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Control de precios en supermercados

Las Direcciones de Control Urbano, en coordinación con la Dirección de Comercio e Industria de la Municipalidad, siguen trabajando atendiendo las denuncias de los vecinos.

Esta vez se realizó un operativo en un supermercado del centro para realizar relevamiento de precios y fiscalizar que coincidan los precios exhibidos en góndola con lo que se cobra en la caja. En virtud de esto se procedió a realizar el acta de infracción correspondiente por la falta a la Ley 24240 de Defensa del Consumidor.

Cabe recordar que el Municipio, cuenta con una línea de WhatsApp 221656-7873, para denunciar a los negocios que no cumplan con el protocolo sanitario y que no respeten los derechos del consumidor, con sobreprecios, alimentos vencidos, etc.

Asimismo, a través del sitio web www.simap.mp.gba.gob.ar, los vecinos podrán consultar precios de referencia y denunciar incumplimientos o alertar por falta de abastecimiento.

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Control de precios en los barrios de La Franja

Se efectuaron controles en comercios de los barrios El Carmen, Villa Progreso, Villa Nueva y Villa Zula de la ciudad de Berisso.

La Dirección de Control Urbano en coordinación con la Dirección de Comercio e Industria siguen atendiendo las demandas de los vecinos en virtud de todas las denuncias recibidas por sobreprecios y falta de medidas de higiene y seguridad en el marco de la emergencia sanitaria que estamos atravesando.

En ese marco, se realizaron operativos durante este miércoles y jueves en verdulerías, supermercados y comercios de proximidad en la zona de la Delegación I, alcanzando los barrios de El Carmen, Villa Progreso, Villa Nueva y Villa Zula.


Como resultado de las tareas, en uno de los comercios donde se realizó el control de precios, también se encontró mercadería vencida por lo que se procedió al decomiso de la misma y se labró el acta correspondiente con la conformidad del propietario del comercio.

Por otra parte, en otro operativo en un comercio de calle 80 casi 124, tras las denuncias de los vecinos de sobreprecios, mercadería en mal estado y malos tratos, se procedió a la clausura del mismo puesto que, “al llegar al lugar e identificarnos se recibió como respuesta no solamente prohibir el ingreso al local, sino que bajaron la cortina impidiendo realizar el control debido. Por lo cual, se procedió a realizar la clausura correspondiente en virtud de lo que establece la Ordenanza 1407/90 (Código Contravencional) y se llamó a la fuerza pública para que oficie de testigo y completar el procedimiento”, detalló Emilio Lo Curcio director de Control Urbano.

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Purga precoz: Fernández, obligado a soltar lastre a cuatro meses de arrancar

El despido de un funcionario de Desarrollo Social podría no ser el único. La crisis se inscribe en la saga de errores no forzados de la nueva administración.


El escándalo por los sobreprecios en la compra de alimentos en plena crisis del coronavirus se cobró la primera cabeza de un funcionario de la administración de Alberto Fernández, a cuatro meses del desembarco del Gobierno. Obligado a cortar de raíz el tema para evitarle un nuevo dolor de cabeza a la Casa Rosada tras una sucesión de errores de políticos en plena pandemia, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, le pidió la renuncia al secretario de Articulación de Política Social, Gonzalo Calvo, responsable de la adquisición de los productos.

Afuera. Gonzalo Calvo, el funcionario echado por Arroyo para bajar la espuma del escándalo.

Arroyo tomó la decisión este martes, luego de escuchar al Presidente, quien le pidió que actuara «con determinación» para resolver el tema. Fue luego de que Fernández debiera volver a intervenir personalmente para resolver un problema político generado en la gestión. Pocas horas antes, había puesto la cara por la falta de coordinación entre la ANSES, que conduce Alejandro Vanoli, y el Banco Central, que preside Miguel Pesce, que derivó en que miles de jubilados se agolparan el viernes frente a los bancos para cobrar jubilaciones. Molesto, Fernández admitió el error y mandó a los funcionarios a enmendarlo. Tres días después, mandaba a Arroyo a desactivar la bomba en Desarrollo.

El ministro avanzó con el pedido de renuncia un día después de que se conociera el escándalo, tras mantener una reunión privada en el ministerio con referentes del conurbano bonaerense. Allí estuvieron los intendentes Mariano Cascallares y Juan Zabaleta y el ministro de Obras Públicas y exintendente Gabriel Katopodis.

