En un sorpresivo giro de acontecimientos, la Agrupación Blanca y Azul de la UOCRA La Plata y Boxeadores Argentinos Agremiados de La Plata, ambos miembros de las 62 Organizaciones Peronistas Regional, firmaron un convenio para el uso del «Camping» de La Balandra, una parcela de tierras públicas en Berisso, Buenos Aires.
Este acuerdo ha generado controversia debido a la falta de respuestas claras tanto de las autoridades locales como de la gestión de Axel Kicillof, quien, a pesar de haber autorizado el uso del espacio, no ha dado detalles sobre las condiciones en las que se cedieron estos terrenos.
En contraste con el silencio de los funcionarios, las declaraciones del gremio de Iván Tobar y la organización de boxeadores conducida por Claudio Berón dejan entrever un aprovechamiento privado de un bien que debería estar destinado al acceso público.
El convenio y su impacto en el espacio público
El acuerdo entre las partes involucradas permite a los boxeadores y sus familias acceder a las instalaciones de lo que se describe como un «camping» en La Balandra. Este espacio, originalmente destinado a la recreación de los trabajadores de la Agrupación Blanca y Azul de UOCRA, parece ahora haberse convertido en una extensión de la esfera privada de un gremio que, por su parte, también se ha reservado el derecho de ceder el lugar a terceros. Este acuerdo se presenta como una «nueva posibilidad» para que los boxeadores encuentren un lugar de esparcimiento, pero lo cierto es que el uso privado de estas tierras públicas genera serias interrogantes sobre el manejo de los recursos públicos.
La falta de respuestas de las autoridades
A pesar de la magnitud del acuerdo, las autoridades locales y provinciales han guardado un absoluto silencio sobre la situación. Ni el Intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, ni el Honorable Concejo Deliberante (HCD) han emitido respuesta alguna a las inquietudes de la ciudadanía y los medios de comunicación. Incluso se ha desmentido públicamente que exista tal convenio, a pesar de las evidencias proporcionadas por la misma Agrupación Blanca y Azul de la UOCRA La Plata, quienes han revelado los detalles de la alianza. Esta falta de transparencia en el manejo de los terrenos públicos no solo alimenta las dudas sobre la legalidad del acuerdo, sino también sobre la idoneidad de los responsables en la gestión del patrimonio común.
El papel de las 62 Organizaciones Peronistas
Las 62 Organizaciones Peronistas, una histórica alianza de sindicatos y gremios peronistas, se encuentran detrás de esta controversial operación. La facción de Tobar en la UOCRA La Plata y Boxeadores Argentinos Agremiados de Berón, como miembros de este conglomerado, logran obtener favores que parecen alejarse del interés público. El hecho de que la gestión Kicillof haya autorizado este uso del espacio da cuenta de una intrincada red de acuerdos que ponen en riesgo el principio de equidad en el acceso a los recursos estatales.
La facción de Iván Tobar, secretario general de la Agrupación Blanca y Azul de UOCRA La Plata, también juega un rol clave en esta trama. La cesión de estos espacios, en teoría destinados a los trabajadores y sus familias, se ve como un privilegio concedido a un grupo selecto de personas vinculadas a la organización sindical, quienes acceden a un lugar de descanso que debería estar abierto a toda la comunidad.
El uso privado de tierras públicas en una zona clave: La Balandra
La Balandra, ubicada en Berisso, es uno de los pocos espacios naturales que queda en la región. Como el mayor balneario público de la zona, es un atractivo tanto para los locales como para los turistas. Su caracterización como un bien público, accesible para todos, está ahora bajo amenaza debido a este acuerdo. Aunque en su convención, el gremio de boxeadores argumenta que el lugar será utilizado por los afiliados y sus familias, no hay claridad sobre cómo se manejará el acceso de los demás ciudadanos, ni si la cesión a terceros comprometerá el uso comunitario de estos terrenos.
Declaraciones que ponen en duda la legitimidad del convenio
En medio de este escándalo, las voces del sector opositor se levantan ante lo que consideran un abuso de poder y una falta de transparencia en la gestión de los bienes públicos. Iván Tobar, líder de la facción dentro de UOCRA, defendió la acción, argumentando que este acuerdo fortalecería los lazos entre distintos sectores del sindicalismo argentino y ofrecería un espacio de esparcimiento para los trabajadores. Sin embargo, la falta de claridad sobre las condiciones en las que se cede este espacio y la exclusión de la comunidad en general deja muchas preguntas sin respuesta.
Por otro lado, los sectores críticos a este tipo de acuerdos advierten que la privatización de espacios públicos de esta naturaleza es un precedente peligroso. Si bien en apariencia el acuerdo parece inofensivo, las implicancias para el futuro del acceso a los bienes públicos son graves. La falta de control y la opacidad con la que se gestionan estos recursos abren un agujero negro en el cual las decisiones políticas y gremiales se combinan de manera perjudicial para el interés público.
¿Quién controla el acceso a La Balandra?
Un aspecto crucial del acuerdo es el control sobre el acceso a La Balandra, que se presenta como un bien público. Sin embargo, con la cesión del espacio a un gremio con intereses privados, las preguntas surgen sobre quién determinará las condiciones de acceso. ¿Será un privilegio exclusivo para los afiliados de la UOCRA y los boxeadores, o se garantizará la igualdad de acceso para todos los ciudadanos? La falta de claridad en este punto deja abiertas las puertas a la exclusión y el abuso del espacio, un patrón que, lamentablemente, ya hemos visto en otras partes del país.
El riesgo de la privatización del patrimonio público
Este tipo de acuerdos, si no son revisados con transparencia, pueden sentar un precedente peligroso para el uso de los bienes públicos en todo el país. La privatización de un espacio de acceso común como La Balandra, por más que se enmascare bajo la excusa de un «uso recreativo para los trabajadores», abre la puerta a un uso arbitrario de los recursos del Estado. El riesgo de que espacios públicos se conviertan en propiedades de grupos selectos o intereses gremiales es cada vez mayor, y el caso de Berisso es una muestra palpable de ello.
Un acuerdo que debería revisarse
El convenio entre Agrupación Blanca y Azul de la UOCRA La Plata y Boxeadores Argentinos Agremiados debe ser sometido a un análisis profundo por parte de las autoridades pertinentes. Si bien la intención de ofrecer un espacio recreativo para los afiliados del gremio parece loable, el hecho de que se trate de terrenos públicos destinados a la comunidad en general genera serias dudas sobre la equidad en su uso. La falta de respuesta de las autoridades y la opacidad en la gestión de estos recursos resalta la necesidad de un control más estricto sobre cómo se administran las tierras públicas, y cómo estos acuerdos afectan a los derechos de la ciudadanía en su conjunto.
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