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Quién es quién en la mesa contra la pobreza que arma Fernández

En la primera reunión del Consejo de seguimiento, el presidente electo convocó en su búnker a dirigentes del agro, empresarios, sindicalistas de CGT y CTA, movimientos sociales y derechos humanos.

Llegaron a media mañana del viernes al búnker de Alberto Fernández en Puerto Madero. Subieron al piso siete para una reunión nutrida. El presidente electo convocó a dirigentes sociales, empresarios, sindicales y hasta del agro a la primera reunión del Consejo de seguimiento del plan anti hambre, que lleva adelante técnicamente su potencial ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.

Uno de los primeros en llegar fue el titular de la CGT, Héctor Daer, hombre de consulta de Fernández y articulador en el pacto social. Lo siguieron Estela de Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Agustín Salvia, del Observatorio Social de la UCA; el Nobel Adolfo Pérez Esquivel, Monseñor Carlos Tissera (Cáritas) Daniel Funes de Rioja, de la UIA y la cámara alimenticia Copal y Esteban “Gringo” Castro, de la CTEP. Luego llegó el conductor televisivo Marcelo Tinelli, que tendrá una silla en el Consejo y se sentó casi al lado de Fernández. También se sentaron Sonia Alesso (CTERA), Roberto Baradel (SUTEBA), Eduardo López (UTE) y algunas figuras que sorprendieron.

Entre ellas, dirigentes de una parte de la Mesa de Enlace agropecuaria, como Carlos Achettoni, de Federación Agraria y Dardo Chiesa, de CRA, más Gustavo Idigoras, de los exportadores de cereales CIARA CEC. Gustavo Vera, de la ONG La Alameda, compartió el evento con el potencial jefe de Gabinete Santiago Cafiero y otro Cafiero, su tio Mario. Gabriel Yedlin, ministro de Desarrollo de Tucumán, la cocinera Narda Lepes y Vilma Ibarra, que tendrá lugar en el Gabinete, fueron de la partida. Se la vio también a María Cher, diseñadora de modas e hija de Rubén Cherñajovsky, dueño de la ensambladora Newsan y uno de los CEOs que se reunió con Fernández. Vanesa Defranceschi, la esposa del hijo de Ernestina Herrera de Noble, del Grupo Clarín, se sumó al evento. Juan Vasco Martínez, de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU),  Luis Galli, de Newsan, y Rosario Altgelt, CEO de LATAM.

La iniciativa contra el hambre fue presentada en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, en una actividad que se realizó el 7 de octubre. La puesta en marcha del Consejo Federal Argentina Contra el Hambre es una de las prioridades del próximo gobierno y se vinculará con Presidencia de la Nación. (Letra P)

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El secuestro de las Noticias

(Miguel Angel De Renzis)  Hemos dicho muchas veces que no existe la libertad de prensa, sino la Libertad de Empresa.

Le vamos a contar aquí lo que no se dice del negocio periodístico.

Y aceptando esto que decimos ustedes van a entender como los factores de poder y la prensa conviven en una realidad no conocida.

En 1865, en Minnesota, en los EE.UU, nacía la empresa Cargill. Catorce integrantes de esa familia se encuentran entre los más ricos del mundo. Tienen 143.000 empleados en 67 países y manejan 75 empresas, con una facturación anual de 134.000 millones de dólares. Y por supuesto, efectúan inversiones a través de Cargill Trade y Structured Finance. Este grupo invertirá 40.000 millones de dólares para que SUPERCANAL, la empresa de Vila y Manzano, puedan tener fibra óptica pensando en el decreto que firmó Macri sobre el cuádruple play, que habilita a las telefónicas a dar servicio de televisión.

Mientras Clarín con Cablevisión arregló el negocio con Telecom, Vila y Manzano pretenden ofrecérselo a Claro del millonario mejicano Slim o a Telefónica.

En el grupo de Slim trabaja Abal Medina, aquel que fuera hermano del fundador de Montoneros y que se conocen con Manzano desde los años de militancia.

En 1962 Alejandro Alvarez y Héctor Tristán fundan la organización peronista Guardia de Hierro, una de las organizaciones que aportó mayor cantidad de cuadros y que para fines de 1972, cuando se aproximaba el regreso de Perón, contaban con 15.000 cuadros que se referenciaban en el “gallego” Alvarez, quien falleciera en el 2016 a los 80 años.

Entre esos cuadros estaba José Luis Manzano.

Alvarez disolvió Guardia al fallecer Perón y dejó a sus militantes en libertad de acción. Manzano se hizo “renovador” y se acercó a Antonio Cafiero, pero inmediatamente derrotado éste y José Manuel de la Sota, por Carlos Saúl Menen y Eduardo Alberto Duhalde, pegó el salto, Porque el binomio que después sería presidencial, también venía de la renovación.

Su condición de mendocino lo vinculó rápidamente a Eduardo Bauzá y al arquitecto Roberto Dromi.

Dromi fue en el menemismo el principal referente de las privatizaciones, pese a lo cual Julio De Vido lo tuvo de asesor durante todo su ministerio, mientras presidían Néstor o Cristina.

Finalmente, Bauzá lo puso a Manzano en la lista de diputados.

El hoy dueño del Grupo América nació en pleno gobierno de la fusiladora, el 9 de marzo de 1956 en Tupungato, Mendoza. Logró ser nombrado presidente de bloque y operador de los mendocinos Bauzá y Dromi, para lo que gustaran mandar.

Se dio el caso que como la diputada nacional Yorga Salomón se negara a votar las privatizaciones, el día que había que hacerle un homenaje a Evita en el Congreso, Manzano le negó la palabra a quien más sabía de Eva Perón en el bloque y en el país.

Cierto día, para ser más preciso, el 6 de mayo de 1990, cuando se trataba la privatización de la Petroquímica Bahia Blanca, y ante los cuestionamientos de sus propios compañeros, el hoy socio de Vila en el Grupo América, hizo histórica una frase: “Yo robo para la corona”.

El premio le llegó. En 1991 lo nombraron ministro del Interior en el mismo momento que Mauricio Macri era secuestrado por la banda de los comisarios.

En diciembre de 1992, cuando dejó de ser ministro, con la excusa de someterse a una operación de sus nalgas se fue a EE.UU, y se radicó en California. Y allí se vincula con un personaje clave para que Manzano, hoy, pueda manejar el negocio periodístico.

Se conoce con Jorge Mas Canosa

Canosa, que había nacido el 21 de septiembre de 1939 en Santiago de Cuba, era hijo de un coronel veterinario de la dictadura de Fulgencio Batista, cuando Cuba era el prostíbulo de los americanos.

A los 15 años se sublevó contra el gobierno de Batista y cayó preso. Su familia lo sacó bajo la palabra de su padre el coronel y lo mandaron a estudiar a los EE.UU en Carolina del Norte. Luego se radica en Miami, pero antes había hecho el curso militar y salió como alférez del Ejército norteamericano.

Histórico conspirador contra los Castro, en 1961 participa de la frustrada invasión a Playa Girón.