Calvo responde a la línea de intendentes. Fue secretario de Seguridad de Almirante Brown, donde gobierna Cascallares. En 2019, renunció al municipio tras ser acusado de pedirle coimas a una empresa de seguridad privada, aunque el presunto delito no pudo ser probado en la Justicia y fue sobreseído.

Calvo fue quien autorizó la operatoria para adquirir los productos por sobre los precios testigo establecidos por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que derivó en una denuncia del diario La Nación.

Tras conocerse la noticia, el Presidente mandó a Arroyo a dar explicaciones públicas sobre el episodio. Más tarde, lo respaldó públicamente y dejó en claro que no dudaba de su honestidad pero marcó la cancha hacia abajo. «El primero en perseguir a un corrupto es el Presidente», dijo en TN. Horas después, el ministro abrió una investigación interna para determinar lo sucedido y luego les anunció la decisión a los intendentes.

«Alguna cabeza tenía que rodar», dijeron fuentes de la Casa Rosada, donde creen que el Gobierno no tiene margen para seguir cometiendo errores no forzados en pleno combate del coronavirus. La reacción fue rápida y en línea con la idea de dar respuestas a la sociedad, la que Fernández ordenó a sus funcionarios.

Según pudo saber el portal Letra P, la decisión de pedirle la renuncia a Calvo fue «el primer resultado de la investigación», que ahora seguirá con la revisión del circuito administrativo de compras del ministerio. En la cartera anunciaron que «no se descartan más cambios» y resolvieron revocar las licitaciones de aceite y azúcar. (Letra P)

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Continúa vigente la línea telefónica de denuncia para comerciantes que no cumplen con el protocolo

La Municipalidad de Berisso informa que se lanzó una línea telefónica (221-656-7873) para denunciar, a través de WhtasApp, a aquellos comercios que no estén respetando el protocolo sanitario, las normas de higiene y los derechos del consumidor (sobreprecios, alimentos vencidos, etc).

Por su parte, desde las Direcciones de Comercio y de Control Urbano se continúan llevando adelante una serie de operativos de control precios y de cumplimiento de las medidas de higiene y seguridad en comercios del distrito.

En la jornada del martes 24 de marzo, se labró un acta a un supermercado local por el incumplimiento en cuanto a los sobreprecios y normas de higiene y seguridad.

Además, se le solicitó a los comerciantes que cierren sus negocios a las 20:00 como lo solicita las medidas dispuestas por el Municipio.
La Comuna, a través del Decreto 270/20 estableció que los locales comerciales autorizados por el Gobierno Nacional a realizar su actividad comercial podrán funcionar desde las 7.00 hasta las 20.00 horas

Desde el Municipio también se dictaminó que los locales comerciales, cuyo giro sea la venta de comidas elaboradas, podrán recibir pedidos y entregarlos mediante deliverys hasta las 23 horas y se prohibió el uso del salón comedor de los comercios gastronómicos.

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Las cocinas de Vidal: Funcionario de ordena “inventar” los presupuestos para obras escolares

En medio de un fuerte reclamo de los trabajadores de la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar (DPI) por aprietes y malos tratos de parte de los funcionarios, se filtró un audio en el que se escucha a quien sería el titular de esa dependencia, Mateo Nicholson, pidiendo a una colaboradora que invente y suba los precios de los presupuestos de obras para la construcción de cocinas.

“Yo sé que no lo tenemos listo, pero necesito inventar los presupuestos que nos faltan”, dice el funcionario y ex CEO de Consulterra S.A., luego de aclarar que los necesita porque “hay una reunión con María Eugenia (Vidal)” por lo que “necesito cerrar el tema de las cocinas”.

“Ponele el monto que vos calcular por metro, obivamente que no dé números redondos, no se, un millón cero cinuenta y cuatro”, ordena el titular de la DPI y aclara que “si después en el presupuesto se modifica, no importa”.

Pero los mas escandaloso de la charla es que Nicholson admite no solo que van a fraguar los presupuestos, sino que él mismo se encargo de aumentarlos de forma discresional. “Pasame las 79 cocinas con los montos, que dé alrededor de 80 millones, que fue lo que yo pasé, porque vos me habías dado que las primeras diecisiete el promedio daba 700.000 pesos y yo lo tiré para arriba y dije que nos iban a costar en promedio un millón, con lo cual 79 cocinas son 79 millones”.

