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La crisis de los astilleros y Fabricaciones Militares llegó al Senado de la Nación

Trabajadores de los principales astilleros del país, de Fabricaciones Militares y marinos mercantes participaron de una audiencia pública en el Senado de la Nación ante el vaciamiento de empresas estratégicas del Estado y el veto macrista de leyes para impulsar al sector.

“La Argentina hay que pensarla en términos de una profunda transformación logística donde la red ferroviaria, los puertos, la marina mercante y la industria naval como capitalizador del valor agregado sean la consecuencia lógica de un país que busca su desarrollo; no puede ser que se hayan vetado artículos centrales de 1.500 millones de pesos que era el Fondo de la Industria Naval, y en la bicicleta financiera, en la timba y en la usura se llevaron puestas las reservas del Banco Central”. Con esas palabras concluyó su alocución el secretario general del Sindicato de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval (SAONSINRA), Juan Speroni, durante la reunión de las comisiones de Industria y Comercio y de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado de la Nación.

La audiencia se convocó para tratar la problemática que atraviesa el Astillero Río Santiago (ARS) particularmente, pero ante los acontecimientos de las últimas semanas y los despidos en distintas fábricas se sumó el reclamo de los trabajadores de Tandanor (otro astillero que está siendo vaciado), y de Fabricaciones Militares de Villa María y Río Tercero (Córdoba) y Fray Luis Beltrán (Santa Fe).

Fue el senador cordobés Carlos Caserio pidió a los trabajadores del ARS “que nos permitan compartir con ustedes esta problemática porque también se trata de trabajadores del Estado, porque también son parte de empresas que están siendo desguazadas, y porque son empresas que quieren que desaparezcan y que han sido un hito en la industria argentina”.

La senadora María de los Ángeles Sacnun, de Unidad Ciudadana, que preside la comisión de Industria y Comercio, destacó la importancia de que el Congreso “visibilice la situación que atraviesan los astilleros y Fabricaciones Militares, que no escapan a la realidad que vive la industria nacional”, y recordó dos leyes que se impulsaron desde el parlamento pero que finalmente se encontraron con el veto presidencial o la reglamentación parcial. La ley para la promoción de la Marina Mercante, presentada por el senador Pino Solanas, y la de fomento de la Industria Naval, impulsada por el senador Alfredo Luenzo, habían sido aprobadas por unanimidad en la Cámara Alta, pero el presidente Mauricio Macri las modificó a través de un decreto que dejó sin efecto artículos centrales de ambas normativas.

En ese sentido, la santafecina Sacnun cuestionó: “Desde el parlamento de la nación hemos sancionado oportunamente la ley de incentivo y fomento de la marina mercante, de la industria naval, pero finalmente se procedió al veto de dos artículos que nosotros consideramos medulares que tenían que ver con la creación del Fondo de Incentivo y de los beneficios fiscales por diez años para los astilleros nacionales”.

“Consideramos que esta industria estratégica desde el punto de vista económico, geopolítico y social para la República Argentina y la región es necesario que sea apoyada, no solamente por los 3.500 puestos de trabajadores del astillero, sino también por la protección del trabajo indirecto que genera”, sostuvo y celebró la inclusión de los trabajadores de Fabricaciones Militares en el debate.

“La industria naval no es un emergente del mercado, es parte de una profunda decisión política que tiene que tomar el Estado nacional. Cuando estaba funcionando ELMA (Empresa Línea Marítima del Estado), la Flota Fluvial, los ferrocarriles y la industria naval, cosa que es impensada en este contexto, en nuestro país se construyeron desde plataformas marítimas hasta barcos que bien podrían denominarse hoy como los más importantes del mundo en transporte de carga”, dijo Speroni, del SAONSINRA, durante su intervención.

Luego de que terminaran las exposiciones de los representantes del sector, el senador Miguel Ángel Pichetto dijo que “si el tema no se fortalece en términos comunicacionales y no se visibiliza el problema en una sociedad argentina ocupada permanentemente en los escándalos de nivel judicial y despreocupada de lo que pasa en el plano social y económico, se van a profundizar los despidos”, y propuso impulsar una ley que “comprometa al Estado a no despedir más trabajadores por un plazo mínimo de 180 días, comprometer un proceso de contrataciones tanto de Fabricaciones Militares como de los trabajadores de los astilleros, decretar una emergencia desde el punto de vista laboral y convocar al ministro Aguad para que nos explique cuál es el rumbo y el futuro que tiene pensado desde el área de Defensa”.