Cuando salió de la carrera militar en Georgia en 1981 creó una fundación nacional cubano americana, de la que fue presidente hasta 1997, cuando falleció.

En 1980 el presidente Ronald Reagan, al ver la vinculación de los cubanos en el exilio con la CIA, lo nombra en el Consejo Presidencial para Radiodifusión.

Mas Canosa se casó con Irma Santos y tuvieron tres hijos varones, Jorge, Juan Carlos y José.

Los millonarios fondos que aportaban los cubanos en el exilio y el propio gobierno yanqui, y el control directo sobre radio Martí, se transformaron en atractivo de todos aquellos que en América quisieran luchar contra el comunismo.

Y allí llega José Luis Manzano que lo convence a Vila, en Mendoza, de asociarse con el dinero que Mas Canosa le había facilitado. El vinculo de Manzano y Canosa se produce en 1994.

Pero aquí vale destacar otro personaje también de los medios, el abogado recibido en la Universidad Católica, Gerardo Daniel Hadad, que nació en Buenos Aires el 28 de noviembre de 1961.

Con una F.M no legal pegó el salto hasta terminar el 26 de abril de 2012, por presión de Cristina Kirchner, con C5N, Radio 10, FM Mega 98.7, Vale 97.5, y Pop 101.5.

Hoy Hadad es dueño de Infobae, uno de los sitios más leídos de Internet, y de Radio Colonia.

En Florida y Paraguay está el Florida Garden, un lugar muy frecuentado por los espías y los periodistas.

En épocas de Alfonsín, Iglesias Rouco dirigía el Informador Público, un semanario que publicaba información de los distintos servicios y de lo que en la jerga se llama “pescado podrido” es decir información falsa.

Hadad era un correveidile de Iglesias Rouco

Daniel Hadad hizo un posgrado en Navarra, España, y allí se vinculó al Opus Dei. Y durante la época del menemismo el Opus lo vinculó a Gustavo Beliz. Sin embargo, cuando Menem nombra a Anzorregui en la SIDE, Hadad se transforma en un operador del gobierno y solía entrevistarse con el ex montonero Rodolfo Galimberti, el encargado de “ayudar” a los periodistas fuera de los orgánicos.

Cuando Menem decide quitarle la frecuencia de 710 a Radio Municipal, pasándola a la 1110, vieja frecuencia de Radio Argentina, el que activa para conseguirla es Alfredo Yabrán, quien aporta los dineros a la flamante Radio Diez, que después iba a recibir de Mas Canosa otra importante ayuda económica.

Por eso hoy se ve en la pantalla de A24 periodistas que antes trabajaban para Hadad y ahora lo hacen para Manzano, sin olvidar que en el medio trabajaron para Cristóbal López. A Manzano y a Hadad los une la plata de Canosa.

En el año 2008 Vila y Manzano iban a comprar Ambito Financiero. En un viaje a China de la presidenta Cristina Fernández, esta le pidió a José Luis que le dejaran Ambito Financiero a Cristóbal López, que ella lo precisaba.

Inmediatamente el buen negociador de Manzano logró que la presidenta llamara al entonces gobernador de Mendoza, Celso Yaque, para que le entregara ocho aéreas petroleras al tándem Vila Manzano.

Por ese tiempo, el Grupo Clarín la pasaba mal. Y el principal CEO, Héctor Magneto, nacido el 9 de julio de 1944, llegó a Clarín de la mano de Rogelio Frigerio, el abuelo del actual ministro de Macri, a quien había conocido en su militancia en el PC. La hermana de Magnetto tiene un hijo llamado Pablo Casey, un abogado de 50 años nacido en Chivilcoy, que es el actual gerente de relaciones institucionales del grupo, y ha sido el elegido para tomar la posta de Magnetto. Pese a que el ceo de Clarin tiene sus hijos, eligió a su sobrino.

Casey nació en Chivilcoy y se crió a dos cuadras de la casa de Randazzo, quien no lo llama como Pablo, sino como “cachecha”, tal cual lo bautizara el ex ministro de Cristina.

Para no hacerlo tan largo ahora podrán entender como la prensa presenta la inflación tratando de explicarla, que es un impuesto más que pagamos los argentinos, donde una de las principales causas está en el aumento de tarifas de los servicios públicos decidido por Macri, o el aumento de la presión tributaria del Estado, o la remarcación impune de los precios sin ningún control.

Hoy se está produciendo el mayor traslado a favor de los que más tienen en contra de los que menos tienen, pero la prensa canalla lo dibuja todos los días.

El secuestro de las noticias no puede ser sancionado porque no existe la libertad de prensa, existe la libertad de empresa.

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Santiago D’Elía: «Si gana Unidad Ciudadana gana el pueblo»

El equipo periodístico de «Abriendo la agenda» dialogó con el referente de la Juventud Kirchnerista de Berisso, Santiago D’Elia. El ex – candidato a concejal por la lista 2 de Unidad Ciudadana enmarcó la charla dentro del acto de Cristina Fernández de Kirchner en la ciudad de La Plata.

Tanto D’Elia como quien encabezaba la lista 2, Fabián Cagliardi, fueron los únicos representantes del espacio presentes en el acto, y en referencia a ello se estableció la comunicación.

Comenzó la entrevista transmitiendo el mensaje que dejó la ex – mandataria de cara a las elecciones generales e Octubre. «Cristina pidió que hagamos una campaña ciudadana. Que vayamos a buscar a la gente que esta sufriendo el ajuste de Mauricio Macri.»

Además, se refirió a lo sucedido con el escrutinio de los votos: «Es una canallada lo que hizo el gobierno escondiendo los votos», y agregó que toda esa situación «forma parte de una estrategia en conjunto con el Grupo Clarín. Querían que la tapa de todos los diarios sea que perdió Cristina y ganó Cambiemos.»

Luego se refirió al clima que se vivió dentro del acto, en cuanto a la participación de la gente y su accionar. «Para nosotros siempre que habla Cristina es sinónimo de alegría», transmitiendo el entusiasmo con el que parte de la población de la región se hizo presente. «Vamos a escuchar un mensaje claro y a escuchar al pueblo» definió.

Por otra parte, el referente Kirchnerista contó los detalles de su encuentro con la dos veces Presidenta de la Nación: «Se lo agradezco a mi hermano Gabriel D’Elia que hizo el contacto», aclarando que su hermano Gabriel fue Secretario de Comunicación durante el último mandato de Cristina Kirchner y viajó junto a varios destinos del mundo junto a ella en repetidas ocasiones.

El motivo del encuentro fue hacerle saber a Cristina la delicada situación de salud que atraviesa la esposa de D’Elia, Agostina Metaza: «Le comentamos lo que estamos pasando para que le desee la mayor de las fuerzas» expresó, y agregó: «es sorprendente la sencillez de Cristina. Pudimos sacarnos una foto y compartir unos minutos con ella. A la salida pudimos continuar el dialogo.»

Por último describió cómo desarrollará la campaña de cara a Octubre, siendo que la lista por la cual participó no logro ganar las PASO. «Nosotros vamos a acompañar, ya nos pusimos a disposición. Estamos esperando que nos convoquen», aunque ya hubo una primera reunión en donde participaron Oscar ‘Didi’ Colombo, Sebastian Mincarelli, Fabián Cagliardi y Miriam ‘Pelusa’ Larrañaga.

