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Ley Impositiva 2020: Declaraciones de Kicillof on the de Twitter

Acaba de aprobarse en la Legislatura la Ley Impositiva 2020. La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo, que mantenía -como el original- la recaudación del año pasado en términos reales pero agregando segmentación y progresividad.

De esta manera, la Provincia recaudaría lo mismo, pero con una contribución mayor de los que más tienen. Agregamos beneficios para jubilados, clubes de barrio, bomberos voluntarios.

En el Senado, con su mayoría, el bloque de Juntos por el Cambio introdujo varias modificaciones, con las que NO estamos de acuerdo y no acompañamos.

En el impuesto inmobiliario urbano estableció un descuento MAYOR por pago en una cuota para el segmento de los más grandes propietarios. Redujo la tasa de ingresos brutos para los operadores de cable, para los importadores y exportadores.

No estamos de acuerdo porque todas estas medidas desfinancian a la Provincia y favorecen a sectores concentrados. Fue su decisión política: cuando son oposición representan y defienden a los mismos sectores para los que gobernaron. Nuestro gobierno tiene prioridades distintas.

En la Cámara de Diputados se votó para que el proyecto se apruebe igual, con las modificaciones de la oposición, porque lo fundamental era que la Provincia tuviera su ley.

Nos acusaron de querer hacer un «impuestazo», nos acusaron de perjudicar a los sectores medios, nos acusaron de no buscar el consenso. Pero ahora vemos que la cuestión era otra: defender a sectores corporativos, concentrados y a las grandes fortunas.

Nosotros, por nuestra parte, seguiremos trabajando sin descanso para atender las graves emergencias que tiene la Provincia: financiera, social, sanitaria, educativa, productiva y laboral.

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Puertos bonaerenses, en alerta por proyecto de ley de Kicillof

La iniciativa del gobernador prevé un aumento de Ingresos Brutos en función del peso de las mercaderías que llega a 1.400% en algunos casos.

Los puertos públicos y privados de la provincia de Buenos Aires siguen con máxima preocupación la evolución del proyecto de ley impositiva que presentó el gobernador Axel Kicillof.

En su artículo 100, la iniciativa prevé un incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (II.BB.) de las operaciones en los puertos. En algunos casos, el aumento llega hasta el 1.400%

El argumento: “Algunos pocos sectores (concentrados y minoritarios) se han enriquecido como consecuencia del plan económico aplicado durante los últimos cuatro años”, señala uno de los considerandos.

El incremento no es sólo de 14 veces: la alícuota llega a equivaler a casi el 50% del valor del servicio prestado por una terminal: carga, descarga y removido de mercaderías.

Además, la medida cambia el criterio de la base imponible: reemplaza el precio del servicio prestado por el peso de los bienes operadas en los puertos.

Así, cada tonelada embarcada tributará $93; la descargada $278, y la tonelada removida $46. Sólo se exceptúan las mercaderías en tránsito, arena y piedra y la pesca artesanal.

Universo afectado

El universo afectado por la iniciativa de Kicillof es casi total: contenedores y carga proyecto de Dock Sud y La Plata; granos, aspas de molinos eólicos y químicos en Quequén y Bahía Blanca; pesca de exportación en Mar del Plata; fertilizantes de Campana; productos siderúrgicos de San Nicolás, o los mismos autos de Zárate.

La Cámara de Puertos Privados Comerciales, la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales pidieron audiencia urgente a los legisladores Maximiliano Abad, Agustín Máspoli, Gustavo Soos, Leandro Blanco y Lucas Fiorini, de las comisiones que tratarán el proyecto. Además, sendas copias se enviaron al ministro nacional de Transporte, Mario Meoni, y al titular de Producción bonaerense, Augusto Costa.

Argumentan que el proyecto generará “asimetrías negativas” con otros puertos, como el de Buenos Aires, que tributa el 1% de Ingresos Brutos (contra el 4,5% proyectado).

Y advirtieron sobre una “imposición confiscatoria” que excede la capacidad contributiva del contribuyente.

Repercusiones

“El impacto es muy negativo y creemos que el proyecto es inconstitucional”, manifestó Martín Brindici, gerente general de la Cámara de Puertos Privados Comerciales.

“En los puertos graneleros -continuó- la medida implica una suba de 1.400% del impuesto. En los puertos de contenedores, el impacto llega al 20% en la importación y 48% en la exportación”.

Por su parte, el presidente del Puerto La Plata, José María Dodds, destacó que “la asimetría va a ser tan grande con respecto al puerto de Buenos Aires que la carga no va a venir al puerto, afectando el desarrollo regional y las fuentes de trabajo de Berisso, Ensenada y La Plata”.

