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500.000 mujeres de 55 a 59 años sin posibilidades de jubilarse

El dato sale de un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) basado en el INDEC, donde explica que en toda la Argentina a fin de 2018 se estiman 1.076.028 mujeres entre 55 y 59 años que estarían cerca de cumplir con la edad para jubilarse en los próximos años pero de todas ellas sólo el 55% (588.248) tienen aportes, mientras que el restante 45% no ha realizado aportes.

El gobierno prorrogó por tres años la moratoria previsional para las mujeres a través de la Resolución 158/2019 de ANSES. Pero esta medida no es universal, ya que no incluyó la prórroga de la fecha de corte que continúa en el año 2003. Esta fecha es la que limita temporalmente la posibilidad de declarar deuda por aportes, es decir, el límite para “comprar” años.

En definitiva, la extensión por tres años a través de la Resolución 158/2019, le exige a una persona de 60 años contar con al menos 4 años de aportes desde 2003 ya que limita la compra de años a 26.

En este informe se realiza una estimación de la cantidad de mujeres afectadas por esta decisión, para luego analizar brevemente las características y objetivos de la política previsional del gobierno de Cambiemos.

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Los (in)cumplimientos en Productos Esenciales

Análisis del centro CEPA:

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó el programa Productos Esenciales desde varios ejes clave, tales como cantidad, calidad, variedad, disponibilidad, inclusión y precio, y extrajo las siguientes conclusiones:

1- La canasta de Productos Esenciales dice tener 64 productos de primera necesidad, pero en realidad son solo 23 productos distintos. El resto refiere a distintas marcas, presentaciones o cantidad. Por ejemplo, aceite CADA DÍA Girasol x 900 ml y x 1,5 l, Fideos REGIO Tallarín, Espagueti y Mostachol x 500 gr, o Rebozador MORIXE x 500 gr y 1 kg.

2- De los 56 productos de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) de INDEC para la zona del AMBA solo 15 productos se corresponden con los Productos Esenciales. El resto, 41 productos, están ausentes en el acuerdo.

3- Entre los Productos Esenciales no se incluyen productos frescos como frutas y verduras. Tampoco quesos o huevos, mientras que hay repetición de otros: 11 yogures, 7 galletitas, 7 harinas y subproductos, 6 arroces, 5 fideos. Tampoco hay productos básicos como el café.

4- De las 7 bebidas incluidas, 5 contienen alcohol y solo 2 son sin alcohol (dos aguas minerales, con y sin gas).

5- Al momento del lanzamiento, y hasta hoy, hay productos que no se encuentran en góndola, ya que están en «etapa de producción» (por ejemplo, la leche Los Apóstoles de ADECOAGRO).

6- La canasta no incluye productos aptos para celíacos, productos bajos en sal (aptos para las personas con problemas de hipertensión) o productos para diabéticos.

7- Al momento de la publicación del listado oficial, muchos de los productos acordados se conseguían a menor precio en el mercado.

8- El aumento de precio respecto de los productos que formaban parte de la última lista de Precios Cuidados es del 5% y llega al 7% en algunos productos.

9- En algunos supermercados de la Ciudad de Buenos Aires no se consigue ningún producto o se encuentran a un precio mayor.

10- El porcentaje total de incumplimiento en 11 productos relevados es del 64%, y en algunos supermercados el incumplimiento es superior: Esteban Echeverría, Salta, Concordia, Ushuaia y Neuquén (100%), Lomas de Zamora (91%), General Pico (82%), Rosario (82%), Tandil (82%), La Matanza (82%) o Córdoba (73%) (Fuente: relevamiento CEPA, ALGEC y CEPPEMA).

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El empleo en el primer trimestre de 2019 en el sector privado: el peor de la era Cambiemos

Así concluye los datos recabados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) comparado con años anteriores en las áreas laborales de los sectores público y privado.

Análisis

Los despidos y suspensiones en el trimestre enero-marzo de 2019

En el trimestre enero-marzo los despidos y suspensiones ascienden a 19.882 casos, una cantidad sensiblemente mayor a la del mismo período del año anterior, que sumaron 14.068 casos. Los despidos y suspensiones fueron motorizados por el sector industrial y el sector de servicios, que representan el 77% y 21% de los casos respectivamente.

La cantidad total asciende a 19.882 casos, correspondiendo solo 125 a empleo público y 19.757 a empleo privado. Estos datos implican un promedio de 6.627 despidos y suspensiones mensuales, más que el promedio de 2018 que alcanzó los 5.800 casos por mes.

Comparando los datos de 2019 con los de 2018, los despidos y suspensiones este año superan en 5.814 casos a los del año anterior. Esto representa un incremento de 41% en el primer trimestre de 2019 respecto de 2018. Pero la distribución de esos casos resulta sensiblemente distinta. Mientras que en 2018 los despidos se concentraron mayoritariamente en el sector público, en 2019 se producen casi exclusivamente en el sector privado.

El dato más relevante lo constituye la cantidad total de despidos del sector privado: los 19.757 casos representan el peor registro del primer trimestre de los últimos tres años.

Se distingue que, en los primeros dos meses del año 2018, los despidos del sector público resultan más significativos que en el sector privado, en los siguientes cinco meses, toman “la posta” los despidos del sector privado, para, en agosto, converger en despidos del sector público y privado casi por igual. En los últimos cuatro meses de 2018 se produce un sensible incremento de la evolución de despidos y suspensiones en el sector privado que relativiza lo sucedido hasta ese momento. En enero, febrero y marzo de 2019 se percibe un incremento de despidos del sector privado.