La diputada del Frente para la Victoria ,Gabriela Estévez recordó que desde la Cámara Baja su bloque ya ha impulsado medidas en ese sentido que fueron trabadas por Cambiemos, y pidió el acompañamiento de los otros bloques opositores para insistir. Una de esas iniciativas contempla la suspensión de despidos hasta diciembre de 2019.

La crisis en “la madre de todas las industrias”

Los testimonios de los distintos actores durante la tarde del martes en el Senado dieron cuenta de la delicada situación que atraviesa un sector estratégico para el desarrollo de la industria nacional y la generación de empleo.

Francisco Banegas, secretario general de ATE Ensenada, habló sobre la crisis en el Astillero Río Santiago y denunció la decisión política de la conducción de la empresa y el gobierno de María Eugenia Vidal de paralizar las tareas en la empresa “donde no se mueve un clavo desde hace seis meses”. “Ustedes habrán escuchado muchísimo sobre los buques para el país hermano de Venezuela, donde dicen que nosotros somos responsables porque pasaron diez años sin terminarlo, y los trabajadores no tenemos nada que ver en esa situación porque no somos nosotros responsables de tomar las decisiones políticas o firmar un contrato”, dijo, y añadió: “Hoy se necesitan 75 millones de pesos en total para que el Eva Perón se termine, siendo un buque que está avanzado en un 97%. Si termináramos ese buque, cobraríamos 8 millones de dólares, que al tipo de cambio de hoy estaríamos hablando de poco más de 300 millones de pesos”.

Denis Vilardo, delegado del ARS, brindó detalles técnicos sobre la actividad: “Nosotros vemos la industria naval como un aspecto fundamental en un país que es eminentemente marítimo: el 97% de lo que comerciamos con el mundo se hace por agua, y Argentina pierde por año entre 5 y 7 mil millones de dólares por no tener flota propia”, dijo Vilardo, y recordó que la naval “es una de las únicas industrias pesadas que quedan en el país”.

“Uno de los cálculos que se hace es que cada puesto de producción directa dentro del astillero produce dos puestos de trabajo por fuera del astillero”, explicó el delegado del ARS, y denunció: “La política de vaciamiento de nuestro astillero tiene una política paralela que es la de comprar buques en el exterior que podrían producirse en el país, concretamente, el gobierno nacional a través de los ministerios de Seguridad y de Defensa ha comprado cuatro lanchas para patrullar el litoral fluvial a Israel, y ahora avanza en la compra de cuatro buques patrulleros multipropósito a Francia por 500 millones de dólares”.

Juan Pucheta, delegado de Tandanor, el otro astillero nacional que despidió trabajadores en los últimos días, recordó que allí “se llevó adelante la reconstrucción completa del Almirante Irizar que supo cumplir al 100% con la última campaña antártica, y llevamos con una total efectividad la reparación de media vida del submarino ARA San Juan”.

Apoyo de los municipios

En la reunión de la comisión estuvieron presentes los jefes comunales de las localidades de Río Tercero, Alberto Martino; de Fray Luis Beltrán, Mariano Cominelli; y el presidente del Concejo Deliberante de Villa María, Carlos de Falco, en representación del jefe comunal que no pudo estar presente.

De Falco recordó que la Fábrica Militar de pólvora y explosivos nació casi al mismo tiempo que la ciudad de Villa María, y explicó que su vaciamiento afectaría en más de 400 millones de pesos al Producto Interno Bruto de la ciudad. “Estamos para acompañar a los trabajadores y trabajadoras de la ciudad y la región que están pasando horas muy dolorosas”, dijo el concejal, y agregó: “Hay muchas formas de desvincular a la gente del Estado, pero la forma en que lo han hecho en Fabricaciones Militares es una de las cosas más cruentas que he visto en mis 39 años de abogado laboralista, porque que le hagan leer a los propios trabajadores sus propios despidos es la cosa más dolorosa que he visto”.