En tanto, el presidente del Puerto de Bahía Blanca, Miguel Donadio, manifestó que esto “afectará fuertemente la competitividad y provocará una baja en la actividad. Es un golpe a la autonomía de los puertos”.

Alejandro Semmartin, presidente del Puerto de Dock Sud, indicó: “Se va a recaudar más, pero se va a perder el volumen de carga. En contenedores directamente se irán a Buenos Aires. Esperemos que revean la medida”.

Impacto

El embarque de una tonelada de cereales paga una tarifa de u$s3,50 y tributa hoy (al 3,5%) u$s0,123 de IIBB.

“Si se le suman los 93 pesos de la nueva norma (u$s1,60 si se toma el cambio a $58), el nuevo importe de IIBB sería de u$s1,723 por tonelada (el 49,98% del valor del servicio prestado) lo que arroja un aumento del 1.400,81%”, ilustraron.

En el caso de los contenedores, los incrementos llegan al 627% por contenedor de 20 pies de importación. Estos afectan principalmente los insumos para la industria nacional, ya que más del 80% de lo que se importa en contenedores son bienes de capital, partes y piezas.

La exportación -productos elaborados y de mayor valor agregado- también sufrirá el impacto promedio del 258% de aumento en IIBB.

En comparación con el puerto de Buenos Aires, una importación en Exolgan, TecPlata, Zárate, Euroamérica o en la terminal Patagonia Norte de Bahía Blanca, por ejemplo, pagará un 3.521% más de Impuesto a los Ingresos Brutos y hasta 2.061% más en una exportación.

“El proyecto bajo análisis resulta cuanto menos legislativamente insostenible, económicamente ruinoso e impositivamente inaceptable”, destacaron las cámaras.

Antecedente

“Si esto prospera, puede provocar movilizaciones en todos los puertos, como ya ocurrió en 2009”, contó Donadio.

Ese año, el gobernador Daniel Scioli remitió el proyecto de ley de Presupuesto 2010, y logró su sanción.

El dato llamativo es que el artículo 26 de aquella ley era exactamente igual al artículo 100 del proyecto de Kicillof: sólo se actualizan los montos fijos. Aquel año, la presión logró una nueva ley que suspendió los efectos del artículo 26.

Las necesidades de caja, y el malestar privado, vuelven a repetirse 10 años después. (ambito.com)

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La Ley Impositiva según la gestión de Kicillof

La provincia de Buenos Aires se encuentra atravesando una situación de emergencia. Para atender las urgencias y prioridades definidas es necesario mantener el nivel de ingresos del Estado provincial. Pero al mismo tiempo es fundamental hacer más justa la recaudación, cobrando más al que más puede y generando alivio a los pequeños y medianos productores y propietarios. Con esta lógica, en el proyecto de Ley Impositiva se propone actualizar los valores de los impuestos del año pasado tomando en cuenta la inflación de 2019 (estimada por privados en 54,6%). Es decir, el proyecto no incrementa la presión impositiva en promedio en términos reales.

En el caso del impuesto a los Ingresos Brutos, se mantiene la alícuota vigente, tal como autorizó el Gobierno nacional al suspender la aplicación del Consenso Fiscal. En el caso del Impuesto Inmobiliario Rural y Urbano, en promedio, la actualización está por debajo de la tasa de inflación. Pero además se incorporó un criterio progresivo: las propiedades de menor valuación fiscal pagarán un incremento menor a la inflación proyectada (aquellos más chicos tendrán un incremento del impuesto de tan solo el 15% respecto al año pasado).

A partir de la SEGMENTACIÓN de los propietarios rurales, según el tamaño y valor de sus propiedades, se garantiza que el impuesto sea, en términos reales, menor al del año pasado para quienes cuentan con una menor capacidad contributiva.

Este proyecto de Ley que dota de una mayor progresividad al sistema tributario se suma a la amplia moratoria y a las medidas de estímulo aprobadas en la Ley de Emergencia Económica, de pronta implementación.

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El precio de los cigarrillos en la Argentina, entre los más bajos del mundo

Un relevamiento realizado por el Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, a cargo del Defensor del Pueblo bonaerense, Walter Martello, determinó que el atado de cigarrillos de la marca más vendida en nuestro país sale 1,7 dólares, mientras que en Australia, Canadá y Francia el precio de venta es entre 9 y 11 veces más caro.

En momentos en que el proyecto de presupuesto 2019 ingresó al congreso nacional, y lo mismo ocurrirá en la Legislatura con la pauta de ingresos y gastos prevista para el año que viene en la Provincia, Martello destacó la necesidad de aumentar la carga impositiva a las tabacaleras y a la venta mayorista de cigarrillos que, en territorio bonaerense, paga una alícuota del 8% en ingresos brutos. El objetivo es generar más recursos que permitan desarrollar programas de prevención, de reducción de daños y fortalecer el sistema de salud pública ante los miles de millones de pesos que se deben destinar para hacer frente a las enfermedades ligadas al tabaquismo.