«Tenemos en cuenta que en 2015 perdimos por una actitud egoísta de algunos compañeros que no supieron acompañar» señaló, por lo que ellos no se comportarán de la forma que describió, sino que «el que gana conduce y el que pierde acompaña.» 

Finalmente, cerró la entrevista diciendo que en caso de triunfar Unidad Ciudadana en octubre «gana el pueblo.»

Entrevista ene l programa Abriendo La Agenda

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»Los dueños de la opinión pública»: ¿quiénes están detrás de las encuentas?

Para quiénes trabajan los que marcan la cancha de la campaña. Cuánto cobran. El poderoso tándem Clarín – M&F. La consultora de La Cámpora.

(Por DIEGO GENOUD / Letra P) – Son pequeños grupos con una misión específica: indagar en la opinión pública a partir de una muestra acotada que se pretende representativa y perfilar un escenario electoral que marque la cancha de la política.

Los encuestadores que trabajan para empresas y partidos políticos son una tribu reducida que pierde prestigio con cada elección pero que renace cada dos años. El Gobierno y la oposición los necesitan: o para tener información precisa o para influir con intenciones de voto que hoy no existen pero mañana quién dice. Los hay para todos los gustos. Se conocen entre sí, se respetan en algunos casos y se desprecian en muchos otros.

El que mejor trabaja no es siempre el que más gana y los candidatos destinan un porcentaje importante de sus gastos de campaña a contratarlos. Cuatro encuestadores consultados coincidieron en que un estudio promedio de 1500 casos -desagregado en 150 páginas- que combine encuesta telefónica por IVR con encuestas presenciales en toda la provincia de Buenos Aires cuesta alrededor de 200 mil pesos. Los políticos que disponen de fondos encargan decenas. Pero no todo es lo mismo.

La consultora que más influye a nivel social es Managment & Fit, la empresa que pertenece al ex funcionario menemista Guillermo Seita.

Dirigida por Mariel Fornoni, creció en forma vertiginosa en la última década hasta llegar a ocupar la tapa de Clarín del domingo. Detrás de los números que publica el diario –y que se propagan enseguida a través de los tentáculos del Grupo- está la figura del ex secretario de Medios de Carlos Menem.

Seita tiene una historia larga en la política pero divide aguas. Ni siquiera sobre sus orígenes hay coincidencia: en marzo pasado él mismo le dijo a la revista Noticias que militó en Descamisados –más tarde, parte de Montoneros- pero son mayoría los que lo ubican en Guardia de Hierro, la agrupación de la derecha peronista que lideraba Alejandro “El Gallego” Álvarez.

JUEZ Y PARTE
. Hasta hace no tanto, Seita acostumbraba confesar en privado el secreto de su éxito: un diálogo con Héctor Magnetto en los inicios de M&F, el contacto más influyente que había preservado de su gestión como secretario de Medios. “Largate con todo que yo te respaldo”, le habría dicho el CEO de Clarín. Eran tiempos en que Seita vivía en Mar del Plata –la ciudad donde nació Fornoni- y paraba en Buenos Aires en el Hotel Esplendor.

Según los últimos números que M&F elaboró para Clarín y se publicaron el domingo pasado, el escenario en la provincia de Buenos Aires orilla el triple empate. Esteban Bullrich tiene un 28,5 %, Cristina Kirchner un 27,8 y Sergio Massa, un 24,1 %.

El dato no deja de sorprender: hace dos meses, la consultora de Seita le otorgaba una intención de voto de 35,3 % a la ex presidenta, 34,3 % al líder del Frente Renovador y 19,5 al ministro de Educación de Mauricio Macri.

No es lo único que hace ruido en torno al dueño de la consultora exclusiva de Clarín. Su plasticidad es tanta que ¿lo habilita? para medir opinión pública en el principal diario, elaborar un newsletter para los empresarios de AEA –donde Clarín pisa fuerte- y operar, además, a favor de candidatos que lo contratan en forma personal. Desde Tigre o desde las oficinas que tiene en Avenida del Libertador, a una cuadra del Patio Bullrich, Sergio Massa suele hablar con el dueño de M&F: gente de su confianza ya trabaja a las órdenes de Sergio. El mismo Seita se reconoce hoy su asesor, así como lo fue en 2015 de Daniel Scioli y del electo presidente.

CONSULTORAS AMARILLAS. La otra gran consultora que hace investigación de opinión pública a pedido de un diario es Poliarquía, hoy dirigida por Alejandro Catterberg y Eduardo Fidanza. Se hicieron conocidos gracias al diario La Nación y siguen publicando ahí pero ahora también tienen como cliente a la Casa Rosada.

Desde que desembarcó en el Gobierno de la Ciudad, el macrismo trabajó básicamente con dos encuestadoras de cabecera: Isonomía y Durán Barba y Asociados.

Isonomía es dirigida por Juan Germano y Rodrigo Martínez , dos politólogos de la Universidad Di Tella que hoy son los preferidos del Gobierno. No difunden sus números, son respetados por su prudencia y trabajan en forma exclusiva para el proyecto de Cambiemos.

El ecuatoriano Durán Barba es el más conocido de los asesores oficiales. Su rol es de lo más versátil: aporta en la estrategia comunicacional y hasta contrata encuestadoras para el oficialismo. En ese pelotón figuran desde Poliarquía e IPSOS hasta Aresco, la consultora fundada por Julio Aurelio en 1977 que hoy dirige su hijo Federico.

En Aresco remarcan que trabajan para cualquiera que los contrate: el Gobierno nacional, gobernadores de distintos partidos y también la oposición. Pero tampoco dan a publicidad sus números.

INFLUIR O DECIDIR. Para Federico Aurelio, el dato fundamental no es quién encarga un sondeo sino cómo se hace y cuál es el objetivo. “Hay consultoras que no tienen plan de investigación y que se contratan básicamente para difundir datos que buscan influir en la sociedad. Y hay otras que se contratan para hacer un trabajo que sirva después para tomar definiciones políticas. Nosotros estamos entre las últimas”, le dijo a Letra P.

Según Aurelio y otros consultores que prefirieron no dar sus nombres, hay encuestadoras que son utilizadas por factores de poder, gobiernos o sectores de la oposición únicamente para generar un clima e imponer una agenda. La contracara es que los trabajos de esas empresas no son tenidos en cuenta a la hora de tomar decisiones políticas: orientar una campaña, apuntar a un segmento, elegir un contrincante.

En este marco, vuelve la discusión que nunca termina: ¿Influyen las encuestas en una campaña electoral? ¿A quién le pueden cambiar el voto? Los sondeos que se difunden a través de los diarios inciden sobre el círculo rojo y pueden derivar en financiamiento para las campañas. Más difícil es que lleven a los votantes a definir.

Para la directora de PollData, Celia Kleiman, “las encuestas no modifican la realidad, apenas permiten conocer lo que ya está presente y sólo impactan en circunstancias muy específicas, como las del llamado ‘voto útil’”.

