El Gobierno de la provincia de Buenos Aires otorgará a los trabajadores estatales un aumento de $4.000 a cuenta de la paritaria 2020. El mismo se abonará en dos partes: $3.000 con el salario de febrero y $1.000 a partir de marzo. La suma es remunerativa y aplica lo propuesto por el Gobierno Nacional, no están alcanzado quienes trabajen bajo contrato de autónomos.
Este aumento responde “a la necesidad de cuidar el bolsillo del trabajador estatal e implica una mejora sustancial, en particular para las categorías más bajas”, aseguran desde la gobernación.
El Gobierno decidió implementar este aumento, mientras continúa el diálogo con los gremios, para que las y los trabajadores puedan cobrarlo con el sueldo de febrero.
Por su parte aseguran que la paritaria sigue abierta. “El equipo del ministerio de Trabajo continúa coordinando esta semana mesas técnicas con una agenda amplia que incluye otras temáticas de interés para los trabajadores y trabajadoras, como la carrera administrativa y las licencias”, remarcaron.
La escala de los incrementos de bolsillo es la siguiente:
21 horas semanales: En marzo, $665,01 que se extiende a $881,02 en agosto
25 horas semanales: en marzo, $791,70 que terminarán siendo $1.049,10 en agosto.
28 horas semanales: En marzo, 886,70, que serán $1.174,96 en la segunda cuota.
30 horas semanales: En marzo, $950,04 y $1.258,60 en agosto.
35 horas semanales: En marzo, $1.108,38 y $1.468,10 en agosto.
36 horas semanales: En marzo, $1.140,05 y $ 1.510,32 en agosto
40 horas semanales: En marzo, $1.266,72 y $ 1.678,40 en agosto
48 horas semanales: En marzo, $1.520,06 y $ 2.013,76 en agosto
La propuesta fue rechazada inmediatamente por ATE, pero será puesta en consideración por UPCN y Fegeppba. En caso de que estos dos gremios acepten la oferta, la paritaria quedará cerrada.
Lo trabajadores no alcanzados
Entre los empleados excluidos del alcance del decreto se encuentran los contratados. Se trata de un régimen contemplado por las leyes locales que debería ser utilizado exclusivamente para los profesionales que cumplen tareas técnicas puntuales en el Estado, pero que con el paso del tiempo y de los sucesivos gobiernos se terminó transformando en una vía irregular de incorporación de personal precarizado a la gestión pública.
Son profesionales que en vez de formar parte de la planta permanente y contar con todos los derechos que les corresponden, facturan cada 30 días la tarea que prestan en diversas áreas; “locación de servicios”, en términos jurídicos.
De acuerdo a un relevamiento sindical, hay 11 mil personas que cumplen tareas bajo esta modalidad. En el gobierno bonaerense dicen que son muchos menos los afectados: 3.500 contratos bajo la ley de emergencia que se renovaron por tres meses y cuyos montos difieren de lo establecido por la ley 10.430. Además, aseguran que están trabajando en una rectificación de la comunicación interna para incluir a la mayor cantidad posible de empleados en el incremento.