“Antes de la última devaluación, los precios en dólares de los cigarrillos en la Argentina no solamente eran -y siguen siendo- mucho más baratos respecto a lo que sucede en los países desarrollados, sino que también lo son en comparación con países de la región como Uruguay, Chile y Brasil”, remarcó el Defensor del Pueblo Adjunto.

“Se trata de seguir la misma política que se viene instrumentando en aquellos naciones que han tenido éxito en el combate contra el tabaquismo. Que la tabacaleras paguen más impuestos impacta sobre los precios de venta, desincentiva el consumo, disminuye factores de riesgos y permite al Estado tener más recursos para financiar programas de salud en momentos de crisis y ajuste”, explicó Martello.

La aplicación de aumentos impositivos es uno de los pilares del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT), aprobado por unanimidad en la 56º Asamblea Mundial de la OMS celebrada el 21 de mayo de 2003. “El CMCT fue firmado por la Argentina, pero nuestro país es el único de Sudamérica, y uno de los pocos del mundo, que aún no lo ratificó. Evidentemente ha influido el lobby de la industria tabacalera, pero a esta altura resulta inadmisible que se siga postergado la ratificación en el congreso”, explicó Martello.

El convenio marco también prevé la prohibición completa de toda forma de publicidad, promoción y patrocinio de productos asociados al tabaco; la protección contra la exposición al humo de tabaco ajeno a través de la implementación de ambientes 100% libres de humo; y cobertura del sistema público de salud y de las obras sociales de los tratamientos para dejar de fumar.

Cabe destacar que una investigación de la Fundación Interamericana del Corazón (FIC-Argentina) determinó que si en Argentina se aumentara un 33% el precio real de los cigarrillos, el consumo de tabaco se reduciría en 10%, aumentaría la recaudación en $6.139 millones al año y se reducirían los costos sanitarios en $1.200 millones por año. La FIC también advirtió que los sectores más vulnerables son quienes sufren las mayores consecuencias sanitarias del tabaquismo. En comparación con los sectores de mayores ingresos, el riesgo de muerte atribuible al tabaco es un 40% mayor en fumadores de los sectores de bajos ingresos. Por este motivo, las políticas tributarias de control de tabaco generan un especial beneficio en niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ya que son los jóvenes, especialmente en los sectores de menores ingresos, los más sensibles al aumento de precios del tabaco.

El Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense advirtió que una parte importante de los aumentos impositivos, aplicados durante los últimos años, fueron absorbidos por las tabacaleras. “Al tener precios más bajos respecto a otras parte de América, donde operan las dos mismas tabacaleras que concentran el mercado en nuestro país, la producción de cigarrillos en la Argentina triplica lo que se registra en países como Canadá y supera ampliamente a México”, dijo Martello.

Radiografía de los impuestos al tabaco

La mayoría de los Estados recauda impuestos por la venta de productos de tabaco, ya sea a través de tributos generales a las ventas y al valor agregado, de impuestos selectivos al consumo de algunos bienes (excise taxes) y/o de aranceles a la importación. Desde una perspectiva de salud pública los gravámenes selectivos son los más importantes porque suben el precio relativo de los productos derivados del tabaco respecto al precio de otros bienes y servicios desalentando su consumo. Además, generan recursos para compensar los costos del tratamiento de enfermedades asociadas al tabaquismo.

Según un informe realizado en 2017 por el Ministerio de Salud de la Nación, el impacto del impuesto selectivo sobre el precio relativo reduce el consumo del bien acercándolo al óptimo desde un punto de vista social.

En Argentina el precio de venta al público de un atado de cigarrillos está gravado por dos impuestos generales (Impuesto al Valor Agregado -IVA- e Ingresos Brutos -IIBB-), un impuesto selectivo al consumo de tabaco entre otros bienes (Impuesto Interno al Tabaco -INT-) y un impuesto selectivo aplicado solo al consumo de cigarrillos (Impuesto Adicional de Emergencia -IAE-). Además de estos impuestos, la Ley 19.800 establece un adicional sobre el precio de los cigarrillos para alimentar el Fondo Especial del Tabaco -FET- cuyo destino es el sostenimiento de la producción tabacalera en las provincias del norte argentino. Es importante destacar que ni el FET ni los impuestos generales al consumo se corresponden con el concepto de impuesto selectivo desarrollado anteriormente, en la medida que persiguen finalidades que nada tienen que ver con el tratamiento de las externalidades negativas provocadas por el consumo de tabaco.