Kleiman sostiene, además, que, para impedir tergiversaciones, las consultoras deberían atenerse al Código Internacional de Prácticas para la Publicación de Estudios de Opinión Pública suscripto por Esomar, Wapor –entidades que nuclean a investigadores en Europa y a nivel mundial- y la Sociedad Argentina de Investigadores de Marketing y Opinión (Saimo). ¿Tiene que haber una regulación sobre el tema?

LAS ENCUESTAS DE CRISTINA Y MASSA. Frente a lo que considera un “efecto derrame de la mentira”, el kirchnerismo fuera del poder también tiene sus consultoras de confianza. Sin embargo, de aquel Frente Encuestológico para la VictoriaJorge Asís dixit-, hoy no queda casi nada.

A la tradicional de Artemio López se sumó ahora Analogías, la empresa que Analía del Franco le vendió el año pasado al ex funcionario kirchnerista Pablo Mandia.

Ex ajedrecista al que le gustaba competir en Olimpíadas de Matemáticas, Mandia tiene 40 años y se inició en política en el Frente Grande a mediados de los noventa. Alineado con Aníbal Ibarra, en 2002 dirigió el CGP de Coronel Díaz y Berutti y entre 2011 y 2015 trabajó en la Subsecretaría de Comunicación Pública. El proveedor de los números que consulta Cristina Kirchner niega haber estado detrás de un ejército de tuiteros kirchneristas porque -dice- el proyecto derrotado por Macri “nunca entendió la importancia de las redes”. Dueño de la firma PyP Social Media, hoy orienta la estrategia digital para aumentar el tráfico de visitas a los medios cristinistas, desde el Grupo Indalo de Cristóbal López hasta el Grupo Octubre, de Víctor Santa María.

Su amistad con el ex subsecretario de Comunicación y actual diputado camporista Rodrigo “Rodra” Rodríguez lo acercó al círculo íntimo de Cristina y lo puso en contacto con su hijo Máximo. Ahora dueño de Analogías, su lema es tan contundente como abstracto: “La política no tiene que ensuciar al número y el número no tiene que ensuciar a la política”. Con ese latiguillo, se ganó la confianza del comando de campaña de la ex presidenta y se convirtió en el encuestador principal de la Unidad Ciudadana.

Para Analogías, el triple empate que muestran las consultoras que contrata Sergio Massa no existe. Ubica a CFK con una intención de voto del 33,8%, más de siete puntos arriba de Esteban Bullrich y 17 por encima del ex jefe de Gabinete. Pero, si se mide por espacio político y la marca Cambiemos pesa, la diferencia a favor de Unidad Ciudadana se achica de 33,5 a 31,4. Según sus datos, Massa queda entre 18 y 20 puntos por debajo de la polarización.

Dentro del espacio kirchnerista, se menciona también como consultor al CEOP de Roberto “Tito” Bacman, que nació de la mano de Clarín y Alberto Fernández y terminó en las adyacencias a la ex presidenta. Un caso extraño.

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Superliga: El gobierno prepara un impuestazo al cable para financiar el fútbol gratis

(lapoliticaonline.com)  La FIFA se tomó su tiempo pero no sorprendió a nadie con el armado del Comité Regularizador que comandar la AFA al menos hasta fin de año. Armando Pérez, el hombre que Mauricio Macri había elegido como «su» candidato para las fallidas elecciones del pasado 30 de junio, será el titular, al que acompañarán Javier Medín (otro hombre cercano al Gobierno), Carolina Cristinziano y Pablo Toviggino, como anticipó LPO.

El único nombre esperado que no forma parte es Fernando Mitjans, escribano de Lotería Nacional, quien finalmente optó por no aceptar el puesto. Mientras la AFA trata de encaminarse bajo la lupa de Macri, quien ya se reunió con Pérez, el Gobierno tendrá que resolver otro tema álgido: El final del Fútbol Para Todos.

Los dirigentes le elevaron al Gobierno este lunes un pedido formal para que den de baja el Fútbol para Todos y les permita cerrar un acuerdo con la multinacional norteamericana Turner para el 2017.

Si los dirigentes lograran conseguir los 3.200 millones que la empresa norteamericana supuestamente ofrece, el FPT se acabaría a fin de año pero Macri no quiere pagar el costo político de que los partidos ya no puedan verse de manera gratuita. Así, la única opción que en la Casa Rosada se maneja para no generar malhumor en los hinchas es autorizar un tarifazo al cable. 

LPO ya adelantó esta idea, que fue ratificada incluso por una fuente del Gobierno y un empresario de medios. De esta manera, todos los que hoy posean cable o TV satelital pagarían entre 30 y 50 pesos extra que servirían para cubrir lo que las operadoras deberán desembolsar en el convenio con Turner, que sería dueño de los derechos pero necesitaría a empresas como Cablevisión y DirecTV para distribuirlo. Así, el Grupo Clarín, por ejemplo, también sería parte del negocio.

«Le vamos a hacer un pedido al Gobierno para salir del FPT y poder hacer una licitación pública en noviembre. Proponemos que el fútbol tiene otro valor y el Gobierno (ofrece 2.500 millones por año) no tiene ese dinero», aseguró Víctor Blanco, el presidente de Racing. «En la AFA no hay plata, no hay nada. Imagino que para el Gobierno pagar el fútbol es un problema», aportó Hugo Moyano. Y Chiqui Tapia, su yerno, agregó: «Los clubes de la A y la BN coinciden en rescindir el contrato y se lo vamos a trasladar al Gobierno. No sé si habrá· que pagar de nuevo para ver fútbol. Nosotros estamos en negociación con quienes creemos que le ponen el mejor precio a lo que vendemos. Hoy son 3.200 millones o más, si alguien los ofrece. Es mucho más que lo que propone el Gobierno».

Por otro lado, si bien aún no se hizo el Estatuto ni mucho menos se eligieron formalmente a sus autoridades, Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, confirmó que es el elegido para comandar la Superliga. Es el hombre de Macri y Angelici para bloquear a Marcelo Tinelli, quien hoy sigue en llamas porque lo corrieron. Tanto que nadie de San Lorenzo estuvo en las variadas reuniones que se llevaron a cabo por distintos temas: no aparecieron Matías Lammens y Roberto Álvarez.

«Se propuso mi nombre y si es necesario lo voy a analizar. Pediría una licencia en Estudiantes para aceptar lo de la Superliga de manera interina. Aparte me veo más con el tema de las Selecciones, me siento más cómodo», dijo Verón. Cuanto le preguntaron si el fútbol iba a seguir siendo gratis, fue tajante: «Hay que analizar verdaderamente si el fútbol alguna vez fue gratis».

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Secco de millonaria multa a mendigo en la defensa de un edil

El matutino centenario de La Plata, el diario El Día publicó en su edición impresa de este miércoles 6 sobre los cargos que recaen del Tribunal de Cuentas Provincial sobre el mandatario kirchnerista ensenadense Mario Secco, el presidente del Concejo Deliberante Luís Blasseti y la contadora Muncicipal Graciela Rainieri en base la la rendicción de número para el año 2014. Su edil, Martín Slobodian salió a la defensa de su jefe político.