“Con una mano en el corazón, les pido que dictemos un instrumento legal que, hasta que esto no se solucione, suspendamos los despidos: volvamos a traer a la gente, por favor. Echaron a un señor con 59 años y 30 de servicio, le falta un año para jubilarse, tengo una representación institucional que me impide decirlo, pero hay que ser ‘hdp’ para hacer una cosa así”, concluyó.

Las críticas del intendente de Río Tercero, Alberto Marino, a la política de sistemático vaciamiento en Fabricaciones Militares llamaron la atención por su pertenencia a la alianza Cambiemos. El intendente radical cuestionó que “no se dimensiona lo que son capaces de hacer nuestras fábricas y, lo que es peor, creo que no tienen ningún interés en conocerlo”, y expresó que, más allá de su pertenencia a la alianza gobernante, “si nosotros no entendemos que defender a los trabajadores y la industria nacional trasciende los colores políticos, inevitablemente estamos condenados al fracaso”. (Contexto)

 

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Por qué la media sanción del aborto legal en el Senado puede ser adversa

Los sectores que rechazan la legalización del aborto aprendieron en la Cámara de Diputados que el exceso de confianza puede ser contraproducente y ahora, en la instancia clave del Senado, los que apoyan la ley parecen haber caído en ese error.

En esta semana que pasó se notó una llamativa pasividad por parte de la mayoría de las senadoras y senadores que apoyan la legalización, frente a la potencia militante que exhiben quienes buscan evitar que la ley se apruebe el 8 de agosto.

La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito puso sus fichas en seis senadores de los que sólo dos -la mendocina Pamela Verasay y la pampeana Norma Durango– concurrieron al plenario de comisiones para confrontar posturas con los invitados que expusieron en contra del proyecto.

Sin embargo fue un movimiento tibio en comparación con el de la tucumana Silvia Elías de Pérez y la salteña Cristina Fiore, que se mostraron mucho más comprometidas con el objetivo de impedir la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo a simple solicitud.

Si bien no son tenidos en cuenta por la Campaña, el rionegrino Miguel Pichetto y el chubutense Alfredo Luenzo, ambos a favor de la legalización, se encargaron casi en soledad de salir al cruce de los expositores que se refirieron al proyecto como «eugenésico» y promotor del «asesinato» y de la «desaparición forzada».

En tanto, el bloque del Frente para la Victoria que lidera Cristina Kirchner no mostró hasta ahora ni un cuarto del compromiso que manifestó cuando anunciaron que sus nueve integrantes votarían a favor.

Al silencio absoluto de la ex presidenta se le suman la quietud de la mendocina Anabel Fernández Sagasti (que integra el «grupo de los seis» al que apuesta la Campaña) y el neuquino Marcelo Fuentes, las dos espadas más afiladas del kirchnerismo a la hora de la pelea retórica.

Un dato: hay una senadora en ese bloque que en privado manifiesta «dudas» frente a la iniciativa, indicaron fuentes parlamentarias a la agencia Noticias Argentinas.

En contraste, el sector que se opone al proyecto se mostró muy activo en el Senado desde el minuto cero y no sólo por las actuaciones de Fiore y Elías de Pérez.

El martes, primer día de ponencias en el plenario de comisiones, se lo vio al periodista Mariano Obarrio, abanderado del rechazo: no fue para cubrir el evento ni para realizar entrevistas, sino para hacer lobby. Prueba de ello fue la foto junto a la senadora Fiore.

Un día después, mientras se desarrollaba la segunda ronda de exposiciones, el arzobispo de Buenos Aires, Mario Poli, e importantes figuras del Episcopado se reunieron con los diputados nacionales que votaron en contra del proyecto.

La intención de la Iglesia, supo Noticias Argentinas, es blindar y fortalecer el rechazo en la Cámara baja en momentos en que ven altas probabilidades de que el proyecto sea devuelto allí con cambios, si es que no logran bloquearlo.

El panorama del Senado parece derivar de un exceso de confianza por parte de la Campaña Nacional y del movimiento transversal a favor de la legalización del aborto por el feminismo.

Confiaron, en primer lugar, en que el envión de la Cámara de Diputados haría salir la ley del Senado sin demasiados sobresaltos.

En segundo lugar, confían ciegamente en que la masiva movilización prevista para el 8 de agosto dará vuelta una votación que por ahora es adversa, sin tener en cuenta que la presión de la calle es más efectiva cuando la puja de votos es más pareja de lo que es hoy.

