Casalla, abogado de los familiares, revela condenas y señala la necesidad de investigar la responsabilidad de funcionarios en la tragedia de Moreno.
Mercedes, PBA– La tragedia que sacudió a la comunidad educativa de Moreno, donde la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez perdieron la vida en una explosión de gas en la Escuela N°49 el 2 de agosto de 2018, finalmente ha visto la luz de la justicia.
Cristian Ricobene, el gasista involucrado, ha sido condenado a 5 años de prisión, además de recibir una inhabilitación de 10 años para ejercer su actividad. Pero, más allá de esta sentencia, se abre un capítulo importante de investigaciones que involucra a altos funcionarios del gobierno provincial en ese momento.
Condenas y cuestionamientos
Horacio Casalla, abogado de los familiares de las víctimas, anunció las condenas dictadas por el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes. «Se condenó al gasista Ricobene a 5 años de prisión más 10 años de inhabilitación para ejercer su actividad», informó. Además, otros implicados también enfrentaron la justicia: «2 años de prisión en suspenso más 4 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos a Sebastián Nasif (interventor del Consejo Escolar) y los consejeros Mónica Berzoni y Jorge Galian«.
Estas condenas representan un paso importante hacia la justicia en un caso que conmovió a la opinión pública. Sin embargo, Casalla enfatizó que estas no son las únicas implicaciones que deben resolverse. «Se ordenó continuar la investigación de las responsabilidades», declaró el abogado, refiriéndose a altos funcionarios provinciales de aquel momento.
Las investigaciones pendientes por la Tragedia de Moreno
Entre las figuras cuyas acciones serán examinadas se encuentran la exgobernadora María Eugenia Vidal, el director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, el director provincial de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario y el director de Infraestructura Escolar, Mateo Nicholson. Las investigaciones deberán determinar si estas autoridades tuvieron algún grado de responsabilidad en la tragedia que sacudió a la comunidad educativa de Moreno.
La sentencia dictada por el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes ha sido «por unanimidad», lo que resalta la contundencia de las pruebas presentadas en el caso. Casalla sugiere que las declaraciones testimoniales y los reclamos por escrito han sido fundamentales para establecer la culpabilidad de los involucrados y destacó «las gravísimas irregularidades que había con relación a la pérdida de gas».
La lucha de los gremios por la Justicia
El abogado no pasó por alto el papel fundamental de los gremios en la lucha por la justicia en este caso. Casalla destacó que «la lucha de los gremios fue la que logró que 5 años después pudiéramos tener un principio de justicia». Sin su persistencia y determinación, la tragedia podría haber quedado impune o se habría prescrito. Este evento destaca la importancia de la movilización social en la búsqueda de justicia.
Responsabilidad política en el foco de la atención
La cuestión de la responsabilidad política ha estado presente en todo el proceso. Casalla afirmó que «con las pruebas que hay ya es suficiente» para señalar la implicación de las autoridades en el hecho. Además, agregó que el proceso judicial se prolongó en la medida de lo posible, apuntando a que «buscaron la forma de que esto quedara en la nada o prescribiera».
Este tema plantea preguntas importantes sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos en casos de esta magnitud. La sociedad espera respuestas y justicia no solo en términos penales, sino también en términos de la responsabilidad política de aquellos que tenían la obligación de garantizar la seguridad en las escuelas.
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