Impuesto Interno al Tabaco (INT)59,7
IVA3,9
Fondo Asistencial Social7
Fondo especial del Tabaco9,2
Ingresos Brutos0,6
80,4

 

En comparación con otras naciones, nuestro país presenta un porcentaje de carga impositiva intermedia sobre el precio de los cigarrillos. En base a la estructura vigente al 15 de diciembre, con una carga del 71% (sin el FET) Argentina se ubicaría entre los puestos 26 y 27 de 35 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 4 puntos porcentuales por encima de México (67%) y 12 puntos porcentuales por debajo de Chile (83%).

“En países como Estados Unidos y Australia, se viene avanzando en una política impositiva a nivel subnacional. Es decir, varias provincias o estados de esos países aplican más impuestos al tabaco. Y no solo han logrado bajar considerable la cantidad de fumadores, sino que también han aumentado la recaudación. Resulta evidente que el sistema impositivo de la Argentina es totalmente arcaico y debe modificarse para estar en sintonía con los estándares internacionales”, concluyó el responsable del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos de la Defensora bonaerense.

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El intendente de Bragado pierde 9 millones pesos e igual está conforme con las medidas de Vidal

El jefe comunal de Cambiemos, Vicente Gatica, reconoció que la reducción de tributos a servicios públicos que promueve la Gobernadora bonaerense genera una pérdida en el presupuesto de las comunas, pero consideró que hay que “colaborar con este momento”.

“La baja de impuestos municipales a tarifas, el 6 por ciento, nos genera una pérdida de unos 800 mil pesos por mes, unos 9 millones de pesos si finalmente eso sale aprobado. Teniendo en cuenta ese detalle, hemos venido haciendo los ajustes necesarios como para que no nos impacte directamente por ejemplo en los salarios del personal”, expresó Vicente Gatica, intendente de Cambiemos de Bragado, en diálogo con el programa Superlógico (Keops FM 90.1 La Plata), que conduce Juan Alfaro

Y agregó: “Hay intendentes bastante más complicados que nosotros. 9 millones de pesos en nuestro presupuesto es importante, pero también hay que colaborar con este momento”.

En ese sentido, el jefe comunal de la Cuarta Sección señaló: “Nosotros ya habíamos tomado algunas decisiones en el propio presupuesto. Como preveíamos que podía pasar alguna cosas de estas y como ya el comercio venia golpeado, no aumentamos la tasa comercial. Para el vecino hicimos una licitación y compramos 15 mil lámparas led, y las estamos repartiendo entre los vecinos, en aquellos que tienen más dificultades para pagar la luz. También estamos ayudando a aquellos que tienen dificultades”.

“Estamos haciendo todo lo posible para que nuestros vecinos sufran lo menos posible. Sí, es verdad, esos 9 millones nos generan un problema y hemos tenido que hacer ajustes de otro lado para poder palear la situación y que no impacte en nuestro presupuesto”, añadió Gatica.

Asimismo, el intendente manifestó: “Los intendentes tenemos una prioridad. Lo primero que hacemos es juntar el sueldo de nuestro personal, que casi siempre se lleva la coparticipación, y luego tratamos de prestar la mayor cantidad de servicios posibles porque para eso el vecino paga la tasa”.

Y explicó: “La tasa municipal no es impuesto. Un impuesto se cobra por una ley, pero una tasa es una contraprestación. La gente paga para que barramos, alumbremos, cortemos el pasto, para que arreglemos los caminos. Si ellos no nos pagan, no podemos arreglar los caminos.

“Cuando me dicen ‘vamos a sacar los impuestos municipales’, error. Y lo escucho hasta de los ministros. El Estado municipal no cobra impuestos, cobra tasas por la cual tiene que prestar un servicio. El impuesto es el IVA, Ingresos Brutos, eso lo retiran de lo que uno paga, pero una tasa no es eso”, concluyó Gatica.

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Suspender el tarifazo porque la plata no alcanza

#LaPlataNoAlcanza, es la etiqueta en las redes que Libres del Sur lleva adeldelante porque «los salarios están por debajo de la inflación, los productos de la canasta básica están cada vez más caros, nuestros niños en los barrios sufren de malnutrición, las changas desaparecieron, los comedores no se dan abasto y el narcotráfico se lleva el futuro de nuestros jóvenes. ¿Cuánto más podemos soportar todas estas injusticias a manos de un gobierno insensible, que no dudó en beneficiar a las empresas energéticas en detrimento de nuestro derecho a una vida digna?».

«Nos miente el Presidente, nos miente Cambiemos, nos mienten sus funcionarios que mantienen sus riquezas en el exterior mientras a nosotrxs nos piden sacrificios: El gobierno perdonó a las empresas eléctricas una deuda millonaria de $19.000 millones (2017), mientras a nosotrxs nos ajusta haciéndonos pagar las tarifas incluso con intereses», agregan desde la fuerza política.