Mientras tanto, olvidan que en la Cámara de Diputados, ocurrió todo lo contrario de lo que ocurre actualmente en el Senado.

Contrastes

El grupo transversal de diputadas y diputados a favor de la legalización realizó un impecable trabajo legislativo para cumplir con su meta: persuadieron a varios dudosos, «rosquearon» y cedieron cuando tuvieron que hacerlo para sumar más votos.

Allí, fueron los sectores que se oponen a la legalización confiaban en que ese proyecto nunca reuniría los votos necesarios -algo de eso dejó entrever la oficialista Elisa Carrió– y se sorprendieron cuando percibieron que la iniciativa avanzaba imparable atravesando todos los bloques, con un fuerte respaldo en la calle.

Recién ahí, cuando el debate ya estaba avanzado, comenzaron a moverse para impedir la aprobación (de hecho, el pañuelo celeste se empezó a usar pocos días antes de la votación) y estuvieron a punto de lograrlo.

El proyecto salió aprobado de Diputados gracias al llamado del gobernador de La Pampa, Carlos Verna, a los tres legisladores de su provincia: convirtió dos votos negativos y un indefinido en tres positivos, cuando el rechazo al proyecto estaba al caer.

En el Senado, la diferencia es más amplia y el sector que se opone a la legalización decidió no dejarse «dormir» como en Diputados. Por ello, la pasividad de su contraparte es por lo menos llamativa. (Tribuna de Periodistas)

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ATE Ensenada se reunió en el Congreso Nacional por el veto de la Ley de Industria Naval

La Comisión Administrativa de ATE Ensenada estuvo presente en el Congreso de la Nación donde se reunió con gremios navales y legisladores. En este marco, se repudió al veto presidencial de los artículos 10 y 13 de la ley de Industria Naval.

Se resalta que el primer artículo implicaba un Fondo de Financiamiento de la Industria Naval Nacional (FODINN) en tanto que el otro significaba un bono fiscal, un subsidio directo a la actividad del 13% del valor agregado en los astilleros nacionales que tenía una duración de 10 años.

Además se solicitó que se respete el artículo 15 de la ley de Industria Naval que indica que los buques que necesiten los organismos del Estado se construyan en astilleros nacionales.

Participaron de este encuentro los gremios ATE Ensenada, patrones fluviales, marinos mercantes, capitanes de ultramar, SAON, SOIN, el senador Alfredo Luenzo y los diputados Carlos Selva y Marcela Passo.

Francisco Banegas, Secretario General de ATE Ensenada, luego de la reunión señaló que “la lucha nunca termina y estamos seguros que vamos a lograr nuestras metas para reactivar el Astillero (Río Santiago) y la industria naval. El veto presidencial es un desplante a todo el trabajo realizado en los últimos años donde incluso los propios legisladores de Cambiemos aprobaron toda la ley».

«Seguiremos trabajando firmemente para que la industria naval y nuestro querido Astillero Rio Santiago sean considerados estratégicos. Podremos tener muchas contras y muchos obstáculos pero nacimos en la pelea y vamos a persistir hasta ver resultados positivos”.

Es importante destacar que hoy se reunirá la Comisión Bicameral donde se analizarán los pasos a seguir.

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Con votos de Cambiemos y el PJ, la reforma jubilatoria obtuvo media sanción y pasa a Diputados

El proyecto reunió 43 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones en el Senado, tras una multitudinaria marcha de gremios y agrupaciones políticas. De convertirse en ley, cambiará el cálculo del haber y hombres y mujeres del sector privado podrán jubilarse optativamente a los 70 años.

La reforma previsional, resistida este miércoles en las calles y rechazada por un sector de la oposición, marcha firme a convertirse en ley. El Senado aprobó el proyecto de ley promovido desde el Gobierno con 43 votos afirmativos, 23 negativos y tres abstenciones, al cabo de casi ocho horas de un intenso debate, marcado por una multitudinaria movilización.

La iniciativa fue debatida en conjunto con el Pacto Fiscal y la ley de Responsabilidad Fiscal, proyectos también aprobados, en una jornada a tiempo completo que arrancó con la jura de 23 de los 24 senadores electos, entre ellos la expresidenta Cristina Kirchner.