Sector privado: expulsión de empleo sin distinción

De acuerdo a una clasificación sectorial, los despidos y suspensiones de la construcción alcanzan los 408 casos, los despidos en el sector público dentro de la órbita del poder ejecutivo y de empresas de capital estatal suman 133, la industria despidió y suspendió 13.236 trabajadores, el sector primario computa 2 casos y los servicios expulsaron a 4.103 trabajadores.

Los despidos y suspensiones de la industria suman el 77% del total de casos. El sector servicios, en segundo lugar, suma el 21% de los casos.

En relación a los despidos y suspensiones, se registra que el 42% de los casos relevados en 2019 corresponden a suspensiones, concentrados en el sector industrial.

La industria en retroceso, todo el año igual

La industria protagoniza el proceso de despidos y suspensiones también en 2019, luego de importantes caídas en 2016, 2017 y sobre todo en 2018. Se observa la profundización en el proceso de expulsión laboral a lo largo de los primeros tres meses del año. Los casos computados el primer trimestre de este año alcanzan los 15.236, superando ampliamente a los años anteriores: 8.443 en 2017 y 4.051 en 2018

El primer trimestre constituye el peor registro de los últimos tres años.

Despidos y suspensiones según causales: análisis comparativo de 2019

Del total de casos, 7.504 casos corresponden a despidos, 3.859 a despidos cierre de empresas o plantas, 224 a retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas, 8.295 a suspensiones.

Es de destacar que 1 de cada 5 despidos durante el primer trimestre de 2019 se relacionan con cierre de empresas o plantas.

Despidos y suspensiones por sector de actividad

Dentro de la industria, encabeza el sector automotriz y autopartes, seguido por el sector textil, el sector electrónica y electrodomésticos y el sector alimentos y bebidas, entre otros.

En el mes de marzo, sobresalen en la industria los casos de suspensiones en Fiat, Iveco, Renault y Volkswagen y los despidos en Faurencia (autopartes), los casos de Iatec, en la actividad de electrónica y electrodomésticos, el frigorífico El Marisco, Sipetrol, en el sector hidrocarburífero, Tsu Cosméticos en Química y las textiles Ritex, Hilados I, Tecnosport y 12 de octubre.

Entre los servicios, se ubican el sector comercio, incluido delivery, que juntos representan casi el 60% de los despidos y suspensiones.

A los supermercados Pedidos Ya, Walmart, Loz Maizales, entre otros se suman despidos en el Shopping Del Parque. Presentan también despidos el sector de transporte, medios de comunicación, seguridad, concesionarias, call center, ferroviarios, educación, aeronáutico, entre otros.

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Evolución de los precios minoristas de productos básicos

Informe CEPA:

Según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), dentro de los mayores aumentos de alimentos del mes destacan el pollo entero con menudos (35,7%), el tomate redondo (22%), la leche fluida en sachet, (15,4%) y el asado novillito (2,6%). Cabe destacar, que estos incrementos vienen operando desde hace varios meses y paralelamente a la caída en el consumo en estos rubros, donde el pollo entero con menudos lo hizo 33,9% desde enero de 2019, el asado de novillo 25,1%, el vació 11,9% y los huevos blancos 17,5%. En el caso de la leche fluida, la falta de oferta en las marcas incluidas en precios cuidados sumado a la desaparición de la marca SanCor hacen incrementar aún más el precio al consumidor, ya que en muchos comercios solo la leche de primera marca La Serenísima está disponible.

Considerando los aumentos de alimentos desde octubre de 2015 se destacan especialmente el chorizo parrillero (663,4%), el aceite de girasol (463,2%), huevos blancos (381,8%) y la cerveza de litro (360,3%).

Del relevamiento de precios realizado surge que el costo de la canasta básica alimentaria para una familia tipo asciende a $12.575, monto superior al salario mínimo vital y móvil ($12.500), necesario para cubrir las necesidades nutricionales mínimas sin incluir otros gastos imprescindibles de vivienda ni de transporte. Desde octubre de 2015 la Canasta alimentaria se incrementó 296,6% y entre marzo de 2018 y marzo de 2019 76,2%. Solamente en el mes de marzo de 2018 el incremento fue de 6,1%.

Considerando el monto del salario mínimo vital y móvil a octubre de 2015, el mismo debería alcanzar en marzo de 2019 $22.162 para mantener el poder de compra respecto de la canasta básica alimentaria. De la misma manera, si se considera la jubilación mínima a octubre de 2015, la misma debería alcanzar un monto de $17.050 en marzo de 2019 para equiparar los incrementos de la canasta alimentaria en el período.

Se necesitan $12.574 de incremento en el SMVM para mantener el poder adquisitivo respecto de la canasta básica y $12.751 en las jubilaciones.

La falta de control sobre el programa de “Precios Cuidados” hace que desaparezcan precios de referencia, y profundizan los aumentos, principalmente en el caso de la leche fluida, las gaseosas cola y la yerba mate.

Respecto a los productos de aseo y limpieza, destaca el incremento de la lavandina con subas promedio de 12,4%, mientras que la pasta dental avanzó 11,3%, el papel higiénico, se mantuvo estable, con una insignificante baja de $0,06, requiriendo más de $90 para la obtención de 4 rollos de este producto de primerísima necesidad para la higiene de las personas.