Desde otro lador ven que las organizaciones sociales, civiles, políticas, la defensoría del pueblo, de los consumidores y OCEBA tomen de forma urgente el tema y puedan frenar «este injusto tarifazo». S»e viene el invierno y no podemos permitir que nuestros bolsillos sigan sosteniendo un modelo económico para unos pocos y un sistema político que beneficia a los amigos», sumaron.

«El modelo de Cambiemos no nos hace parte, sólo nos tiene en cuenta para exprimir nuestros bolsillos, deteriorando nuestra calidad de vida. No es justo que el déficit fiscal lo financiemos nosotros y a las empresas no se les toque ni un centavo: Los impuestos que vienen en nuestras boletas de luz y gas (incluido el IVA) los pagamos los usuarios; las empresas no pagan nada. Incluso el gobierno nacional, provincial y municipal se financian vía recaudación de impuestos por leyes creadas durante los gobiernos militares», amplian.

«Si miramos nuestras facturas, para el caso de EDELAP el 32.6% del monto final es solo de impuestos. Para el caso de CAMUZZI GAS PAMPEANA la carga impositiva es del 33.3% del monto final: Tasa de seguridad e Higiene, Ingresos Brutos, Impuesto al Cheque y financiamiento de obras en otras provincias», detallan.

«Por tal motivo exigimos al gobierno nacional que tome en cuenta un paquete de propuestas que construimos en conjunto con organizaciones sociales y políticas: Declarar la Emergencia Energética y suspender el último aumento de tarifas eléctricas, de combustible y de Gas. Que no se suspenda el servicio de gas durante el invierno. Que se declare la Emergencia Laboral y suspender por un año los despidos en la Provincia de Buenos Aires. Que se elimine el IVA a los productos de la canasta familiar y que se suspenda el aumento de los precios de medicamentos», comentaron firmemente.

«Es por eso que esta mañana instalamos mesas en las puertas de EDELAP para juntar firmas y canalizar el malestar de los vecinos y vecinas de la ciudad. Allí firmaron cientos de usuarios que criticaron contundentemente los aumentos», concluyeron e invitan a quienes desean firmar deben acercate de 9 a 11 horas el miércoles en las puertas de Camuzzi Gas y el jueves en ABSA.

firmas contra el tarifazo 1
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La plata no alcanza
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Vidal anunció créditos y exencioenes de impuestos por la sequía o inundaciones

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseguró que «queremos que el campo crezca, por eso como decimos con el Presidente, no los vamos a dejar solos, los vamos a acompañar en las buenas y en las malas”, al anunciar una serie de medidas destinadas a acompañar al sector agropecuario.

Vidal hizo estos anuncios que incluyen créditos blandos y exenciones impositivas para productores que sufrieron inundaciones o sequías, y mejoras de los caminos rurales que faciliten el tránsito de cosechas y animales, durante un discurso que hizo en la localidad bonaerense de Bragado. Allí, destacó que su gestión inició obras hidráulicas «que se pedían hace más de 30 años».

Junto a los ministros de Economía, Hernán Lacunza; Agroindustria, Leonardo Sarquís; e Infraestructura, Roberto Gigante; el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet; el administrador general de Vialidad, Mariano Campos y el intendente local Vicente Gatica; la gobernadora dijo que «hemos sufrido mucho las inundaciones en muchos lugares y hoy puedo decir que las principales obras hidráulicas están en marcha, están avanzando».

Antes del anuncio, Vidal y sus funcionarios se reunieron con los miembros de la Mesa Agropecuaria provincial: Matías de Velazco y Carlos Sere, Presidente y vicepresidente de Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa; Aníbal Chiramberro y Claudio Angeleri, de Federación Agraria Argentina; Walter Malfatto y Santos Zuberbuhler, de Sociedad Rural Argentina y Daniel Berdini de Coninagro.

La gobernadora María Eugenia Vidal junto a los ministros de Economía, Hernán Lacunza; Agroindustria, Leonardo Sarquís; e Infraestructura, Roberto Gigante; el presidente del Banco Provincia, Juan Curutchet; el administrador general de Vialidad, Mariano Campos; y dirigentes que integran la mesa agropecuaria bonaerense.

«Las cuencas más importantes de la Provincia tienen obras que, dentro de unos años, van a garantizar que los productores rurales no tengan que pensar qué pasa si llueve o si inunda. Van a estar las obras para aliviar el exceso de agua», garantizó.

Asimismo, resaltó una iniciativa destinada a «la extensión, mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales. Son muy importantes para sacar la producción, para que los chicos y los docentes puedan llegar a las escuelas, para los puesteros, para los que deben salir a trabajar todos los días, transitar sin dificultad. Han sido abandonados durante muchos años, pero hemos decidido destinar una inversión muy importante a renovar y mejorar doce mil kilómetros de caminos rurales en la Provincia».