Cambiemos consiguió el apoyo del grueso del bloque mayoritario, que conduce Miguel Pichetto, para avanzar con el cambio en el cálculo del haber jubilatorio, que el Gobierno debió aplicar por las modificaciones acordadas con gobernadores sobre distintos impuestos.

Con el proyecto aprobado este miércoles, las jubilaciones se calcularán en un 70% en base al índice inflacionario, y un 30% según el nivel de variación salarial (RIPTE). El texto original contemplaba sólo el factor de la suba de precios y un plus por PBI, que el peronismo consideró insuficiente.

“Esta es una fórmula que, a nuestro criterio, va a permitir la protección de una movilidad adecuada en relación a los sueldos de los trabajadores en actividad, y también en relación a lo que se puede perder en poder adquisitivo”, sostuvo Laura Rodríguez Machado (Pro) como miembro informante.

Los senadores del ala kirchnerista que rechazaron el proyecto fueron Ana Almirón, Anabel Fernández Sagasti, Marcelo Fuentes, Silvina García Larraburu, Virginia García, Ruperto Godoy, Nancy GonzálezMaría Ester Labado, María Inés Pilatti Vergara, Marina Riofrío y María de los Ángeles Sacnun.

Dentro del PJ-FpV, también se opusieron Eduardo Aguilar, Hilda Aguirre, Liliana Fellner, Mario Pais, Omar Perotti y Carlos “Camau” Espínola. La lista de votos en contra se completa con los puntanos Adolfo Rodríguez Saá y Liliana Negre, los neuquinos Guillermo Pereyra y Lucila Crexell, y los representantes del interbloque Progresistas Fernando “Pino” Solanas y Magdalena Odarda.

Las tres abstenciones fueron de los bonaerenses Juan Manuel Abal Medina (PJ-FpV), Jaime Linares (GEN) y el chubutense Alfredo Luenzo. Además, hubo otras tres ausencias: las del riojano Carlos Menem, el santafesino Carlos Reutemann y el santacruceño Alfredo Martínez -por un problema de salud-.

En el texto se establece una garantía adicional para los haberes que estén por debajo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, equivalente al 82%, y a su vez se abre la posibilidad a trabajadores del sector privado de optar por jubilarse a los 70 años -tanto hombres como mujeres-.

En nombre del kirchnerismo, Nancy González explicó, con placas impresas, cómo el haber jubilatorio sufrirá una merma de sancionarse la ley. Según la chubutense, el monto será de 7.660 pesos con la nueva fórmula, cuando si se continuara con la movilidad actual, los jubilados ganarían 8.200 pesos.

Más aún, la legisladora estimó que con el cambio en la reforma previsional introducido en comisión, el aumento con respecto al proyecto original será de apenas 43 pesos, “que no sirven ni para comprar una tira de Bayaspirina”.

En la misma sintonía, la santafesina María de los Ángeles Sacnun denunció que la futura ley “vulnera los derechos adquiridos”, y el sanjuanino Ruperto Godoy denunció que el Estado “está ausente” en la defensa de los jubilados, que necesitan protección por no estar sindicalizados.

La radical Silvia Elías de Pérez recogió el guante. “Vamos a decir las cosas como son: 1.158.116 personas ya han teniendo su reparación histórica; 457 mil salieron ya de cobrar la mínima; el porcentaje promedio en sus haberes ha sido del 35%; y hay 389 mil abuelos de más de 80 años que han tenido un incremento aún mayor”, detalló.

Desde la oposición también se oyeron quejas por el tratamiento “exprés” que tuvo el proyecto -el dictamen se reunió en la primera reunión de la Comisión de Trabajo y Previsión Social-. “Estamos sesionando de espaldas a la realidad del país”, desaprobó “Pino” Solanas, y el neuquino Pereyra dijo que el despacho “no tuvo ningún tipo de consenso”.

El representante del MPN y sindicalista del petróleo advirtió que el proyecto “lleva a una pérdida real del salario”, y especificó: “Si tomamos como ejemplo el año 2017, encontramos que los jubilados hubieran perdido este año un 3,5%”.

A su turno, la puntana Liliana Negre confesó: “La verdad, hemos hecho muchas cuentas y la movilidad actual es muy superior”. “Hay un dato objetivo: se va por un monto de dinero claro sobre las jubilaciones. Ese monto impacta sobre nuestros mayores”, advirtió.

