La constructora Sol Vial SA, presidida por el imputado Facundo Dadin, continúa adjudicándose contratos millonarios en el municipio de Berisso bajo la administración del intendente Fabián Cagliardi, en un entramado que ya tiene expedientes judiciales abiertos, testimonios de extorsión documentados y una red de favores políticos que llega hasta figuras de peso nacional como Aníbal Fernández. Mientras la Justicia avanza, la chequera municipal no frena.
Fabián Cagliardi enfrenta escándalo Sol Vial en su postulación como concejal
Facundo Dadin fue imputado en marzo de 2025 junto al ex intendente Julio Garro y otros ex funcionarios por los delitos de «asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y administración fraudulenta». La investigación, a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, se centra en la aprobación irregular de aproximadamente 400 barrios cerrados ilegales en La Plata. El perjuicio económico estimado asciende a 700.000 millones de pesos, según consignó El Correo Gráfico.
Imputación de Julio Garro en la investigación de barrios cerrados ilegales en La Plata
Lejos de congelar vínculos ante la gravedad de las acusaciones, el intendente Fabián Cagliardi firmó el convenio con la directora ejecutiva del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU), Romina Barrios, para la construcción de tres playones deportivos valorados en $325.143.079,03, adjudicados mediante contratación directa a Sol Vial SA. La obra abarca las plazas de El Carmen, el Parque Cívico y el Barrio Obrero. Sin licitación competitiva. Sin concurso de precios. Con un empresario imputado del otro lado del mostrador.
El negocio de la extorsión: expedientes paralizados y planillas de Excel en un country
El modus operandi de la red investigada no fue improvisado. Según testimonios que constan en la causa judicial, funcionarios de la gestión Garro en La Plata paralizaban deliberadamente los expedientes de desarrolladores inmobiliarios que cumplían todos los requisitos técnicos. La solución se ofrecía en reuniones privadas en el country Grand Bell, donde el entonces secretario de Obras Públicas, Luis Barbier —señalado como el presunto «cajero» de la estructura—, recibía a los empresarios con una notebook sobre la mesa. El contenido era una planilla de Excel donde se calculaban retornos por metro cuadrado. La condición era invariable: contratar a Sol Vial SA para ejecutar las obras civiles. De lo contrario, el expediente no avanzaba.
«Nos condicionaban a contratar a Sol Vial», declararon ante la fiscalía varios de los desarrolladores afectados, según consta en el expediente que dirige el fiscal Condomí Alcorta. El nexo operativo era Nahuel Paradela, quien se presentaba como el rostro visible de la empresa.
El mecanismo permitió que Sol Vial SA pasara de ser una contratista de escasa trayectoria a acumular, en tiempo récord, una flota de maquinaria pesada que incluye equipos Caterpillar 320 GX, motoniveladoras John Deere 670 y camiones Iveco Tector, valuada en millones de dólares. Una capitalización que no tiene explicación en el mercado privado competitivo, pero sí en el circuito de contratos públicos direccionados.
Los «arrancahojas»: la adulteración de documentos que confirma el fraude
Uno de los hechos más graves documentados por la fiscalía involucra al barrio La Cañada en La Plata. Allí, para beneficiar al grupo empresarial, se extrajeron físicamente las fojas 5 a 14 y la foja 28 de un expediente público oficial, reemplazándolas por documentos adulterados. El objetivo: inflar el costo de una rotonda vial.
El presupuesto original, fechado el 13 de julio de 2022, ascendía a $39.080.657. El presupuesto adulterado, fechado apenas 45 días después, el 27 de agosto de 2022, trepó a $63.818.306: un incremento del 63,3% en mes y medio. Las empresas beneficiadas por esa maniobra fueron Sol Vial SA, Les Baux y Bordigoni y Cía. SRL, que actuó como proveedor exclusivo de la planta de asfalto en un esquema que la auditoría calificó directamente como cartelización.
Como si el fraude no fuera suficiente, los fondos provenían de la plusvalía urbanística del barrio La Cañada, un recurso que por mandato de la Ley 12.031 debe destinarse a mejora habitacional en sectores vulnerables. En cambio, ese dinero se aplicó íntegramente a una rotonda que beneficiaba casi en exclusiva al emprendimiento privado. Los asentamientos populares que debían recibir esos recursos quedaron sin nada.
El «blindaje» Dadin: empleado del Estado, empresario imputado
Lo que convierte al caso en un escándalo institucional de primer orden es la posición del propio Facundo Dadin dentro del Estado. Además de presidir Sol Vial SA, Facundo Dadin fue empleado del Ministerio de Seguridad de la Nación y ha actuado como delegado gremial de la Juventud en UPCN Capital. Al momento de estallar el escándalo, figuraba como contratado en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Empleado público de día, empresario de la obra pública de noche, imputado por defraudar al Estado en las dos jornadas. El blindaje político tiene recibo de sueldo pagado por los contribuyentes.
La contradicción fiscal no es menor: mientras preside una constructora con contratos que superan los mil millones de pesos y una flota de maquinaria de alto valor, Dadin figura ante el fisco como monotributista categoría F.