El aumento de precios de los productos básicos resulta especialmente pernicioso cuando se considera la evolución de los salarios de los sectores de menores ingresos, ya que los mismos gastan una mayor proporción de su salario en productos de primera necesidad. El gasto en estos productos, sumado a las de tarifas, transportes y alquileres dejan muy poco margen para que un hogar pueda realizar otro tipo de consumo(al cuarto trimestre de 2018 el ingreso per cápita del hogar del 50% de la población era inferior $7.600).

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Análisis del Centro CEPA sobre la PUAM como reemplazo de la moratoria previsional para el acceso a la jubilación

De pobreza cero a pobreza cien mil:

Este informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analiza la política de otorgamiento de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) como reemplazo de las moratorias previsionales y su impacto en relación a la línea de pobreza individual y al endeudamiento de sus beneficiarios durante los últimos 2 años.

Origen de la Pensión Universal (PUAM)

En octubre de 2016, con el decreto 881 y luego de la aprobación de la Ley de Reparación HistóricaLey 27.260 , se votó la implementación de la Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM) como política orientada hacia aquellos/as que percibían pensiones no contributivas por vejez, que equivalía al 70% de la jubilación mínima y requería la edad de 70 años para su acceso. Desde enero de 2017 y hasta diciembre de 2018 se han incrementado en 110.711 los casos de personas mayores que perciben la PUAM.

Pensión Universal vs. Moratoria

Desde el gobierno se argumenta que la implementación de la PUAM tenía sentido para absorber a aquellos beneficiarios/as que percibían pensión por vejez. Sin embargo, los números oficiales de ANSES revelan que del total de 110.711 nuevos casos de PUAM, sólo el 9% corresponden a un pasaje desde la pensión por vejez. Por otro lado, si las Pensiones para Adultos Mayores alcanzaron los 110.711 casos, en contraposición, los beneficiarios/as que ingresaron en moratoria se redujeron sensiblemente: pasando de 31.485 casos en agosto de 2016 a 12.628 en diciembre de 2018.

Pensión Universal según género

Si observamos estos datos según género, entre enero de 2017 y septiembre de 2017 (la última fecha disponible en la base de ANSES para esta desagregación), el 74% de los/as nuevos/as pensionados/as que accedieron a la PUAM son varones. Alcanzan 38.678 casos sobre 52.268 pensionados/as en total. Esta situación se explica porque la moratoria para las mujeres tiene aún continuidad, aunque sólo hasta septiembre de 2019. Pero precisamente esta composición según género es una enorme advertencia: si efectivamente el gobierno decide discontinuar la moratoria para las mujeres sería lógico esperar un considerable incremento de titulares mujeres en la PUAM, incluso superando la composición masculina en el beneficio. Esto se ubica en línea con la participación femenina en las moratorias jubilatorias: entre 2003 y 2016 se jubilaron 1.796.439 mujeres por moratoria, más del 80% del total de los que accedieron al beneficio previsional. El fin de la moratoria no es más que la condena patriarcal hacia las mujeres trabajadoras que dedicaron toda su vida al trabajo en el hogar.

Cambio de paradigma

La aplicación de una pensión universal no contributiva a la vejez plantea una segmentación entre los que están adentro del mercado laboral formal, aportaron y se jubilaron en regla, y los que por no haber cumplido alguno de esos requisitos (aun si dependiera de un patrón o empleador que no quiso pagar sus aportes) no les corresponde una jubilación, entendida como un retiro después de toda una vida de trabajo y aportes. A esa población se le otorga un subsidio, un plan social, y ello constituye un concepto deslaboralizador, que se “focaliza” en las poblaciones pobres y las “atiende” específicamente según sus necesidades. En este caso el subsidio que se entrega tiene más que ver con la condición de “pobre”, que con el reconocimiento de un derecho de jubilación por ser un trabajador o una trabajadora. No hay reconocimiento de derecho, como sí lo hace la moratoria previsional.

“Ahorro” de ANSES

Si observamos esta decisión de reemplazo del acceso a la jubilación mínima por el otorgamiento de la PUAM en términos fiscales, la ANSES se “ahorra” 2.766 millones de pesos en un año. Esta suma equivale a poco menos de dos días de intereses generados por LELIQ por parte del Banco Central, con tasa nominal anual de 65% y una tasa efectiva anual que supera el 90%.

Jubilación mínima y línea de pobreza

En marzo de 2016, la jubilación mínima superaba la línea de pobreza en 40%, mientras que en la actualidad, a marzo de 2019, sólo la supera en 13%, llegando a un punto mínimo en febrero de 2019 (previo al último aumento de movilidad), cuando apenas superó la línea en 5%.

Pensión Universal y línea de pobreza

100 mil pensionados bajo la línea de pobreza individual. El caso de las PUAM, si en marzo de 2016 ésta superaba la línea de pobreza en 12%, tres años después los montos se ubican 9% por debajo de dicha línea, con un punto mínimo en febrero de 2019 (16% por debajo de la línea de pobreza). De haberse mantenido la moratoria previsional, esas personas se encontrarían por encima de la línea de pobreza, mientras que al reemplazar la misma por la PUAM y como resultado del aumento de la CBT, estas personas hoy se consideran pobres por ingresos.

Créditos Argenta a los pensionados

Desde julio de 2017 el Gobierno extendió el programa de Créditos Argenta a los titulares de beneficios no contributivos, es decir, Pensiones No Contributivas (PNC), Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE), PUAM, y otras pensiones no contributivas. En el caso de la PUAM, actualmente se puede acceder a un crédito con un monto que se ubica entre $5.000 y $35.000, con una posibilidad de financiación en 24 ó 36 cuotas. En todos los casos, el monto del crédito no puede exceder el 30% del ingreso mensual del tomador.

