El Concejo Deliberante de Berisso aprobó este miércoles 13 de mayo la Rendición de Cuentas del ejercicio 2025 con una votación dividida de 11 votos a favor y 9 en contra, en el marco de una extensa y tensa sesión ordinaria que expuso la profunda fractura política del cuerpo legislativo municipal. La oposición —integrada por los bloques de La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical – AMUBE y el concejal independiente Maximiliano Fernández— rechazó el expediente por considerarlo un ejercicio de transparencia formal que oculta irregularidades financieras de fondo.
En paralelo, el recinto fue escenario de dos conflictos de alto voltaje institucional: el archivo del repudio a las amenazas del secretario de Seguridad Gabriel Marotte contra un edil, y las denuncias por la situación crítica de la Unidad Sanitaria N°41, víctima de dos robos consecutivos sin respuesta municipal efectiva.
La jornada legislativa contó con la presencia de la totalidad de los ediles y fue precedida por homenajes al papa Francisco y al actor Luis Brandoni, en un intento de otorgar solemnidad inicial a una sesión que rápidamente derivó en confrontación. Según informó Berisso Ciudad, el recinto estuvo colmado por trabajadores de la salud, integrantes de ATE y CICOP, quienes portaban carteles con la consigna «¿Vida o Muerte?» en repudio al desfinanciamiento de políticas sanitarias nacionales.
La rendición que «oculta más de lo que muestra»
El núcleo más explosivo de la sesión fue el tratamiento de la Rendición de Cuentas 2025, aprobada finalmente por el bloque PJ-Unión por la Patria con el acompañamiento del concejal Daniel Del Curto. El presidente de la Comisión de Hacienda, Juan Ignacio Mincarelli (Unión por la Patria), defendió el expediente y argumentó que la aprobación representa un paso hacia la transparencia: «La rendición de cuentas, si se orienta a ser transparente, es un buen mensaje para los vecinos de Berisso. A partir de ahora que todos los bloques tienen la clave RAFAM, podamos ver en qué se gasta la plata y la transferencia de recursos para llegar el año que viene para aprobarla entre todos», sostuvo.
Sin embargo, la lectura opositora fue radicalmente opuesta. La concejal libertaria Daniela Rivero lideró los cuestionamientos al señalar que los bloques opositores recibieron las claves de acceso al sistema RAFAM —el módulo de administración financiera municipal— apenas días antes de la sesión, y con permisos restringidos que impedían consultar información crítica. Denunció además que, durante el trabajo en comisión, los ediles debieron operar sin conexión a internet y con un monitor prestado por un empleado del área. En ese contexto, sentenció: «La Rendición de Cuentas en el momento de la verdad frente al vecino es un dibujo de ingeniería contable. Por la falta de transparencia de la información no brindada y por el vaciamiento patrimonial del municipio, no vamos a ser cómplices de un balance que oculta más de lo que muestra».
Los números detrás de la controversia no son menores. El presupuesto original aprobado fue de $57.908 millones, pero el gasto total devengado al cierre del ejercicio alcanzó los $60.795 millones, un exceso del 4,47% sobre lo planificado. Entre los datos más críticos que la oposición puso sobre la mesa se destacan: un ítem denominado «Otros gastos» que agrupa aproximadamente el 35% del presupuesto total sin detalle de destinos; rubros esenciales como obras hidráulicas, señalética e iluminación con ejecución real de cero pesos; y la ausencia total de información sobre proveedores, licitaciones y contratos de locación solicitados oportunamente. A eso se suma que el 74% de los fondos ejecutados provienen de la Provincia de Buenos Aires, lo que expone una dependencia fiscal crítica de la gestión del intendente Fabián Cagliardi.
Uno de los hallazgos más llamativos que circularon en el recinto fue la existencia de una ejecución extrapresupuestaria de $19.417.772 destinada al Partido Justicialista, en un municipio que arrastra una deuda flotante de más de $2.779 millones trasladada al ejercicio 2026. Rivero interpeló al oficialismo con una pregunta que quedó sin respuesta formal: qué servicio o deuda justifica ese pago al partido gobernante mientras se acumulan obligaciones con proveedores locales y se comprometen servicios básicos para los vecinos.
En la misma línea crítica, el concejal libertario Damián Mena afirmó que «el municipio y la calle no reflejan esos números maravillosos que manifiestan», mientras que el radical Patricio Yalet cuestionó la ausencia de acceso a información detallada que permita un control legislativo real y no meramente formal.
El oficialismo intentó contextualizar el déficit operativo en el marco del ajuste nacional. Según datos expuestos durante la sesión, el municipio pasó de recibir aproximadamente $2.400 millones en fondos nacionales en 2023 a apenas $200 millones en 2024, una caída que, sostienen, condiciona severamente la capacidad de gestión local, tal como anticipó FM Tres Ciudades semanas atrás al cubrir el inicio del proceso de análisis presupuestario.
El caso Marotte: amenazas archivadas y doble vara institucional
El segundo punto de mayor tensión de la jornada fue el tratamiento del proyecto de repudio a las amenazas proferidas por el secretario de Seguridad municipal, Gabriel Marotte, contra el concejal oficialista Federico Ruiz. El incidente se produjo en el ámbito de la Comisión de Transporte, donde Marotte habría amenazado con agredir físicamente al edil. El proyecto de repudio fue impulsado por la oposición y obtuvo 9 votos a favor, pero fue archivado por el bloque oficialista con 10 votos. El propio Ruiz se abstuvo.