Este miércoles en el ámbito público ensenadense se desayunaron con la nota del diario de Raúl Kraiselburd en donde tituló «Millorario cargo contre el intendente Secco» en donde relata en base a la rendición del año 2014 del Tribunal de Cuenta los cargos y multas por un monto de 6 millones de pesos distribuidos entre los funcionarios mencionados por «la compra de materiales para construcción sin la presentación de las encuestas socioeconómicas que demuestren la condición de indigentes de los beneficiarios de dichos materiales» y «como faltantes de boletas de pago y recibos de viáticos, entre otras».

A esto, desde la comuna ribereñena para no ser menos, temprano respondió al matutino de «operación mediática» contra la transparencia de la gestión del alcalde ensenadense.

«Jugada político periodística contra Secco busca disciplinar al Intendente para que deje de evidenciar la incapacidad del gobierno nacional y del provincial que sólo están empeorando la calidad de vida del pueblo”, y, “quieren hacer que Secco dé la vuelta que dio Bossio, pero no lo van a lograr”, declaró en el comunicado el edil Martín Slobodian.

A esto el concejal «más sequista que nunca» (sic), trató de explicar que el informe de cuentas se “que se trata de un proceso administrativo habitual del Tribunal de Cuentas para solicitar documentación. Una vez que se presente lo requerido se darán de baja los cargos. Hasta el ejercicio del 2013 está todo cerrado sin problemas”.

Por último el espadero kirchnerista senteció que “mientras más ataquen al Intendente Secco, más lo vamos a salir a defender porque esta es una gestión que se caracteriza por la transparencia en sus 13 años» y sobre la nota, el Director del Diario El Día, Kraiselburd intenta “ganarse el premio del empleado de mes del Grupo Clarín”.

Ilustración: Chavez para el diario HOY

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El Gobierno quiere habilitar la venta de acciones de la ANSES en empresas privadas

El proyecto que anunció Macri modifica la ley que sancionó el kirchnerismo aunque no contempla la venta inmediata para financiar el pago de juicios jubilatorios.


El gobierno de Mauricio Macri confirmó su intención de habilitar la venta de acciones de la ANSES en empresas privadas aunque aclaró que el pago de los juicios jubilatorios y la actualización de los haberes anunciados este viernes no se financiarán de esta manera.

Los fondos saldrán del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES y de un impuesto al nuevo blanqueo de capitales, según anunció el presidente.

Luego de que Mauricio Macri anunciara el proyecto de ley para pagar los juicios jubilatorios, lanzar la Pensión Universal a la Vejez y realizar un nuevo blanqueo de capitales, el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, aclaró que “no es necesario salir a vender las acciones, tenemos los ingresos para empezar a hacer los pagos” de las sentencias.

Sin embargo, admitió que la posibilidad no está totalmente descartada a futuro. “De momento no hay una intención de salir a vender las acciones”, recalcó.

Lo mismo manifestó el titular de la ANSES, Emilio Basavilbaso, al confirmar que las sentencias se pagarán con el “flujo nuevo de fondos que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad”.

Empero, adelantó que el proyecto incluye la modificación de la ley sancionada el año pasado por el kirchnerismo para que las acciones de la ANSES en empresas privadas solo puedan venderse con la autorización de los dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

Basavilbaso explicó que “se flexibilizará la norma porque puede pasar que de aquí a unos años sí tengamos que vender una acción” para hacer frente a los pagos a jubilados.

Además, explicó que la ley tiene el problema de que las ANSES sea “un mal inversor” porque no se puede desprender de acciones que cotizan mal. “No las vamos a vender, salvo que nos convenga para maximizar el valor del FGS”, dijo en diálogo con el canal Todo Noticias.

Producto de la estatización de las AFJP durante el kirchnerismo, la ANSES heredó acciones en importantes empresas privadas como Banco Macro, Edenor, Siderar, Grupo Clarín, Alto Palermo, Petrobras, Quick Food, Banco Francés, Ledesma y Aluar, entre otras.

parlamentario.com

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Chau AFSCA, hola ENACOM… ¿y ahora?

El Frente Renovador le garantizó los votos a Cambiemos para que la Cámara de Diputados dictara la validez del decreto de Macri que creó el ENACOM. Para el kirchnerismo, fue una devolución de favores al Grupo Clarín.


Ya tiene aval parlamentario el Decreto de Necesidad y Urgencia del presidente Mauricio Macri que modificó la Ley de Medios y la Ley Argentina Digital, y que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) en reemplazo de la AFSCA y de la AFTIC, que fueron disueltas.

El decreto –el más polémico de la sesión de este miércoles- fue avalado por la Cámara de Diputadosen una votación a mano alzada, a pesar de las protestas del kirchnerismo, que pidió realizarla de manera nominal.

El Frente Renovador de Sergio Massa le garantizó el apoyo numérico a la alianza oficialista Cambiemos, tal como lo hizo en la comisión bicameral abocada a los DNU.

El rechazo fue encabezado por el Frente para la Victoria, el progresismo y la izquierda, mientras que el bloque Justicialista decidió abstenerse.

Aunque el Senado todavía no se expidió al respecto, la sola aprobación por parte de la Cámara baja deja ratificado el DNU.

El decreto 267 del 29 de diciembre de 2015 disolvió la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Autoridad Federal de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, organismos de aplicación de la Ley de Medios y de la Ley Argentina Digital, respectivamente.

En su reemplazo se creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) como ente autárquico y descentralizado, en el ámbito del Ministerio de Comunicaciones.

También se creó en el ámbito del Poder Ejecutivo una Comisión para la Elaboración del Proyecto de Ley de Reforma, Actualización y Unificación de las leyes citadas, una de las banderas del kirchnerismo.

El debate

El diputado macrista Pablo Tonelli defendió la “necesidad y urgencia” que llevó al presidente a dictar un DNU sin pasar por el Parlamento. La primera razón, dijo, “es que el decreto fue emitido durante el receso del Congreso”, antes del inicio del período ordinario el 1ro. de marzo.

También aseguró que era “necesario y urgente superar los defectos y problemas que tenían estas dos leyes y sobre todo los desvíos en que estaban incurriendo los organismos encargados de aplicarlas”.

Además advirtió que la AFSCA estaba “conducida por un notorio militante político”, en alusión a Martín Sabatella, que había sido candidato a vicegobernador bonaerense por el Frente para la Victoria.

En otro orden, Tonelli consideró que las entidades tenían superposición de competencias y que esto atentaba contra la tendencia moderna de la convergencia. En cambio, aseguró que ésta se verá favorecida con el nuevo ENACOM, al entender que va a tener competencia en medios audiovisuales y en telecomunicaciones.

El rechazo estuvo a cargo del camporista santafesino Marcos Cleri, quien en primer lugar negó la necesidad y urgencia del decreto al señalar que el presidente estaba facultado a convocar al Congreso a sesiones extraordinarias.

Con más énfasis, el diputado kirchnerista aseguró que el DNU “concentra mucho más la comunicación, atenta con la libertad de expresión y apunta a dejar a gente sin voz y trabajo”.

