La crisis de los astilleros y Fabricaciones Militares llegó al Senado de la Nación

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Trabajadores de los principales astilleros del país, de Fabricaciones Militares y marinos mercantes participaron de una audiencia pública en el Senado de la Nación ante el vaciamiento de empresas estratégicas del Estado y el veto macrista de leyes para impulsar al sector.

“La Argentina hay que pensarla en términos de una profunda transformación logística donde la red ferroviaria, los puertos, la marina mercante y la industria naval como capitalizador del valor agregado sean la consecuencia lógica de un país que busca su desarrollo; no puede ser que se hayan vetado artículos centrales de 1.500 millones de pesos que era el Fondo de la Industria Naval, y en la bicicleta financiera, en la timba y en la usura se llevaron puestas las reservas del Banco Central”. Con esas palabras concluyó su alocución el secretario general del Sindicato de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval (SAONSINRA), Juan Speroni, durante la reunión de las comisiones de Industria y Comercio y de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación.

La audiencia se convocó para tratar la problemática que atraviesa el Astillero Río Santiago (ARS) particularmente, pero ante los acontecimientos de las últimas semanas y los despidos en distintas fábricas se sumó el reclamo de los trabajadores de Tandanor (otro astillero que está siendo vaciado), y de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero (Córdoba) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe).

Fue el senador cordobés Carlos Caserio pidió a los trabajadores del ARS “que nos permitan compartir con ustedes esta problemática porque también se trata de trabajadores del Estado, porque también son parte de empresas que están siendo desguazadas, y porque son empresas que quieren que desaparezcan y que han sido un hito en la industria argentina”.

La senadora María de los Ángeles Sacnun, de Unidad Ciudadana, que preside la comisión de Industria y Comercio, destacó la importancia de que el Congreso “visibilice la situación que atraviesan los astilleros y Fabricaciones Militares, que no escapan a la realidad que vive la industria nacional”, y recordó dos leyes que se impulsaron desde el parlamento pero que finalmente se encontraron con el veto presidencial o la reglamentación parcial. La ley para la promoción de la Marina Mercante, presentada por el senador Pino Solanas, y la de fomento de la Industria Naval, impulsada por el senador Alfredo Luenzo, habían sido aprobadas por unanimidad en la Cámara Alta, pero el presidente Mauricio Macri las modificó a través de un decreto que dejó sin efecto artículos centrales de ambas normativas.

En ese sentido, la santafecina Sacnun cuestionó: “Desde el parlamento de la nación hemos sancionado oportunamente la ley de incentivo y fomento de la marina mercante, de la industria naval, pero finalmente se procedió al veto de dos artículos que nosotros consideramos medulares que tenían que ver con la creación del Fondo de Incentivo y de los beneficios fiscales por diez años para los astilleros nacionales”.

“Consideramos que esta industria estratégica desde el punto de vista económico, geopolítico y social para la República Argentina y la región es necesario que sea apoyada, no solamente por los 3.500 puestos de trabajadores del astillero, sino también por la protección del trabajo indirecto que genera”, sostuvo y celebró la inclusión de los trabajadores de Fabricaciones Militares en el debate.

“La industria naval no es un emergente del mercado, es parte de una profunda decisión política que tiene que tomar el Estado nacional. Cuando estaba funcionando ELMA (Empresa Línea Marítima del Estado), la Flota Fluvial, los ferrocarriles y la industria naval, cosa que es impensada en este contexto, en nuestro país se construyeron desde plataformas marítimas hasta barcos que bien podrían denominarse hoy como los más importantes del mundo en transporte de carga”, dijo Speroni, del SAONSINRA, durante su intervención.

Luego de que terminaran las exposiciones de los representantes del sector, el senador Miguel Ángel Pichetto dijo que “si el tema no se fortalece en términos comunicacionales y no se visibiliza el problema en una sociedad argentina ocupada permanentemente en los escándalos de nivel judicial y despreocupada de lo que pasa en el plano social y económico, se van a profundizar los despidos”, y propuso impulsar una ley que “comprometa al Estado a no despedir más trabajadores por un plazo mínimo de 180 días, comprometer un proceso de contrataciones tanto de Fabricaciones Militares como de los trabajadores de los astilleros, decretar una emergencia desde el punto de vista laboral y convocar al ministro Aguad para que nos explique cuál es el rumbo y el futuro que tiene pensado desde el área de Defensa”.

La diputada del Frente para la Victoria ,Gabriela Estévez recordó que desde la Cámara Baja su bloque ya ha impulsado medidas en ese sentido que fueron trabadas por Cambiemos, y pidió el acompañamiento de los otros bloques opositores para insistir. Una de esas iniciativas contempla la suspensión de despidos hasta diciembre de 2019.

