudio, y desde la perspectiva del progreso social, el Conurbano puede dividirse en cuatro grupos: el primero compuesto por tres municipios con alto nivel de progreso social, un segundo grupo con 8 municipios con niveles medios altos de progreso, el tercer grupo con 7 municipios de nivel medio bajo y un grupo final de 6 municipios con bajos niveles de progreso social.

Del análisis del IPS se desprende que la ubicación de municipio condiciona el nivel de progreso social. Así, los municipios del primer cordón del conurbano tienen en promedio 9 puntos más en el IPS que los municipios del segundo cordón.

A nivel general, el IPS encontró que el conurbano presenta un nivel de progreso social medio. El conurbano alcanza los 47 puntos sobre una escala de 100 posibles, evidenciando que todavía existen desafíos importantes en materia de desarrollo. Además, el conurbano muestra niveles similares de desarrollo por dimensión: 49 puntos para la dimensión “Necesidades Básicas Humanas”, 48 puntos para la dimensión “Fundamentos de Bienestar” y 42 puntos para la dimensión “Oportunidades”. 

“El estudio, conducido por la Red de Progreso Social, es un hito de la articulación público-privada que aúna esfuerzos para combatir la pobreza multidimensional. Busca generar datos para la formulación de políticas públicas y para promover una inversión social privada que responda con innovación, recursos y capacidades a los desafíos locales”, aseguró Maria Julia DiazArdaya, Presidente del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE).

Estos resultados presentan desafíos en relación con la gestión política y administrativa del conurbano bonaerense. “El conurbano no posee ninguna estructura político-administrativa o legal que centralice la implementación de políticas públicas. Por el contrario, intervienen con mayor o menor grado de coordinación el gobierno nacional, el de la ciudad de Buenos Aires, el provincial y el de los municipios que lo componen, produciendo como resultado la ausencia de una mirada integral sobre las distintas problemáticas de este territorio. En este sentido, la arquitectura político-administrativa (nación, provincia y municipios) y los distintos abordajes sectoriales constituyen una barrera importante para la coordinación (vertical y horizontal) de políticas públicas necesarias para poder abordar las problemáticas y las desigualdades que afectan al Conurbano Bonaerense”, destaca el documento.

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