“Es inconstitucional, ilegal, ilegítimo y viene a cumplir con quien lo acompañó a Macri en la campaña electoral, que es el Grupo Clarín y los grupos concentrados; viene a darle una sola voz, concentrada en la Capital Federal”, denunció Cleri y amplió que apunta a “darle todas las ventajas necesarias en las licencias, en la comunicación, y darle vía libre para que empiece a manejar la fibra óptica”.

También protestó porque por medio de este decreto del Ejecutivo fueron removidos los directores de AFSCA y AFTIC nombrados por el Congreso, porque “cesa la participación ciudadana” en el otorgamiento de licencias y porque “no hay una sola medida que beneficie la industria cultural”.

“Hace cesar los límites para la formación de monopolios”, alertó Cleri en relación a la eliminación del tope de licencias audiovisuales.

“El gobierno anterior partía de la premia de que todo medio que no se subordinara al relato era un medio opositor. Entonces, para equilibrar la balanza, construyeron un holding de medios amigos.

Esto es lo que hicieron con la Ley de Medios”, denunció el mendocino.

El representante del Frente Renovador en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, Raúl Pérez, justificó el apoyo de su bloque al DNU al destacar que abre la discusión a una nueva Ley de Medios, dado que la vigente tuvo “escaso consenso interno en este Parlamento”.

Asimismo, Pérez fue duro con Sabbatella, a quien tildó de “mediocre funcionario con mucha militancia y poca cintura política”.

Por último, el massista le advirtió al oficialismo que “no cometa el mismo error que el Frente para la Victoria” con la utilización de la norma.

Por parte del espacio progresista, Alicia Ciciliani (Partido Socialista) también apuntó a la “desastrosa aplicación de la ley” de Servicios de Comunicación Audiovisual por parte del gobierno anterior. “Fue usada a favor de uno y en detrimento de otros”, resumió.

Foto Ilustrativa: Diario Contexto

Macri interviene AFSCA y AFTIC: Con V de Vendetta

Los hechos:

El gobierno de Mauricio Macri anunció hoy la intervención, por Decreto 236/2015, de las autoridades regulatorias de las leyes audiovisual y de telecomunicaciones, AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) y AFTIC (Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y la Comunicación), por 180 días.

La intervención completa algunos cambios realizados el segundo día de su gestión: el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) 13 subordinaba el funcionamiento de AFSCA y AFTIC al Ministerio de Comunicaciones y el Decreto 12 creó el Sistema de Medios y Contenidos Públicos por encima de Radio y Televisión Argentina SE. Además, en el mismo Boletín Oficial hoy se detallaron funciones y competencias del Sistema de Medios del Estado, que comprende a Canal 7 y Radio Nacional (juntas conforman RTA), RAE, Télam, Tecnópolis, CCK, Bacua y la participación argentina en Telesur.

En el interín, el gobierno había dispuesto que la titularidad de las acciones de ARSat y Correos la ejerciera el Ministerio de Comunicaciones (Resolución Ministerial 1) y designó nuevas autoridades en ARSat.

El ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, un férreo opositor a la ley audiovisual desde su discusión legislativa en 2009, hoy desmiembra su órgano regulador. El interventor en AFSCA es Alejandro Garzón. En AFTIC el interventor es Mario Frigerio.

Si bien las leyes audiovisual y de telecomunicaciones siguen vigentes en el resto de su articulado, se afecta la médula de las mismas. El ministro Aguad dijo que “la ley de medios (sic.) no se toca, por ahora”.

AFSCA y AFTIC, organismos “descentralizados y autárquicos”, contaban con sendos directorios colegiados (con representantes del Poder Ejecutivo, del Legislativo y de consejos federales) presididos por Martín Sabbatella y Norberto Berner. Sabbatella tenía mandato hasta diciembre de 2017 y Berner, hasta 2019.

Los considerandos del Decreto 236 afirman que AFSCA incumplió los objetivos de revisión periódica de la ley audiovisual para adecuarla a cambios tecnológicos (art. 47) y que AFTIC incumplió los objetivos de garantizar acceso a las TIC.

Otro considerando del decreto sostiene que “importantes decisiones” de AFSCA y AFTIC “implicarían” abiertos incumplimientos de las leyes vigentes, por ejemplo en relación a la normalización del uso del espectro o desigualdad en el trato de operadores y anomalías en decisiones de asignación de espectro a licenciatarios audiovisuales y de telecomunicaciones.

El decreto ordena revisar la actualización de la ley audiovisual prevista en el artículo 47 de la norma, relevar todos los casos judiciales y administrativos, formular un informe de coordinación entre AFSCA y AFTIC, evaluar compras y contrataciones, presupuesto, procedimientos y controles que realizan los organismos,

La historia, el presente y el futuro de la ley audiovisual están condenados a la judicialización. La intervención de hoy es un nuevo hito en la materia, esta vez con las autoridades depuestas como litigantes en busca de una cautelar que suspenda la intervención.

Se cumple así otro anuncio que el gobierno anticipa por vía oficiosa a través de los medios con mayor audiencia. Ya habrá tiempo para reflexionar sobre el cambio en la modalidad de comunicación política (que no equivale a política de comunicación) del nuevo gobierno. De hecho, informalmente, dirigentes de Cambiemos hablaban del “ucase” de la intervención a AFSCA y AFTIC (en la Rusia Imperial el ucase era la proclamación de una ley u ordenanza por parte del zar o del máximo líder religioso).

Análisis de la medida:

La intervención modifica por vía de decreto dos leyes votadas por el Congreso, con amplio apoyo legislativo y -en el caso de la ley audiovisual- sostén de la sociedad civil organizada y resistencia de algunos grandes conglomerados multimedios y de un sector de la sociedad civil que, sin tener experticia en el tema, asimiló la ley a su aplicación (sobre la que se comentará más adelante).

De hecho, la modificación de la ley por vía de decreto no sólo es cuestionada desde el kirchnerismo. Una organización como FoPeA (Foro de Periodismo Argentino), criticada sistemáticamente por el kirchnerismo, consideró que “ningún cambio a la ley, aprobada por el Congreso Nacional y cuya constitucionalidad fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia”, debería ser efectuado vía decreto. Organizaciones más afines al anterior gobierno están movilizándose contra la intervención y, es de suponer, acompañarán con reclamos judiciales a sus autoridades hoy destituidas.

El decreto de intervención no avanzó, como se había anunciado oficiosamente a través de la prensa, con la derogación de artículos clave de la ley audiovisual referentes a topes a la concentración de licencias y transferencia de las mismas. Esos artículos son el núcleo que motivó la causa judicial iniciada por el grupo Clarín en la que falló la Corte Suprema de Justicia en 2013, cuando declaró plenamente constitucional la ley audiovisual contra los intereses del multimedios.