Crisis en el HCD de Berisso: el día que la seguridad de Cagliardi perdió toda autoridad moral
El concejal Maximiliano Fernández, quien también había padecido hostigamientos verbales por parte de funcionarios del Ejecutivo durante la sesión, reclamó que el Ejecutivo «debe tomar cartas en el asunto» y que el llamado de atención al funcionario «debe hacerse público». La oposición calificó el episodio como un acto de violencia institucional inaceptable, con el agravante de que su protagonista es precisamente el funcionario a cargo de la seguridad municipal.
Ruiz, por su parte, ante la ausencia de disculpas públicas o privadas del secretario, optó por cerrar su intervención con un mensaje de carácter personal: «El mandamiento más importante es amar al prójimo como a uno mismo. Ya que no recibí disculpas ni públicas ni personales… pongo la otra mejilla y lo perdono». La resolución legislativa, sin embargo, no siguió el mismo camino: el archivo del proyecto dejó sin consecuencias institucionales la conducta del funcionario.
La salita 41: dos robos, ningún patrullero y la salud en jaque
Antes del debate presupuestario, la concejal Daniela Rivero tomó la palabra para exponer la crítica situación de la Unidad Sanitaria N°41 de Berisso, que en pocas semanas sufrió dos hechos de inseguridad. El primero ocurrió el 23 de abril; el segundo, el 8 de mayo, cuando delincuentes ingresaron al establecimiento de madrugada, provocaron destrozos y sustrajeron materiales e insumos sanitarios. «El robo fue a la madrugada, pasó más de media hora y no pasó un patrullero. Hablamos de seguridad, pero para el nivel municipal no hay, es zona liberada», denunció la edil, señalando además que la salita permanece cerrada y sin atención por falta de respuesta del municipio. La situación se enmarca en una denuncia más amplia sobre el estado de la salud mental en el distrito y la ausencia de información oficial ante pedidos de informes sobre la tasa de suicidios en Berisso, que tampoco fue respondida durante la sesión.
Otros expedientes: taxis, emergencia alimentaria y planta política
En el marco de la misma sesión se resolvieron otras cuestiones de la agenda municipal. Por unanimidad, el Concejo aprobó una nueva ordenanza de ordenamiento del servicio de taxis (expediente 077/26). Se aprobó también un repudio al desfinanciamiento de la salud pública nacional (expediente 081/26). En cambio, los expedientes sobre el programa nacional Remediar (089/26) y la declaración de emergencia alimentaria en Berisso (067/26) fueron enviados a comisión sin tratamiento inmediato, lo que generó críticas de sectores que reclamaban su aprobación urgente. También pasó a comisión el pedido de informes sobre la planta política municipal (090/26), en un contexto donde la oposición cuestiona la proliferación de cargos jerárquicos: el municipio ya cuenta con 9 secretarías y más de 50 cargos de conducción, incluyendo la recientemente creada Secretaría de Acción Política.
El elefante que nadie mencionó: funcionarios alquilando departamentos con demolición en zona de paisaje protegido
Mientras se debatían las cuentas públicas, el cuerpo legislativo evitó abordar formalmente el escándalo habitacional que desde hace semanas domina la agenda local. Según informó previamente ELCORREOGRÁFICO, Aldana Iovanovich, presidente del Concejo Deliberante, ocupa una unidad de un complejo desde el período de la pandemia de 2020, mientras dormía el expediente de demolición correspondiente.
Ricardo Dittler, secretario de Obras y Servicios Públicos, habría alquilado otra unidad del mismo predio, en una paradoja que lo convierte en el funcionario que debería ejecutar la orden de demolición sobre su propio domicilio en Berisso —un expediente que reposa, metafóricamente, sobre su propio escritorio. La tercera implicada es María Inés García, subsecretaria de Planificación y Gestión de Obra Pública, cuyo cargo la convierte en la veedora oficial del cumplimiento de las normativas de construcción, con competencia expresa para labrar multas y promover demoliciones de obras que violen la reglamentación.
El inmueble cuenta con un pedido de demolición preexistente y se encuentra en una zona catalogada como paisaje protegido, donde la vivienda permanente está estrictamente prohibida. Durante la sesión, no se registró de parte de los ediles opositores de la UCR-AMUBE ni de La Libertad Avanza ni de Juntos por el Diálogo Federal no hubo ningún pedido de informes formal ni explicación alguna del Ejecutivo o de la presidencia del cuerpo sobre la situación.
La sesión del 13 de mayo de 2026 quedará registrada como una de las más reveladoras del año político berissense: una rendición de cuentas aprobada en términos formales pero rechazada en términos éticos por la mitad del cuerpo, un escándalo institucional archivado sin consecuencias para el funcionario involucrado, el complejo habitacional con pedido de demolición en zona protegida con funcionarios inquilinos y una red de salud pública que sangra recursos sin que el municipio muestre voluntad real de respuesta. Para los vecinos de Berisso, los números oficiales dicen poco. El dinero de los berissenses tiene aprobación legislativa. Las explicaciones, todavía, no llegaron.
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