El Astillero Río Santiago (ARS), emblema de la industria naval argentina, atraviesa en noviembre de 2025 una crisis sin precedentes que combina la parálisis productiva, un profundo conflicto gremial y la amenaza latente de privatización. La situación expone la vulnerabilidad de una empresa que, nacida como bastión de la soberanía industrial, hoy funciona principalmente como estructura de contención social financiada casi en su totalidad por el Estado provincial.
El conflicto estalló cuando trabajadores de base denunciaron un escándalo de corrupción por el reparto discrecional de ascensos y categorías jerárquicas que beneficiaron a dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Ensenada. La revelación provocó una rebelión interna que fracturó la relación entre los obreros y su histórica conducción sindical, liderada por Francisco «Pancho» Banegas.
Los números de la insostenibilidad
Los datos financieros del Astillero Río Santiago revelan la magnitud de la crisis estructural. Durante el primer trimestre de 2025, el 95% del gasto total de $20.000 millones se destinó exclusivamente a salarios, confirmando lo que fuentes internas describen como una «oficina de liquidación de sueldos» más que una empresa productiva.
En 2024, el gasto total alcanzó los $70.000 millones, mientras que los ingresos propios apenas llegaron a $43 millones, el nivel más bajo de la última década. Esta brecha abismal evidencia una actividad comercial prácticamente nula. Para 2026, el presupuesto proyectado asciende a $105.000 millones, de los cuales $87.000 millones irán a sueldos y solo $7.000 millones a inversión.
El ex presidente del astillero, Pedro Wasiejko, señaló que incluso con un contrato de gran magnitud, la estructura actual solo cubriría entre el 30% y el 35% del gasto anual. El trabajador Javier Magnani fue más contundente: el Astillero está paralizado desde 2012.
El escándalo que desató la rebelión
A fines de octubre de 2025, salieron a la luz denuncias sobre ascensos y categorías de «cascos blancos» otorgados a integrantes de la conducción de ATE Ensenada, entre ellos Diego Seimandi y Lorena Benaglia. Estas promociones, con sueldos reportados de más de $2.5 millones, habrían sido negociadas en reuniones secretas entre la comisión gremial y la gerencia de la empresa.
La base obrera reaccionó con indignación. Los trabajadores autoconvocados organizaron asambleas paralelas y retenciones de tareas, imponiendo un paro de facto desde principios de noviembre. El 6 de noviembre, obreros acorralaron a la dirección de ATE para exigir una asamblea general, evidenciando la pérdida total de control de la conducción sobre sus representados.
«Nos llevaron al Ministerio de Trabajo a reclamar categorías cuando deberíamos haber estado en Casa de Gobierno reclamando trabajo», señaló un trabajador, sintetizando la crítica central: el gremio priorizó el reparto de privilegios sobre la lucha por la reactivación productiva.
Miseria salarial en medio del conflicto
Detrás de la bronca contra la dirigencia existe una realidad económica devastadora. Los trabajadores describieron su situación como una «miseria salarial» que obliga a las familias a endeudarse constantemente con tarjetas de crédito y billeteras virtuales para comprar alimentos. Un testimonio reveló que la atención de los obreros se centra más en «la fecha de corte de la tarjeta de crédito» que en la fecha de cobro.
Los empleados también desmintieron públicamente que el sueldo promedio alcance los $2.800.000, como se había afirmado desde algunos sectores. Este contexto de precariedad económica magnificó la indignación ante el favoritismo de la cúpula sindical y transformó el conflicto en un grito generalizado: «¡Que se vayan todos!».
Las demandas de los autoconvocados son claras: transparencia inmediata en la asignación de categorías, auditorías completas, renuncia de los responsables y, sobre todo, trabajo genuino y una urgente actualización salarial. Un trabajador describió la situación interna como «una olla a presión» que estalló con la noticia de las categorías.
La respuesta de ATE y la desconexión
La Comisión Administrativa de ATE Ensenada, liderada por Francisco Banegas, negó rotundamente las acusaciones en la asamblea del 10 de noviembre. Calificaron las denuncias de «rumores maliciosos» y una «maniobra política y falaz» destinada a generar confusión y desunión.
La conducción intentó reenfocar el conflicto hacia amenazas externas, enfatizando la necesidad de un «Astillero fuerte y unido para alcanzar la soberanía y el trabajo genuino» y promoviendo proyectos como la finalización del Dique Flotante. Banegas también denunció la desregulación del sector naval impulsada por el gobierno nacional como una «destrucción total de la industria naval argentina».
Sin embargo, la base denunció manipulación en esa asamblea y continuó con sus propias deliberaciones el 11 de noviembre, manteniendo intactos sus reclamos. La fractura parece irreparable: por primera vez en su historia reciente, la combativa militancia del astillero dirigió su lucha principalmente contra su propia dirigencia sindical.
Paradójicamente, mientras ATE Ensenada implosionaba, ATE Nacional convocó al paro llevado el 19 de noviembre contra la reforma laboral del gobierno federal. Esta desconexión reveló la profunda brecha entre la agenda nacional —centrada en derechos laborales generales— y la lucha local, dominada por la demanda de transparencia interna y subsistencia inmediata.