CFT de los Argenta

En la actualidad, el Costo Financiero Total (CFT) efectivo anual del crédito ofrecido alcanza 52,83% tratándose de 24 cuotas y 49,60% para 36 cuotas. Esta tasa se ha ido incrementando sensiblemente, acompañando el aumento de la tasa de referencia de la política monetaria, la correspondiente a las Letras de Liquidez o LELIQ.

Nivel de endeudamiento de los pensionados

De los 110 mil casos de beneficiarios de PUAM que se registran en la actualidad, un total de 49 mil tomaron créditos en ANSES. Esto significa que la mitad de los beneficiarios/as de las pensiones universales está endeudada (el 45%). El monto de endeudamiento de los beneficiarios de PUAM entre julio de 2017 y diciembre de 2018 alcanza casi $1,4 mil millones. Esto representa 80% más que lo que cobran mensualmente los beneficiarios/as de PUAM, que alcanza $782 millones mensuales.

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Mujeres argentinas: entre la conquista de derechos y la profundización de las inequidades económicas

-Informe CEPA #8M-

El 2018 constituyó un año de fuertes avances en la organización del movimiento feminista: mayor visibilización, reivindicaciones y demandas propias del colectivo de mujeres, lesbianas, travestis y trans. Paralelamente, 2018 fue un año en que la economía argentina sufrió una crisis económica que tuvo importantes efectos sobre el mercado de trabajo, las condiciones socioeconómicas y la economía real. Así las cosas, las mujeres argentinas transitaron un 2018 entre la organización por la conquista de derechos y la profundización de las inequidades económicas.

Durante 2018 se intensificó la desigualdad de género respecto al desempleo y la informalidad laboral. Las mujeres registraron tasas de desempleo de 10,8% (frente a 8,9% de los varones). Un incremento de 1,3 pp respecto de 2017 y de 3,1 pp respecto de 2015. Entre las mujeres más jóvenes de entre 14 y 29 años la tasa de desempleo trepó a 19,3%. Respecto a la informalidad laboral, el 37,1% de las mujeres en relación de dependencia trabaja sin registración laboral. Un incremento casi 1 p.p con relación a 2017 y 2,1 pp respecto de 2015. En cambio, para los varones el porcentaje se sostiene en 31,8%, no registrándose variaciones con respecto al periodo anterior.

Una manera de cuantificar las desigualdades económicas que afectan a las mujeres es la brecha de género en los ingresos. Si se considera la brecha de ingresos de la ocupación principal (vinculada a la actividad laboral), la misma se ubica en el 25% para el segundo trimestre de 2018, según los últimos datos de la EPH-INDEC. Incluso si se considera la brecha de ingresos personales (incluye ocupación principal, secundaria e ingresos como laborales como jubilación o renta) la brecha de género persiste ubicándose en 26%.

Cuando se considera la evolución de la brecha de ingresos por la ocupación principal en el largo plazo, se observa que entre 2004 y 2015 hubo una contundente disminución (11 puntos porcentuales) pasando del 33% al 22%. Este proceso está asociado a la mejora de los indicadores macroeconómicos en general y del mercado de trabajo en particular (salario real, nivel de registración, mayor cobertura de los convenios colectivos de trabajo. etc.). Hacia 2018, se presenta una tendencia a la baja  de la brecha, ubicándose en 25%, la cual parece ser contradictoria con las graves dificultades macroeconómicas que viene atravesando la Argentina desde el inicio de 2018. Sin embargo, vale aclarar que la caída de la brecha, aunque exprese una mejora relativa de las mujeres respecto de los varones, es consistente con un empeoramiento absoluto de los salarios reales de mujeres y varones.

Uno de los mitos en torno a la brecha de género es que la misma se debe a que las mujeres son peor remuneradas a igual tarea realizada por varones. Sin embargo, aunque esto pueda suceder en la práctica en algunos casos, no explica el fenómeno macro. Entre las principales causas de la desigualdad salarial, se encuentra la inequitativa distribución entre trabajo productivo y reproductivo (las mujeres dedican menos horas al trabajo remunerado porque deben atender al sostenimiento del hogar), lo que se refleja en la tasa de actividad: 69,5% es la tasa masculina y 47,1% la femenina.

En el universo de los trabajadores no registrados, la brecha en las remuneraciones no solo es más pronunciada, sino que a contramano de la tendencia general la misma se amplió entre el 2017 y el 2018: mientras que para el trabajo informal pasó de 35% a 34%, en el trabajo registrado pasó de 18% a 21%. En definitiva, las mejoras relativas de género que operaron en el mercado laboral en término de brecha durante el 2018 correspondieron solamente al mercado de trabajo formal sin percibirse un derrame sobre las mujeres informales. Por el contrario, en el mercado informal se amplió la brecha paralelamente a un aumento en el porcentaje de trabajadoras informales.

Un elemento central en la desigualdad salarial, que se suma a la desigual distribución de tareas al interior de los hogares y la mayor vulnerabilidad en la inserción laboral femenina, es la penalidad de las profesiones asociadas a tareas de cuidado. Según el relevamiento realizado en portales web de búsqueda laboral, las profesiones de la sanidad, docencia y servicio doméstico, fuertemente feminizadas y asociadas al cuidado, tienen peores remuneraciones horarias que otras profesiones con similares características en términos de formación profesional y experiencia laboral. Incluso, aquellas actividades que requieren menor formación, menor experiencia y en las que el salario promedio horario se ubica entre los más bajos, la diferencia salarial entre las que involucran carga de cuidado con las que no, es mayor que la que se presenta entre las actividades relevadas que implican un mayor nivel educativo.