Vale recordar que la DPI es una de las dependencias mas sensibles a la hora de abordar la emergencia edilicia que atraviesan las escuelas de la provincia, que se pone en evidencia ante cada temporal con filtraciones en los techos, paredes electrificadas y hasta caídas de manpostería y cieloraso dentro de las aulas.

Por eso el audio salpica no solo a Nicholson sino a toda la gestión de Gabriel Sanchez Zinny, que ahora deberá explicar si el avala que su subordinado dibuje los presupuestos para realizar mejoras en los establecimientos educativos o, en caso contrario, si va a tomar medidas contra lo que podría configurar una caso flagrante de sobreprecios en momentos en los que la gobernadora exige ahorro y austeridad. (ABC en Línea)

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Jaime:»Cumplí directivas del Poder Ejecutivo Nacional, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner»

“Cumplí directivas del Poder Ejecutivo Nacional, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández de Kirchner”, resaltó el ex funcionario en su declaración de más de tres horas ante el juez Julián Ercolini, en la que no contestó preguntas pero hizo una extensa exposición sobre la operación.

Jaime aseguró que el acuerdo rubricado entonces por los presidente Kirchner y el español Rodriguez Zapatero se acordó el reemplazo del material rodante que funcionaba en el país, “ de 50 y 60 años de antigüedad” por material rodante español con 20 años de uso.

Ello implicaría una modernización de vagones y locomotoras locales, y además el acuerdo preveía que el material debía ser reparado en Argentina “para reactivar los talleres ferroviarios” locales.

El juez federal le imputa malversación de fondo públicos por el presunto pago de sobreprecios en la compra de material ferroviario usado a España y Portugal en el año 2005 por algo más de 100 millones de euros en el años 2005.

Se trata de un delito con penas de hasta diez años de prisión, pero en los próximos diez días el juez debe resolver su situación procesal y en caso de procesarlo, resolver si será con prisión preventiva o en libertad.

Jaime se quejó por la detención, puesto que “siempre estuvo a derecho”, pero Ercolini tras la indagatoria ratificó su detención, fundamentada en su posibilidad de fuga a raíz de situación judicial, con tres condenas en causas por corrupción.

El juez ordenó que permaneciera en la Unidad Especial Investigaciones y Procedimientos Judiciales «Buenos Aires» de Gendarmería Nacional, vecina a los tribunales de Comodoro Py, para declarar mañana ante otro dos jueces por otras causas.

A las 8 deberá presentarse ante el juez Sebastián Ramos, por no haber llamado a licitación ferroviaria durante los seis años a su cargo, y luego antes el juez Sebastián Casanello por presunto enriquecimiento ilícito.

Según Ercolini, en la compra de vagones para el Belgrano Cargas se registró una “desproporción exorbitante” entre los precios pagados y la calidad en relación a su calidad y funcionalidad real», lo que “hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiada”.

«Le manifesté a Néstor Kirchner y Julio De Vido (el estado de los trenes), recibiendo expresas instrucciones de que tenga como prioridad avanzar en la compra para realizar las reparaciones en la Argentina», subrayó el ex secretario de Transporte.

Esas reparaciones, aseguró, se realizaron en diversos talleres locales y el material fue usado por lo que negó que se tratara de chatarra carente de uso.

Previamente se había presentado ante el juez el ex asesor “ad honorem” de Jaime, Manuel Vázquez, también detenido desde el sábado, quien negó los cargos que el juez les leyó acusándolo por intervenir en la compra.

Según la justicia “ayudó a que el gobierno de Portugal y España se acercasen a la Argentina para ofrecer un plan de remodernización de desarrollo ferroviario”, pero Vázquez sostuvo que “jamás definió qué había comprar”.

También negó que haya sido asesor de la Secretaría de Transporte al sostener que “jamás tuve ni tarjeta, ni oficina ni teléfono, ni papeles, vinculados al Estado”.

“Lo que estaba claro es que por los dos países el material estaba fuera de circulación o estaba por quedar fuera de servicio o estaba dejando de prestar servicio en la red de ellos”, aseguró.

Jaime refrendó esa versión al sostener que de las conversaciones con funcionarios españoles quedó de manifiesto que la ferroviaria Renfe estaba a punto de dejar de utilizar los trenes que finalmente se compraron.