El problema de los buques venezolanos
La crisis productiva del Astillero Río Santiago tiene un origen concreto: la imposibilidad de entregar dos buques petroleros, el Eva Perón y el Juana Azurduy, a la empresa venezolana PDVSA. Estos barcos están técnicamente terminados, pero sanciones internacionales y cuestiones geopolíticas impiden su entrega.
Banegas confirmó que el buque Eva Perón está «técnicamente terminado» pero que «cuestiones geopolíticas no permiten que Venezuela pueda llevárselo». Por ello, trabajan para «rescindir el contrato con Venezuela en forma consensuada y buscar otra empresa interesada en la compra».
La situación se complica por una denuncia histórica: según Bárbara Solernou, del Consejo de Fábrica ARS, la administración de Daniel Scioli habría desviado aproximadamente $23 millones de dólares destinados a las obras venezolanas para financiar el Estadio Único de La Plata. Este desvío habría dejado a la fábrica sin el financiamiento necesario y causado la parálisis productiva que se extiende hasta hoy.
Solernou calificó a figuras políticas y gremiales locales —incluyendo al gobernador Axel Kicillof, Wasiejko, Banegas y el intendente Mario Secco— de ser «cómplices de los vende patria» y se opuso a la venta de los buques venezolanos, llamándola una «traición al interés argentino».
Vacío de poder y ausencia provincial
El Astillero Río Santiago se encuentra acéfalo desde agosto de 2025, tras la renuncia de Pedro Wasiejko. Esta ausencia de liderazgo ha generado un vacío de poder que deja a la planta sin dirección ni objetivos claros, facilitando dinámicas de manejo discrecional entre gerencia y gremio.
Wasiejko atribuyó su salida a un «desbalance político en la interna gremial», afirmando que el gobierno provincial optó por evitar un conflicto con el gremio antes que respaldar su gestión. «No veo en la Provincia una decisión política de gestionar Astillero Río Santiago de manera integral», declaró el ex presidente.
Wasiejko también criticó que cuestiones clave como las recategorizaciones se resolvieran directamente entre el Ministerio de Economía y el sindicato, sin una visión técnica o estratégica de la presidencia del ARS. Además, cuestionó al gremio y al intendente por impulsar proyectos menores para «contener a la gente» en lugar de apostar por proyectos de mayor escala que modificaran la ecuación productiva.
Denis Vilardo, de la dirigencia de ATE Ensenada, explicó la crisis estructural: «Nuestro astillero nació para un país que defendía su comercio exterior, su soberanía y tenía áreas estratégicas. Hoy estamos en las antípodas de ese modelo». También advirtió que la eliminación del Fondo Nacional de la Defensa (FONDEF) representa el impacto más fuerte para la empresa.
La amenaza de privatización
La crisis interna es funcional a la agenda del gobierno nacional liderado por Javier Milei, que busca justificar el desmantelamiento o privatización de empresas estatales consideradas improductivas. El diputado bonaerense Guillermo Castello presentó un proyecto para declarar al ARS «sujeto a privatización», argumentando que la empresa es «ineficiente, politizada y con un déficit millonario» y que «el Estado no necesita fabricar barcos».
La percepción de caos interno, alimentada por las disputas y la parálisis, fortalece la narrativa de que el astillero es un sumidero fiscal insalvable y una entidad ingobernable. La combinación de parálisis productiva, acefalía, dependencia fiscal total y un escándalo de corrupción interna crea el escenario ideal para justificar una intervención externa.
Rodolfo Aguiar, de ATE Nacional, convocó al paro del 19 de noviembre para rechazar la «reforma laboral regresiva» de Javier Milei y advirtió que la administración pública había entrado en «emergencia salarial». Sin embargo, la crisis autoinfligida en Ensenada debilita la capacidad de resistencia general del frente sindical en un momento crítico.
Riesgos y escenarios futuros
Las denuncias sobre ascensos irregulares en una empresa estatal podrían derivar en investigaciones por malversación de fondos públicos o administración fraudulenta. La exigencia de auditorías por parte de la base aumenta la presión para una intervención judicial o administrativa.
La continuación de las asambleas autoconvocadas indica que el conflicto está lejos de resolverse. La coincidencia con la movilización nacional de ATE del 19 de noviembre presenta una plataforma para que los trabajadores del ARS amplifiquen sus denuncias a nivel nacional, magnificando el escándalo.
Para el Astillero Río Santiago, el desafío es doble: recuperar la legitimidad interna a través de transparencia y gestión democrática, y demostrar capacidad productiva real que justifique el respaldo del Estado. Sin trabajo genuino, sin conducción clara y con una dirigencia sindical cuestionada, el futuro de esta histórica empresa estatal pende de un hilo cada vez más delgado.
La crisis de noviembre de 2025 expone una verdad incómoda: cuando la lucha por privilegios internos reemplaza la defensa colectiva, la supervivencia misma de la institución queda comprometida. Como señaló un trabajador, la situación es «una olla a presión» que, sin cambios profundos, podría terminar en la implosión definitiva del último gran astillero estatal argentino.
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