El fenómeno de feminización de la pobreza se acrecienta en los hogares con menores y monoparentales con jefatura femenina. El. Esta representación se profundiza en los deciles de menores ingresos: los 27% de los hogares argentinos con menores son monoparentales y de estos el 60% tiene jefatura femenina hogares monoparentales representan el 66% de los hogares pobres y los que tienen jefatura femenina son el 60%. En estos hogares la  AUH es central ya que el 47% la percibe como ingreso principal.

En cuanto al consumo, las mujeres contamos con costos diferenciales asociados al ciclo reproductivo de la mujer. Una mujer cuya menstruación se produce desde los 15, tiene dos hijos durante su vida fértil y a los 50 años tiene la menopausia deberá dedicar a lo largo de su vida y a valores actuales aproximadamente $1.600.000. En este sentido, si comparamos lo datos relevados con los del 2018, se puede observar que ha habido una variación significativa en los gastos mencionados, a nivel general de alrededor de un 177%. En el caso de los gastos correspondientes al periodo reproductivo, hay un aumento del 36% sobre el total anual y uno del 49,21%  sobre el total general. Asimismo, la canasta de consumo de aquellas mujeres que se encuentran en etapa de la menopausia, en comparación con 2018, aumentó 287% sobre el total anual y un 265,86% sobre el total general.

Por último, este informe continúa siendo realizado en base a un sistema binario de varones-mujeres implementado para la recolección de datos, que no nos permite hacer análisis desde la diversidad de géneros, sino desde una mera clasificación por sexo. Entre las políticas a implementar, corresponde sugerir la incorporación de estadísticas que nos permitan avanzar con el análisis de las desigualdades de género para seguir pensando qué otras políticas públicas pueden tender a un horizonte de equidad.

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Análisis del poder adquisitivo y contraste con la línea de pobreza

Paritaria docente 2019:

El Centro de Economía Política Argentina realizó su último estudio respecto al poder inquisitivo de los docentes en el 2018  donde el 80% de sus trabajadores se encuentra por debajo de la línea de pobreza en el conurbano bonaerense y perdieron el equivalente de uno 28263 pesos respecto a 2017.

El poder adquisitivo promedio en 2018

Comparando el promedio de poder adquisitivo de 2018 en relación a 2017 para el conjunto de provincias, en el último año los salarios docentes tuvieron una caída en promedio de 11%. El rango va de -7% a -20%, excluyendo el caso de Neuquén, única provincia con guarismos positivos. Esta estimación permite considerar el poder adquisitivo promedio de cada mes en años consecutivos y es una aproximación precisa a la reducción de poder de compra de un año a otro.

En pesos de diciembre de 2018, es decir, considerando el salario del último mes del año, la pérdida alcanza hasta $ 72.000.

La caída implica entre $ -15.994 y $ -72.536, excluyendo nuevamente el caso de Neuquén. En promedio, la caída del poder adquisitivo en pesos de diciembre de 2018 del conjunto de provincias alcanza los $ -28.263. Las variaciones en este caso dependen naturalmente del nivel de salarios de cada provincia, que también presentan mucha dispersión: entre $13.291 a $30.203

El poder de compra al cierre del ciclo paritario 2018

En segundo lugar, se realizó una comparación del poder adquisitivo de diciembre de 2018 en relación al promedio de 2017. Este dato resulta trascendente porque constituye el punto de partida de la discusión salarial de 2019.

Si se compara el salario de diciembre de 2018 en relación al promedio de poder adquisitivo de 2017 para el conjunto de provincias, el último año los salarios docentes tuvieron una caída de 21% en promedio. Esto significa que, en promedio nacional, los docentes comienzan la discusión paritaria de 2019 con 21% menos de poder adquisitivo que un año atrás. El rango va de -6% a -30%.

Solo para el mes de diciembre de 2018, en promedio, la caída del poder adquisitivo del conjunto de provincias alcanza los $ -4.444, en un rango de entre $ -1.542 y $ -8.348. Como se mencionó, las variaciones dependen naturalmente del nivel de salarios de cada provincia, que presentan una importante dispersión.

Docentes y línea de pobreza

Considerando el promedio de salario bruto para un docente de Educación Primaria, Jornada simple y Enseñanza Común con 10 años de antigüedad, el 80% de los docentes de la Argentina se encuentra por debajo de la línea de pobreza regional de INDEC  y solo siete provincias presentan promedios salariales por encima de la línea.

Si se considera el mismo cálculo para junio de 2017, los guarismos se invierten: casi el 90% se encontraba por encima de la línea de pobreza regional para una familia tipo.

La cercanía del salario docente a la línea de pobreza provocó que, ante un cambio significativo en el nivel de precios y por ende en los salarios reales en 2018, una sensible porción de los docentes pasara a ubicarse por debajo de esta línea, invirtiendo totalmente la relación: si antes el 90% superaba la línea de pobreza, tan solo un año después el 80% está por debajo de la misma.

El caso de los docentes de la Provincia de Buenos Aires: la situación actual

El poder adquisitivo de los docentes bonaerenses fue cayendo repetidamente. Entre 2018 y 2017, la pérdida promedio de poder adquisitivo alcanzó el 7% si se considera el bono de $7.000 abonado en diciembre. Sin embargo, el punto de inicio de la paritaria es mucho más bajo: 16% menos respecto del promedio de 2017.