La crisis en “la madre de todas las industrias”

Los testimonios de los distintos actores durante la tarde del martes en el Senado dieron cuenta de la delicada situación que atraviesa un sector estratégico para el desarrollo de la industria nacional y la generación de empleo.

Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada, habló sobre la crisis en el Astillero Río Santiago y denunció la decisión política de la conducción de la empresa y el gobierno de María Eugenia Vidal de paralizar las tareas en la empresa “donde no se mueve un clavo desde hace seis meses”. “Ustedes habrán escuchado muchísimo sobre los buques para el país hermano de Venezuela, donde dicen que nosotros somos responsables porque pasaron diez años sin terminarlo, y los trabajadores no tenemos nada que ver en esa situación porque no somos nosotros responsables de tomar las decisiones políticas o firmar un contrato”, dijo, y añadió: “Hoy se necesitan 75 millones de pesos en total para que el Eva Perón se termine, siendo un buque que está avanzado en un 97%. Si termináramos ese buque, cobraríamos 8 millones de dólares, que al tipo de cambio de hoy estaríamos hablando de poco más de 300 millones de pesos”.

Denis Vilardo, delegado del ARS, brindó detalles técnicos sobre la actividad: “Nosotros vemos la industria naval como un aspecto fundamental en un país que es eminentemente marítimo: el 97% de lo que comerciamos con el mundo se hace por agua, y Argentina pierde por año entre 5 y 7 mil millones de dólares por no tener flota propia”, dijo Vilardo, y recordó que la naval “es una de las únicas industrias pesadas que quedan en el país”.

“Uno de los cálculos que se hace es que cada puesto de producción directa dentro del astillero produce dos puestos de trabajo por fuera del astillero”, explicó el delegado del ARS, y denunció: “La política de vaciamiento de nuestro astillero tiene una política paralela que es la de comprar buques en el exterior que podrían producirse en el país, concretamente, el gobierno nacional a través de los ministerios de Seguridad y de Defensa ha comprado cuatro lanchas para patrullar el litoral fluvial a Israel, y ahora avanza en la compra de cuatro buques patrulleros multipropósito a Francia por 500 millones de dólares”.

Juan Pucheta, delegado de Tandanor, el otro astillero nacional que despidió trabajadores en los últimos días, recordó que allí “se llevó adelante la reconstrucción completa del Almirante Irizar que supo cumplir al 100% con la última campaña antártica, y llevamos con una total efectividad la reparación de media vida del submarino ARA San Juan”.

Apoyo de los municipios

En la reunión de la comisión estuvieron presentes los jefes comunales de las localidades de Río Tercero, Alberto Martino; de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli; y el presidente del Concejo Deliberante de Villa María, Carlos de Falco, en representación del jefe comunal que no pudo estar presente.

De Falco recordó que la Fábrica Militar de pólvora y explosivos nació casi al mismo tiempo que la ciudad de Villa María, y explicó que su vaciamiento afectaría en más de 400 millones de pesos al Producto Interno Bruto de la ciudad. “Estamos para acompañar a los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y la región que están pasando horas muy dolorosas”, dijo el concejal, y agregó: “Hay muchas formas de desvincular a la gente del Estado, pero la forma en que lo han hecho en Fabricaciones Militares es una de las cosas más cruentas que he visto en mis 39 años de abogado laboralista, porque que le hagan leer a los propios trabajadores sus propios despidos es la cosa más dolorosa que he visto”.

“Con una mano en el corazón, les pido que dictemos un instrumento legal que, hasta que esto no se solucione, suspendamos los despidos: volvamos a traer a la gente, por favor. Echaron a un señor con 59 años y 30 de servicio, le falta un año para jubilarse, tengo una representación institucional que me impide decirlo, pero hay que ser ‘hdp’ para hacer una cosa así”, concluyó.

Las críticas del intendente de Río Tercero, Alberto Marino, a la política de sistemático vaciamiento en Fabricaciones Militares llamaron la atención por su pertenencia a la alianza Cambiemos. El intendente radical cuestionó que “no se dimensiona lo que son capaces de hacer nuestras fábricas y, lo que es peor, creo que no tienen ningún interés en conocerlo”, y expresó que, más allá de su pertenencia a la alianza gobernante, “si nosotros no entendemos que defender a los trabajadores y la industria nacional trasciende los colores políticos, inevitablemente estamos condenados al fracaso”. (Contexto)

 

Sobre el Publicador

Darío Franco Medina
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