Horacio «Pinito» Dadin: el poder invisible en el primer piso del Palacio Municipal
El puente entre la empresa y la billetera municipal de Berisso tiene nombre y apellido. Horacio «Pinito» Dadin, padre de Facundo, se desempeña como chofer en la Subsecretaría de Acción Política de Berisso, bajo la dirección de Martín Fernández, a quien fuentes del propio entorno político describen como un «traficante de influencia» de Aníbal Fernández y como deudor de declaraciones juradas ante ARCA. El vínculo revela un posible nepotismo político de manual: Fernández es a su vez amigo del intendente Fabián Cagliardi, quien financió su campaña a gobernador en 2015.
Lejos de tratarse de un simple chofer municipal, Horacio Abel Dadin fue designado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner como Delegado Técnico Administrativo en la Jefatura de Gabinete de Ministros, entonces a cargo de Aníbal Fernández, mediante una «autorización excepcional por no reunir los requisitos mínimos establecidos» para el cargo. Un hombre que ingresó al Estado por excepción, que hoy es el chofer exclusivo del intendente, y cuyo hijo es el principal adjudicatario de obra pública en ese mismo municipio. La cadena no necesita más explicaciones.
Dentro del Palacio Municipal de Berisso, «Pinito» Dadin no opera como un simple empleado administrativo: da órdenes a otros agentes, maneja influencias desde el primer piso y tiene acceso directo al despacho del intendente. Una cuota de poder informal que tiene consecuencias directas en millones de pesos de contratos públicos.
Cagliardi: el intendente que llora recortes y firma cheques para los amigos
El intendente Fabián Cagliardi ha construido su discurso público sobre la narrativa de la austeridad forzada. Denuncia la caída de la coparticipación, los recortes del gobierno nacional, la herencia difícil. Sin embargo, la chequera municipal no registra esa austeridad cuando el beneficiario es Sol Vial SA, tal como su pares de La Plata, Julio Alak, y de Ensenada, Mario Secco colaboran en las adjudicaciones.
Bajo su firma, el municipio otorgó por contratación directa —evitando licitaciones competitivas— obras por más de $325 millones a la empresa del hijo de su chofer. Y eso no es todo. En marzo de 2026, la Unión Transitoria conformada por Hidraco SA y Sol Vial SA resultó adjudicataria de la obra de la calle 32 en Berisso por un monto de $1.463 millones, con un descuento del 36,62% sobre el presupuesto oficial de $2.309 millones, dejando a 16 empresas competidoras con las manos vacías.
Ese descuento «récord» no es una señal de eficiencia: es una señal de alarma. En un contexto de inflación estructural y costos operativos en ascenso, una rebaja de ese calibre solo admite dos lecturas igualmente inquietantes: o el presupuesto oficial estaba groseramente inflado para permitir el manejo discrecional de saldos, o estamos ante una táctica predatoria de cartelización destinada a barrer a la competencia y recuperar el margen mediante posteriores pedidos de redeterminación de precios. Auditores independientes consultados para este análisis coinciden en que ambos escenarios son igualmente devastadores para el erario municipal.
El contraste resulta hiriente para los vecinos de Berisso: mientras Cagliardi inaugura «parches» de hormigón con carteles y fotografías para la prensa, el Plan Domus —el proyecto de viviendas sociales que prometía soluciones habitacionales reales— lleva más de 15 años paralizado, con presupuestos que se incrementaron de forma sideral sin que una sola familia accediera a una vivienda.
La red se cierra: Aníbal Fernández como garante histórico del sistema
El entramado no flota en el vacío político. Aníbal Fernández es el nexo histórico que da coherencia a toda la estructura: amparó a Horacio Dadin en la Jefatura de Gabinete, mantiene vínculos de «amiguismo» con Cagliardi —quien fue uno de sus financistas políticos— y es el mentor del secretario de Acción Política de Berisso, Martín Fernández, jefe directo de «Pinito» Dadin. Cada eslabón de esta cadena tiene su origen en una relación política personal, y cada relación política personal tiene su traducción en millones de pesos de obra pública adjudicada sin competencia real.
La empresa Sol Vial SA y su propietario Facundo Dadin están involucrados en la aprobación irregular de barrios privados ilegales en La Plata, donde ex funcionarios municipales condicionaron las aprobaciones a la contratación de la constructora. En Berisso, la empresa recibió contratos públicos por montos superiores a los presupuestados, con el padre de Facundo operando como empleado municipal de máxima cercanía al intendente. El cuadro que emerge no es el de una empresa que creció por mérito propio, sino el de una estructura que utilizó el Estado como plataforma de negocios privados.
La Justicia ya tomó nota. El fiscal Condomí Alcorta avanza. Los expedientes tienen fojas adulteradas, testimonios de extorsión y presupuestos duplicados. Lo que falta es que la ciudadanía de Berisso, La Plata y Ensenada exija la misma velocidad al poder político que hoy sigue firmando convenios con empresarios imputados, inaugurando carteles de obra pública y presentando como gestión lo que los expedientes judiciales describen como saqueo sistemático.
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