Peor aún resulta la comparación con 2015. Si se considera el promedio de poder adquisitivo de 2015, en 2018 se mantuvo casi 12% por debajo, mientras que si se compara el salario de diciembre de 2018, la caída es algo más de 20%.

Si se considera el valor equivalente en pesos del salario docente, es posible concluir que si en 2017 un docente cobraba el equivalente a $25.795, en 2018 percibió solo $24.005 mensual. Siguiendo esta metodología, en diciembre de 2018 ese mismo docente cobró $21.746. En términos equivalentes, ese mismo trabajador en 2015 se hizo de $27.216 mensuales.

Docentes de la Provincia de Buenos Aires: ejercicio paritario para 2019

El aumento salarial docente para equiparar a finales de 2019 el poder adquisitivo de diciembre de 2017, debería alcanzar 52%, incrementándose los salarios de manera acumulativa 3,6% mensual durante todo 2019.

Incluso considerando esta elevada paritaria, el promedio de poder adquisitivo de 2019, de todas formas, se mantendría por debajo de los años anteriores, lo que refleja la pérdida de poder adquisitivo durante todos los meses del periodo 2018-2019 (solo se logra alcanzar el punto final de la serie).

La primera oferta de la Gobernación

La primera oferta realizada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires consta de un aumento que sigue la evolución de la inflación, actualizándose los valores en enero, febrero y marzo, y luego, actualización del salario cada tres meses. Vale considerar que esta oferta no menciona la actualización de dos conceptos: FONID ni material didáctico.

Si se analiza cómo evolucionaría el salario en 2019 considerando la inflación estimada en el REM BCRA, entonces los docentes bonaerenses no recuperarían nada de lo perdido en 2018, manteniéndose su poder adquisitivo casi 18% por debajo de 2017 y 22% por debajo de 2015.

El impacto de la eliminación de la paritaria nacional

La paritaria nacional permitía, entre otras cuestiones, la discusión sobre el monto a percibir del Fondo Nacional de Incentivo Docente – FONID.

Se considera el salario original de 2018 para los salarios bonaerenses, pero estimando la evolución del FONID según la variación salarial del resto de los ítems a lo largo de ese año, el salario anual hubiese sido $4.857 más elevado, es decir, 2,11% por encima del salario actual. Si, en cambio, el FONID hubiese variado considerando la evolución de 2017 o de 2016, entonces el salario docente bonaerense hubiese sido 3,95% y 4,3% superior al actual, es decir, $9.115 y $9.893 anuales más respectivamente.

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Según el centro CEPA una familia en enero precisó unos 11.000 pesos para cubrir las necesidades básicas

Los datos surgen del relevamiento que realiza el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) en los productos básicos de la canasta familiar en el Conurbano bonaerense y CABA.

La canasta básica, compuesta por los productos de consumo diario de primera necesidad, está conformada principalmente por alimentos no perecederos, frutas y verduras, carne, elementos de higiene personal y artículos de limpieza imprescindibles en cualquier hogar. Atendiendo a la importancia que estos productos tienen en el consumo de los hogares -especialmente los de menores ingresos-, desde octubre de 2015 y en paralelo al apagón estadístico que afectó a las estadísticas públicas durante los primeros meses de gestión del actual gobierno, CEPA releva el precio de 37 productos de consumo básico en la zona de CABA y GBA.

El presente informe, correspondiente a la evolución de precios en enero de 2019, incluye, en primer lugar, los 10 mayores aumentos en alimentos del mes y los 10 mayores aumentos desde octubre de 2015. La segunda sección muestra la evolución y monto de la canasta básica alimentaria (lo que determina si un hogar puede cubrir sus necesidades nutricionales o bien es indigente), así como también la recomposición necesaria para que el SMVM y la Jubilación mínima mantengan el poder de compra respecto de la canasta alimentaria. Adicionalmente, atendiendo al incremento relevado en los productos de limpieza y aseo personal, se incluye en la tercera y última sección los principales incrementos en estos rubros.

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Adelanto de conclusiones

  • Dentro de los mayores aumentos de alimentos del mes destacan las carnes y los lácteos: vacío (9,8%), pollo fresco (7,64%), asado (6,49%), leche en sachet (6,1%) y carne picada (5,84%).
  • Dentro de los mayores aumentos de alimentos desde octubre de 2015 se destacan especialmente los incrementos sufridos por los productos de consumo básico como aceite de girasol (449,45%) arroz (373,04%), huevos blancos (310,17%) y harina (306,66%).
  • Del relevamiento de precios realizado surge que el costo de la canasta básica alimentaria para una familia tipo asciende a $10.917, monto equiparable al salario mínimo vital y móvil ($11.300), necesario para cubrir las necesidades nutricionales mínimas sin incluir otros gastos imprescindibles de vivienda ni de transporte.
  • El incremento de la canasta básica en el mes de enero fue de 3% respecto de diciembre de 2018, 63% respecto de enero de 2018 y 244% respecto de octubre de 2015.
  • Considerando el monto del salario mínimo vital y móvil a octubre de 2015, el mismo debería alcanzar en enero de 2018 los $19.223 para mantener el poder de compra respecto de la canasta básica alimentaria. De la misma manera, si se considera la jubilación mínima a octubre de 2015, la misma debería alcanzar un monto de $14.789 en enero de 2018 para equiparar los incrementos de la canasta alimentaria en el período. Se necesitan $7.923 de incremento en el SMVM para mantener el poder adquisitivo respecto de la canasta básica y $5.480 en las jubilaciones.
  • Los productos de limpieza y aseo presentaron un incremento superior al promedio de la canasta (+6,62%).
  • Destaca el caso de la lavandina, producto de primera necesidad y de bajo valor agregado industrial debido a que su composición es un químico común (cloro), presenta sostenidos incrementos por encima de la inflación (+5,59%) en enero de 2018.