Colaboradores del presidente Macri, con estos decretos, dicen buscar “reparar” daños que –interpretan- causaron leyes carentes de legitimidad. Esa valoración le ahorra al actual gobierno el trámite legislativo (no cuenta con mayoría en ninguna de las dos Cámaras del Congreso) pero sienta un precedente, pues sus sucesores podrán hacer exactamente lo mismo con las medidas que tome Macri ahora y en el futuro, perjudicando la lógica de la “política de Estado” en temas estratégicos, contaminando el carácter faccioso a las decisiones presidenciales (lo que no está reñido con la legitimidad electoral, como se ha visto en muchas de las iniciativas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner) y obturando la posibilidad de realización de políticas públicas estables que era lo que el actual gobierno, cuando era oposición, prometía. Así, pues, quienes ayer reclamaban institucionalidad justifican ahora la excepción y quienes justificaban excepciones, hoy reclaman institucionalidad.

Paradójicamente, la decisión anunciada por Aguad invoca la legitimidad y el consenso pero se realiza en ausencia de diálogo previo con fuerzas políticas y sociales (que no sean sólo los actores empresariales más grandes) y desemboca en una intervención parecida a la vendetta.

Asimismo, si la crítica a Sabbatella como presidente de AFSCA radica en su incapacidad para conducir políticas que no sean sólo representativas de su sector político, dada su confesa subordinación a la expresidenta Fernández de Kirchner, la respuesta del macrismo redobla la dependencia, ya no sólo política por vía del DNU 13/2015 (el ministro Aguad fue obviamente designado por el presidente), sino también de diseño institucional (los interventores responden al Ministro, éste al Presidente). Dentro de Cambiemos hubo tensiones por la forma de decidir esta intervención.

Huelga recordar que defender la vía de la legalidad y los objetivos inclusivos de la ley audiovisual no supone avalar su implementación ni apoyar la gestión de sus funcionarios. El kirchnerismo fue irrespetuoso con la ley que había impulsado. La incumplió y contravino sus objetivos más legítimos. En cuanto a los organismos de aplicación, el kirchnerismo respetó la formalidad institucional de su integración aunque afectó sus reglas de juego, otorgándole de hecho a la presidencia (designada por el Poder Ejecutivo) mayores facultades de las previstas en la ley. Un balance con datos concretos cuando la ley cumplió seis años acá.

La ley audiovisual (mal llamada ley de medios, ya que no regula ni medios gráficos ni Internet) fue elogiada por su concepción del derecho social a la libertad de expresión por las máximas autoridades mundiales y continentales en la materia. En la insistente repetición de la “convergencia” por parte del ministro Aguad se anuncia el relevo del paradigma normativo del derecho social a la libertad de expresión por el de desafíos tecnológicos que, así enunciados, por ahora son abstractos. Mientras que el paradigma de la libertad de expresión como derecho social comprende obligaciones del Estado de garantizar acceso y desconcentración, como bien subrayó la Corte Suprema cuando validó la constitucionalidad de la ley audiovisual, el paradigma de la convergencia tecnológica en abstracto conduce –si no hay políticas expresas en otro sentido- a confiar en la regulación del mercado, toda vez que la economía gobierna la innovación tecnológica a nivel global (esto puede no ser una buena noticia para los grupos de comunicación “nacionales”).

Ahora bien, si la ley audiovisual “nació vieja”, como suele decirse, y su texto es obsoleto e impracticable y si no fue razonablemente adecuada al frenesí de la revolución tecnológica, ¿cuál es entonces la prioridad del nuevo gobierno para modificarla vía decreto y no a través de un debate que respaldara una nueva ley con consensos robustos?

La excusa para objetar las leyes vigentes es su presunta obsolescencia fruto de los avances tecnológicos. Si se toma este argumento como válido, entonces ninguna ley será satisfactoria, toda vez que el vértigo de la convergencia digital avanza a un ritmo incompatible con los acuerdos políticos y legislativos necesarios para adoptar regulaciones. Pero, más allá de esa excusa, lo que motiva la objeción a las leyes que regulan los sectores audiovisual y de telecomunicaciones es la percepción que tienen los principales operadores de las limitaciones presentes en la normativa para la expansión de sus negocios en épocas de convergencia de servicios y productos. En este sentido, el cambio de etapa representa desde una perspectiva estructural el desplazamiento de los conflictos, y no su anulación.

Ejemplo de ello es la mención de anomalías por parte del decreto de intervención, que anticipa una tormenta en la asignación de porciones de espectro radioeléctrico (recurso público administrado por el Estado). Los considerandos citan, por caso, la política instrumentada en la distribución de espectro para tv digital (TDT), toda vez que objeta el criterio adoptado por AFSCA para asignar licencias (importa recordar que esas licencias ya están otorgadas, es decir, hay nuevos licenciatarios con derechos adquiridos) mediante el sistema de compartir canales de frecuencia entre dos operadores (con señales diferentes dentro de la banda asignada al canal compartido). Otro ejemplo es la última licitación de espectro para servicios de LTE/4G en telefonía móvil, que pese al objetivo de agregar competencia en el hiperconcentrado mercado de telecomunicaciones, repartió frecuencias entre los operadores actuales y, más tarde, vía ley de soberanía satelital, bloqueó futuras licitaciones.

La noción de “actualización tecnológica” esconde bajo una consigna de fácil digestión la quita de obstáculos legales para los principales grupos empresariales. Pero los obstáculos no sólo son legales, sino que hay barreras económicas como los abusos de posición dominante que muchos competidores del grupo Clarín en televisión de pago le atribuyen al multimedios y que el grupo Clarín le atribuye a Telefónica en telecomunicaciones. Por eso, regular la concentración en el sector de medios y tecnologías de la información es una obligación del Estado, así como es obligatorio instrumentar políticas de acceso para sectores de la sociedad que, si fuera por la ley del mercado, jamás podrían concretar el derecho humano a “recibir, investigar y difundir, por cualquier medio de expresión” información y cultura.

La masa que lleva a pendular las políticas audiovisuales con lógica de vendetta está sujeta del hilo de las tensiones y coincidencias de los principales actores del sector: Telefónica, el grupo Clarín y el Estado. Más allá de que la escena tenga otra iluminación y nuevos intérpretes, es fundamental comprender esas tensiones y acuerdos para interpretar las oscilaciones de ese péndulo y enmarcar lo que viene, sobre todo en los próximos 180 días de intervención presidencial en los órganos reguladores. Acá un análisis al respecto.

Es falso que la mal llamada ley de medios haya sido recién ahora, con el macrismo, manoseada. Es falso pretender que hasta ahora la ley regía pulcra e inmaculada: con la ley de telecomunicaciones de 2014 (Argentina Digital) el kirchnerismo ya había modificado la ley audiovisual de 2009 pensando en el triple play y la convergencia y allanando el camino de las telefónicas para participar del mercado audiovisual, pero con exigencias y obstáculos regulatorios para algunos operadores dominantes. Es decir que la ley audiovisual ya fue modificada por otra ley por el propio gobierno que la impulsó (de hecho, hay contradicciones entre ambas leyes, como se analiza acá).

Al cabo de los 180 días, según los objetivos del decreto, el gobierno contará con un informe detallado del funcionamiento de los órganos reguladores audiovisual y de telecomunicaciones, así como sobre el cumplimiento de algunos ejes del cumplimiento de ambas leyes (el decreto sólo enfatiza algunos aspectos). En ese lapso, el Ministerio formularía un proyecto de ley (¿o decreto?) que reemplace las normas que están vigentes “por ahora”.

