El Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU) adjudicó en febrero de 2026 la construcción de un espacio polideportivo y recreativo en Villa Progreso, Berisso, a la firma SES S.A. por $1.668.057.510,32. El contrato, financiado en gran parte con fondos del Préstamo BIRF N° 8991-AR del Banco Mundial, fue formalizado mediante la Resolución N° 55-DEOPISU-2026 y establece un plazo de ejecución de 270 días corridos.
La obra contempla un edificio de 1.056 m² con canchas cubiertas para fútbol 5, básquet y vóley, vestuarios, cocina, oficina, baños accesibles, una «burbuja lúdica» para primera infancia, iluminación integral y forestación con especies autóctonas. La ubicación es la calle 21 entre 124 y 125, en uno de los barrios populares más extensos del municipio.
Sin embargo, detrás de este contrato multimillonario emerge una historia que pone en tensión los discursos de la grieta política argentina: SES S.A. es la misma empresa que durante años fue el brazo ejecutor de los contratos estatales de Nicolás Caputo, el llamado «hermano de la vida» de Mauricio Macri y primo del actual ministro de Economía de la Nación, Luis «Toto» Caputo.
SES S.A.: el contratista que sobrevive a todos los gobiernos
La relación entre SES S.A. y la familia Caputo fue, durante décadas, uno de los capítulos más polémicos de la obra pública argentina. La constructora Caputo SAICyF, controlada por Nicolás Caputo, poseía el 50% de las acciones de SES S.A. El otro 50% pertenece históricamente a los herederos de Diego Pelizzatti, ingeniero de origen italiano y alto ejecutivo del Grupo Socma —la holding de la familia Macri— durante las décadas de 1970 y 1990.
Durante la gestión de Macri como jefe de Gobierno porteño, la empresa acumuló contratos con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) que superaron los $1.200 millones entre 2008 y 2015, incluyendo el mantenimiento de los hospitales Tornú y Moyano, la limpieza de estaciones del Metrobús 9 de Julio y la adecuación del Palacio Lezama. Ante las críticas, Macri sostuvo en su momento: «Caputo S.A. no licitó una sola obra en mi gestión, porque yo se lo pedí. Las obras que terminó son las que ganó con [Jorge] Telerman». Los datos contractuales publicados por distintos medios contradijeron esa afirmación.
Cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia en 2015, la presión pública obligó a una reorganización societaria. En 2018, la familia Caputo vendió Caputo SAICyF —y con ella su participación en SES S.A.— a la desarrolladora inmobiliaria TGLT por u$s 130 millones. En 2021, TGLT, asfixiada por deudas, transfirió ese 50% al fondo CIMA Investments, liderado por el empresario Esteban Nofal, con trayectoria en BBVA y Morgan Stanley, por un valor de u$s 1 millón más $100 millones de pesos. La operación incluyó un acuerdo por dividendos y deudas adicionales por u$s 610.000 y $533,3 millones, lo que mantuvo un cordón financiero entre los actores originales.
Formalmente, entonces, ni Nicolás Caputo ni sus herederos directos figuran hoy como propietarios. Pero la inercia institucional de la empresa y su capacidad para ganar licitaciones en jurisdicciones de signos políticos antagónicos —PRO, peronismo kirchnerista, libertarismo— confirma que el cambio de dueños no alteró su lógica de negocios.
La licitación: eficiencia técnica o mercado cerrado
En la Licitación Pública N° 23/2025, SES S.A. presentó una oferta de $1.668.057.510,32 frente a un presupuesto oficial actualizado de $1.777.495.025,32, lo que representa un ahorro del 16,34%. La calificación del OPISU fue que se trataba de la propuesta «más conveniente». Sin embargo, el proceso expone una paradoja que los especialistas en contratación pública no pasan por alto: competidores como INSA S.A., MAJO Construcciones y Blue Comm S.R.L. fueron desestimados por incumplimientos técnicos o administrativos, dejando el camino libre para la firma con mayor trayectoria en los pasillos estatales.
Para especialistas en ética pública como Natalia Volosin, casos como este exponen las grietas del marco normativo argentino. El problema, señalan estas voces, no reside únicamente en la legalidad del pliego sino en la ventaja competitiva invisible que otorga una historia de vínculos con el poder: cuando una empresa asociada históricamente a círculos presidenciales compite por fondos públicos, la transparencia se convierte en una formalidad que no alcanza a disipar la sombra del conflicto de interés.
Cagliardi, el peronismo y sus puentes con el libertarismo
El polideportivo de Villa Progreso será construido en el municipio que conduce el intendente Fabián Cagliardi, peronista del ala kicillofista y declarado opositor al gobierno nacional de Javier Milei. En las elecciones legislativas de septiembre de 2025, Cagliardi reconoció el fenómeno: «el voto de los radicales, el voto de la Izquierda, todo fue hacia La Libertad Avanza», según consignó El Día. El oficialismo local retuvo el poder con el 44,77%, pero LLA alcanzó el 37,57%, transformándose en la segunda fuerza distrital.
Pero el mapa político berisense tiene capas más complejas. En diciembre de 2025, durante la renovación del Concejo Deliberante, Cagliardi protagonizó lo que el medio InfoBerisso calificó como una «insólita sociedad entre la bandera peronista y la motosierra libertaria»: el intendente celebró públicamente su alianza con figuras de LLA para la gestión de la Clínica Mosconi. El bloque libertario, convertido en segunda fuerza con 5 concejales, acompañó la reelección de la presidente del HCD, Aldana Iovanovich, aunque luego rechazó la vicepresidencia segunda reclamando el cargo de vicepresidente primero.
Este pragmatismo no es nuevo en la política berisense. Según se publicó en Politicar, el exconcejal libertario Daniel Del Curto —quien terminó votando sistemáticamente con el oficialismo peronista tras alejarse de LLA— relató que en algún momento se le pidió reunirse con el propio Cagliardi para tramitar fondos nacionales: «Ingresaron a las arcas municipales 68 millones de pesos provenientes del Fondo de Integración Socio Urbana», detalló Del Curto, aunque el dinero, según su propio testimonio, nunca llegó a destino.
La paradoja del polideportivo: obra necesaria, empresa incómoda
La construcción de la infraestructura deportiva en Villa Progreso responde a una necesidad concreta: el barrio es uno de los más extensos y poblados de Berisso, con altos indicadores de necesidades básicas insatisfechas (NBI) y ausencia estructural de espacios públicos de calidad, según la propia memoria descriptiva del proyecto del OPISU. Nadie discute la pertinencia de la obra.
Lo que sí incomoda al análisis político es la combinación de factores: una empresa con ADN Caputo-Macri-Socma ganando una licitación bajo la administración de Kicillof, en un municipio donde el intendente peronista construye puentes con el libertarismo mientras enfrenta acusaciones de gestión opaca desde su propia interna. La familia Cagliardi fue señalada por distintos sectores como beneficiaria de créditos y contratos millonarios con el Estado que habrían cimentado su ascenso económico y político, según consignó Prensa Obrera.
En definitiva, el polideportivo de Villa Progreso es el espejo perfecto de cómo funciona la obra pública en Argentina: las necesidades sociales son reales, el financiamiento internacional existe, la licitación se realiza con los requisitos formales cumplidos. Pero la empresa que se lleva el contrato es la misma que —con distintos dueños en el papel— siempre supo estar donde estaban los contratos del Estado, independientemente del color político de quien firmara los cheques.
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