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Argentina después del Fondo: La brecha entre el punto de partida y el punto de llegada

-Análisis de CEPA-

A raíz de la visita del FMI a la Argentina desde este lunes, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró un informe que repasa los principales ejes de los dos acuerdos realizados en 2018.

Es de destacar las sucesivas modificaciones a la baja de las estimaciones sobre las principales variables económicas y el punto final del acuerdo respecto de tales indicadores, que dejan a la Argentina en peores condiciones que hace tres años atrás.

Conclusiones de CEPA

• Desde el lunes 11 de febrero de 2019 el FMI regresa a la Argentina para la revisión del acuerdo firmado con nuestro país. De la visita depende el nuevo desembolso de 7.800 millones Derechos de Giro (DEG), equivalentes a unos USD 10.900 millones.

• A la fecha, los desembolsos del FMI suman USD 28.200, que fueron desembolsados del siguiente modo: $15.000 en junio de 2018, USD 5.600 en septiembre 2018 y USD 7.600 en diciembre 2018. Si se adicionan los USD 10.900 que se esperan a marzo 2019, se alcanzaría un préstamo concretado de USD 39.100 millones, es decir, el 70% de los montos acordados con el organismo.

• En junio 2018 se realizó un primer acuerdo con el FMI, el cual tuvo una breve duración de poco más de tres meses, para dar lugar una revisión de los desembolsos y de las metas, que además sumaron USD 7.000 millones a los USD 50.000 del primer acuerdo, totalizando USD 57.000. Esta ampliación se realizó a pesar de haberse reconocido notorios incumplimientos en las metas de inflación, la utilización de la emisión de dólar futuro como herramienta de contención del dólar y la pérdida de reservas del BCRA.

• La parte central del acuerdo de octubre 2018 fue la reprogramación de los desembolsos del FMI, adelantando parte importante para el año 2019, donde se disputan las elecciones presidenciales. Como se observa en el informe, los dos desembolsos más significativos se realizan antes de las PASO y de las elecciones generales. En el primer acuerdo de junio 2018, los desembolsos antes de las PASO eran del 53% y subieron al 59% en el nuevo acuerdo. Si colocamos como referencia las elecciones generales, en el primer acuerdo los desembolsos se realizaban en un 78% antes de octubre 2019 y en el segundo acuerdo vemos que el 88% del préstamo del organismo será desembolsado antes de esa fecha.

• Adicionalmente, en octubre 2018 se modificó el carácter del préstamo. Mientras que el primer acuerdo preveía sólo USD 15.000 millones de apoyo presupuestario y el resto era precautorio (sólo se usaba si era necesario), en el nuevo acuerdo se reconoce la necesidad de utilizarlo íntegramente como apoyo presupuestario.

• Tanto en el Memorándum entre Hacienda y el FMI que se firmó el 17 de octubre de 2018 (pero que se dio a conocer después de la media sanción de la ley de presupuesto), como en la reciente actualización de enero del 2019, se elaboran estimaciones de las variables clave de la economía argentina y se registra un empeoramiento en todos los frentes.

PBI. Entre junio y octubre 2018 se reconoce una caída del crecimiento del producto más acelerada pasando del -0,5 a -1,7%.

DESEMPLEO. en la revisión de octubre 2018, se estima una tasa del 9,8% para el año 2018, muy cerca de los dos dígitos y mayor al 8,9% calculada anteriormente. En efecto, en 2019 se espera un guarismo de 10,9%.

INFLACIÓN. La inflación proyectada en 31,7% en junio para el año 2018, sube a octubre con una estimación anual de 43,8%. En diciembre fue corregida nuevamente al 47,4%, cerca del valor oficial informado por el Indec de un 47,6% .

BALANZA COMERCIAL. De un inicial superávit estimado en junio 2018 de USD 700 y USD 4.000 millones para el 2018 y 2019 respectivamente, se mejora la perspectiva con la proyección de un superávit de USD 3.300 y USD 12.000 millones a octubre (luego de la suba del dólar). Sin embargo, los datos preliminares a diciembre de 2018 indican un déficit comercial de USD 3.820 millones (ICA – INDEC), lo que se acerca más a las estimaciones presentadas por el gobierno en el proyecto de Presupuesto 2019, donde se estimaba un déficit de USD 4.600 millones para 2018. Finalmente el FMI proyectó en diciembre 2018 un déficit comercial de USD 1.600 millones para todo el año transcurrido, aún muy lejos del balance comercial provisorio a diciembre del 2018 de USD 3.820 millones (deficitario).

• El acuerdo de octubre alerta sobre los riesgos en la capacidad de repago ante una nueva devaluación de la moneda en el caso de no generar la confianza necesaria ante los mercados, teniendo en cuenta que una gran proporción de la misma se encuentra denominada en moneda extranjera (95,4% de la deuda pública bruta al 3er. Trimestre del 2018 ).

• En dicho acuerdo, además, las estimaciones son optimistas pero los técnicos del Fondo se ponen a resguardo planteando que las posibilidades de incumplimiento son altas o que el sendero es sustentable pero de baja probabilidad.