El ministro Aguad dijo que el futuro marco regulatorio será compatible con los de la región. No hay en Sudamérica una ley “convergente” y la más reciente, de Uruguay, imita la ley argentina. La única ley “convergente” en América Latina es la mexicana, que no estuvo ni está exenta de fuertes controversias.

Así como el kirchnerismo despertó un súbito interés por la política de medios de intelectuales que nunca habían reflexionado sobre el tema y ello condujo a simplificaciones extravagantes sobre el rol de los medios, resucitaron la superada teoría de la manipulación mediática y condujeron un fierrerismo comunicacional torpe y sobreactuado, ahora hay intelectuales macristas que desempolvan el mito de la libre empresa como equivalencia del derecho a la libertad de expresión. Con ello, contradicen más de 70 años de doctrina internacional en la materia, se esfuerzan por disimular la institucionalidad mediática como condicionante en la formación de opiniones, percepciones y tendencias de la opinión pública y fetichizan la convergencia como atajo para superar el “intervencionismo estatal” (para lo cual precisan que el Estado intervenga) mediante políticas más laissez-faire.

En resumen: todos quienes hoy discuten en Argentina sobre la intervención de AFSCA y AFTIC decretada por el presidente Macri saben, en el fondo, que el problema no es la convergencia ni una ley para el siglo XXI, sino los niveles variables de (in)satisfacción de los principales grupos de comunicación con la regulación estatal y, en el estamento político, una dirigencia que en este tema se ubicó siempre en las antípodas del kirchnerismo y que ahora usa el poder estatal para desandar parte del camino recorrido por el anterior gobierno y cita algunas medidas específicas como casus belli de injusticias a indemnizar o a vengar.

La intervención abre una nueva etapa de las políticas de medios y telecomunicaciones. Es un inicio que recrea el viejo método de subordinar institucionalmente al regulador al Presidente de la República (como el viejo ComFeR, la Secretaría de Comunicaciones o la intervenida Comisión Nacional de Comunicaciones) y que contraviene los estándares regulatorios vigentes hasta el momento en el país y que otros países del mundo, sobre todo los citados como ejemplo de regulaciones democráticas, cultivan desde hace décadas.

Fuente: Martín Becerra | Señales

El «sheriff» y los negocios escandalosos de Grondona y Magnetto

Por Julio Villalonga (@villalongaj) *

El escándalo de corrupción desatado por la investigación del FBI sobre la FIFA, gracias a la declaración de un dirigente arrepentido, amenaza al oscuro negocio del fútbol tal como viene desarrollándose desde hace décadas, y a las empresas y a los empresarios que se han enriquecido con él de manera salvaje.

Hasta aquí, el único argentino mencionado es el CEO de la empresa Torneos, Alejandro Burzaco, nombre que conduce de manera directa a Julio Humberto Grondona, el fallecido vicepresidente de la FIFA y presidente de la AFA, y a Héctor Magnetto, accionista del Grupo Clarín, dupla que manejó los negocios asociados al fútbol por casi dos décadas (1991-2009) y de quienes Burzaco era la mano derecha. (NdR: Minutos después de la publicación de esta columna, se conoció que el fallecido titular de la AFA, Julio Grondona, habría cobrado sobornos por 15 millones de dólares).

Para tener una idea exacta de la gravedad del asunto, hay que escuchar a la secretaria de Justicia de EEUU, Loretta Lynch, quien afirmó que los dirigentes de FIFA acusados de corrupción y lavado de dinero “corrompieron los negocios del fútbol a nivel mundial para servir a sus intereses y para enriquecerse”.

Ahora bien, ¿qué es Torneos y quién es Burzaco? Luego de una importante metamorfosis, bien podría decirse que la compañía que fundara Carlos Ávila en los ochenta -y a la que se asociaría luego Luis Nofal-, es hoy lo que fue siempre: una empresa detrás de la cual está el Grupo Clarín, aunque los socios que figuran sean DirecTV, la familia Nofal y el fondo de inversión DLJ Merchant Banking Partners. De hecho, Torneos es socia de Clarín en la producción de la señal TyC Sports, y produce además programas deportivos para las señales Fox Sports y DirecTV Sports, cuyos accionistas también están cruzados en una intrincada madeja societaria destinada a encubrir legalmente a quienes son los verdaderos beneficiarios de los negocios.

Burzaco, en tanto, es el directivo que, como señalamos, estuvo en las sombras casi desde siempre, aunque el Mundial de Francia en 1998 lo encontró ya maduro para hacerse cargo del negocio que Grondona y Magnetto compartieron sin control gracias a los contratos renegociados en beneficio de Clarín en 1997.

En 2009, el propio Burzaco encaró la reingeniería de Torneos y Competencias (la razón social original), que desde entonces pasó a llamarse Torneos, a secas. ¿Por qué el rediseño? Porque el Gobierno argentino le quitó entonces los derechos de televisación del fútbol a TyC para crear Fútbol para Todos, la transmisión estatal de los partidos de la Primera División del fútbol local. En sociedad con sus empresas gemelas en Brasil y Uruguay, Torneos continuó produciendo programas deportivos basados en el fútbol en todo el continente pero debió reducir su plantilla frente a la caída del negocio principal, negocio que permitió que la empresa de cable del Grupo Clarín, Multicanal, creciera exponencialmente por la oferta monopólica de ese producto hasta quedarse con su principal competidora, Cablevisión-Fibertel, que hoy representa el 75 por ciento de los ingresos del holding y casi el 100 por ciento de sus ganancias.

La fiscal de EEUU informó que se investiga allí precisamente el período de vigencia de los contratos del fútbol en Argentina, entre 1991 y 2009, lo que no es un dato menor. Y que a los investigados se los sospecha autores de los delitos de corrupción (en relación a la asignación de campeonatos regionales y mundiales) y lavado de dinero (por los montos de los contratos de televisación y su reventa).

En la medida en que pasen las horas se conocerán más detalles de la investigación del FBI, lo que podría arrojar luz sobre otros involucrados, tanto en Argentina como en otros países. El viernes, entretanto, se celebrará la elección en Zurich del presidente de la FIFA, a la cual aspira nuevamente el suizo Joseph Blatter.

La multinacional del fútbol administra de manera escandalosamente turbia este negocio desde hace tiempo. Y nunca sus dirigentes enfrentaron un peligro tan notorio como ahora, con una pesquisa judicial en Estados Unidos. Los directivos del fútbol son todos ricos y muchos de ellos enfrentan serias dificultades para explicar la evolución de su patrimonio. El negocio del fútbol argentino, comandado por Grondona en el período bajo investigación, ha sido igual o peor administrado, de lo contrario no habría sido posible que Clarín tuviera las condiciones contractuales de las que gozó y las mantuviera durante 18 años. Y esto a pesar de las intermitentes denuncias públicas. Tuvo que llegar un “sheriff” para que la fiesta comenzara a agüarse.

* Director de gacetamercantil.com