El gobierno nacional impulsa actualmente una serie de reformas laborales e impositivas que apuntan a lograr una mayor flexibilización laboral. El proyecto, al que la CGT ya le dio su visto bueno, presenta muchas similitudes con reformas impulsadas anteriormente por gobiernos de ideología liberal, como el Menemismo o la Alianza.
Quizás el punto más simbólico e ilustrativo de las medidas ideadas por el equipo económico de Cambiemos, es el cambio en el concepto de trabajo. La legislación laboral actual de la Republica considera que, entre los obreros y el empleador existe una relación de fuerzas desigual, por lo que en situaciones de conflicto la justicia tiende a un rol tutelar del sector más desfavorecido (los trabajadores).
El gobierno pretende cambiar este concepto al sostener que entre ambas partes existe una relación de “cooperación para promover una actividad productiva y creadora y constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos”.
Mediante este cambio, se intenta sostener que entre el empresariado y el trabajador existe una correlación de fuerzas en vez de una relación desigual de explotación. Teniendo en cuenta este marco no resulta llamativo el calibre del resto de las reformas.
Otro punto central de la reforma en el ámbito laboral es el de las indemnizaciones. El gobierno de Mauricio Macri quiere crear un “Fondo de Cese Laboral Sectorial” para contemplar los pagos de preaviso en los casos de despidos sin causa.
Generando aún más polémica, el proyecto establece que dicho Fondo sea financiado por los mismos trabajadores, mediante un aporte mensual recortado de sus propios sueldos. Este cambio en las indemnizaciones parece calcado de la famosa reforma laboral impulsada por el ex presidente Menem en 1996.
En esa ocasión el político riojano impulsó un proyecto más que similar, mediante el cual se modificó el régimen de indemnizaciones, transformándolo en un fondo común y fomentando de esta manera miles de despidos en las principales empresas.
Otro de los sectores sensiblemente perjudicados por esta reforma es el de los jubilados y pensionados. El cambio más importante en este sentido es la modificación de la ley de movilidad, que implica aumentos en los haberes en unos 10 puntos inferiores a los que resultaría de mantenerse la actual fórmula. Pasándolo a números, en lugar del 24%, los aumentos bajaran al 14 o 16%, y en consecuencia, los beneficiarios de esas prestaciones no recuperaran la pérdida del 2016.
A esto hay que agregarle que las reformas proyectan un desfinanciamiento del ANSES. Uno de los puntos centrales plantea la Eliminación del 20% del Impuesto a las Ganancias con destino a ANSES, por lo que el organismo encargado de regular jubilaciones, pensiones y asignaciones perderá alrededor de $67.800 millones en 2018. Por último, pero sumamente importante, las reformas proponen el aumento de la edad jubilatoria a los 70 años para ambos sexos, aunque de manera “opcional” y solo en el sector privado por el momento.
Estos cambios en las jubilaciones también tienen su antecedente en las reformas menemistas. Durante su mandato, Menem impulsó un paquete de reformas que intentaba entre otras cosas, fijar un tope a las jubilaciones máximas y aumentar la edad jubilatoria de las mujeres de 60 a 62 años, además de la famosa modificación del sistema previsional que desencadeno la privatización de gran parte del sistema de jubilación.
Por último, algunos puntos salientes de la reforma impositiva son la reducción del impuesto a las Ganancias de las empresas (del 35% al 25%), la importante reducción de las contribuciones patronales a la seguridad social y el aumento en la deducción especial en ganancias para trabajadores autónomos .
Estas medidas encuentran su correlato histórico en el gobierno de la Alianza presidido por Fernando De la Rúa. En 1999, a muy poco tiempo de asumir, y con la excusa de atraer a los inversores, De la Rúa impulso su Ley de reforma tributaria que al igual que la anunciada por Macri, también contó con el apoyo del FMI y un marcado favoritismo por el empresariado.
Finalmente, cabe señalar la sorpresiva reacción de la CGT ante estas reformas. La principal central obrera del país aprobó las reformas luego de una reunión con el ministro de trabajo, Jorge Triaca y se negó a cualquier tipo de movilización o protesta contra las medidas gubernamentales.
En contrapartida, la oposición sindical surgió de las dos CTA y el Movimiento Agrupaciones Clasistas, que entre otras medidas convocaron a una marcha en Plaza de Mayo para el próximo 6 de diciembre.