La mano derecha de Adolfo Rodríguez Saá también aprovechó para reclamar que “los jueces empiecen a pagar el impuesto a las Ganancias de una vez por todas” y “que se reduzcan las jubilaciones de privilegio de los que más tienen”.

Por su parte, el bonaerense Linares, ambiguo en su discurso, opinó que “en función de la necesidad de los jubilados”, hubiese sido mejor una fórmula con una única variable y no polinómica, de modo de generar un “equilibrio”. Finalmente, resolvió abstenerse.

Puertas afuera del Congreso, el moyanismo, las CTA y la Corriente Federal de los Trabajadores protestaron contra las reformas previsional y laboral, con presencia también de organizaciones sociales como la CTEP y el Movimiento Evita, y agrupaciones del kirchnerismo, entre ellas La Cámpora, Nuevo Encuentro y Kolina.

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ATE Ensenada celebró la media sanción del Senado a la Ley de Industria Naval y Marina Mercante

La Comisión Administrativa de ATE Ensenada informó que luego de intensas gestiones, horas de trabajo, reuniones y debates, se dio un paso importante ya que ayer, el Senado de la Nación, por unanimidad, le dio media sanción a las leyes de desarrollo de la Industria Naval y Marina Mercante.

La media sanción de esta ley apunta a la recuperación de fuentes de trabajo, reserva de carga para todo lo que transporta el Estado, fondo de financiación para la industria naval y soberanía con embarcaciones que navegarán con bandera argentina nuestros ríos y mares.

Francisco Banegas, Secretario General de ATE Ensenada, resaltó que “este es el primer paso para poder recuperar aquello que en los años 90 se destruyó para beneficio de unos pocos con la pérdida de miles de puestos de trabajo para el sector. Si bien estas leyes no son la solución definitiva del problema, son un logro trascendente y el fruto del trabajo de debate y consenso con todos los gremios que componen la actividad naval que apunta al fortalecimiento del sector para su crecimiento”.

Por otra parte, Banegas señaló que “quiero agradecer con el mayor de los afectos a todos los compañeros que siempre apoyaron nuestras gestiones, a aquellos que hoy vinieron a bancar al Congreso, a los que dentro de la fábrica no se prestaron al juego dañino de unos pocos, a los Senadores de la Nación en especial a Alfredo Luenzo, Fernando Pino Solanas y Carlos Mauricio Espínola, a los asesores y al diputado Martínez Campos”.

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Basualdo: “A los emprendedores no hay que ponerles trabas”

La Comisión de Economías Regionales, Economía Social y Mipymes, que preside el senador nacional por San Juan, Roberto Basualdo, se reunió este miércoles para recibir al director del programa de Desarrollo Emprendedor (PRODEM) de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Hugo Kantis, y debatir sobre las condiciones para el desarrollo emprendedor en el país.

 

Del encuentro participaron los senadores Sandra Giménez, Alfredo de Ángelis, Jaime Linares, Alfredo Luenzo, Mera Dalmacio, Daniel Pérsico y Norma Durango, quien propuso organizar una jornada que ponga a disposición los testimonios de emprendimientos exitosos entre las provincias y las empresas.

 

“Estudiamos dos mil empresas en América Latina y dos mil en Asia, y desarrollamos una herramienta que mide las condiciones para el surgimiento y crecimiento de los emprendimientos”, expresó Kantis. Y destacó que “es fundamental el capital humano emprendedor, sus determinantes y condiciones para que surjan oportunidades y modelos de negocios dinámicos, para lo que resulta muy importante el sistema educativo, la demanda efectiva, la ciencia, la tecnología y el capital social”.

 

Basualdo, por su parte, señaló que a los emprendedores “hay que estimularlos y no ponerles trabas”. “El emprendedor tiene que soñar. Yo en los años 80 salía a repartir mercadería de mi mayorista en una camioneta, sin embargo todos me decían que no era el momento de emprender. Y fue una empresa que empezó en un garaje y terminó en muchas partes del país y del mundo”, afirmó.