«Vamos a beneficiar con estas obras a más de ocho mil productores, pequeños, medianos y grandes, para que puedan llegar a más lugares del mundo con nuestros productos o al mercado interno», detalló.

Los trabajos de mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales que comenzarán este año abarcarán 4 mil kilómetros e implicarán una inversión de $933 millones. Se trata de municipios de seis zonas viales estratégicos de la cuenca lechera que se vieron muy afectados durante los últimos años: Pehuajó, Carlos Casares, Junín, General Viamonte, Alberti, Chacabuco, Chivilcoy, Suipacha, Las Flores, Saladillo, General Paz, General Belgrano, Monte, Cañuelas, Brandsen, San Vicente y Ezeiza.

La gobernadora María Eugenia Vidal junto al intendente de Bragado, Vicente Gatica, los ministros de Economía, Hernán Lacunza; Agroindustria, Leonardo Sarquís; e Infraestructura, Roberto Gigante, durante el anuncio de medidas para acompañar a productores agropecuarios.

Por otra parte, señaló que el Banco Provincia «va a ampliar los fondos que le destina a la línea de emergencia con créditos a cuatro años a una tasa del 12 por ciento, mucho menor a la tasa del mercado», y que «con la ayuda del gobierno nacional vamos a poder baja al 9 por ciento. Este crédito tiene dos años de gracia para empezar a pagarse: el productor va a poder esperar dos años y recuperarse de la cosecha que perdió».

Durante 2017 desde el Banco Provincia se otorgaron $63.500 millones en préstamos. De éstos, $ 600 millones fueron en situaciones de emergencia o crisis del sector, como los productores lecheros. Este año, se mantendrá vigente la línea de crédito con tasa fija del 12% a 4 años con 2 de gracia para todos los productores que lo necesiten. Además, los productores tienen la posibilidad de prorrogar hasta 24 meses los vencimientos de aquellos créditos que tienen vigentes con el Banco, con una tasa de 12% anual.

«Para acompañar en la emergencia a quienes han sufrido la sequía –continuó-, vamos a hacer un esfuerzo en relación a los impuestos que pagan los productores, y ver cuáles son los municipios más afectados que necesitan la emergencia. Necesitamos que los intendentes comprometan su esfuerzo. Así como la Provincia va a postergar o a eximir de impuestos, necesitamos que los intendentes bajen o posterguen los impuestos para el sector afectado. Entre todos tenemos que ayudar, cada uno tiene que hacer su parte para que entre todos podamos salir de esta crisis».

Vidal destacó que «queremos que los pequeños productores pasen a ser medianos, y que los medianos pasen a ser grandes. Queremos que el campo crezca. Desde el primer día fue un compromiso del Presidente y de este gobierno acompañar a los productores y trabajadores del campo».

El gobierno bonaerense dispuso que para aquellos productores que durante el año 2017 estuvieron en emergencia estarán exentos del pago del inmobiliario rural en un 50%, y los que atravesaron desastre estarán exentos en un 100%. Esto significa un beneficio de $156,8 millones. Además, serán exentos del pago del impuesto inmobiliario rural aquellos productores de hasta 50 hectáreas de extensión y dedicada exclusivamente a actividades de cultivo y cría de animales, y sus ingresos totales no superen los $3 millones. Esto significa un beneficio extra de $25 millones.

En materia de Ingresos brutos, se eliminó el impuesto para los pequeños productores agropecuarios con ingresos menores a $3 millones; para los productores con ingresos mayores a los $78 millones, se redujo el impuesto de un 1,75% a un 1,5%; y según el caso, la eliminación de la “extraña jurisdicción”. Todo esto significa un beneficio de $1.139 millones más.

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Rechazo de legisladores bonaerenses K al Pacto Fiscal: “Esto viola la autonomía de los municipios”

El kirchnerismo volvió a mostrarse como el principal opositor parlamentario durante el tratamiento de la adhesión de Provincia a la medida. Con su aprobación, las provincias perderán autonomía económica y la administración de municipios será controlada por Vidal.

(conTexto) El bloque de diputados provinciales de Unidad Ciudadana volvió a definirse como la principal oposición durante la sesión en la Legislatura por la adhesión de la provincia de Buenos Aires al Pacto Fiscal Nacional, por considerarlo una “extorsión” a los municipios con la obra pública y por obligar a las provincias a sostener el Fondo del Conurbano para María Eugenia Vidal.

“Este pacto distorsiona el federalismo previsto en la constitución. Sin federalismo no hay justicia social”, argumentó el bloque opositor ante el avance de este proyecto que señalan como una medida para “encorsetar” la administración de los municipios.