• En relación a las propuestas fiscales, el Fondo reconoce que el programa de ajuste es más severo que los que suele implementar en otros países.

• En el marco del eje puesto en el ajuste del gasto, cabe señalar que desde el primer acuerdo de junio, el Fondo aseguro que –dado el empeoramiento de la situación económica-, lo pactado garantizaba el gasto social para proteger a los sectores más vulnerables. Sin embargo, la definición de “gasto social” sólo contempla un 10% de las prestaciones sociales (AUH y AUE) que explican más del 60% del gasto público.

• Al realizar un ejercicio de comparación del PBI entre puntas (2015 vs. 2019), se observa en el Reporte Económico Global de abril del 2018, previo al acuerdo alcanzado en junio, se esperaba finalizar el mandato presidencial de Cambiemos con un PBI superior al del 2015 en términos reales en un 6,27%. Firmado el acuerdo en junio 2018, las proyecciones eran 2,9% en el escenario base o un -0,33% en el escenario adverso respecto del inicio de la gestión de Cambiemos. Al alcanzar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en octubre 2018, se estima un PBI, a fines de 2019, 3,52% inferior al del año 2015. En síntesis, si tomamos en cuenta el PBI estimado para 2019 en el Presupuesto Nacional votado en noviembre 2018, al finalizar el mandato deberíamos esperar un PBI 1,94% inferior al recibido en el año 2015.

• Por último, resulta al menos llamativo que las estimaciones del Fondo Monetario Internacional proyecten un retorno del crecimiento económico en la Argentina a partir del año 2020, siendo que en aquel periodo será cuando se reciba la menor cantidad de fondos netos de parte del organismo y se inicie con el repago del préstamo del programa.

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Ejecución del Presupuesto 2018: más deuda y menos servicios sociales

-Análisis Centro CEPA-

Finalizado el año 2018, desde el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó las ampliaciones y reducciones de las partidas, así como la participación de cada una de las áreas y la ejecución del presupuesto 2018.

El presupuesto debería representar el Plan de Gobierno y su ejecución ilustrar el avance del cumplimiento de objetivos. Sin embargo, las variables económicas que sustentan el presupuesto se modificaron con el ritmo de la economía y la ejecución ha sido dispar.

El Presupuesto se amplío en $583.099 millones, sólo un 20% por encima del votado y muy inferior a la inflación del año 2018 que alcanzó el 47,6% punta a punta o el 33,8% en promedio. Este dato da cuenta de la magnitud del ajuste del gasto acordado entre el gobierno y el FMI.

Los datos recientemente anunciados por el Ministro de Hacienda del sobre-cumplimiento de la meta del déficit con el FMI confirman el ajuste que se profundiza por la caída de la recaudación.

Las jurisdicciones más beneficiadas, en términos nominales, por la ampliación de partidas fueron los Servicios de la Deuda Pública – 50% más en relación al inicial -, Obligaciones a cargo del Tesoro – 108% – , y en tercer lugar el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con aumento del 8%. Estas 3 jurisdicciones tuvieron ampliaciones presupuestarias por encima de los $100.000 millones y explican el 73% del total de las ampliaciones presupuestarias para la APN.

La devaluación generó mayor necesidad de pesos para afrontar los pagos de los servicios de la deuda y el pago de los subsidios a la energía, tanto de importaciones como de generación de energía eléctrica y producción local de gas natural.

Contrariamente, el ex Ministerio de Salud redujo sus partidas presupuestarias en $3.430 millones, el 6% de su presupuesto total.

En relación a la participación en el gasto total, más del 40% del gasto es explicado por los gastos del ANSES, que se presupuestan en el ex Ministerio de Trabajo, y que pierden casi 5 puntos porcentuales entre el presupuesto inicial y el vigente. El segundo gasto en importancia es el de los servicios de la deuda, que aumenta su participación en un 3,5% pasando del 14,1% al 17,6%. Es decir, que de los 5 puntos que se reduce el peso de los servicios sociales 3,5 son reorientados hacia el costo del endeudamiento.

También el Ministerio de Educación pierde participación: casi un punto entre el sancionado y el vigente, pasando del 5,7% al 5% del total.

Los recursos destinados al Ministerio de Salud representan el 1,5% del total de gastos del presupuesto vigente.

Si se los compara con los Servicios de Deuda, los montos destinados a Salud son solo el 9% del gasto vigente. Asimismo, en Ciencia y Tecnología, los recursos representan sólo el 3% en relación a Servicios de Deuda.

En el marco de la crisis industrial y el cierre diario de pymes, el presupuesto del Ministerio de Producción representó sólo el 0,3% del gasto público total.

En relación a ejecución presupuestaria sobre el presupuesto vigente, los peores rendimientos se expresan en el Ministerio de Producción con el 71,7%, Ambiente y Desarrollo Sustentable con el 73%, Hacienda con el 75,1%, Finanzas con el 75,2% y Turismo con el 76,9%.

A su vez, las jurisdicciones con mayor sobre-ejecución sobre el presupuesto vigente fueron Presidencia con el 97,1%, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social con el 96,6%, Educación con el 94,4%, Defensa con el 94% y el Poder Judicial con el 93,2%.

Particularmente, en un año de crisis económica, la intervención estatal mediante políticas públicas resulta imprescindible para revertir o reducir los efectos sociales asociados al deterioro de todas las variables. Sin embargo, la política del Gobierno ha sido la de priorizar el pago de Servicios de Deuda por sobre las cuestiones sociales.

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