 

Y contó parte de su testimonio emprendedor: “siendo senador nacional todas las semanas viajaba, me iba a ver la sucursal que tenía en Tucumán. Me tomaba el colectivo a las 11 de la  noche en San Juan y a las 9:30 me dejaba en la puerta del negocio de Tucumán y después me venía para buenos Aires o Córdoba. Ese hambre es lo que te hace emprendedor, tener un sueño gigante. Si no tenés el sueño o las ganas de triunfar, lo demás es conformismo. Me conformo con esto, me conformo con tener una sola sucursal, me conformo con trabajar 8 horas. Yo he trabajado de 15 a 20hs porque dormíamos adentro del negocio. Tuve que dejar cosas que me hubieran encantado aprovechar, como más tiempo con mis hijas, aunque hoy las disfruto mucho y a mis nietos también”

 

En tanto, en la segunda parte, los senadores dieron dictamen favorable a un proyecto de declaración que expresa el beneplácito por la tarea que realiza la ONG “Contribuir al Desarrollo Local” al fomentar proyectos con impacto social y ambiental del Programa de Aceleración MAYMA 2016; y a un proyecto que solicita la implementación de una política nacional de protección y promoción de la producción y comercialización de la fruta fina.

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Cortita y al pie; así votaron y aprobaron el pago a los holdouts los senadores

A favor: 54
 
 UNION PRO (6)
 
 Néstor Braillard Poccard, Alfredo De Angeli, Ernesto Martínez Carignano, Federico Pinedo, Laura Rodríguez Machado y Marta Varela.
 
 UNION CIVICA RADICAL (8)
 
 Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez, Silvia del Rosario Giacoppo, Juan Carlos Marino, Alfredo Martínez, Luis Petcoff Naidenoff, Angel Rozas y Pamela Verasay.
 
 FRENTE CIVICO Y SOCIAL DE CATAMARCA (1)
 
 Oscar Castillo
 
 FRENTE PARA LA VICTORIA-PJ (23)
 
 José Alperovich, Walter Barrionuevo, Inés Blas, Salvador Cabral, Julio César Catalán Magni, Graciela De la Rosa, Carlos “Camau” Espínola, Liliana Fellner, Sandra Giménez, Pedro Guillermo Guastavino, Juan Manuel Irrazábal, Ada Rosa Iturrez de Cappellini, Sigrid Kunath, María Laura Leguizamón, José Miguel Mayans, Dalmacio Mera, Beatriz Mirkin, José “Nato” Ojeda, Omar Perotti, Miguel Angel Pichetto, Marina Riofrío, Rodolfo Urtubey y Gerardo Zamora.
 
 COMPROMISO FEDERAL (3)
 
Liliana Negre de Alonso, Adolfo Rodríguez Saá y Roberto Basualdo.
 
 FRENTE POPULAR SALTEÑO (1)
 
 Juan Carlos Romero
 
 SANTA FE FEDERAL (1)

 Calos Alberto Reutemann
 
 PERONISMO PAMPEANO (2)
 
 Norma Durango y Daniel Lovera.
 
 MOVIMIENTO POPULAR NEUQUINO (2)
 
 Carmen Lucila Crexell y Guillermo Pereyra
 
 PARES (1)
 
 María Cristina Fiore Viñuales
 
 UNION POR CORDOBA (1)
 
 Carlos Caserio
 
 CHUBUT SOMOS TODOS (1)
 
 Alfredo Luenzo
 
 MOVIMIENTO POPULAR FUEGUINO (1)
 
 Miriam Boyadjian
 
 FRENTE POPULAR (1)
 
 Gerardo Montenegro
 
 GEN (1)
 
 Jaime Linares
 
 FEDERALISMO Y LIBERACION (1)
 
 Carlos Saúl Menem
 
***

 En contra:
 
 FRENTE PARA LA VICTORIA-PJ (16)
 
Juan Manuel Abal Medina, Eduardo Aguilar, Hilda Aguirre, Ana Almirón, Anabel Fernández Sagasti, Marcelo Fuentes, Virginia García, Silvina García Larraburu, Ruperto Godoy, Nancy González, María Ester Labado, Mirtha Teresita Luna, Juan Mario País, Daniel Pérsico, María Inés Pilatti Vergara y María de los Angeles Sacnun.
 
***

 Ausentes (2)
 
 FRENTE PROGRESISTA CC-ARI (1)
 
 María Magdalena Odarda
 
 PROYECTO SUR (1)
 
 Fernando “Pino” Solanas