“ESTE PACTO DISTORSIONA EL FEDERALISMO PREVISTO EN LA CONSTITUCIÓN. SIN FEDERALISMO NO HAY JUSTICIA SOCIAL”

Entre los puntos con que Cambiemos justificó la aprobación del Pacto estuvo la recuperación del Fondo del Conurbano, hecho que el diputado macrista Marcelo Daletto definió “como una recuperación para la provincia”, además de esgrimir que sería “una vergüenza que se votara en contra porque sería votar en contra de los vecinos de Buenos Aires”.

A su vez, increpó al legislador de Unidad Ciudadana Walter Abarca al señalarle que con la aprobación del pacto su ciudad natal, Saladillo, “recuperaría 15 millones de pesos”.

Abarca de inmediato respondió: “Por cada jubilado que tiene Saladillo, con la reforma se les quitarán unos 60 millones de pesos”. Y agregó: “A la provincia de Buenos Aires no se le está devolviendo nada, le están quitando más de lo que le dan. Se reducen Ingresos Brutos, lo cual también reduce ingresos a los municipios”.

En esta línea, la presidenta del bloque Florencia Saintout se pronunció con firmeza en contra del Pacto Fiscal, al que señaló como una “manipulación”, cuya aprobación significaría que los municipios que adhieran a la ley de responsabilidad fiscal municipal quedan encorsetados y deberán pedir permiso a la gobernadora para nombrar una persona.

“Esto no tiene nada que ver con un consenso. Cambiemos nunca nombra las cosas como son. El consenso es con todos. Hemos visto cómo en estos meses muchos diputados han denunciado pactos y extorsiones para adherir a esto. Lo primero que viola este pacto es el régimen de cálculo de jubilaciones; por otro lado, viola la autonomía de los municipios. Los intendentes van a manejar menos recursos”, manifestó Saintout.

“LO PRIMERO QUE VIOLA ESTE PACTO ES EL RÉGIMEN DE CÁLCULO DE JUBILACIONES; POR OTRO LADO, VIOLA LA AUTONOMÍA DE LOS MUNICIPIOS. LOS INTENDENTES VAN A MANEJAR MENOS RECURSOS”, MANIFESTÓ SAINTOUT.

Cabe destacar que, a través de la reforma previsional, se les quita 100 mil millones a los jubilados, 34 mil millones son de jubilados bonaerenses. Tanto UC como el FIT sostienen que es ese mismo monto el que solventará el Fondo de Obra Pública a través de este pacto.

Por su parte, el diputado Juan Debandi, también de UC, aseveró: “Nosotros claramente estamos en contra, no para poner palos en la rueda, sino por el sentido común de representar a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. A nosotros nos preocupan los fondos de obra pública, pero con la gente adentro”. Debandi agregó: “Este no es el ‘famoso consenso fiscal que va a salvar a la provincia de Buenos Aires’. Esto es una limosna para los intendentes mientras que hay un fondo que Vidal maneja discrecionalmente. El mismo diario Clarín habla de este pacto como ‘Los nuevos números de María Eugenia Vidal y el operativo zarpazo del conurbano”.

La adhesión al Pacto Fiscal logró la aprobación en Diputados gracias al apoyo que Cambiemos recibió del Frente Renovador y del PJ Unidad y Renovación (facción cercana al Randazzismo).

Asimismo, según sostienen desde la oposición, con la aprobación del pacto, el gobierno se verá exento de cumplir el artículo 9 inciso G de la Ley de Coparticipación Federal, que obliga a establecer un sistema de distribución de ingresos. Cabe señalar que los municipios que más se vieron beneficiados en fondos por obra pública durante la gestión de Vidal fueron los gobernados por Cambiemos, seguidos del Frente Renovador y por último el Frente para la Victoria.

Solidaridad con Hernán Letcher

Tras la aprobación del Pacto Fiscal, la diputada Saintout presentó un pedido de preocupación y repudio con el brutal ataque sufrido por el concejal de San Martín por Unidad Ciudadana, Hernán Letcher, quien fue amenazado de muerte frente a su hijo por causas vinculadas de manera directa a su labor política. La solicitud fue apoyada por todos los bloques.

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Amenazan con un paro de estaciones de servicio en territorio bonaerense

La Federación de Entidades de Combustibles (FEC) informó que el presidente de la organización, Juan Carlos Basilico, y miembros de la Comisión Directiva se reunirán con Juan Sanguinetti, Subsecretario de Hacienda del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires para tratar los temas de Ingresos Brutos, Ley Pichetto e Impuesto al Cheque, entre otros.

(Ecobaires) Según indicaron en el texto compartido, “hay 300 estaciones de servicio en límite con La Pampa y la población de Bahía Blanca y tanto el agro como la industria reciben combustible del sur a menos precio de lo que marca la petrolera al expendedor. Hay una diferencia importante y lo venimos denunciando ante la Cámara de Diputados de la Nación. Se hicieron varios estudios sobre la Ley 27.209 y ya no queremos que cierren más estaciones de servicio”.

