Gabriel Marotte, secretario de Seguridad del municipio de Berisso y concejal con licencia, fue denunciado por incompatibilidad de cargos ante las autoridades municipales y el Honorable Concejo Deliberante. La presentación fue realizada por Omar Medina, referente local de La Libertad Avanza (LLA), quien argumenta que esta situación contraviene la Ley Orgánica de las Municipalidades.
La denuncia se centra en que Marotte ejerce simultáneamente funciones legislativas y ejecutivas, lo que está expresamente prohibido por los Artículos 7 y 8 del Decreto-Ley 6769/58. Esta normativa establece que ninguna persona puede ser miembro del Concejo Deliberante y desempeñar empleo o comisión rentada en la administración municipal, incluso cuando el cargo se ejerce sin remuneración.
Marco legal que sustenta la denuncia
La Ley Orgánica de las Municipalidades es categórica en su prohibición. El Artículo 7 establece que «nadie puede ser simultáneamente miembro del Concejo Deliberante y desempeñar empleo o comisión rentada en la Administración Nacional, Provincial o Municipal». Por su parte, el Artículo 8 especifica que esta incompatibilidad persiste aunque los cargos se desempeñen ad honorem, siendo la única excepción el ejercicio de la docencia.
Medina argumentó en su presentación que la situación de Marotte «encuadra en la incompatibilidad legal» establecida por la normativa provincial. La denuncia destaca que, a pesar de tener licencia como concejal, continúa ejerciendo funciones en el Departamento Ejecutivo Municipal como titular de la Secretaría de Seguridad.
Cuestionamientos éticos adicionales
Más allá de los aspectos legales, el caso presenta aristas éticas complejas. Según las denuncias, Marotte mantiene influencia en la subsecretaría de Tierras municipal y forma parte de la comisión de Seguridad dentro del Concejo Deliberante, lo que genera un conflicto de intereses al ocupar simultáneamente un cargo ejecutivo con incidencia directa en dicha área.
La situación se agrava por presuntos vínculos con «negocios inmobiliarios encubiertos«, según señalan las fuentes consultadas. Este tipo de acusaciones pone en tela de juicio la transparencia en la función pública y plantea interrogantes sobre la ética en el ejercicio del poder municipal.
Un patrón de irregularidades en la gestión Cagliardi
El caso de Marotte no es un hecho aislado dentro de la administración de Fabián Cagliardi. La gestión municipal enfrenta múltiples denuncias por incompatibilidad de funciones que involucran a otros funcionarios clave.
Paola Ovejero, presidente del Consejo Escolar de Berisso, fue denunciada por la abogada y concejal electa de la LLA, Laura Fernández, ante el Director General de Cultura y Educación por ejercer simultáneamente como Coordinadora del Centro Cultural y Polideportivo Papa Francisco. Esta situación contraviene las Leyes provinciales N° 12.948 y N° 13.688, que establecen la incompatibilidad del cargo de Consejero Escolar con cualquier otra función pública, salvo excepciones específicas como la docencia universitaria.
Denuncias de incompatibilidad: Paola Ovejero y su doble función en el municipal de Berisso
La propia Ovejero confirmó su doble función en declaraciones a un medio radial local, lo que evidencia la naturalización de estas prácticas en el ámbito municipal. La denunciante evalúa llevar el caso a la Fiscalía ante la falta de respuesta institucional.
Por su parte, Antonio Ligari, concejal del PJ-Unión por la Patria, también enfrenta cuestionamientos por su doble rol como legislador y director/coordinador de Institutos en el Departamento Ejecutivo. Su caso se agrava por una denuncia formal por violencia de género y abuso de poder presentada por Marcela Ríos, empleada municipal y directora de la Casa del Niño San Martín.
Consecuencias legales y administrativas
La violación de las normas de incompatibilidad de cargos puede acarrear consecuencias severas para los funcionarios involucrados. Las sanciones pueden variar desde la suspensión de funciones hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos en el futuro.
El Honorable Concejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo tienen la obligación legal de «tomar la debida intervención» para garantizar el estricto cumplimiento de la normativa vigente y la transparencia en el ejercicio de la función pública. Sin embargo, la oposición política ha denunciado la inacción de las autoridades municipales ante estas irregularidades.
La oposición, desperdigadas en múltiples bloques, débilmente ha presentado pedidos formales exigiendo el apartamiento de los funcionarios denunciados y solicita informes detallados sobre las medidas adoptadas. Estas demandas oficiales han sido ignoradas hasta el momento, lo que refuerza la percepción de un «blindaje político» hacia los funcionarios cuestionados.
Impacto en la confianza pública
Las múltiples denuncias por incompatibilidad de cargos han generado un clima de desconfianza hacia la gestión municipal. La percepción ciudadana es que existe una «cultura de impunidad» que permite a los funcionarios violar la normativa sin consecuencias.
La concentración de poder en pocas manos, mediante la ocupación simultánea de cargos legislativos y ejecutivos, diluye las líneas de responsabilidad y crea las condiciones propicias para los abusos de autoridad. Esta situación no solo compromete la división de poderes a nivel municipal, sino que también erosiona la legitimidad democrática del gobierno local.
La comunidad de Berisso se encuentra ante una encrucijada que exige respuestas claras de sus autoridades. La aplicación efectiva de la normativa vigente y la implementación de mecanismos de rendición de cuentas son fundamentales para restaurar la confianza pública y garantizar el ejercicio ético de la función pública.
Los casos documentados de Gabriel Marotte, Paola Ovejero y Antonio Ligari representan un desafío directo al sistema democrático local y exigen una intervención inmediata de las autoridades competentes para garantizar el cumplimiento de la ley y proteger la integridad institucional del municipio.
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