El sector pidió una reunión con María Eugenia Vidal para hablar del uso de tarjetas en las estaciones de servicio. “Éstas no pueden utilizar dinero por la noche, sólo tarjetas. Les comunicamos a las autoridades que con la tarjeta de crédito los expendedores reciben recién el beneficio a los 28 días de haberse realizado la transacción”, detallaron.

En ese sentido, agregaron: “a partir del mes de enero de 2018 los empresarios de la provincia de Buenos Aires dejarían de recibir tarjetas. Por tanto, si no nos juntamos y unimos fuerzas, habrá un paro de estaciones de servicio, junto con el sindicato de empleados de estaciones de servicio”.

 

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La CNCT en contra del cobro de ingresos brutos a cooperativas: «No es reforma, es ajuste»

La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto para que las cooperativas de trabajo paguen ingresos brutos. «Es la base para que la gobernadora María Eugenia Vidal, siga construyendo una provincia anticooperativa», afirman desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).

La gobernación provincial encabezada por María Eugenia Vidal, envió a la Legislatura el proyecto PE 8/17-18 “MODIFICACION LEY 10397 Y SUS MODIFICATORIAS, CODIGO FISCAL. CON EL OBJETO DE REFORZAR LA FINALIDAD COOPERATIVA”. Una iniciativa vergonzosa que pone de manifiesto la consonancia con la línea ofensiva contra las cooperativas de trabajo que está llevando adelante el gobierno nacional, que también impulsó la iniciativa de gravarlas con el impuesto a las ganancias, pasando por alto completamente que son entidades que no tienen ganancias porque devuelven sus excedentes al uso de servicios sociales y sus reservas, que son irrepartibles entre sus asociados y pasan al Fisco en caso de disolución.

Una de las propuestas que hace explícita este proyecto consiste en la práctica, casi en una derogación de la exención de ingresos brutos en la facturación a terceros, que ha beneficiado desde siempre a las operaciones de las cooperativas de trabajo. Esto es lo que más perjudicaría a los trabajadores y trabajadoras que hace muchos años decidieron organizarse de manera cooperativa para mantener sus fuentes laborales ante el cierre de empresas en las que trabajaban.

Otra de las propuestas tiene que ver con derogar en el impuesto sobre ingresos brutos, la no sujeción de la operatoria entre las cooperativas y sus asociados y transformarla en una simple exención, dejando de lado lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Provincial que “reconoce a las entidades intermedias expresivas de las actividades culturales, gremiales, sociales y económicas, y garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales. Asimismo fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su naturaleza.”

Una provincia anticooperativa

«Esta es una medida más en contra de los trabajadores, trabajadoras y de los sectores populares. Sería mucho más fácil sacarle a los sectores más concentrados porque manejan mucho más recursos, pero esto no es parte del esquema de construcción ni de los intereses que defiende y representa este gobierno. Nosotros estamos en las antípodas del pensamiento neoliberal que tienen, porque todos los días nos levantamos para seguir llevando adelante entidades democráticas y solidarias, esos son nuestros valores», expresó Christian Miño, presidente de la CNCT luego de que se conociera la noticia de la sanción.

A esta altura no quedan dudas de que se trata de la construcción de un modelo de provincia que está en contra de la economía social y solidaria.

Sientan precedente de esto: la desviación del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa –creado con la ley n° 23.427 para promover la creación, el desarrollo y el asesoramiento a cooperativas en todo los ciclos del quehacer económico- hacia rentas general de la provincia. Es decir, a un lugar donde esos fondos se ocupan para tapar otros baches y no para lo que han sido creados.

A esto se le agrega la gran cantidad de vetos que firmó Vidal para la expropiación de empresas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras y la pérdida de jerarquías del área provincial de cooperativas. Durante los últimos dos años de gestión, pasó de tener jerarquía de Secretaría a Subsecretaría hasta llegar a ser en la actualidad una simple Dirección. Esto da cuenta de la importancia nula que este sector tiene para el gobierno provincial, a punto tal que se han desarticulado todas las acciones de capacitación, promoción y fortalecimiento del cooperativismo.

Se trata de aspectos que se condicen con la política nacional que está llevando adelante el gobierno de la alianza Cambiemos en contra de quienes menos tienen. Son días sumamente movilizantes para la Argentina en los que se respira lucha, y el cooperativismo de trabajo no está exento de eso. No es reforma, es ajuste. Por más trillada que parezca la frase, en definitiva, es eso lo que están imponiendo: más ajuste para los y las laburantes, mientras que un puñado de empresarios hacen uso y desuso de sus garantías y facultades.

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